En otras palabras, los números comprueban lo obvio; la gente que estudia tiene más chances de conseguir empleo y cuando lo hacen ganan mucho mas.
Pero los únicos beneficiados no son los que se educan, porque en el caso de los trabajadores de ingresos medios altos y altos, el Estado se queda, según el último estudio de Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), con una porción que va entre el 52 y el 55 por ciento.
Contrario a lo que mucha gente piensa, tampoco es el Estado el único que financia la educación pública. De hecho, los principales insumos del proceso educativo son el tiempo del alumno y el del profesor, pero mientras que el Presupuesto reconoce dinero para remunerar el costo de oportunidad del docente, nadie le paga al estudiante lo que cuesta su tiempo, que según los cálculos más conservadores es del doble de lo que destina el Estado. Pensemos que el aporte del Tesoro es de unos 70.000 pesos anuales por alumno, mientras que el salario de un trabajador con secundario completo, que se corresponde con el valor aproximado del tiempo de los estudiantes es de $14.700, de suerte tal que, en 10 meses de estudios, un alumno que cursa o prepara materias 40 horas a la semana, podría ganar 147.000 pesos trabajando.
En resumen; el Estado financia una tercera parte del costo del proceso educativo, pero se alza con mas de la mitad de los beneficios directos. A esto sumémosle las externalidades; el conjunto de beneficios que van mas allá del salario de la persona que se educa y que tienen que ver, por ejemplo, con las mayores posibilidades de recibir inversiones de un país con buen capital humano, o la mejor calidad de las políticas públicas que resultan con ciudadanos mejor educados, por mencionar dos ejemplos.
Por esta razón, el dinero destinado a la educación es el mejor invertido y cualquier país que apueste al largo plazo debe procurar sostener e incrementar ese tipo de inversiones.
Por supuesto, los promedios a veces esconden los extremos. El hecho de que las inversiones en educación sean en general una buena idea, no quiere decir que todo dinero gastado en las universidades esté bien gastado. Claramente no es la misma la tasa de retorno social de formar buenos maestros (altísima), que la de capacitar periodistas o economistas, que seguramente es mas baja. Tampoco da igual invertir el dinero del presupuesto en docencia, que hacerlo en investigación, o construir un laboratorio, que ponerle escaleras mecánicas al edificio o pintar la sala de profesores.
LLAMEMOS A LAS COSAS POR SU NOMBRE
Esta semana asistimos a la escalada de un conflicto gremial, que fue manipulado políticamente por sectores de la oposición, que con la pretensión de defender la universidad pública pusieron su granito de arena para seguir destruyéndola.
La consigna en las redes sociales fue “Defendamos la universidad pública”, como si la institución estuviera en peligro de sufrir un ataque de extraterrestres macrocefálicos, de cuerpos verdes, o como si un conjunto de funcionarios microcefálicos vestidos de amarillo hubiera hecho un recorte presupuestario selectivamente dirigido al sector.
El reclamo de los docentes es justo, igual, exactamente igual de justo que el de cualquier otro trabajador que en un año de inflación creciente está perdiendo capacidad adquisitiva por culpa de unas paritarias que corren por detrás de los precios. El problema de fondo no es el riesgo de un ataque a la universidad publica; un muñeco de paja que no existe, sino la inflación, que nos afecta a todos los trabajadores por igual, sin discriminar entre profesores y policías, entre choferes y empleados administrativos, entre científicos y burócratas.
Claro, es mas fácil aglutinar voluntades en torno a una bandera cara a los sentimientos de la comunidad, que marchar en reclamo de austeridad fiscal y combate contra la inflación. Seguramente es mas difícil reconocer que durante años, con el anterior gobierno y con este también, miramos para otro lado mientras se imprimían billetes sin respaldo para financiar un elefante cada vez mas gordo y menos efectivo.
LA MEJOR MANERA DE DEFENDER LA UNIVERSIDAD ES HACIÉNDOLA FUNCIONAR
Es paradójico que en el seno de la Universidad se sostenga una consigna que no resiste la verificación empírica; que no pasa tres preguntas simples:
¿El presupuesto universitario subió, se mantuvo igual o bajo, en relación con el resto del presupuesto? ¿Los salarios docentes subieron, se mantuvieron iguales o cayeron en relación con el resto de los salarios públicos? ¿Hay algún proyecto concreto para recortar el presupuesto educativo o para arancelar los estudios?
Pero lo mas contradictorio es que se pretenda defender la Universidad parándola, como si la huelga afectara las ganancias de algún empresario, u obligara una negociación por paralizar el funcionamiento de la sociedad, como ocurre con un paro en el transporte.
La mejor manera de defender la universidad pública es haciéndola funcionar y garantizando que los recursos de la sociedad se defiendan con mejor calidad, investigando, formando mejores graduados y combatiendo el abandono estudiantil.
