Better than expected… pero no menos preocupante….

de J. Ignacio Conde-Ruiz, Manu García, Juan Rubio-Ramírez

Como algunos lectores habrán notado, últimamente estamos prestando bastante atención a nuestras cuentas públicas. Esto podría parecer algún tipo de filia perturbadora no apta para cenas de navidad, pero en realidad todos deberíamos estar estar bastante pendientes al respecto. Si ya era grave de por sí tener situaciones de alto déficit año tras año tras la crisis, ahora que ya rozamos el 100% del PIB de deuda pública (de la que debemos refinanciar grandes cantidades cada trimestre), seguir gastando mucho más de lo que ingresamos cada día, se convierte en un deporte de alto riesgo.

No olvidemos dónde estamos. España debía cumplir un objetivo de déficit del 2.2% del PIB para este año, objetivo que parece seguro que no va a cumplir (AIREF dixit) aunque Bruselas nos lo dejará pasar por alto, bajo el argumento de que no se debe responsabilizar a un gobierno que entró durante el ejercicio de las cuentas del gobierno anterior (posiblemente la situación existente en otros países europeos haya reforzado ese silencio). Todo parece indicar que el dato del 2.7% de déficit que notificó el gobierno actual será el objetivo final. Puede parecer una buena noticia que Bruselas no vaya a sancionarnos, y lo es, pero nuestro deseo es que el alumno aprenda y tenga claro que en cualquier otra circunstancia el castigo llegaría. Además, sería deseable que el alumno no se viera tentado a aumentar el gasto bajo ningún concepto dada la coyuntura política y económica actual.

Por ello, debemos analizar los datos siempre que podamos, para así no vernos sorprendidos por la realidad. Hace unos días analizábamos los últimos datos disponibles aquí, en un nuevo episodio de esta gran colección (para episodios pasados leer por ejemplo aquí, aquí, aquí, aquí o aquí).

Como ya indicamos en el Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA recientemente publicado y sólo hace unos días en nuestro último post, un déficit del 2.7 supone una reducción de 0.4 puntos porcentuales del PIB desde el 3,1% del PIB (sin ayuda financiera) de cierre de 2017. Este ajuste, en teoría, no debería suponer ningún esfuerzo puesto que, el saldo cíclico mejora un 1,2% del PIB respecto a 2017.

El pasado 27 de diciembre se publicó el dato correspondiente al tercer trimestre para las Corporaciones Locales (CCLL) y el dato de octubre para el resto de las Administraciones Públicas (AAPP). Con esos datos podemos construir nuestro déficit sintético. El déficit sintético mezcla los datos disponibles para el 2018 con datos del 2017 para aquellos meses en los que no hay datos. Pero, para afinar el calculo, a los déficits del pasado los depuraremos de gastos o ingresos extraordinarios. Tal y como pusimos de relieve en el ya citado observatorio, estos gastos o ingresos “one-off” (o extraordinarios) más relevantes se produjeron en las Comunidades Forales y la Administración Central (AC) como consecuencia de las regularizaciones de ejercicios anteriores del Convenio (Navarra) y del Cupo (País Vasco). En concreto, esto supuso para la AC un 0.1 punto de PIB mas de déficit en el año 2017 que no se producirá este año. Y un menor déficit por el mismo importe para dichas CCAA. Esto lo tendremos en cuenta a la hora de calcular nuestro déficit sintético (aunque no solo afecta a la composición del déficit y no al agregado).

La última actualización de nuestro déficit sintético situaba se situaba en el 2.8 (aquí), con los últimos datos disponibles, parece que hemos mejorado, lo que es una noticia para cerrar el año ya que, bajo los supuestos habituales, podríamos cerrar por debajo del 2.7, algo que dada la situación política, es mejor de lo esperado.

De momento, no superar el 2.8% serán noticias mejores de las esperadas, ya que ha mejorado la previsión pues el dato de recaudación de octubre ha sido mejor de lo esperado, especialmente el impuesto de sociedades. Ahora bien, miremos los datos con cautela, una actualización más, la Administración Central y la Seguridad Social están lejos de cumplir sus objetivos de déficit, algo que ya se ha convertido en sistemático. Las CCAA nuevamente están en el filo, y son las CCLL aquellas que nos permiten mantenernos en el objetivo actual.

Mejor de lo esperado, sí, pero no por ello menos preocupante. Seguimos gastando más de lo ingresado y parece que esa situación no va a cambiar en el corto plazo. El servicio de la deuda en breve se convertirá en una de las partidas más grandes del presupuesto. España sigue necesitando una reforma fiscal que permita aumentar sus ingresos para cuadrar, de una vez por todas, sus cuentas públicas.

¿Es racional jugar a la lotería de Navidad?

Nueva evidencia sobre el impacto de la austeridad en Europa y lecciones para España

Por José E. Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferri

En esta entrada reciente comentábamos cómo la crisis financiera había estimulado la investigación sobre los efectos macroeconómicos de la política fiscal. Si en Estados Unidos el programa de expansión fiscal estadounidense conocido como American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) ha sido la base de interesantes y numerosos estudios (por ejemplo, aquí, aquí, aquí, aquí o aquí), en Europa, los procesos de consolidación fiscal que involucraron a distintas economías, representan del mismo modo un valioso campo de pruebas para estimar los impactos de las políticas de austeridad.

La Comisión Europea ha abierto en algún momento durante la crisis al menos un Procedimiento por Déficit Excesivo (EDP) a un total de 26 países. De todos ellos, únicamente España continúa a fecha de hoy con el procedimiento abierto, lo que puede reflejar la profunda mella que la crisis financiera provocó en nuestras cuentas públicas, pero también un ritmo relativamente pausado y gradual de consolidación fiscal.

En el Gráfico 1 se compara la evolución del gasto público corriente per cápita, neto de pago de intereses, en España, Estados unidos y Reino Unido, tomando como referencia el periodo 2007 como último año pre-crisis. Se aprecia claramente la reacción expansiva de la política fiscal en los primeros años de la crisis y la posterior corrección, que en España resulta especialmente evidente durante 2012, coincidiendo con el periodo más delicado de la crisis de deuda soberana. Llama la atención que, incluso en los momento más duros de la corrección del gasto público, éste se situó todavía un 10% por encima del observado en el último año de expansión. A finales de 2018, las previsiones de la Comisión Europea sugieren que el gasto público corriente per cápita (en términos reales) superará en más de un 15% el nivel anterior a la crisis, por encima de EE.UU. y Reino Unido. Una parte de este aumento del gasto en España se explica por los estabilizadores automáticos (por ejemplo, las prestaciones por desempleo), los grandes olvidados en la evaluación de la política fiscal. Pero otra muy importante se debe al aumento discrecional del gasto y a la decisión de mantener o incluso mejorar algunas partidas clave del Estado de bienestar. Sólo por poner un buen ejemplo, para el conjunto del sistema, entre diciembre de 2007 y noviembre de 2018 la pensión media ha aumentado un 23,1% en términos reales.

Gráfico 1. Gasto público corriente en términos reales y per cápita, excluyendo intereses, 2007-2018 (2007=100). Fuente: Elaboración propia a partir de AMECO, con las previsiones de otoño de 2018. 

 

Podría especularse con la hipótesis de que las transferencias procedentes del sector público, dirigidas básicamente a proporcionar alivio financiero a una proporción creciente de desempleados, tuvieron su contrapunto de austeridad en un recorte enorme del gasto público en servicios fundamentales, un mensaje que ha calado en el discurso social y político. Sin embargo, la realidad es bien distinta a ese relato distorsionado, como ya han señalado anteriormente otros estudios (por ejemplo, aquí). El Gráfico 2 representa la evolución en términos reales del gasto público corriente en educación (dividido por la población de 6 a 24 años) y sanidad (dividido por la población total). De nuevo se ha normalizado a 100 el año 2007. Lo cierto es que, lejos de interpretaciones catastrofistas, incluso en los años más duros de la consolidación fiscal el gasto público real per cápita en educación y sanidad se mantuvo a un nivel similar al del último año del ciclo expansivo y en 2017 superaba ya en un 8% el nivel de 2007. Por lo tanto, parece justo poner en valor el enorme esfuerzo realizado por la sociedad española para preservar los componentes esenciales del Estado de bienestar en una crisis económica sin precedentes, en la que renta per cápita llegó a caer un 10,6%.

Gráfico 2. Gasto en sanidad per cápita y gasto en educación sobre la población entre 6 y 24 años, en términos reales, 2003-2017 (2007=100). Fuente: Elaboración propia a partir de IGAE (COFOG) e INE (fecha de consulta: diciembre de 2018). 

 

La elección de un ritmo pausado pero constante de consolidación fiscal tiene ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es evitar el coste del ajuste fiscal sobre la actividad económica, lo que pudo estar justificado cuando la recuperación se iniciaba pero no en el quinto año de expansión económica. Por el contrario, si el ajuste se retrasa en exceso, el principal inconveniente es el crecimiento de la deuda pública, que puede correr el riesgo de acercarse a su límite fiscal, a partir del cual la financiación de los déficits se incrementa exponencialmente, a medida que los mercados exigen primas de riesgo mayores para compensar el riesgo de reestructuración. Incluso aunque esta posibilidad no sea relevante a corto puede serlo a medio plazo, en el caso de una nueva recesión. Una situación prolongada de desequilibrios en las cuentas públicas durante la fase expansiva del ciclo merma la capacidad de utilizar la política fiscal con fines estabilizadores cuando el desempleo vuelva a aumentar.

El coste sobre la actividad económica de un esfuerzo fiscal dado está relacionado con el multiplicador fiscal. Si la consolidación fiscal debe realizarse con multiplicadores elevados, particularmente en el caso de tener que hacerlo en una recesión, el coste en términos de actividad económica puede resultar enorme. Incluso durante algún tiempo podría aumentar la deuda pública antes de empezar a disminuir. Un trabajo muy influyente sobre el impacto de las políticas de austeridad en Europa en tiempos de crisis fue el de Blanchard y Leigh (2013), cuya ingeniosa y sencilla metodología ya se discutió en este blog. A modo de resumen, utilizando una muestra de países europeos, Blanchard y Leigh regresaban los errores de predicción del crecimiento del PIB que el FMI cometió entre 2010 y 2011 sobre el esfuerzo previsto en términos de consolidación fiscal. Bajo expectativas racionales el esfuerzo fiscal previsto debería ser independiente del error de predicción del crecimiento del PIB. Sin embargo, Blanchard y Leigh encuentran que el crecimiento fue menor de lo esperado en los países en los que el esfuerzo fiscal fue mayor, tal y como muestra el Gráfico 3.

Gráfico 3. Correlación entre el error en la predicción del crecimiento y la predicción de la consolidación fiscal. Fuente: Blanchard y Leigh (2013).

La pendiente de esta recta de regresión es -1,10 y es estadísticamente significativa. Este valor se interpreta como que un punto porcentual adicional de esfuerzo fiscal reduce el crecimiento del PIB en 1,10 puntos de media sobre lo que el FMI preveía. Las predicciones del PIB que hace el FMI ya incorporan el impacto de las consolidaciones proyectadas, utilizando un multiplicador fiscal que B&L asumen igual a un valor estándar de 0,5. Por lo tanto, el multiplicador medio de las consolidaciones llevadas a cabo durante 2010 y 2011 en Europa habría sido de 1,10 + 0,5 = 1,6. Se trataría de un multiplicador tres veces superior al previsto inicialmente, lo que justificaría la relajación en el ritmo de ajuste fiscal en tiempos de crisis.

Una crítica al trabajo de Blanchard y Leigh se centra en el reducido número de observaciones y, por lo tanto, en lo dependiente del valor de la estimación a la inclusión o no en la muestra de algunos países. Por ejemplo, en esta otra entrada se muestra que el valor tan elevado de la estimación de la pendiente depende sobre todo de Alemania, Grecia y Rumanía. Otra crítica aduce lo arbitrario del supuesto sobre el multiplicador utilizado en las predicciones del PIB (recordemos que estos autores suponen un valor de general de 0,5). Como los propios Blanchard y Leigh reconocen, dilucidar el multiplicador que hay detrás de las predicciones del PIB no resulta sencillo, pues los forecasters utilizan modelos en los que los multiplicadores están implícitos y dependen de multitud de factores económicos. Sin embargo, un trabajo reciente del BCE utiliza una aproximación cuasi experimental para derivar los multiplicadores específicos de 24 países sujetos a algún Procedimiento de Déficit Excesivo (EDP) durante el periodo 2009-2015. En particular, para cada país combinan los escenarios de consolidación proyectados en las recomendaciones del EDP, con información sobre predicciones económicas independientes del cambio de política fiscal elaboradas por la Comisión Europea e incorporadas también en las recomendaciones del EDP. Estas predicciones independientes del cambio de política fiscal proporcionan el escenario contrafactual necesario para identificar los multiplicadores que hay detrás de las predicciones del crecimiento del PIB.

El Gráfico 4 recoge la estimación de estos multiplicadores, y su evolución a lo largo del tiempo. La media de los multiplicadores implícitos hasta el año 2011 es de 0,21, mientras que a partir de 2012 la media sube hasta 0,66, lo que confirma la sospecha de B&L de que los forecasters podrían haber corregido al alza los multiplicadores en los años de la crisis de deuda soberana.

Gráfico 4. Multiplicadores ex -ante en las recomendaciones de los EDP lanzados entre 2009 y 2015. Fuente: Gόrnicka et al (2018).

El Cuadro 1 representa la estimación que se obtendría si, de modo similar a lo que hacen Blanchard y Leigh, se regresara el error en la predicción del crecimiento del PIB sobre el esfuerzo de consolidación fiscal recogido en los EDPs. Como puede apreciarse, aunque predominan los signos negativos para todo el conjunto de “cosechas” de predicciones, los valores son pequeños y los resultados no son estadísticamente significativos, lo que indica que los multiplicadores ex-ante estimados (menores que la unidad aunque crecientes durante los años de crisis) podrían estar en el entorno de los verdaderos multiplicadores.

Cuadro 1. Estimación de la pendiente en regresiones tipo B&L a partir de los escenarios incorporados en los EDPs. Fuente: Gόrnicka et al (2018). 

 

El análisis de los economistas del BCE gana en detalle con respecto al de Blanchard y Leigh, al incorporar información relevante para la estimación de los multiplicadores, tanto por el número de países como de periodos de predicción. Y cuando se refina el análisis los resultados parecen indicar que las consolidaciones fiscales no hirieron de muerte la actividad económica, ni siquiera en el corto plazo.

¿Qué lección que podemos extraer para España de estos nuevos resultados del BCE sobre los multiplicadores fiscales? Es probable que un proceso de consolidación tan lento como el realizado por la economía española no haya sido muy ventajoso, si los multiplicadores fiscales no han sido tan elevados como los estimados por Blanchard y Leigh durante la recesión. Y menos aún durante la recuperación de los últimos años. Todavía hoy se sigue discutiendo si los nuevos presupuestos deben presentar un objetivo de déficit más laxo que el inicialmente previsto por la Comisión Europea. Si realmente los multiplicadores son modestos, no parece muy prudente seguir posponiendo al futuro el ajuste fiscal mientras el déficit estructural se sitúa cerca del 3%, como estima la Comisión. Y si los riesgos de una recesión internacional en los próximos dos años se materializan, no tendremos suficiente margen de maniobra para responder con políticas fiscales contracíclicas.

 

 

La Diversidad de Genero en los Consejos tras la Ley de Igualdad 2007

de J. Ignacio Conde-Ruiz, Manu García y Manu Yáñez.

Es por todos conocido que las mujeres están infrarrepresentadas en las posiciones de liderazgo. Los “techos de cristal” son generalizados en prácticamente todas las áreas y organizaciones, tanto privadas como públicas, y los datos parecen indicar que existen restricciones o barreras invisibles en el ascenso o la promoción de las mujeres dentro de las organizaciones. Las mujeres son mayoritarias entre los graduados de los países desarrollados, y a pesar de que su participación laboral ha aumentado significativamente, sigue siendo muy minoritaria su participación en los puestos de máxima responsabilidad. Esto es un gran problema, pues las mujeres representan el 50% del talento, y al menos en los países desarrollados, alcanzan niveles educativos similares, y en muchos casos superiores, a los hombres de su generación. Por tanto, parece necesario no solo que aumente la participación laboral de las mujeres, sino que estas consigan alcanzar las posiciones de liderazgo similares a las de los hombres. La mayor participación de las mujeres en los puestos de liderazgo no solo sería relevante para las organizaciones, se convertiría también una vía efectiva de romper con los estereotipos sociales, que sabemos constituyen auténticas barreras en el desarrollo intelectual de las niñas.

En el año 2007 España, con la Ley de Igualdad, se introdujo una Ley de Cuotas “blanda” donde se establecía una recomendación de introducir mujeres en los consejos de Administración, una simple recomendación sin ningún tipo de sanción en caso de incumplimiento. En un artículo reciente (se puede consultar aquí) hemos analizado qué ha ocurrido con la diversidad en los consejos tras la introducción de dicha ley. En concreto, nos centraremos el periodo 2013-2017, un periodo donde ya podemos decir que está asentada la ley de Igualdad, y veremos en qué medida ha sido efectiva para romper el techo de cristal en los Consejos. Para ello, no solo analizaremos la evolución en las empresas del IBEX, mucho más expuestas al debate mediático y a las exigencias de los inversores internacionales, sino que analizaremos también el resto de las empresas cotizadas.

Como podemos ver en la siguiente figura, la diversidad es mayor en las empresas del IBEX (con un 24%) que en las que no son del IBEX (con un 15%).

Si nos fijamos en la distribución de empresas por el número de consejeras en sus consejos, vemos más claramente como aún queda mucho por hacer. En el año 2017 todavía hay un 18% de las empresas que no tienen ninguna consejera. Muy pocas empresas alcanzan el 30%, que es la recomendación número 14 del Código de Buen Gobierno de la CNMV para el año 2020. En concreto solo el 12% de las empresas que no pertenecen al IBEX y el 24% de las empresas del IBEX alcanzan ese umbral del  30%

También prestaremos especial atención a la evolución por tipo de consejero: dominical, independiente, ejecutivo y otros externos.

Por tipo de consejero, sorprende el extremadamente bajo porcentaje de mujeres en la categoría de consejera ejecutiva por debajo del 4%.

En el trabajo también explotamos una información muy útil que las empresas deben completar en sus informes anuales. En dichos informes, deben justificar las medidas que han tomado para conseguir mejorar la diversidad en sus Consejos. En concreto deben contestar a la pregunta:

 “C.1.5. Explique las medidas que, en su caso, se hubiesen adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres”

En un análisis de tratamiento de textos conseguimos cuantificar en qué medida dichas respuestas de las empresas tienen similitud con las realizadas por cada empresa en el pasado (i.e. porcentaje de “autoplagio”) o con las realizadas por otras empresas el año anterior (i.e. porcentaje de “plagio”).  La idea es usar estas medidas cuantitativas como señal del interés que las empresas muestran por la diversidad de género. Como podemos ver en la siguiente tabla, encontramos un altísimo porcentaje de “autoplagio”.  Así, por ejemplo, para la media del periodo el 50% de las empresas (ver la mediana (Q2) de la tabla) habían respondido a la pregunta C.1.5. copiando al menos el 74.4% del texto que habían usado el año anterior. Este porcentaje es prácticamente del 77% para las empresas que no son del IBEX.

Otro hecho destacable es que, como podemos ver en la siguiente figura, son precisamente las empresas que tienen un menor porcentaje de mujeres en sus consejos las que muestran un mayor grado de “autoplagio” en sus respuestas. Aunque no podemos demostrar causalidad, una posible interpretación es que precisamente las empresas que más medidas nuevas implementan y por lo tanto introducen mayores innovaciones en sus respuestas son precisamente las que consiguen una mayor representación femenina en sus consejos.

A diferencia de España y Países Bajos, que optaron por una ley de cuotas “blandas” a modo de recomendación sin sanción en caso de incumplimiento, otros países europeos se inclinaron por una ley de cuotas obligatorias.  Noruega fue el país pionero al introducir por ley una cuota obligatoria del 40% de mujeres en 2005, que entró en vigor en 2008. Siguió sus pasos Islandia estableciendo la misma cuota del 40% en 2013. En la actualidad hay otros cuatro países europeos con cuotas obligatorias: i) Italia con una cuota del 33% desde 2015; ii) Alemania con una cuota del 30% desde 2016; iii) Francia con una cuota del 40% en 2017; y iv) Bélgica una cuota del 33% en 2018.

En el siguiente gráfico podemos ver como son precisamente los países con una política de cuotas obligatorias (con una raya roja) los que tienen un porcentaje de mujeres en sus consejos mayor.

Los detractores de introducir cuotas para las mujeres en los consejos de administración veían dos riesgos potenciales. Por un lado, argumentaban que la poca experiencia que tienen las mujeres en la gestión empresarial bajaría la rentabilidad de las empresas en el mercado al incorporar más mujeres. Por otro lado, argumentaban que ante la escasez de mujeres con capacidad suficiente para ser consejeras generaría que unas pocas coparían todos los consejos convirtiéndose en unas privilegiadas ocupando cada una de ellas varios consejos (fenómeno “golden skirts”). Pero la realidad ha disipado completamente todos estos temores, ni baja la rentabilidad, ni la incidencia de mujeres en más de un consejo es distinta a la de los hombres. Para el caso de España en el año 2017, podemos ver en el siguiente gráfico que la distribución de hombres y mujeres por número de consejo es similar.

En definitiva, el insuficiente avance, no solo con respecto al objetivo de la Ley de Igualdad de 2007 de alcanzar una representación femenina del 40%, sino también con respecto a la recomendación del Código Unificado de Buen Gobierno de la CNMV que estableció el compromiso de alcanzar el 30% de consejeras en 2020 nos lleva a plantear la necesidad de cambiar la ley sobre la política de consejeras en España.  Máxime ante el  escaso interés que muestran las empresas, principalmente las que no operan en el IBEX, a la hora de justificar el escaso avance, como muestra el alto grado de “plagio” y “autoplagio”. Con el objetivo de acelerar la transición hacia un nuevo equilibrio de igualdad de oportunidades sería necesaria la introducción de una política de cuotas obligatorias, graduales (i.e respetando el calendario ordinario de renovación de los consejos) y de carácter temporal.  El carácter temporal cobra enorme sentido si tenemos en cuenta que las cuotas son necesarias para romper un equilibrio donde el poder se concentra en manos de los hombres. Una vez alcanzado otro equilibrio con un reparto más igualitario del poder, y con igualdad de oportunidades para las mujeres, las cuotas de género obligatorias carecerían de sentido.

Según nuestros cálculos, si queremos alcanzar una representación del 30% de mujeres en los Consejos, sería necesario reemplazar a 126 hombres por mujeres; y si queremos una representación del 40% se deberían reemplazar 253 hombres. ¿Alguien puede defender, en pleno siglo XXI, qué en España no hay entre 126  y 253 mujeres con méritos suficientes para ser Consejeras? Estos números son insignificantes si entendemos que actualmente en España según la EPA hay 236 mil mujeres que son directoras o gerentes. O, si tenemos en cuenta que, según la misma encuesta, en España hay más mujeres ocupadas con educación superior (4,1 millones) que hombres (3,8 millones).  Con esta nueva política de cuotas obligatorias, no solo conseguiremos acelerar el paso hacia un equilibrio de igualdad de oportunidades entre géneros y situar, en muy poco tiempo, a las mujeres en el lugar que les corresponde meritocráticamente hablando, sino también conseguiremos avanzar en la lucha contra los estereotipos que sabemos constituyen un auténtico freno para la confianza y el desarrollo profesional de las niñas.

Economía Académica y Educación en Economía

De Pedro Rey Biel  (@pedroreybiel)

Escribo estas líneas durante el trayecto de vuelta del Simposio de la Asociación Española de Economía, que ya mencionó Gerard ayer (aquí), donde uno de los papeles mas interesantes que he tenido en estos días es el de ejercer como organizador del renovado Comité sobre Educación en Economía. Como destacó en su discurso inagural el presidente de la asaociación, Nezih Guner,  el propósito de dicho comité es "contribuir a elevar la calidad de la educación en Economía en nuestro país, participando en la reflexión sobre innovaciones educativas, fomentando su desarrollo y difusión". Por ello, durante el Simposio iniciamos una serie de actividades que espero contribuyan a disminuir la distancia entre los economistas académicos y la sociedad. En concreto, y como iremos anunciando en los próximos meses, creemos que los economistas académicos podríamos tener una mayor presencia en cómo se configuran los planes de estudio del área, tanto a nivel de secundaria como en la universidad. Nos llama la atención, por ejemplo, que sólo un 30% de los profesores que imparten la asignatura de Economía en secundaria tengan formación explícita en economía y, aunque no queremos pecar de titulitis ni de corporativismo, sí creemos que la puesta en común de ideas puede ser provechosa. Por ello, estamos dando los primeros pasos para organizar un workshop con representantes del profesorado de secundaria y políticos del área de educación, donde poner ideas en común y valorar experiencias educativas innovadoras evluadas de forma rigurosa. Además, queremos involucrarnos más con la organización de la Olimpiada de Economía, especialmente ahora cuando se acaba de celebrar la primera edición de la Olimpiada Internacional de Economía, en la que España ya ha participado.

Entre las actividades que el Comité ya ha desarrollado este año, quería destacar dos. Por un lado, la organización de una sesión especial durante el Simposio, co-organizada con Nagore Iriberri, en la que invitamos a investigadores a contarnos experiencias innovadoras.  Cristina Lopez-Mayan nos habló de un experimento llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Barcelona, comparando un nueva forma de enseñar conceptos económicos para disminuir los prejuicios ideológicos que pueden tener los laumnos osbre temas claves sobre los que la evidencia empírica existente está lo suficientemente contrastada como para que realmente no exista debate sobre los mismos.  Carlos Cortinhas de la Universidad de Exeter, describió la evaluación experimental de ofrecer grabaciones en video de las leccciones, tanto como complemento como sustituto de las clases presenciales en grandes grupos. Por último,  Parama Chaudhury, habló de una experiencia pionera llamada "Let's Make a Movie!", en la que alumnos de Economía recién llegados a la universidad, trabajan en proyectos creativos de video sobre temas muy amplios (el Estado del bienestar, el desempleo...) con resultados sorprendentes.

La otra actividad de la que quiero hablarles es la de la entrega del I premio a Trabajos de Fin de Grado en Economía. Estaos especialmente orgullosos de que, a pesar de ser el primer año, hemos tenido uno  total de 137 trabajo enviados procedentes de 31universidades diferentes, que fueron estudiados por un jurado formado por Jordi Caballé, Antonio Cabrales, Caterina Calsamiglia, María Luz Marco, Ana I. Moro, Judith Panadés y yo mismo. Después de cuatro rondas de selección, decidimos escoger a los siguientes cinco finalistas: Maja Garbulinska (Universidad Autónoma de Barcelona), Begoña Molina Muros (Universidad de Málaga),  Juan Sebastián Noriega (Universidad de Navarra), Alberto Serrano Ibáñez (Universidad Jaime I Castellón) y Eduard Seyde Abad (Universidad Pompeu Fabra).  Por último, los tres ganadores, que fueron invitados al Simposio a recoger su certificado (ver foto) y presentar sus trabajos (que podían estar escritor en español o en inglés) en una sesión de posters fueron:

Diego Aires Calviño (Universidad de Vigo) por “Efectos Macroeconómicos de los Impuestos Progresivos en un Equilibrio General Dinámico con Agentes Heterogéneos”.

Pilar Alvargonzález Muñoz (Universidad Pública de Navarra) por “Transmission of Inequality: The Curbing Effects of Shared-Custody Law in Spain”.

Pablo De Llanos Artero (Universidad Autónoma de Barcelona) por “The Effects of Foreign Direct Investment on Economic Growth: Empirical Evidence from Ireland”.

Como ven, los temas presentados son muy diversos (también hubo candidaturas de teoría de juegos, economía experimental, economía laboral, inmigración, finanzas...). Fue especialmente agradable ver la ilusión con la que los presentaban los tres premiados, con quienes parece que algunos de nuestros objetivos de conectar los estudios de grado con la investigación económica comienzan a concretarse, puesto que se encuentran en estos momentos solicitando admisión para realizar el doctorado en algunos de nuestros mejores departamentos. Damos la enhorabuena tanto a finalistas como a ganadores, y emplazamos desde aquí a todas las facultades de Economía, entendidas en sentido amplio (hubo también trabajo de Economía de la Empresa, y otras áreas afines), a animar a sus mejores estudiantes a participar en la siguiente edición.

16/12/2018 – Clarín – Con la democracia se come, se cura y se educa

El Presidente se sentó frente al Congreso, escrutó a diestra y siniestra, pero no logró divisar el más mínimo vestigio de un refresco. Sus primeras palabras en el cargo, fuera de micrófono, ilustraban el panorama de escasez que signaría su gobierno: “Che, ¿ni acá hay agua? Agua, pongan agua”.

Unos minutos después leería el párrafo cuyo final quedó para la posteridad y que transcribo aquí al pie de la letra “Vamos a vivir en libertad. De eso, no quepa duda. Como tampoco debe caber duda de que esa libertad va a servir para construir, para crear, para producir, para trabajar, para reclamar justicia —toda la justicia, la de las leyes comunes y la de las leyes sociales —, para sostener ideas, para organizarse en defensa de los intereses y los derechos legítimos del pueblo todo y de cada sector en particular. En suma, para vivir mejor; porque, como dijimos muchas veces desde la tribuna política, los argentinos hemos aprendido, a la luz de las trágicas experiencias de los años recientes, que la democracia es un valor aún más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no sólo se vota, sino que también se come, se educa y se cura”.

Treinta y cinco años después de aquel memorable discurso, la sensación térmica es que, si bien la democracia es el menos malo de los sistemas políticos, no ha curado, no ha educado y tampoco ha contribuido a resolver el problema del hambre.

Sin embargo, el escrutinio de los números demuestra otra cosa.

Empecemos por donde las estadísticas son más claras. En materia de salud, según datos oficiales que publica el INDEC, la tasa de mortalidad infantil cayó desde 29,7 defunciones cada 1000 niños nacidos vivos en 1983 a 9,7 por 1000 en 2016, que es el último año con datos.

Pero, además, la mortalidad del resto de los grupos etarios también cayó y en algunos casos de manera muy significativa. En la población que tiene entre 1 y 4 años, se redujo un 73%, mientras que entre los niños de 5 a 14 años bajó un 53%. Como resultado de las mejoras en la salud, la esperanza de vida al nacer subió seis años, pasando de los 70,2 en 1983, a los 76,5 en el 2016.

Por supuesto, los promedios esconden siempre inequidades y esta no es la excepción. De acuerdo al ultimo censo, 14.314.882 argentinos no tenían cobertura de salud de ningún tipo en 2010, pero mientras que el porcentaje de personas que solo tenían al hospital público como recurso trepaba por arriba del 40% entre los menores de 30 años, era de solo el 4% en los mayores de 70. Lo que los números muestran, no obstante, es que con sus limitaciones, el sistema de salud cura y particularmente cura más en democracia; salva a más niños y nos da, en promedio, seis años más de vida.

Educación Que los grandes hitos de la educación argentina fueron plantados en democracia es algo que nadie disputa. La gesta de Sarmiento, que asumió con un analfabetismo del 78% y logró que para el censo de 1895 hubiera caído al 54%, fue continuada por la ley 1420, que es una de las instituciones responsables de que para 1947 solo el 13% de los habitantes del suelo argentino no supieran leer y escribir.

Entre tantos datos negativos sobre la calidad, que se reflejan en los resultados de las pruebas PISA, por ejemplo, muchos dudan sobre los avances de educación en estos 35 años. Sin embargo, las tasas de cobertura del sistema han crecido de manera sostenida en todos los niveles, pero de manera espectacular en el nivel superior.

De acuerdo a los datos de las encuestas de hogares que procesa la gente del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS), en 1980 sólo el 54% de los jóvenes en edad de estar en el secundario efectivamente iban al colegio, pero esa tasa de asistencia trepó al 62% para 1992.

En los 90 cambia la cobertura de los datos que releva el CEDLAS. Tomando ahora los 15 principales aglomerados de la Argentina, la tasa de escolarización secundaria crece del 64% en 1992 al 80% en 1998. Entre el 98 y el 2003 se mide este indicador en 28 centros urbanos y la asistencia sube del 78% al 85%. Por último, entre el 2003 y el 2017 vuelve a cambiar la metodología de medición del INDEC, pero de acuerdo a la nueva métrica la cantidad de jóvenes que estudian en el secundario crece del 76% al 91%.

En el sistema de educación superior sólo 16% de los que habían concluido la secundaria en el área metropolitana del Gran Buenos Aires seguían estudiando en 1980, pero para 1992 la tasa de cobertura habría trepado al 20% de la mano de la democratización de las universidades, que duplicaron su matricula durante el gobierno de Alfonsín. En los 90, consistente con la creación de nuevas universidades volvió a duplicarse la matricula y la tasa de cobertura en las 15 principales ciudades argentinas pasó del 22% al 27% de la población en edad de asistir a la facultad. El último gran salto se dio entre 1998 y el 2003. Lo sabemos porque según la medición de la nueva EPH del INDEC que procesó el CEDLAS, 35 de cada 100 jóvenes de entre 18 y 25 años asistían a alguna institución de educación superior para el 2003. En los últimos 15 años la tasa se estabilizó y las mediciones del primer semestre muestran una asistencia del 38%, mientras que las del segundo semestre acusan el abandono de ingresantes y arrojan solo 34% Lejos de la pobreza cero.

En materia de pobreza e indigencia es donde parece más difícil contestar la pregunta, primero porque recién se empezó a medir en 1988 y segundo porque se cambió mucho la metodología durante los últimos 30 años, agravándose el problema luego del 2007 con la manipulación del INDEC. El economista Agustín Arakaki, del CEPED, buscó resolver el primer y el segundo problema y construyó una nueva serie desde 1974 descubriendo que, si bien hubo picos de indigencia del 9% y del 16% en la híper de 1989 y en la crisis del 2002 respectivamente, en 2006 la economía tenía 5,79% de su población con necesidades alimentarias insatisfechas; un número muy similar al 5,19% de 1982, que es el último año de la dictadura con datos.

Leopoldo Tornarolli, del CEDLAS, hizo un trabajo similar para el período 2003-2018 confirmando que tanto la pobreza como la indigencia bajaron en Argentina desde 2006, lo que nos permite concluir que hay proporcionalmente menos gente pasando hambre que a comienzos de la democracia.

En resumen. Aunque hay muchas criticas posibles respecto de la calidad de los servicios educativos y la fragmentación social tanto en el acceso a la salud como al mercado de trabajo, los indicadores confirman que aquel discurso de asunción el 10 de diciembre de 1983 no estaba errado; con la democracia se come, se educa y se cura.

Karl Marx, el hombre más influyente

Karl Marx fue un filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Junto a Friedrich Engels, es el padre del socialismo científico, del comunismo moderno, del marxismo y del materialismo histórico. En 1999, en una encuesta de la BBC, fue votado como “el mayor pensador del milenio”. La sociedad socialista o comunista que Karl Marx describió se regía por el aforismo “De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Es difícil imaginar una sociedad donde imperase un principio de solidaridad mayor. Este principio tiene aún influencia en las sociedades actuales. El estado de bienestar se rige en parte por esta idea. Las personas con menores recursos económicos aportan menos al sistema de salud, de pensiones o de educación que aquellos con mayores recursos. De tal manera que los que tienen mayores necesidades reciben más y los que tienen mayores “capacidades” aportan más. Sin embargo, el marxismo no ha tenido el éxito que cabría esperar de una idea tan generosa como ésta. Una de las razones puede estar en la idea de la dictadura del proletariado, que es el estado de transición del capitalismo al socialismo. Los partidarios de Marx defendían que este momento era el del tipo superior de democracia a través del partido de los comunistas, los órganos de representación popular, los sindicatos, las cooperativas, las uniones juveniles y otras asociaciones. Sin embargo, es difícil considerar como tal a esta supuesta “democracia”. Si la comparamos con las democracias occidentales de sufragio universal,en éstas se presentan candidatos de ideologías diferentes y son los ciudadanos quienes deciden quién tiene el poder. Estas democracias sin duda tienen muchos defectos. Este poder político a veces se ve dominado por otros “poderes” económicos o por listas de partidos que adulteran la elección directa de los ciudadanos. […]

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La Salud Mental de los Estudiantes de Doctorado en Economía

La semana pasada se celebró en Madrid el Simposio de la Asociación Española de Economía. Una de las actividades principales de este congreso es articular la posibilidad de que muchas universidades entrevisten a estudiantes de doctorado en economía con el objetivo de buscar a los mejores candidatos que puedan cubrir sus plazas de profesores. Éste, sin embargo, es solo uno de los mercados que existen en Europa, y que compite con el European Winter Meeting of the Econometric Society. Ambos mercados, por supuesto, tienen un tamaño y una repercusión que está a años luz de los ASSA meetings en Estados Unidos, donde los estudiantes e instituciones se cuentan por centenares, incluyendo las mejores universidades mundiales y las que aspiran a serlo, además de muchas empresas privadas.

Obtener un puesto en una de estas instituciones está basado esencialmente en la calidad de la investigación que el doctorando ha llevado a cabo. Es un mercado eminentemente meritocrático, a diferencia de lo que vemos en muchas instituciones en España y que hemos denunciado muchas veces en este blog (ver aquí, por ejemplo). La diferencia entre hacer una buena investigación y entrevista y otra no tan buena es abismal. Es por ello que en Nada es Gratis hemos publicado consejos para sobrevivir y tener éxito en este mercado (la versión más reciente es la de Pedro Rey sobre la investigación y el CV y la entrevista).

La incertidumbre asociada a esta experiencia añade presión a los estudiantes de universidades que aspiran a participar en este mercado. El riesgo es alto y cualquier posibilidad de mejorar el trabajo de investigación (el llamado “job-market paper”) debe ser aprovechada. No muy sorprendentemente, muchos de los que hemos sufrido este proceso sabemos que esta presión es probable que origine costes psicológicos importantes para algunos estudiantes.

Un trabajo reciente de la Universidad de Harvard ha intentado medir estos costes. Barreira et al (2018) han llevado a cabo una encuesta entre 1185 estudiantes de ocho de los mejores programas de doctorado de economía del mundo (Columbia, Harvard, MIT, Princeton, Berkeley, San Diego y Yale). Entre los entrevistados hay 65% de hombres y los extranjeros son mayoría (un 54%). El 55% de los estudiantes están casados o tienen una relación estable. Los resultados que obtienen son preocupantes y los podemos resumir de la siguiente manera:

1. El 18% de los estudiantes manifiestan síntomas de depresión y ansiedad. Este dato es mucho mayor del que corresponde a población perteneciente a este rango de edad y que ronda el 5%. Según afirman los autores, estas tasas de depresión son solo comparables a los de la población encarcelada en EEUU. El nivel de depresión y ansiedad se incrementa a medida que aumenta el tiempo en el programa y es especialmente importante para los estudiantes que encaran su quinto o sexto año (los estudiantes acostumbran a ir al mercado en el sexto año). El estudio también muestra que estudiantes que perciben a sus compañeros como muy competitivos y tienen pocos amigos tienen peor salud mental. Finalmente, la incidencia es mayor para los estudiantes extranjeros y mujeres.

2. El 11% de los estudiantes afirman haber pensado en el suicidio durante la dos semanas anteriores a la entrevista. La prevalencia es mayor para aquellos estudiantes que se arrepienten de haber empezado el doctorado o de su elección de supervisor de tesis.

3. Solo el 27% de los estudiantes que muestran síntomas de depresión o pensamientos suicidas están bajo tratamiento.

4. Al 25% de los estudiantes entrevistados les ha sido diagnosticada una enfermedad mental en algún momento de su vida. La mitad de ellos han sido diagnosticados después de empezar el programa.

5. Los estudiantes experimentan problemas de soledad e aislamiento. Esto es especialmente importante para aquellos que no trabajan en grupos de estudio durante el primer año o no tienen co-autores en su investigación.

6. Los estudiantes tienen una percepción equivocada de su salud mental. Aquellos que solicitan ayuda especializada no acostumbran a ser aquellos con los problemas más severos de depresión.

Los estudiantes también expresan cierta frustración con el programa de doctorado. Por un lado, solo el 26% de los estudiantes consideran que su trabajo es útil. En comparación, este dato es del 70% para los profesores de economía y del 63% de la población en general. El 62% de los estudiantes se sienten culpables cuando no están trabajando, un porcentaje que, por cierto, es muy parecido a lo que experimentamos los profesores. En parte por estos factores, el 13% de los estudiantes han considera dejar el programa en las dos semanas anteriores a la entrevista.

Este estudio también proporciona pistas sobre cómo las instituciones que formamos a estudiantes para este mercado deberíamos adaptarnos a la presión que el proceso genera. Proponen hacer los cursos relevantes para la investigación lo antes posible, habilitar canales para que los estudiantes puedan expresar sus opiniones sobre la supervisión que reciben, e informarles sobre la existencia y la utilidad de los servicios de ayuda psicológica, son tres recomendaciones fáciles de implementar.

El papel de los supervisores de tesis también es esencial. Debemos fomentar que nuestros estudiantes escojan temas de investigación que consideren útiles y ayudarles a lidiar con las frustraciones y decepciones que el proceso puede ocasionar. La salud mental de los estudiantes es mejor cuando su supervisor (y otros profesores) se preocupan de sus problemas personales y cuando consideran sus reuniones más agradables. De la misma manera, aquellos estudiantes que no pueden hablar de como progresa su investigación, sus clases, sus presentaciones o sus perspectivas profesionales fuera del sector académico con su supervisor acostumbran a tener una peor salud mental.

Por supuesto, los datos de este estudio no significan que el proceso del doctorado no valga la pena o que sea mejor matricularse en un programa que no participa de este principio meritocrático (y donde el éxito a menudo depende de estar al abrigo del cacique de turno). Por ejemplo, no mide el valor que tiene, una vez terminado el proceso, investigar y/o dar clase en una de las instituciones intelectualmente estimulantes que acuden a este mercado de trabajo. Lo que el estudio permite decir, sin embargo, es que podríamos hacer las cosas mucho mejor.

Carlos Baute, la tensión y los desastres, paso a paso

No sabemos quién es más payaso de los dos, si Dani Mateo o Carlos Baute, aunque seguramente lo sea más este último, al menos por la cantidad de veces por minuto que sonríe. En eso le gana a Dani Mateo. Y muy probablemente, también, en mal corazón. Sí, ya sabemos que sonarse el despertador en las banderas es de una degeneración humana insondable. Sobre todo, comparado con pedir una intervención internacional en Venezuela en un programa de entretenimiento y máxima audiencia. (Nota 1: “intervención internacional” en lenguaje intelectual significa “puta guerra”). ¿Entendéis, no? Es mucho menos reprobable que el payaso de Carlos Baute se deshueve veinte veces más por minuto que Dani Mateo. Porque, además, luego pide, tras uno de esos mensajes de “volvemos en seis minutos” con los que se forran en casi todos los lugares del mundo, cosas tan tiernas como una invasión bélica. Qué grande es el liberalismo. Por supuesto, todo el mundo aplaudió a continuación. Porque, por si no lo sabíais, la gente, por muy liberal que sea, aplaude en televisión cuando se lo dicen. Porque, por si no lo sabíais, la gente, por muy anarquista que sea, mete papeletas en unas cosas que se llaman urnas de cristal cuando se lo dicen. Porque, por si no lo sabíais, hay gente que hace cosas. Auténticas. No de plástico como en el 1-O. Porque lo más significativo del programa de Motos fue que Marta Sánchez estuvo muy sosa -nos enteramos a través de la prensa seria, es decir, a través de “20 minutos”, y también a través de twitter, cuyas redes estaban ardiendo de reproches a Marta. Y lo sabes. Vaya tela. ¡Estaba haciendo caer la audiencia del programa! La gente ya no quiere trabajar y hay límites innegociables. Hablando de sonrisas, de personas que no quieren trabajar y […]

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Una sencilla propuesta sobre los proyectos de investigación universitarios

 

Hay, por lo menos, dos maneras de llevar una organización. Una primera consiste en señalar con detalle qué debe hacer cada uno de sus miembros y luego monitorizar que hacen lo que se les ha pedido para que su remuneración se corresponda con el cumplimiento de cada una de las tareas. La segunda pone una serie de objetivos, da libertad a los miembros para alcanzarlos y limita la supervisión al alcance de estos objetivos. Es, claro, una simplificación. Habrá límites tanto a la excesiva monitorización (p.e., la privacidad de algunas acciones) como al uso de la libertad (p.e., el respeto a la legalidad). La Economía de la Información estudia en qué condiciones funciona mejor uno u otro sistema y qué propiedades tienen las distintas maneras de diseñar un contrato en cada uno de ellos.

Una de las lecciones más importantes de esta literatura se refiere a cómo depende el contrato de la información que tiene cada parte. El ejemplo más claro se da cuando una de ellas (el principal) quiere que se realice una tarea y la otra (el agente) tiene la información y la capacidad de hacerla a costa de su esfuerzo. En este caso no tiene mucho sentido que el principal pormenorice las tareas del agente. Lo mejor será que le dé libertad y le remunere según resultados. De esta manera se alinean los incentivos de ambas partes.

Pues bien, esta idea tan sencilla no suele abrirse paso fácilmente y, precisamente por ello, son noticia las empresas modernas que confieren esta libertad a sus empleados. Acostumbrados como estamos a quejarnos de la burocracia en la Universidad, permítanme una crítica constructiva que tiene mucho que ver con este tema y que está en la línea de esta carta abierta de nuestro compañero Anxo publicada en este blog hace unos meses. Como sabrán, el Ministerio (no digo el nombre porque cambia en cada legislatura), con buen criterio decide dedicar recursos a la investigación básica y, entre otros programas, tiene uno que da dinero a grupos de investigación para que sus miembros puedan hacer cosas como ir a congresos, traer de visita a investigadores de otras universidades o tener un ordenador portátil, entre otras. Estos proyectos suelen ser de 3 o 4 años.

La manera en que ahora se organizan estas ayudas requiere de una solicitud, con memoria detallada del proyecto de investigación y demás papeleo, informe intermedio e informe final, explicando si se ha hecho el proyecto al 100% o por qué no se ha llegado en alguno de los objetivos. Además, al final del periodo te puede tocar ir al Ministerio durante una jornada entera a explicarlo, junto con otros proyectos. Requiere también unos evaluadores que deciden sobre la calidad del proyecto y otros que atienden las jornadas de presentación. Hay también una fiscalización pormenorizada de los gastos, no ya para saber que son legales (que no hay facturas de cabarets, por ejemplo), sino para ver si encajan o no con los baremos del programa. Por ejemplo, es muy fácil que, tres años después de terminarse un proyecto lleguen requerimientos como:

-Se ha gastado usted 100€ en una noche de hotel cuando el límite en ese país es 90€.

-El gasto en la impresora está bien, pero los cartuchos de tinta no entran en los gastos.

-Justifique por qué ha alquilado un coche en su visita a la Universidad X en lugar de coger taxis.

-¿Qué son esos pagos a sujetos experimentales?

-La visita del investigador Y no se puede pagar porque no estaba detallada en el proyecto.

Y ahora toca decir que era el hotel del congreso. Que sí, que los hay más baratos a varios kilómetros, pero que eso implicaba gastarse más en taxis y no estar en el ambiente del congreso fuera de las ponencias. Que en la ciudad donde está la Universidad visitada no hay transporte público, que la distancia entre la Universidad y el hotel es grande y alquilar un coche cuesta muchísimo menos que pagar taxis. Que el proyecto aceptado incluía la remuneración a sujetos experimentales. Que el investigador Y es el más prestigioso en su área y que se ha dado la oportunidad de poder traerlo y que es una suerte que acepte a venir a cambio de pagarle solo el avión y el hotel. A veces aceptan las explicaciones, a veces no, y entonces hay que devolver el dinero.

Esta persecución al investigador lleva a cosas como que si pides 100 y te dan 40, luego no puedes decir que uno de los objetivos no se ha realizado por falta de presupuesto. Te pueden contestar que entonces no tenías que haberlo aceptado. O te piden explicaciones de por qué un objetivo no está al 100% a pesar de que en los otros has hecho mucho más de lo que decía. Otras veces no permiten subsanar una pequeña falta en la solicitud y se deniega porque un currículum tiene una página de más (aquí). Algunas universidades han tenido que aguzar el ingenio para poder hacer algunos pagos. Por ejemplo, se paga a sujetos experimentales con contrato y alta en la Seguridad Social o se tramitan como dietas (para cantidades de 15 o 20€). Pueden ver más y más quejas que distintos investigadores han ido dejando en la prensa.

¿Qué alternativa hay frente a esto? Una muy fácil: a cada equipo de investigación se le pide únicamente el currículum. Si es bueno se le da dinero. Si es menos bueno, se le da menos o nada. Ni proyecto, ni evaluadores, ni informes, ni papeleos, ni detalles de en qué te vas a gastar el dinero. Después de todo, los comités no suelen ser buenos evaluando proyectos particulares,  y la trayectoria de un equipo dice mucho más sobre si seguirá o no investigando tres años más (ver aquí) y, también después de todo, conociendo mi experiencia como evaluador de proyectos y la de mis colegas, al final miramos más el currículum que la memoria de investigación.

Por supuesto, la Universidad, que gestiona el dinero del proyecto, lo da contra factura y supervisa que los gastos son legales. Nada más. ¿Que este equipo ha gastado más en ordenadores y este otro más en viajes? Ellos sabrán cómo está mejor gastado. Lo que le importa al Ministerio es que haya investigación. Si un equipo no responde, cuando pida la siguiente ayuda mostrará currículos pobres en los últimos años y se le podrá denegar. Cada equipo podrá incluir jóvenes sin currículum que se arroparán en el equipo porque el equipo confía en ellos y así podrán ser investigadores principales en el futuro. De nuevo, deja que los equipos decidan. Les va en ello su investigación y recibir la ayuda.

Por supuesto, si un proyecto requiere comprar grandes equipamientos científicos sí habrá que detallar y justificar esas inversiones. Aquí me estoy refiriendo a esa parte de las ayudas que van a sufragar el tipo de gastos mencionado y que no suele superar los 1000€ por investigador y año.

El Ministerio no gastaría un euro más, el dinero estaría igual de bien invertido y el tiempo, esfuerzo y paciencia de los investigadores y de los funcionarios que gestionan todo no se malgastarían.

El efecto de las misiones jesuitas en el capital humano

Hace unas semanas hablé en este blog sobre un índice de capital humano del Banco Mundial que trataba de medir las diferencias actuales en el nivel de capital humano alrededor del mundo (ver aquí). En esta entrada quiero explorar la transmisión, persistencia y efecto del capital humano en una sociedad. Para ello, me centraré en un excelente reciente trabajo de Felipe Valencia Caicedo (ver aquí) que estudia un episodio muy concreto: las misiones jesuitas en Sudamérica en el siglo XVII.

La orden de los jesuitas fue fundada en el año 1534 por el caballero vasco Ignacio de Loyola, como parte del movimiento de contrarreforma europeo y fue la última gran orden católica que llegó a las Américas a través de los imperios español y portugués. La primera misión jesuita en Sudamérica fue establecida en 1565 en Juli (hoy en día, Puno), en la frontera entre Bolivia y Perú. Los misioneros jesuitas se expandieron rápidamente en tierras fronterizas en Mainas (Perú), Moxos y Chiquitos (Bolivia), Casanare y Orinoco (Colombia y Venezuela), Baja California (México), y Alta California (Estados Unidos). Al mismo tiempo, los jesuitas también educaron a las élites criollas en las grandes capitales americanas. Aunque su objetivo oficialmente era convertir almas al catolicismo promoviendo la obediencia al Papa, los jesuitas enfatizaron en todo momento el fomento de la educación, enseñando en las misiones a los niños y niñas indígenas - de forma separada- cómo leer y escribir, así como aritmética básica. Sus esfuerzos educativos también se extendieron a la población adulta, enseñándoles varios oficios tales como albañilería, carpintería y bordado.

Como muestra el siguiente mapa, el estudio analiza las 30 misiones jesuitas en el territorio guaraní durante el periodo 1609-1767 en partes de lo que es hoy en día Argentina, Brasil y Paraguay. Un territorio similar en extensión a países como Uruguay o Ecuador.

A la llegada de los jesuitas, el territorio Guaraní estaba poblado por una única tribu indígena también conocida como los Tupíes, en portugués. Se trataba de una sociedad en estado de desarrollo Neolítico, es decir que no usaba armas ni herramientas de hierro. Los Guaranís eran una tribu semi-sedentaria que se sustentaba con el cultivo de mandioca y maíz usando técnicas primitivas de sembrado.

Los datos usados en el trabajo son el resultado de un esfuerzo titánico de Felipe que consiguió combinar datos de archivo sobre estas misiones jesuitas con variables que miden las condiciones actuales en estas localidades. La idea es muy sencilla: calcular la distancia de un municipio a la misión más cercana y ver cómo ésta se correlaciona con el nivel de educación y de ingresos de este municipio hoy en día. Los resultados saltan a la vista y se pueden apreciar en la siguiente figura. Obviamente, hay muchos otros factores que podrían explicar diferencias contemporáneas en estas variables. Para tener eso en cuenta, el estudio incluye controles sobre la geografía y el clima de estos municipios.

Fuera de los resultados base, el trabajo lleva a cabo dos ejercicios en términos de identificación. En primer lugar, estudia un “efecto placebo” que considera las misiones jesuitas que fueron abandonadas a los pocos años de ser fundadas, en concreto, antes de 1659. Si es realmente el efecto de los jesuitas en la población lo que causa una mejora en la educación y la riqueza, no deberíamos observar un efecto significativo en zonas cercanas a estas misiones que fueron rápidamente abandonadas.  En segundo lugar, se comparan los efectos en las misiones jesuitas con las de las misiones franciscanas, también en el territorio guaraní. Esta comparación es muy útil puesto que, aunque ambas órdenes pretendían convertir a la población al cristianismo, los jesuitas enfatizaron la educación mucho más que los franciscanos.

Los resultados del trabajo son muy llamativos. En primer lugar, y como muestra el siguiente gráfico, unos cuatrocientos años después de que llegaran los jesuitas a área Guaraní, tienen mayores niveles de educación. En el trabajo puede encontrarse un gráfico parecido donde se muestra que estas zonas soy, hoy en día, también más ricas.

La siguiente tabla muestra el mismo resultado de forma cuantitativa: en los municipios donde hubo misiones jesuitas, las tasas de educación son entre un 10 y un 15 por ciento más altas hoy en día, 250 años después de su expulsión. El ingreso per cápita de estas localidades (en otra tabla del trabajo) son también un 10 por ciento mayores en estos municipios. La comparación con las misiones franciscanas revela que en éstas no hubo efectos significativos, sugiriendo que es verdaderamente la insistencia en la formación en capital humano lo que causó los buenos resultados en las poblaciones con influencia jesuita.

En el trabajo también se muestra que los habitantes de localidades que se encuentran 100 kilómetros más cerca de donde hubo una misión jesuita tienen, en media, 0,7 años más de educación que el del resto de la población de la zona y su tasa de pobreza es un 10% menor. Los efectos del capital humano inducido por los jesuitas son mayores en los años iniciales y se reducen después de la Segunda Guerra Mundial.

Por último, en términos de mecanismos, el estudio revela que las poblaciones cercanas a las misiones jesuitas experimentaron antes un cambio estructural, medido con un aumento significativo en el sector manufacturero y de los servicios, y una correspondiente reducción en los recursos empleados en el sector agrícola. Este resultado sugiere que el capital humano creado por los jesuitas se tradujo, al menos en parte, en una alteración de la estructura productiva de estos territorios que, a su vez, hizo que fueran más prósperas. Un caso muy interesante es el de la introducción de nuevas variedades de semillas de soya. Consistente con la literatura de desarrollo sobre este tema, regiones jesuitas, con mayores niveles educativos, implementaron esta nueva tecnología agrícola antes.

Una lectura un tanto pesimista de este tipo de estudios es que la historia de un país importa mucho y que, por tanto, poco puede hacerse para cambiar su suerte. Una visión más optimista – con la que concluye el artículo y coincido yo, es que, aunque la historia importa mucho, pero queda aún mucho espacio para políticas públicas que aumenten el bienestar de la sociedad. Tal vez paradójicamente, estudios como estos nos permiten aislar el efecto de una variable específica, el capital humano, y entender que inversiones en educación pueden tener un valor altísimo en el largo plazo.

Empleo juvenil: viejos problemas, nuevo escenario

Haciendo un repaso de lo que publicamos en la última década en NeG sobre problemas de empleo juvenil o de transición entre la escuela y el mercado de trabajo, encontramos más de una veintena de entradas. Estas entradas se pueden clasificar en tres tipos: los hechos estilizados, especialmente el impacto de la crisis (por ejemplo, 1, 2, 6, 10, 11, 17, 18, 20 y 22), los factores causantes de los problemas de empleo juvenil y propuestas para aliviarlos  (4 , 5, 9, 13, 14 y 15), y las valoraciones del impacto de las reformas laborales y planes de políticas activas (3, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 19).

La mayoría estas entradas servirían perfectamente para valorar el diagnóstico, las causas y/o las medidas propuestas en el Plan de Choque por el Empleo Joven 2018-2021 aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes: 50 medidas de políticas activas que supondrían unos 2000 millones de euros (todo muy redondo) durante estos tres años. No me centraré en ninguno de estos aspectos del plan, sino que me centraré en la sensación que me deja su lectura.

Aunque no se mencione ni una vez en las 76 páginas que ocupa el texto en el BOE (ni tan siquiera en la sección 2, titulada “Antecedentes y Situación de Partida”), no se trata del primer Plan de Empleo Juvenil. Sin ir más lejos, el Gobierno anterior también portó el estandarte del Empleo Juvenil con su Estrategia de Emprendimiento y Empleo Jóven 2013-2016 (EEEJ) que, inicialmente contaría con 1800 millones de euros y proponía hasta 100 medidas.

Según los responsables del Ministerio de entonces, esta estrategia tuvo un balance muy positivo (aquí ), por ello, se renovó para el período 2017-2020. La última noticia acerca de la EEEJ (abril del 2018) fue que desde 2013, había dado oportunidades de empleo o formación a más de 2,5 millones de jóvenes. La EEEJ habría permitido además impulsar el Sistema de Garantía Juvenil, al que se habrían inscrito 1.100.000 jóvenes, de los cuales un 43% habría encontrado un empleo (470.000).  (aquí)

El hecho es que, tal como suele ser demasiado habitual en nuestro país, no se conoce ninguna evaluación rigurosa (con criterios científicos mínimamente aceptables) del impacto global de este Plan, ni de cuantas, ni cuales de las 100 medidas han llegado a ser efectivas. Así, podemos quedarnos con las afirmaciones ministeriales, o simplemente, dudar que estas medidas fueran realmente eficaces, al menos hasta que tengamos una evidencia empírica consistente.

De hecho, apenas existe un acercamiento a la evaluación de la Garantía Juvenil llevado a cabo por el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), que incluyó a España y a otros 5 países, y sus conclusiones no parecen ser tan optimista (véase esta entrada al respecto de Marcel Jansen)

Y ahí va mi primera sensación acerca del nuevo Plan: el hecho es que escaso detalle que se da de la evaluación que se hará de él, parece reproducir las buenas intenciones sobre evaluación y seguimiento de otros planes similares. Por lo que dada la experiencia, no cabe esperar mejoras en este sentido  y esto es desmotivador.

Por otra parte, el informe del TCE recomienda para “iniciativas futuras en el área del empleo, que los Estados Miembros o la Comisión, o bien, dirijan las expectativas que pueden generar estos planes fijando objetivos y metas realistas y alcanzables, o al menos realizar una evaluación previa de las brechas que pretende reducir y un análisis riguroso del mercado de trabajo".

En este sentido, este Plan de Choque presenta un análisis descriptivo del mercado de trabajo juvenil y es efectivamente más preciso que los anteriores, avanzando los resultados que pretende lograr en materia de empleo y de formación.

Así, durante el período 2019-2020, pretende reducir la tasa de paro juvenil hasta el 23.5% (165 mil parados de < 25 años menos); incrementar la tasa de actividad hasta el 73.5% (20-29 años), aumentando en al menos 1 punto la tasa de hombres y en al menos 3 puntos la de las mujeres); reducir en un 20% la brecha entre hombres y mujeres en la tasa de paro e incrementar cada año un 15% el numero de contrataciones indefinidas (2,9 millones de contrataciones).

Además, también fija objetivos muy definidos en materia formativa, sobre el número de jóvenes que se formarán en competencias clave en Lengua y Matemáticas, en competencias lingüísticas, digitales y  de sectores estratégicos.

Ahora bien, es el análisis acertado o un resumen de datos, y son los resultados esperados verdaderamente realistas. Un simple análisis de la evolución reciente del mercado de trabajo juvenil, y de las expectativas, esencialmente, las demográficas, del próximo trienio me hace sospechar que nos encontraremos con dificultades para llegar a cumplir estos objetivos.

- La mayoría de los indicadores de empleo y formación de los jóvenes han venido marcados desde la crisis por una caída continua de la población juvenil, especialmente de los jóvenes de 18 a 24 años (un 18% desde el primer trimestre de 2007) y de 25 a 29 años (un 32.5%). Sin embargo, precisamente a lo largo de los próximos años, se tiene que producir un cambio en esta tendencia. Así, por ejemplo, el número de jóvenes en torno a los 20 años, comienza a crecer superando por primera vez en muchos años a la población en torno a los 24 años en el 2020, con menores tasas de paro y mayores tasas de actividad laboral. Además, desde el inicio de la crisis, hasta el momento la tasa de actividad, de los varones, y especialmente la de las mujeres de 18 a 24 años no han cesado de caer y ya son 26 y 28 pp, respectivamente, inferiores a los de 25-29 años.

Uno de los hechos que dejaba en claro la evaluación de TCE es que la disminución del número de NEET (NINIs) tenía mucho que ver con la caída de la población. En España se produjo una caída muy notable de la tasa de abandono escolar, que continuó durante todo el período expansivo. El número de jóvenes que abandonaron la escuela de forma temprana (18 a 24 años que no estudian, ni se forman, no habiendo superado el nivel educativo equivalente a la ESO) se redujo a la mitad. Aún así, cerca de 580 mil jóvenes abandonan los estudios en forma temprana en la cohorte más reciente. Cerca de la mitad de los cuales (el 6.95%) no tiene ni el título de la ESO o equivalente.

Un hecho ocurrido durante esta fase expansiva es que el número de NINIs coincide en número con el que han abandonado la escuela de forma temprana. No obstante, en los últimos trimestres, estos hechos parecen estar cambiando.  En efecto, lo preocupante es que ambos indicadores vuelven a diferir, al detenerse la caída del abandono escolar, y volviendo a repuntar, de momento levemente.

La caída de la población y por lo tanto, del abandono escolar, tuvo efectos diferentes en la distribución de los jóvenes por nivel educativo. Así, se redujo sustancialmente los jóvenes con nivel educativo equivalente a la ESO, o a niveles inferiores, aunque el frenazo de la caída del abandono escolar también cortó la reducción del número de los jóvenes que sólo han estudiado la ESO, en los últimos trimestres.

Y este estancamiento es realmente preocupante, dado que si nos fijamos en las tasas de paro de los jóvenes por nivel educativo, se ha producido un hecho notable que se materializó en el inicio de la crisis, y que como otros muchos hechos de nuestro mercado de trabajo, no ha retornado al estado pre-crisis. Este es que se ha producido una importante brecha entre las tasas de paro de los jóvenes más educados y los menos educados. Tal como se muestra en el Gráfico de la portada, este hecho se observa especialmente en la serie más larga disponible entre titulados universitarios y el resto (gráfico de cabecera). Hasta el inicio de la crisis,  ambas tasas de paro siguieron una evolución muy similar, pero desde entonces se ha producido una brecha que no se ha vuelto a reducir.

Si entramos en una mayor desagregación, constatamos que si bien antes de la crisis existían escasas diferencias en tasas de paro por niveles educativos (la de los titulados universitarios eran similares a las de bachillerato y la ESO, e incluso inferiores a los dos ciclos de FP), el abanico entre niveles educativos se ha abierto, para no volver a cerrarse, con brechas de hasta 16 pp con los titulados en ESO y de 28 puntos con los que adquirieron niveles inferiores.

Conclusiones

No entro a valorar las 50 medidas, todas ellas bien intencionadas. Pero esto no es suficiente sería más que deseable que, por primera vez, se evaluase su impacto de forma rigurosa, tanto en términos de eficacia como de eficiencia, en lugar de una mera recolección de datos pocos útiles. De tal forma que en el próximo Plan, no se podría dejar de referirse a la eficacia de estas medidas, y se podrán juzgar la nuevas medidas por su posible impacto, en lugar de por la buena intencionalidad. Por otra parte, ser más realista con los resultados de impacto esperados, también ayudaría a otorgar más credibilidad a estos planes, y valorar los logros alcanzados en su justa media, es decir, debido a las medidas aplicadas, y no a las tendencias demográficas o al ciclo económico.

Los efectos de revelar a los profesores sus propios estereotipos

La semana pasada asistí a un seminario de Paolo Pinotti, profesor en la Universidad Bocconi de Milán. Paolo lleva unos años implicado en un proyecto muy interesante, en el que intentan potenciar los resultados escolares de los niños de origen inmigrante en Italia. En un trabajo anterior encontraban que un programa de tutorías y orientación aumentaba la proporción de niños (varones) de origen inmigrante y alta capacidad que elegían asistir a un instituto académico o técnico en lugar de uno vocacional. En el estudio que nos presentó el otro día, se centraban en determinar si los profesores tienen algún tipo de sesgo inconsciente que les hace puntuar más bajo a los niños inmigrantes, y si una intervención sencilla podría “neutralizar” ese sesgo.

En primer lugar, Paolo y sus coautores documentan que los niños de origen inmigrante reciben notas más bajas en primaria que los niños de origen italiano. Esto puede ser por muchas cosas, claro. Sus notas también son más bajas en los tests estandarizados y corregidos de forma anónima que se realizan en varios puntos durante la educación obligatoria, lo que sugiere que hay diferencias reales de nivel, en media. Pero cuando comparan a niños con la misma nota en los tests estandarizados, los inmigrantes siguen recibiendo notas de clase más bajas por parte de sus profesores. Esto puede reflejar diferencias legítimas de conocimiento o comportamiento que los profesores captan pero los tests estandarizados no, o podría deberse a que los profesores “discriminan” en contra de los alumnos extranjeros, quizá inconscientemente.

Para intentar identificar esta última posibilidad, los investigadores encuestaron a más de 1.000 profesores de primaria, y les hicieron un test diseñado para detectar sesgos inconscientes. Este tipo de tests están diseñados para detectar si asociamos un determinado tipo de personas (según su género, etnia, origen, etc) con determinadas cualidades, de manera inconsciente (pueden hacer la prueba aquí). De ellos ya nos habló Michela Carlana recientemente, en el contexto de los estereotipos de género (Michela también es coautora en el estudio que les cuento hoy). En este caso, se buscaba determinar en qué medida los profesores asociaban nombres italianos o extranjeros (típicos de los países de origen más comunes entre el alumnado) a cualidades positivas o negativas.

El primer resultado es que, de manera aplastante, los resultados del test sugieren que los profesores efectivamente asocian estereotipos negativos a los nombres de origen inmigrante (ver figura 1). Además, estos estereotipos negativos no se relacionan directamente con el nivel observado de los alumnos de origen inmigrante que cada profesor ha tenido en su grupo durante los cinco años anteriores, es decir, no reflejan simplemente su experiencia de la capacidad media de sus alumnos nativos y extranjeros.

Aún más interesante, los profesores más sesgados (según este test) puntúan más bajo a sus alumnos de origen inmigrante, comparado con alumnos nativos del mismo nivel (medido con los exámenes estandarizados), al menos en matemáticas (en lengua este resultado no es tan marcado). Esto sugiere que los profesores penalizan a los alumnos inmigrantes de manera inconsciente.

¿Qué se puede hacer? Bueno, si el sesgo es de verdad inconsciente, quizá simplemente revelar esta información a los profesores pueda ayudar. Para comprobarlo, los investigadores comunicaron sus puntuaciones en el test de sesgo inconsciente a todos los profesores encuestados, pero a algunos la información se les reveló antes de la evaluación trimestral de los estudiantes, mientras que a otros (elegidos por sorteo) su puntuación se les comunicó después de haber evaluado a los alumnos.
Los investigadores comprobaron así que los profesores que fueron informados sobre sus propios estereotipos negativos hacia los inmigrantes, “corrigieron” ese sesgo en las notas de ese trimestre, es decir, puntuaron de forma similar a alumnos nativos e inmigrantes de similar capacidad. Sin embargo, los profesores que no recibieron la información hasta más tarde, mantuvieron el sesgo inicial en la distribución de notas de nativos e inmigrantes (ver su figura 4). Es decir, simplemente revelar sus estereotipos inconscientes a los profesores fue suficiente para corregirlos.

Estos resultados sugieren que intervenciones de bajo coste pueden ser efectivas para reducir la discriminación basada en estereotipos (más o menos infundados). Sin embargo, hay una cualificación: los profesores que recibieron la información sobre su sesgo, también “corrigieron” al alza las notas de los estudiantes inmigrantes en lengua, donde ya dijimos que no se había detectado discriminación para empezar. Es decir, es posible que los profesores corrigieran las notas de los alumnos extranjeros “demasiado”. Es difícil saber hasta qué punto sin tener información más detallada sobre el nivel real de los estudiantes (la nota en los tests estandarizados puede no ser una buena medida de la capacidad real de los niños en matemáticas o en lengua).

En cualquier caso, los resultados tienen varias implicaciones interesantes. Primero, se confirma que los profesores tienen sesgos inconscientes que pueden afectar a las notas de los alumnos. Y segundo, simplemente revelar información sobre los estereotipos propios puede ayudar a corregir esa penalización inconsciente. Quizá todos los que tenemos que evaluar a personas en tareas que pueden incluir un componente subjetivo deberíamos auto-evaluar nuestros sesgos implícitos, para así intentar evitarlos. Me dispongo a hacerlo antes de corregir los exámenes de mis alumnos de este trimestre.