martes, 31 de diciembre de 2019

El Captor en 2020 y en 2019

El Captor será en 2020 un blog, un referente. Una isla. Un espacio mental. El Captor fue en 2019: Una tesis: La gran fábrica digital Una sorpresa: El sorprendente caso de las verdades diferentes Un relato: Relato de un policía del pensamiento mentalmente desnudo Un gráfico: Gráfico: así se han recortado los salarios públicos en España Una película: Películas sobre Economía y Emprendimiento: análisis crítico y pedagógico Una misión: El IVA un impuesto progresivo, misión posible Un fin: El fin del capitalismo, ¿más cerca de lo que parece? Una realidad: ¿Qué es -en realidad- la escasez en economía? Un diccionario: ¿Qué es el Salario? Definición, tipos y ejemplos Una entrevista: “La tarea de los periodistas es garantizar que los dominados acepten su dominio” y 9 reflexiones más de Diego Fusaro, el intelectual de moda en Europa Una discusión: Discusiones bizantinas o de lo que no se ha hablado en la campaña Una posibilidad: Una posibilidad democrática, económica y perversa Voluntad: La voluntad no debe detenerse nunca Y un foro: La redistribución de la riqueza, soluciones nuevas al mismo problema

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lunes, 30 de diciembre de 2019

Otro año sesgado

Me gusta despedir el año haciendo un asado. Repito el ritual desde que tengo uso de memoria, con esporádicas licencias. Preparo el fuego temprano, pondero un Malbec, saboreo una rodaja de morcilla y me entrego al ejercicio del balance, pero también de la primera parte de la planificación, esa que tiene que ver con fijar las metas y los objetivos del próximo ciclo.

Es extraño, por que sé que está mal. Soy particularmente consciente de que el brindis no tiene poderes mágicos y que el borrón y cuenta nueva del 31 es un artefacto mental caprichoso. Por caso podríamos hacer como Santiago Bilinkis, que para evitar los cliffhanger de las series, las mira de mitad de un capítulo a mitad del siguiente. Si uno pudiera por ejemplo tomarse vacaciones en un paraíso del caribe durante el mes de julio, tendría la posibilidad de poner el hito ahí. Pero una de las formas de la contabilidad mental separada es la de pensar que el primero de enero pertenece a otra vida distinta, donde se puede empezar de cero.

Por supuesto, este no es el único comportamiento irracional, sino en todo caso la frutilla del postre de un festival de sesgos que contaminan nuestras decisiones.

Kahneman y Tversky eran en los 70, dos académicos desconocidos que exploraban los comportamientos económicos desde la psicología cognitiva. Ambos hubieran compartido el Nobel que finalmente recibió Daniel si el cáncer no se hubiera ocupado de la vida de Amos, seis años antes. Les corresponde a ellos el crédito por haber descubierto que lo que enseñamos en la facultad está mal, que las personas no somos tan racionales, ni maximizamos nuestro bienestar, sino que usamos reglas heurísticas para tomar atajos que liberen al cerebro de la pesada carga del cálculo.

Otra versión de esas cuentas mentales separadas es la del que olvida que el dinero es fungible y gasta con menos culpa los dólares que compró en julio, porque los pagó $45, ignorando que el valor de mercado, que por otro lado es el que tendría que pagar para reponerlos, es de $80, o la ingenuidad del que cree que los subsidios a los pobres hay que darlos en bolsos de comida, porque gastarían en otra cosa cualquier transferencia en efectivo, como si el dinero que antes destinaban a los alimentos que ahora se les entregan, no fuera equivalente a una asignación en billetes.

El clásico es aquel que tiene deuda en una tarjeta o un crédito en cuotas a tasas estratosféricas y mantiene plata en un plazo fijo, o peor aún, en una caja de ahorros, sin darse cuenta que su pasivo tiene un costo financiero mayor que la tasa que premia su inversión.

Entre todas las ilusiones una de las mas notables es la monetaria, porque encima opera distinto dependiendo del rubro. En materia salarial nadie se come el amague; un trabajador gana en promedio hoy el triple que hace cuatro años, pero todo el mundo se da cuenta que no se puede comparar los 15.000 de diciembre del 2015 con los 45.000 de hoy, porque con toda la inflación que hubo en el medio, se trata de peras con manzanas. Aunque el trabajador gane el triple, descontando la inflación, en realidad percibe un salario menor.

Sin embargo, muchos críticos de los créditos UVA, por ejemplo, creen que los beneficiarios deben más que antes, porque sacaron un préstamo de $1000000 promediando 2016 y hoy adeudan 3000000. De manera curiosa, el mismo gobierno que se manifiesta preocupado por eso, actualiza los impuestos y les dice a los ciudadanos que no se trata de ningún aumento, sino que están subiendo 55%, lo mismo que la inflación.

Pero la más perniciosa de todas es la ilusión fiscal. Según un calculo del IARAF, el 44 % de los precios de los alimentos corresponde a impuestos y ese porcentaje se eleva al 50 % para las gaseosas y hasta el 55 % para bienes durables como autos y electrodomésticos. Como la mayoría de los tributos están escondidos al contribuyente, la gente es solo parcialmente consciente del IVA y de los impuestos directos, como Ganancias, pero ignora el peso que tienen Ingresos Brutos, tasas y otras contribuciones. La consecuencia es que reclamamos que el Estado pague o subsidie cualquier cosa, contemplando solo una porción del costo, que es la accesible a nuestros ojos.

HACIA UN 2020 CON MENOS SESGOS

Mirando para delante también somos bastante sesgados; tenemos sobre confianza y nos cargamos de metas que después nos cuesta cumplir. Si el objetivo era correr un maratón y no llegamos, no pasa nada, pero si este exceso de optimismo lo trasladamos a las finanzas, terminamos recargando la tarjeta de cuotas, sin pensar que habrá imponderables; algún cliente nos dejará sin pagar una factura, llegará una multa inesperada del auto o se romperán las zapatillas de los chicos en el momento menos oportuno.

Por suerte, aunque estos sesgos afectan incluso a los expertos, hay técnicas para morigerarlos y una de ellas es ponerlos en evidencia para que sean tenidos en cuenta conscientemente a la hora de decidir. Elijamos para cerrar con un ejemplo, el sesgo de costos hundidos. Desde un punto de vista racional, no importa cuanto haya invertido usted en un proyecto; si el beneficio futuro es menor a los costos que debe agregar, conviene abandonar. Aplica para las películas malas, porque la plata de la entrada ya está gastada de todos modos y también por supuesto para las carreras o las relaciones con pocas perspectivas, porque el tiempo pasado, como dice el dicho, esta pisado.

Corre también para la cena del 31, porque el dinero de ese plato y de esa copa de más, ya se pagó de todos modos y la única diferencia es que, si lo ingerís, lo vas a lamentar.

fuente: ELDIA.com



viernes, 27 de diciembre de 2019

Las 4 claves para pedir un préstamo personal

Las Navidades y el final de año o las vacaciones de verano son momentos de consumo clave en los que hay que hacer cuentas y realizar un balance de la economía familiar. Es muy probable que tengas que hacer frente a gastos de última hora que surgen de manera imprevista como la reparación de tu coche, el pago de impuestos, un viaje repentino o bien que te quieras dar un capricho y comprar el último modelo de Smartphone o incluso una segunda casa. Para este tipo de gastos que suelen rondar de los 500 a los 20.000 euros hay productos financieros que son específicos y muy ágiles y sencillos de gestionar. Sin embargo, esta facilidad y accesibilidad, a veces, puede conllevar otras consecuencias que no hay que obviar. Si necesitas dinero de manera puntual y te estás planteando acudir a los préstamos personales, el tipo de producto del que hablamos, te aconsejamos que leas estas claves para hacerlo de manera razonable: Aunque te dé pereza… debes entender qué es la TAE La TAE (Tasa Anual Equivalente) es la cantidad de coste total que incluye el préstamo e incluye comisiones, intereses y gastos. Esta tasa es clave para elegir un préstamo u otro, porque puede encarecer o abaratar un producto enormemente. Para realizar esta tarea de manera ágil y clara, puedes usar multitud de comparadores que hay en internet o bien leer la letra pequeña de las condiciones de tu préstamo, que siempre deben aparecer en la web desde la cual vayas o solicitarlo o contrato que vayas a firmar. El dinero rápido mola, pero no te dejes engatusar Cómo me gusta ese famoso dicho de nuestras abuelas… “nadie da duros a cuatro pesetas”. Esta frase sentencias significa que nadie regala el dinero. Si pides un préstamo debes asumir que vas […]

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jueves, 26 de diciembre de 2019

Déficit 2019, un año de transición

Por J. Ignacio Conde-Ruiz, Carmen Marín y Juan Rubio-Ramírez

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En este post analizaremos cómo han evolucionado las cuentas públicas con los datos de octubre recién publicados por la IGAE. En el cuadro siguiente se presenta la situación del déficit del agregado de Administración Central, Seguridad Social y de Comunidades Autónomas (CC.AA.). La Administración Central es el único nivel de la administración que presenta un menor déficit con respecto al año anterior (0,6% octubre 2019 frente a 0,7% octubre 2018). Las CC.AA. por su lado, han empeorado su déficit en 5 décimas (0,4% en octubre 2019 frente a un superávit de 0,1% en octubre 2018) y la Seguridad Social mantiene su déficit sin cambios en el 0,5%.

Por nivel de administración, la Administración Central presenta un aumento de los ingresos del 2,1% frente a un aumento de los gastos del 1,2%. El buen comportamiento de los ingresos se debe, principalmente, a los mayores ingresos por IVA (aumentan en un 2,7%) y a los mayores ingresos por IRPF (11,1%), además del aumento del impuesto sobre hidrocarburos (que se explica por la incorporación del tipo impositivo autonómico en el tipo estatal especial desde enero 2019). En cambio, la recaudación del impuesto de sociedades ha caído en 2.230 millones. Por el lado de los gastos, destaca el aumento de las prestaciones sociales (en un 9,3%) explicada por la subida de las pensiones; la remuneración de asalariados que aumenta en un 4,6% (explicado por la subida salarial del 2,5% con respecto al año anterior y la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad con respecto a la policía autonómica); y los consumos intermedios (6,8%). En cambio, decrecen los intereses (-4,2%), las subvenciones (-12,8%) y la formación bruta de capital (-3,4%).

El déficit de las CC.AA. está afectado durante este año por la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2019 que impidió la actualización de las entregas a cuenta. Este problema ha sido solventado con la publicación del Real Decreto-Ley 13/2019 del 11 de octubre que supone una actualización extraordinaria de las entregas a cuenta, aunque las CCAA no han recibido ninguna transferencia adicional hasta Noviembre. El peor déficit observado se explica por un aumento considerable de los gastos del 5,6%. Es destacable el aumento de la remuneración asalariados (por las mejoras retributivas de los funcionarios), de los consumos intermedios y del gasto social (por el aumento del gasto en conciertos de asistencia sanitaria, conciertos educativos y el aumento del gasto farmacéutico). El aumento de los recursos de financiación se sitúa en el 1,4%, el cual se explica por un aumento del IRPF (por las mayores entregas a cuenta) y las mayores transferencias entre Administraciones Públicas (procedentes de las Corporaciones Locales). En cambio, destacan la menor recaudación obtenida a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y a través del Impuesto sobre Hidrocarburos, como ya habíamos adelantado antes.

Tal como pusimos de relieve en el “Observatorio Fiscal y Financiero de las CC.AA: Previsiones de cierre para 2019”, de cumplirse nuestras previsiones las CCAA  van a entrar de nuevo en la senda del incumplimiento, tras 2 ejercicios (2017 y 2018) cerrando el año con un déficit inferior al permitido. Según nuestras previsiones, las CCAA terminarán el año 2019 con un déficit agregado de -0,4% del PIB, incumpliendo su objetivo de estabilidad del -0,1% del PIB.

Respecto a la Seguridad Social, hay que destacar un considerable aumento de las Cotizaciones Sociales (8,2%) debido al aumento en un 2,3% del número de afiliados con respecto al año anterior y a las diversas medidas aprobadas en el RDL 28/2018, entre las que se incluyen la elevación de las bases de cotización del régimen general aplicadas desde inicios de año. Este aumento de los ingresos de la Seguridad Social ha sido compensado por el aumento de las pensiones (5,2%), el cual, se explica por el incremento del número de perceptores en un 1,2%, por la revalorización de las pensiones en 2019 (en un 3% las pensiones mínimas y en un 1,6% el resto de pensiones) y por la diferencia entre el importe medio de las pensiones nuevas y las que causan baja.

En el siguiente gráfico se muestra cuál sería el déficit “sintético” por nivel de administración; es decir, si todas las administraciones se comportan en lo que queda de año como el año anterior. Este método no se lo aplicaremos a las CCAA donde pondremos la previsión de cierre para el año 2019 del Observatorio Fiscal y Financiero de las CCAA, antes citado.

El objetivo de estabilidad presupuestaria y que sigue vigente es un déficit del - 1,3% para el año 2019. Las cifras de déficit comprometidas con Bruselas por administración son las siguientes: i) Administración Central (-0,3% del PIB); ii) Seguridad Social (-0,9% del PIB); iii) CCLL (0% del PIB); y iv) CCAA (-0,1% del PIB)

Como resultado, el déficit “sintético” -utilizando los datos hasta el tercer trimestre) y nuestra previsión de cierre para las CCAA- se sitúa en -2,5% PIB, un punto y dos décimas peor que el objetivo de déficit comprometido con Bruselas (-1,3% PIB). El dato es incluso peor que las previsiones del gobierno, incorporadas en el Programa de Estabilidad 2019-2022, que es del 2% del PIB.

Por nivel de administración utilizando datos hasta octubre. La Administración Central presenta un déficit “sintético” del -1% PIB, el cual se encuentra 7 décimas peor que el objetivo del - 0,3%. La Seguridad Social presenta un déficit “sintético” del -1,5% PIB, 6 décimas peor del objetivo del -0,9%. Las CC.AA. tienen un déficit previsto según las previsiones del observatorio del -0,4% PIB, que son tres décimas de PIB peor al objetivo de -1,3% PIB. Finalmente, las CCLL presentan un superávit “sintético” de +0.4% del PIB, cuatro décimas mejor que el objetivo del 0%.

En definitiva, de cumplirse los supuestos detrás de nuestro “déficit sintético” y nuestras previsiones del observatorio de las CCAA, podemos decir que, el proceso de consolidación fiscal se ha frenado en el año 2019, y, lo que es más preocupante, no estamos siendo capaces de reducir el déficit estructural. Parece que en breve empezará una nueva legislatura y el nuevo gobierno se volverá a enfrentar al reto pendiente que tantas veces hemos tratado en este blog: resolver la crisis fiscal. Para ello, tal como hemos apuntado en múltiples ocasiones, será necesario implementar una reforma fiscal que mejore la eficiencia, y con ello la recaudación, de nuestro sistema tributario y un nuevo sistema de financiación autonómica que dote de mayor corresponsabilidad fiscal a las CCAA.



lunes, 23 de diciembre de 2019

La inmigración no es una dinámica demográfica “natural” cuando…

… es forzada por la inexistencia de oportunidades en el país natal … procede de países expoliados donde su población malvive en la miseria … los países receptores no ofrecen idénticos niveles de bienestar a inmigrantes y nativos … se produce como consecuencia de la mera supervivencia y no del ejercicio de la libertad …  se produce en la clandestinidad y a través de rutas y medios de transporte incompatibles con la seguridad … ocasiona muertes dramáticas y sufrimientos indescriptibles durante el trayecto migratorio … se produce de un modo estructural o permanente y no coyuntural o puntual … acaba constituyéndose como mano de obra de la economía sumergida … los argumentos para posicionarse a su favor se construyen, exclusivamente, desde la óptica de los beneficios reportados al país receptor … las tasas de natalidad de los países que producen la inmigración superan ampliamente a las de los países receptores

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domingo, 22 de diciembre de 2019

¿Pueden las leyes erradicar los matrimonios infantiles?

Por María Lombardi (Universidad Torcuato Di Tella) y Cristina Bellés-Obrero (University of Mannheim)

650 millones de mujeres en todo el mundo se casaron cuando eran niñas. Se considera matrimonio infantil todo matrimonio formal o unión informal entre un niño menor de 18 años y un adulto u otro niño.  En América Latina y el Caribe, alrededor del 25% de las mujeres que hoy en día tienen entre 20 y 24 años se casaron antes de los 18, y esta es la única región en vías de desarrollo donde el matrimonio infantil no ha disminuido en los últimos 25 años (UNICEF, 2018).  Erradicar los matrimonios infantiles es  crucial en la lucha contra la pobreza, ya que esta práctica conduce a un mayor riesgo de abandono escolar y maternidad temprana (Field y Ambrus, 2008). Esta práctica también tiene consecuencias intergeneracionales, ya que los niños nacidos dentro de un matrimonio infantil tienen peores resultados educativos y de salud (Sekhri y Debnath, 2014; Chari et al., 2017).

Aunque en la mayoría de países la edad mínima para contraer matrimonio es de 18, la existencia de numerosas excepciones hace que el matrimonio infantil sea legal en la práctica (Arthur et al., 2018).  Las excepciones más comunes son el consentimiento de los padres, el embarazo, la autorización de los tribunales o la existencia de leyes religiosas o consuetudinarias. Una posible política para reducir el número de matrimonios infantiles es la eliminación de todas estas excepciones.  Varios países, entre los que se incluye Chad, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Malawi, Nepal, Panamá, Turkmenistán y Zimbabue, han aumentado recientemente la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años, eliminando todas las excepciones.

No obstante, el impacto de este tipo de leyes sobre la incidencia de matrimonios infantiles no está claro. Si estas leyes se aplican de forma adecuada, se debería de reducir o incluso erradicar los matrimonios infantiles formales, reduciendo así la fecundidad temprana y el abandono escolar. Sin embargo, la aplicación de estas leyes podría no ser efectiva. Si las uniones informales son una alternativa viable para los menores de edad, la reducción en el número de matrimonios infantiles formales podría verse compensada por un aumento en igual medida en las uniones infantiles informales, no afectando a las tasas de matrimonio infantiles.  Además, si los individuos en uniones informales no tienen los mismos beneficios legales o reconocimiento social que aquellos que están formalmente casados, esta sustitución entre matrimonios infantiles y uniones informales podría tener efectos negativos sobre el bienestar de las mujeres y sus descendientes. Por otro lado, si las leyes que prohíben el matrimonio infantil tienen una función expresiva (Bernabou y Tirole, 2011), pueden llegar a modificar las normas sociales y reducir la incidencia de matrimonios infantiles tanto formales como informales.

En un estudio reciente analizamos el impacto de aumentar la edad mínima para contraer matrimonio sobre la incidencia de matrimonios infantiles, el abandono escolar y la maternidad temprana en México.

México es el séptimo país del mundo con mayor número de matrimonios infantiles. Aproximadamente un cuarto de las mujeres mexicanas que en 2013 tenían entre 20 y 24 años se habían casado o habían tenido una unión informal antes de cumplir los 18 años. Un tercio de estas uniones eran matrimonios legales. Antes del 2014, el matrimonio infantil era legal en las 32 entidades federativas mexicanas, aunque con algunas restricciones. Los menores que tuviesen cierta edad (generalmente 14 o 16 años, dependiendo del estado) podían casarse legalmente con el consentimiento de sus padres. Las personas que fuesen aún menores o las que no contasen con el consentimiento de los padres podían casarse con la autorización de un juez o el alcalde municipal. Algunos estados también permitían que las niñas menores de 14-16 años se casaran si estaban embarazadas.

A finales de 2014, el Congreso Federal de México promulgó una ley estableciendo los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, sin excepción. Como las leyes matrimoniales son competencia de los estados, éstos debían incorporar este cambio en su legislación. La adopción de esta reforma por los estados se realizó de forma gradual (Figura 1).  A final de 2015, solo 7 estados (de un total de 32) habían adoptado la nueva legislación. Sin embargo, en diciembre de 2018, todos los estados menos uno habían aumentado la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años.

Figura 1:  Evolución del número de entidades federativas que aumentaron la edad mínima del matrimonio.  

Aprovechando la introducción escalonada de la reforma, estimamos el impacto de prohibir el matrimonio infantil en las tasas de matrimonio infantil (formales), las tasas de fecundidad infantil y la escolarización de las niñas. En este análisis aprovechamos la variación temporal y entre estados en la aplicación de la ley usando un modelo de diferencias en diferencias.

Utilizando los microdatos del registro de matrimonios, encontramos que prohibir el matrimonio infantil condujo a una reducción del 48% en las tasas de matrimonio infantil formal. Esta reducción se concentra entre los 16 y 17 años (Figura 2), los grupos de edad con la tasa más alta de matrimonios infantiles antes del inicio de la prohibición.

Figura 2:  Efectos de la prohibición del matrimonio infantil sobre el número mensual de matrimonios infantiles formales donde la novia tenía 16-17 años, por cada 1000 niñas de esta edad.  

Si bien uno podría esperar que la reducción en los matrimonios infantiles formales se tradujera en un aumento en las tasas de matriculación escolar, utilizando la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo no encontramos ningún impacto de prohibir el matrimonio infantil en la asistencia escolar. Tampoco encontramos, utilizando los microdatos del registro de nacimientos,  que la reforma tuviera un impacto sobre la maternidad temprana.  Por tanto, podemos concluir que el aumento de la edad para el matrimonio no fue suficiente para eliminar dos de las consecuencias negativas que normalmente se asocian con el matrimonio infantil: el abandono escolar y la maternidad temprana.

Pero, ¿por qué no fueron efectivas estas leyes? Una posible explicación sería que la disminución de los matrimonios formales fue compensada con un aumento en los uniones informales. Esto es difícil de examinar empíricamente, ya que no existe un registro de uniones informales, y las jóvenes tienen incentivos para no informar sobre el matrimonio o la unión informal en las encuestas. Aprovechamos, pues, que los microdatos de registro de nacimientos tienen información sobre el estado civil de la madre en el momento del nacimiento. Es importante destacar que, antes de la reforma, un 62% de las niñas en matrimonios infantiles tenían su primer hijo antes de los 18 años, por lo que la muestra de madres jóvenes representa a una gran parte de las niñas afectadas por la reforma. Tal como queda reflejado en la Figura 3, encontramos que la reforma implicó un cambio en el estado civil de las madres jóvenes. La prohibición del matrimonio infantil redujo la proporción de madres menores de 18 años que estaban casadas, y aumentó en la misma medida la proporción de madres menores de 18 años que estaban en una unión informal.

Figura 3: Efectos de la prohibición del matrimonio infantil sobre el porcentaje de madres entre 16 y 17 años que están casadas (gráfico de la izquierda) o en unión informal (gráfico de la derecha) al momento de dar a luz.

Estos resultados sugieren que en lugares donde las uniones informales son socialmente aceptables, elevar la edad mínima para el matrimonio solo lleva a la sustitución entre matrimonios infantiles formales y uniones informales. Esto lleva a que la reforma tenga un efecto nulo sobre las tasas totales de matrimonio infantil y, en consecuencia, en las decisiones de escolarización y fecundidad. Una alternativa para reducir la incidencia de matrimonios infantiles sería proporcionar a las jóvenes oportunidades económicas o incentivos directos para retrasar el matrimonio. Este tipo de políticas han sido implementadas en Malawi (Baird et al., 2011), India (Jensen, 2012), Bangladesh (Buchmann et al., 2018) y Uganda (Bandiera et al., 2020) y se ha mostrado que pueden ser efectivas en la reducción de las tasas de matrimonio infantil. Futuras investigaciones deberían corroborar si estos resultados se pueden generalizar para América Latina, donde las causas de matrimonio infantil podrían diferir.



jueves, 19 de diciembre de 2019

El impacto de la lotería de Navidad en la creación de nuevas empresas

Por Vicente J. Bermejo (ESADE Business School) y Rafael Zambrana (Notre Dame University)

El desarrollo de una sociedad emprendedora es una prioridad para numerosos gobiernos ya que la creación de empresas es clave para el crecimiento económico y la generación de empleo. En enero de 2019 el 66% del empleo en España era generado por autónomos y pymes (menos de 250 empleados). Además, el 99,8% de las empresas en España eran autónomos y pymes, y en particular, los autónomos y las microempresas (menos de 10 trabajadores) representaban el 93.6% del total de empresas en nuestro país.1

Numerosas políticas públicas han tratado de fomentar la creación de empresas a través de cambios en la renta disponible de los individuos, por ejemplo mediante recortes fiscales en el IRPF o deducciones de las cuotas a la Seguridad Social. Numerosos estudios han intentado estimar el impacto del aumento de la renta en el emprendimiento, pero frecuentemente estos estudios presentan problemas estadísticos que hacen cuestionar la validez de sus resultados. El principal problema es que los cambios en la renta y los cambios en el emprendimiento suelen estar muy correlacionados y es difícil estimar el impacto causal de un cambio exógeno de renta en el emprendimiento. Es decir, es complejo verificar cual ha sido la causa exacta que determina los cambios en el nivel de emprendimiento, y por tanto es complejo aislar el efecto propiciado por los cambios en la renta. Esto hace que generalmente las estimaciones que se hacen del impacto que tienen los cambios de renta en el emprendimiento estén sesgadas.

En un estudio desarrollado junto a Miguel A. Ferreira (NOVA School of Business & Economics) y Daniel Wolfenzon (Columbia Business School), investigamos el impacto que tiene un incremento exógeno de la renta disponible en el emprendimiento. Para ello, utilizamos los premios repartidos por la Lotería de Navidad como shocks a la renta disponible. La Lotería de Navidad es una redistribución monetaria en la que juegan millones de personas y sólo unos pocos miles reciben grandes premios. Además, los premios suelen estar concentrados en pocos municipios o provincias, lo que hace que sean shocks regionales. Esto nos permite explorar el impacto que tiene un incremento de la renta disponible de una región en la creación de empresas.

Por tanto, nuestro estudio no tiene problemas de endogeneidad, ya que los cambios en la renta propiciados por la Lotería de Navidad son completamente aleatorios y exógenos. Además, otra ventaja de la Lotería de Navidad es que no presenta los problemas de selección que suelen tener las loterías comunes. Los individuos que juegan a loterías suelen ser apostadores y menos aversos al riesgo, lo que sí podría afectar a la decisión de emprender. En el caso de la Lotería de Navidad, este problema se ve mitigado ya que esta lotería es un evento social en el que juega la mayor parte de la población. La Lotería de Navidad se juega el 22 de diciembre de cada año desde 1812. Según cifras del CIS, el 76% de los hombres y el 78% de las mujeres de España juegan a la Lotería de Navidad.2 De éstos, el 65% la única lotería a la que juegan es la Lotería de Navidad, lo que deja suponer que no parecen apostadores. Además, el 90% de los jugadores gasta menos de 150 euros y el 64% juega con familiares, el 24% juega con amigos y el 18% juega con compañeros de trabajo. Todas estas circunstancias hacen que la Lotería de Navidad sea un evento social con características únicas para desarrollar un estudio de este tipo.

Para identificar correctamente el efecto, utilizamos una herramienta econométrica muy popular en los estudios de economía llamada diferencias en diferencias. Esta técnica consiste en analizar el impacto de un tratamiento a través de la observación de dos grupos de individuos seleccionados al azar. El primer grupo es sometido al tratamiento y el segundo grupo no. A continuación, se observa el efecto del tratamiento comparando a los dos grupos después de dicho tratamiento. Nuestro grupo de tratamiento son las provincias que cada año obtienen el mayor premio per cápita. Esto corresponde a Almería en 2015, Madrid en 2014, Guipúzcoa en 2013 o Burgos en 2012. Como robustez, utilizamos dos grupos de control. En primer lugar, comparamos a la misma provincia ganadora antes y después de recibir el premio. Observamos el emprendimiento en la provincia X después de recibir el premio, y lo comparamos con el emprendimiento en esta provincia X antes de recibir el premio. En segundo lugar, comparamos a las provincias ganadoras con las provincias no ganadoras. Igualmente, observamos el emprendimiento en la provincia X (ganadora) y lo comparamos con el emprendimiento de todas las provincias que no han sido ganadoras.

Nuestra muestra va de 1992 a 2015 y utiliza datos de los premios de la Lotería de Navidad (Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado), del Banco de España, del Instituto Nacional de Estadística, de SABI, de Amadeus y del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El estudio revela diferentes resultados. En primer lugar, las regiones agraciadas con el primer premio tienen un incremento significativo del emprendimiento en los dos años posteriores al premio. El gráfico muestra el logaritmo del número de entradas ( y los intervalos de confianza al 95%) de nuevas empresas en las provincias agraciadas con el premio frente a las no agraciadas en los años inmediatamente anteriores y posteriores a la lotería. Observamos que por cada 1.000€ per cápita de premio concedidos en una provincia, en promedio se crean 46 nuevas empresas en el año siguiente. Además, el impacto de la Lotería es mayor en provincias con menor desarrollo financiero o menor acceso bancario. Estos resultados parecen indicar que los premios de la Lotería reducen las restricciones financieras que impone nuestro sistema financiero y permiten emprender a los individuos.

En segundo lugar, no observamos un impacto significativo de la Lotería en la quiebra de empresas. Esto lo atribuimos a que los premios crean dos efectos simultáneos. En las provincias agraciadas aumenta la demanda local ya que la gente es más rica. Por un lado un incremento de la demanda local debería reducir el número de quiebras, pero por otro lado, también debería aumentar la competencia entre empresas y esto debería generar más quiebras. Por ello, el efecto neto que encontramos en el número de quiebras no es significativamente distinto de cero.

En tercer lugar, encontramos un efecto positivo y significativo de creación de empresas en el sector de bienes comerciables (aquellos que pueden ser exportados e importados) y en el de bienes no comerciables. El sector de bienes no comerciables depende en gran medida de la demanda local, al contrario del sector de bienes comerciables. El hecho de encontrar efecto en el sector de bienes comerciables, y en particular en el sector manufacturero, parece indicar que el efecto que encontramos en emprendimiento no sólo viene por un incremento de la demanda local en las regiones agraciadas, sino porque los premios de la Lotería reducen las restricciones financieras de las familias.

En cuarto lugar, examinamos las características de las empresas creadas en las provincias agraciadas con la Lotería. Las empresas creadas en las provincias ganadoras son más grandes (en activos, cifra de negocio y empleados), y generan más valor añadido en los cuatro años posteriores a la concesión de los premios. Además, estas empresas tienen una tasa de supervivencia mayor en el medio y largo plazo. Esto parece indicar que las empresas creadas no son empresas marginalmente peores o ineficientes, sino todo lo contrario, son empresas de calidad. Asimismo, encontramos un mayor crecimiento de empresas pequeñas (S.L.) y de empresas que requieren una menor inversión de capital. Esto es así porque la cantidad de dinero que ofrecen los premios de la Lotería no es muy grande (un décimo agraciado con el gordo supone un premio neto aproximado de 320.000€).

Por último, analizamos el impacto de la Lotería en los autónomos segregando por diferentes características. Encontramos que el efecto de la Lotería en el número de autónomos es significativo y positivo exclusivamente para los hombres, nacionales, con empleados a cargo, de edad superior a los 40 años y en el sector servicios y manufacturero.

El impacto que tiene la Lotería de Navidad en el emprendimiento puede suceder a través de dos canales. Por un lado, los premios generan un aumento de la riqueza en las regiones agraciadas, y esto genera un incremento de la demanda local. La creación de empresas podría ser una respuesta a ese incremento de la demanda local. Por otro lado, también podría ser que los premios eliminen las restricciones financieras de los emprendedores. Este segundo canal es más difícil de mostrar en nuestro estudio puesto que no tenemos datos de los individuos que reciben los premios y de si deciden emprender. Aun así, hay dos resultados que nos llevan a concluir que este canal también está operativo. Primero, encontramos un mayor efecto de la Lotería en regiones con menor desarrollo financiero y por tanto con mayores restricciones financieras. Segundo, encontramos efecto de la Lotería en sectores que no dependen de la demanda local, como en el sector manufacturero o en el sector de bienes comerciables.

Nuestro estudio muestra que un incremento de la renta personal disponible tiene un efecto significativo y positivo en el emprendimiento, cuantificando además dicho efecto. Asimismo, muestra que las restricciones financieras tienen un impacto en el desarrollo del emprendimiento. Por último, encontramos que las empresas que se crean son empresas de buena calidad, ya que son empresas grandes en términos de empleo y cifra de negocios, y son empresas con mayor tasa de supervivencia.

Notas

[1] Cifras del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, enero de 2019.
[2] Estudio 2.824, Barómetro 2009 del Centro de Investigaciones Sociológicas.



¿Cómo abordó la UE la crisis de los refugiados? Lo que el diseño de mecanismos puede enseñarnos

Por Martin Hagen (Departamento de Economía, Universidad Carlos III de Madrid)

Europa ha experimentado recientemente un drástico influjo de refugiados. Tras el estallido de la guerra civil en Siria, el número anual de solicitudes en la Unión Europa se ha multiplicado por cinco hasta llegar a más de 1,3 millones en 2015 (Figura 1). Esta llamada “crisis de los refugiados” afectó de manera particular a los estados miembros situados en la frontera externa de la UE. Más del 90% de los intentos ilegales de entrar en la UE tuvieron lugar en Italia y Grecia (Figura 2). Como países de primera acogida, enseguida se vieron desbordados por el registro de los inmigrantes que llegaban y por la necesidad de proveer comida, cuidados médicos, acomodamiento temporal, etc.

Figura 1: Número de solicitudes de asilo en el grupo UE-28, en miles. (Fuente: Eurostat.)

Como respuesta, la Comisión Europea diseñó un programa de emergencia para asistir a Italia y Grecia (aquí). Su principal objetivo era realojar a 40.000 personas “en clara necesidad de protección internacional” a otros estados miembros. Estos serían incentivados a través de una compensación financiera de 6.000 € por cada refugiado que aceptaran acoger. Sin embargo, para desmayo de la Comisión, el número total de ofertas de acogida sumó solo 32.256 (aquí). El mecanismo se mantuvo por dos años y cuando terminó en septiembre de 2017 se habían realojado a un total de 31.687 personas (aquí). En septiembre de 2015, el Consejo aprobó la reubicación de otros 120.000 refugiados desde Italia y Grecia, esta vez por medio de una orden de distribución de obligado cumplimiento (aquí). Esta decisión fue altamente controvertida y se opusieron a ella la República Checa, Hungría, Rumania y Eslovaquia (aquí). El número total de 21.686 personas es el resultado combinado de ambos programas de realojamiento.

Figura 2: Cruces de frontera ilegales detectados en la frontera externa de la UE en 2009-18 (Fuente: cálculos propios basados en Frontex.)

Nota: Frontex distingue entre “rutas migratorias” y no “países de entrada”. Los porcentajes indicados se basan en que rutas y países pueden emparejare aproximadamente de la siguiente manera: Grecia = Mediterráneo oriental + Ruta circular Albania-Grecia; Italia = Mediterráneo central; España = Mediterráneo occidental + Sáhara occidental. Además, los cruces de frontera ilegales en la ruta de los Balcanes occidentales se han omitido para evitar una doble contabilidad, puesto que la mayoría de los migrantes en esta ruta han entrado previamente en la UE por el Mediterráneo oriental (i.e., Grecia).

Observadores políticos han criticado duramente el programa de realojamiento por no cumplir su objetivo. De acuerdo con ello, Amnistía Internacional (aquí) acusó a los estados miembros de la UE de “hacer dejación de responsabilidades y dejar a miles [de refugiados] abandonados en Italia y Grecia”. Esta declaración es algo gratuita, sin embargo, puesto que ignora que los países simplemente estaban respondiendo a los incentivos del programa. La cuestión clave es, por tanto, por qué la Comisión confió en un mecanismo tan obviamente inadecuado para garantizar el realojo de 40.000 refugiados.

Conceptualmente, la Comisión se enfrentaba al siguiente problema de gestión: quería “comprar” puestos de asilo a los estados miembros. Otorgar asilo es costoso para los gobiernos, no solo en términos monetarios, sino también por las ramificaciones sociopolíticas de la inmigración (tales como el rechazo de los votantes y la xenofobia). A pesar de que algunos países tienen reputación de ser más favorables que otros a los refugiados, la Comisión no conoce sus costes con precisión. Si los conociera, podría simplemente haber calculado la mejor manera de realojar a los 40.000 refugiados y pagar a cada país lo mínimo necesario para que aceptara su parte. Pero esto no ocurrió y es poco realista pensar que podía haberlo hecho.

En presencia de información asimétrica, el mecanismo natural para asignar los 40.000 puestos de asilo es la subasta. En la práctica, las subastas de contratación son usadas por los gobiernos para otorgar contratos de obras públicas y por las empresas para obtener zonas industriales. Sin embargo, hay amplia evidencia empírica de que las subastas de contratos son proclives a la colusión: ofrecen oportunidades a los participantes para no competir entre ellos y subir los precios que reciben en ellas (aquí). Esto genera problemas, puesto que puede causar un alza insostenible en los costes de usar el mecanismo. La colusión no es solamente una seria preocupación en las subastas, sino también en la toma de decisiones de la UE. Los estados miembros se reúnen con frecuencia tanto en sesiones formales como informales. De esta manera pueden intercambiar información fácilmente y coordinar sus posiciones políticas. Hay, incluso alianzas explícitas. Por ejemplo, el grupo de Visegrado ha adoptado la postura común anti-refugiados de la República Checa, Hungría, Polonia y Eslovaquia (aquí). En resumen, la colusión importa.

Una característica destacable del mecanismo de precio-fijo que la Comisión usó en 2015 es que es completamente a prueba de coaliciones. Lo mejor que puede hacer cada país es anunciar el número de refugiados que está dispuesto a recibir al precio estipulado de 6.000 €. No hay incentivos a conspirar en secreto con otros países. La razón es simple: a todos los países se les ofrece el mismo precio fijo que, contrariamente a lo que sucede en la subasta, no puede ser manipulado.

Lo que muestro formalmente es menos obvio: los mecanismos de precio fijo son los únicos a prueba de coaliciones. Esto es, cualquier otro mecanismo ofrece oportunidades de manipulación. Interpreto este resultado como una posible explicación de que la Comisión decidiera asignar los puestos de asilo a un precio fijo. No sostengo que la Comisión estuviera pensando explícitamente en prevenir la colusión, puesto que podía simplemente querer un mecanismo sencillo en el sentido de que facilita la decisión a los estados miembros. Ser un mecanismo a prueba de coaliciones impide a los gobiernos decidir estratégicamente y se puede pensar informalmente que ese es un término pomposo para hablar de simplicidad. Los mecanismos simples son atractivos en la práctica porque son fáciles de entender, de poner en marcha y de justificar (a los votantes). Mis resultados explican por qué la Comisión pensó que era mejor usar un mecanismo de precios fijos: no existen alternativas simples mejores. Partiendo de la teoría económica, ofrezco una explicación racional de la respuesta de la UE a la crisis de refugiados.

Mi análisis no termina aquí. En la segunda parte de mi trabajo, me pregunto si la Comisión podía haberlo hecho mejor permitiendo “un poco” de colusión, esto es, permitiendo mecanismos más complicados. En particular, asumo que los gobiernos solo están dispuestos a coludir dentro del mecanismo, absteniéndose de hacer pactos entre ellos al margen del mecanismo (para reasignar dinero o puestos de asilo). Esta simplificación permite a la Comisión llevar a cabo mecanismos más complejos. Sin embargo, muestro que ningún mecanismo de este tipo asegura que los 40.000 refugiados serán realojados. Del mismo modo que ocurrió en 2015, los costes para los gobiernos pueden resultar ser demasiado grandes como para contribuir con el número de puestos de asilo deseados. En cierto sentido, el problema que intentaba resolver la Comisión no tenía solución.

Finalmente, proveo una caracterización precisa de los mecanismos alternativos que la Comisión podía haber usado. Estos mecanismos permiten que el precio varíe un poco para adaptarse a los costes de los países -como en una subasta- pero sin crear incentivos para la colusión. Sin embargo, en una simulación numérica muestro que estos mecanismos no habrían sido de gran ayuda. Para muchas parametrizaciones plausibles, el incremento contrafactual en el número de refugiados reubicados no hubiera superado los 500, una cifra pequeña sobre el total de 32.000 refugiados que fueron, efectivamente, realojados.

En general, mi análisis provee tanto una explicación como una justificación de cómo la UE manejó la crisis de los refugiados. A pesar de que el programa no produjo los resultados deseados, muestro que no había una alternativa viable. De manera más general, mi trabajo ayuda a tomar conciencia de que la política de asilo se ve afectada por los problemas de información asimétrica y, por tanto, es susceptible de ser estudiada por la literatura de diseño de mecanismos. Creo que la teoría económica puede ayudar a entender mejor nuestro sistema de asilo y a mejorarlo. Así, espero que el lector tome este artículo como una invitación para desarrollar trabajos serios en este tema.



miércoles, 18 de diciembre de 2019

Seguro de desempleo y movilidad geográfica: evidencia de un experimento cuasi-natural

Por Tania Fernández-Navia (@TaniaFernndezNa)

La diferencia entre la tasa de paro de Córdoba y la de Gipuzkoa es de aproximadamente 20 puntos porcentuales. A pesar de que puede resultar tentador pensar que este es un hecho puntual, los datos muestran que las diferencias entre las tasas de desempleo locales son muy persistentes en el tiempo. Dado que la movilidad geográfica es un mecanismo eficiente para reducir estas disparidades, es sorprendente que los flujos migratorios en España sean tan bajos. Samuel Bentolila nos explicaba en este post que las instituciones laborales podrían ser una explicación.

En mi job market paper me pregunto si las prestaciones por desempleo son una de las instituciones laborales que reducen la probabilidad de cambiar de área geográfica. Desde un punto de vista teórico, si las prestaciones por desempleo se reducen, el coste de oportunidad de estar parado aumenta. Esto podría llevar a que las personas desempleadas intensificasen su búsqueda de empleo, a través, por ejemplo, de expandir su área geográfica de interés (es decir, mis posibilidades de encontrar trabajo serán mayores si busco en toda España que si solo busco en Lugo). Sin embargo, esta reducción también podría aumentar las dificultades financieras de los parados, evitando que aquellos que están dispuestos a moverse puedan permitirse hacerlo. Nos quedamos, por tanto, en una cuestión empírica.

¿Cómo resolverla? A priori, podríamos pensar en comparar la movilidad geográfica de aquellas personas desempleadas que tienen derecho a recibir prestación por desempleo con aquellas que no. Si estos individuos fuesen comparables en todos los aspectos observables e inobservables (menos en el derecho a recibir prestación por desempleo), podríamos dar una respuesta causal a la pregunta que nos planteamos. Sin embargo, estas personas podrían ser diferentes. Por ejemplo, puede que aquellos sin derecho a cobrar prestación sean más jóvenes, tengan menos años cotizados, o hayan recibido prestaciones por desempleo más veces. ¿Cómo responder entonces a la pregunta?

En mi trabajo, utilizo el experimento cuasi-natural generado por la reforma laboral de julio de 2012 (Samuel Bentolila lo explica aquí). El 10 de julio de 2012, el gobierno anunció una reducción de las prestaciones contributivas por desempleo. Este anuncio se convirtió en ley el 13 de julio, y se empezó a implementar el 15. La reforma no cambió nada durante los seis primeros meses en paro (la gente seguía cobrando un 70% del salario de referencia). Sin embargo, todas aquellas personas que se quedaran en paro desde el 15 de julio cobrarían un 50% en lugar de un 60% del salario de referencia a partir del sexto mes en paro. Para la persona media, en mis datos, esto representa una pérdida mensual de 150 euros (ver figura 1). Esto es equivalente al consumo individual mensual en comida y bebidas no alcohólicas.

El hecho de que la reforma fuese tan inesperada y repentina proporciona el contexto ideal para utilizar el método de regresión en discontinuidad. Esta metodología permite identificar el efecto causal de la reforma en la movilidad geográfica bajo el supuesto de que los individuos no fueron capaces de manipular el día en el que se quedan en paro. En el apéndice del paper, muestro que la única diferencia que hay entre aquellas personas que se vieron afectadas por la reforma y las que no es el día en el que se quedaron en paro.

¿Cuáles son los resultados de mi investigación? Primero, mirando a movilidad entre provincias (utilizando como provincia de referencia aquella en la que el individuo tuvo su última relación laboral), mis resultados indican que la reducción en las prestaciones de desempleo aumentó la movilidad geográfica 4 puntos porcentuales (gráfico 2 y tabla 1). Los resultados se mantienen cambiando la definición de área geográfica a CC.AA. o área urbana. Estos resultados están en la línea de otros trabajos (ver aquí o aquí). Centrándome en la heterogeneidad, todo el efecto viene explicado por hombres menores de 35 años, sin responsabilidades familiares, y con un nivel educativo alto.

Algo que podría estar sucediendo es que, tras la reducción en la prestación por desempleo, la gente estuviese dispuesta a pasar más tiempo desplazándose, y, por ejemplo, una persona de Segovia fuese diariamente a trabajar a Madrid. Para corroborar si esto es así, repito el mismo ejercicio mirando a movilidad entre provincias no limítrofes. Los resultados se mantienen intactos para esta nueva definición, sugiriendo que un aumento en los desplazamientos no explica los resultados.

Otra opción sería que la gente que se quedó en paro y estaba fuera de su lugar de nacimiento decida volver al mismo. Sin embargo, no encuentro ninguna evidencia que sugiera que esto es cierto. Lo que el análisis sí que concluye es que todo el efecto viene explicado por gente moviéndose a las grandes ciudades, y especialmente a Madrid o Barcelona. Lamentablemente, mis datos (MCVL) no me permiten distinguir entre aquellas personas que se desplazan para buscar trabajo, y aquellas que encuentran trabajo y después se mueven.

Finalmente, cabe destacar que Yolanda F. Rebollo-Sanz y Núria Rodríguez-Planas explotan esta misma política y encuentran que las personas afectadas por la reforma encuentran trabajo antes, y no lo hacen a costa de renunciar a salario o empeorar el tipo de ocupación. Mi trabajo sugiere que el aumento en la movilidad geográfica puede ser uno de los factores que explica esta reducción en el tiempo de desempleo. Utilizando un método de matching, los resultados indican que aquellas personas que se han movido encuentran trabajo mucho antes que los que se han quedado en su provincia de último empleo. Sin embargo, cabe destacar que esta metodología tiene detrás supuestos muy fuertes, y por tanto, prefiero interpretar estos resultados como evidencia sugestiva.

En términos de política pública, es importante resaltar que la prestación por desempleo tiene como objetivo alisar el consumo, no incentivar la búsqueda activa de empleo. Sin embargo, el diseño óptimo de este tipo de seguros debería pasar por reducir el riesgo moral que va asociado a ellos. Años atrás, en el manifiesto de los 100, muchos economistas sugirieron un esquema en el que las prestaciones por desempleo fuesen más elevadas inmediatamente después de perder el trabajo, reduciéndose gradualmente durante el periodo de desempleo. Dados los resultados, quizás un sistema así sirviese tanto para suavizar el consumo como para incentivar a los trabajadores desempleados a buscar trabajo más activamente.

¿Cuáles son los siguientes pasos? Aunque los resultados son muy robustos, el gráfico muestra que el efecto es inmediato, y después desaparece. Algo muy interesante sería saber por qué. Una explicación es que, debido a que la recuperación económica empieza a mediados de 2013, mucha gente ya empieza a encontrar empleos en sus propios mercados de trabajo. Sin embargo, para confirmar los resultados, y entender un poco más si la movilidad geográfica es uno de los mecanismos que explica la reducción en la duración del paro, he pedido al SEPE datos individuales en los que se incluya si los reclamantes de prestaciones por desempleo tienen intenciones de moverse. No obstante, me tengo que unir al movimiento No me dais vuestros datos  porque soy fea de Anxo Sánchez, porque a mí tampoco me dan los datos.



Consecuencias Intergeneracionales de la Exclusión Social: Lecciones de un Leprosario en Colombia

Por Diego Ramos-Toro1

La exclusión social de distintas minorías ha sido un fenómeno prevalente en la historia de la humanidad. Esto tenderá a ser más frecuente en las siguientes décadas, teniendo en cuenta el aumento de migrantes que generará el cambio climático. Dado lo anterior, resulta fundamental entender las consecuencias de largo plazo de dicho fenómeno en el comportamiento y en las políticas públicas. La lepra es una condición que ha sido excluida en todos los contextos, y cuyas características epidemiológicas e históricas nos permiten entender estas consecuencias intergeneracionales. Formalmente conocida como la enfermedad de Hansen, la lepra es una enfermedad no letal que cuenta con niveles muy bajos de contagiosidad, a pesar de que históricamente se ha creído lo contrario. Actualmente se sabe que, en aquellos pocos casos en que se da el contagio, puede tomar más de dos décadas antes de que la enfermedad se manifieste físicamente. Adicionalmente, se sabe que hay un componente genético que aumenta la predisposición a dicha manifestación.

El trato de la lepra en Colombia se asemeja al de otras regiones, y sus características históricas nos permiten evaluar las consecuencias intergeneracionales de la exclusión social en el comportamiento. Siguiendo los lineamientos del Congreso Mundial de Lepra en Berlín, los médicos colombianos asumieron un rol activo en la identificación, el desplazamiento y la marginalización de los leprosos. Racionalizando y ejecutando dicha exclusión desde la Junta de Higiene, los médicos colombianos eran los responsables de que estas personas fueran recluidas en Agua de Dios, el mayor y eventualmente único leprosario en Colombia. Esta junta tenía la responsabilidad de enviar a un médico para que examinara y diagnosticara a cualquier sospechoso de tener la enfermedad, así como de transportar al leprosario a los casos confirmados. La intervención activa por parte de los médicos continuaba dentro de Agua de Dios, pues estos eran los únicos funcionarios del estado que estaban al interior del leprosario y seguían interviniendo en la vida cotidianidad de los reclusos (en ocasiones incluso experimentando tratamientos alternativos con ellos).

Décadas después de que dejara de operar como leprosario, Agua de Dios es actualmente un municipio más en Colombia, cuyos habitantes son en su mayoría descendientes de segunda generación de personas excluidas por la lepra. Los habitantes actuales ya no sufren de la enfermedad y no cargan con el estigma asociado a ella; estas personas pertenecen a las mismas categorías étnica, religiosa y racial que los miembros de municipios aledaños, lo cual les permite estar integrados social y económicamente. Los habitantes actuales del otrora leprosario crecieron además expuestos a condiciones climáticas y socioeconómicas similares a la de los habitantes de la región aledaña, y contaron con un acceso comparable a bienes públicos. A pesar de dichas similitudes, el legado cultural que se deriva de tener un ancestro excluido ha generado diferencias notables en los comportamientos de estos ciudadanos.

Con el fin de entender las implicaciones intergeneracionales de la exclusión social en el comportamiento, realicé una serie de experimentos en el otrora leprosario de Agua de Dios y en los municipios contiguos entre el 2018 y el 2019. Hubo tres dimensiones que examiné: El altruismo, el favoritismo de grupo (i.e., el sesgo en favor de miembros del mismo grupo) y la confianza en los médicos. Para las primeras dos dimensiones implementé el famoso “juego del dictador”, en el que cada participante recibe una cantidad de dinero que éste puede dividir de forma libre, privada y anónima entre sí mismo y un receptor desconocido. En los protocolos que implementé cada participante jugó dos rondas: Una en la que el receptor era alguien anónimo del mismo municipio que el participante, y otra en la que era alguien de un municipio distante. La confianza en los médicos la medí usando preguntas de encuesta, y también mediante unos váuchers que entregué a todos los participantes y que podían ser intercambiados por una dosis gratis de anti-parasíticos. Además de ser de interés en sí misma, la confianza en los médicos en este contexto nos indica si hay un legado adverso sobre las actitudes frente a quienes fueron responsables de la exclusión en el pasado, y nos permite entender si hay un efecto nocivo sobre las políticas que estén de alguna forma asociada con dicho grupo.

Los resultados del juego del dictador indican que los descendientes de personas con lepra son más altruistas tanto con los miembros de su mismo grupo como con individuos distantes y desconocidos en Colombia (ver Figura 1), lo cual sugiere que la adversidad deriva en mayores niveles de empatía, y que dicho rasgo cultural puede ser transmitido intergeneracionalmente. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que los legados de la exclusión social son deseables: Por un lado, el nivel de favoritismo de grupo es significativamente mayor en los descendientes de personas con lepra (ver Figura 2), indicando que las divisiones sociales que se derivan de la exclusión, así como su efecto adverso sobre la cohesión social, son persistentes. Por otro lado, estos descendientes exhiben un nivel significativamente menor de confianza en los médicos y son más proclives a tomar decisiones de salud subóptimas. Teniendo en cuenta la responsabilidad histórica de los médicos en la adversidad sufrida por los leprosos, esto sugiere que la desconfianza frente a quienes fueron responsables de dicha exclusión puede persistir a través de generaciones, incluso si esta exclusión ha sido completamente subsanada. Así, el éxito de algunas políticas de desarrollo en segmentos excluidos de la población puede estar severamente limitado cuando éstas están asociadas con algún grupo que haya tenido participación en su exclusión.

Figura 1

Esta figura muestra la suma de las donaciones que cada participante hizo en sus dos rondas del juego del dictador, distinguiendo entre los participantes que tenían ancestros excluidos por lepra de aquellos que no tenían ancestros. Cada participante tuvo la oportunidad de donar sobre un total de COP 32,000 que le fueron entregados en la sesión.

Figura 2

Esta figura muestra la diferencia entre lo que cada participante dio en la ronda del juego del dictador en la que el recipiente era alguien de su mismo grupo, frente a lo que ese mismo participante dio en la ronda en el que el recipiente era alguien anónimo de un grupo distante de la región.

¿Por qué observamos comportamientos y actitudes distintas por parte de los descendientes de personas con lepra, teniendo en cuenta que estos descendientes no sufren ningún maltrato que se derive de dicha condición? Un elemento que varios locales destacan son las historias que se transmiten al interior de los hogares. Para establecer si efectivamente el contenido de dichas historias tiene algún efecto sobre el comportamiento, implementé otro protocolo en donde recolecté variables similares a las anteriores, pero previamente expuse aleatoriamente a algunos individuos a contenidos históricos que son compartidos en los hogares de la región. Un grupo de participantes fue expuesto al aislamiento de los leprosos en la historia global (sin mención alguna del rol de los doctores), mientras que un segundo grupo fue expuesto a los errores históricos de la medicina de los siglos XIX y XX. Los descendientes de leprosos que hacían parte del primer grupo exhibieron niveles mayores de altruismo y favoritismo de grupo, mientras que los que hacían parte del segundo grupo exhibieron una menor confianza en la medicina (ver Figura 3).

Interesantemente, estas intervenciones no generaron ningún efecto en quienes no eran descendientes de leprosos. Esto sugiere que los contenidos de las historias que se comparten recurrentemente en el seno del hogar son parte de las razones por las cuáles continuamos observando estos comportamientos cerca de 70 años después de que Agua de Dios dejara de ser un leprosario.

El estudio de los legados de la lepra arroja luces sobre un fenómeno que ha sido prevalente a lo largo de la historia y en distintas regiones. Desde un punto de vista de política pública, los estados deben ser más cautos a la hora de permitir o contribuir a la exclusión de distintas minorías. Como bien muestra el caso de Agua de Dios, esto puede acarrear divisiones sociales y desconfianzas que persisten a través del tiempo, y que pueden menoscabar la solidez y el éxito de políticas clave en materia de desarrollo.

Figura 3

Esta figura muestra los resultados del protocolo en el que se aleatorizó el suministro de distintos tipos de información histórica para entender las consecuencias sobre el comportamiento. El grupo “No Treat” fueron aquellos participantes a quienes no se les suministró ninguna información. El grupo “Exclusion Hist” corresponde a quienes recibieron la información histórica de la marginalización de las personas con lepra, mientras que “Medicine Hist” corresponde a quienes recibieron información de los errores históricos de la medicina en el manejo de la lepra.

Nota

1Departamento de Economía, Brown University, diego_ramos_toro@brown.edu



martes, 17 de diciembre de 2019

Pueden los elefantes blancos matar? Evidencia del desarrollo de infraestructura en Perú

Por Antonella Bancalari

Invertir en infraestructura pública es un vehículo importante para obtener los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030. Por más que la literatura económica demuestra que la infraestructura de gran escala, una vez construida y en uso, promueve el desarrollo económico y mejora los estándares de vida, millones de personas en el mundo aún no disfrutan de sus beneficios. A propósito de esto, el Banco Mundial dirige alrededor del 40% de su portfolio a desarrollar proyectos de infraestructuras en países de bajo y mediano ingreso, los cuales se enfrentan a grandes retos para proveer de manera efectiva bienes públicos.

Sin embargo, los debates de gasto público aún continúan girando en torno a “cuánto” se gasta, cuando la pregunta clave es “cómo” se debe gastar para proveer de manera efectiva y eficiente los bienes públicos.  Aún cuando los recursos están disponibles, hay retos importantes con los que lidiar. Nuevos estudios muestran que las obras paralizadas son comunes en países en desarrollo, lo cual genera un gran desperdicio de recursos públicos, con un alto costo de oportunidad. Lo que no queda claro es cuáles son los efectos de esas ineficiencias en la economía y el bienestar de los ciudadanos.

En mi job market paper, muestro que las consecuencias de proyectos de infraestructura no culminados pueden ser serias: pueden matar niños.

Expansión de la infraestructura de alcantarillado en Perú

En mi job market paper, evalúo los efectos de una expansión a nivel nacional de la infraestructura de alcantarillado sanitario en la mortalidad de niños menores de 5 años en Perú. Los niños menores de 5 años son el segmento más vulnerable de la población debido a su débil sistema inmunológico y la poca conciencia sobre riesgos para la salud. Además, la mortalidad infantil es precisamente el indicador que esta intervención nacional tenía como objetivo mejorar. Hacia el 2005, la mitad de los hogares peruanos no tenían conexión al alcantarillado. Debido a que los sistemas de alcantarillado mejoraron la salud pública en países desarrollados, el Gobierno de Perú invirtió 3 millones de dólares en iniciar un total de 5,000 proyectos en el 80% de los distritos del país entre el 2005 y el 2015. Mi investigación fue motivada por casos en los que las excavaciones, necesarias para instalar las tuberías de alcantarillado, terminaron infestando vecindarios con zancudos, o de niños que se ahogaron en pozos con una profundidad de más de 2 metros que se llenaron con agua estancada.

El despliegue de proyectos de alcantarillado en Perú es una buena oportunidad para evaluar el efecto del desarrollo de infraestructura. Para ello, construyo un panel de datos con más de 1,400 distritos para cada año entre el 2005 y el 2015. Recolecto datos administrativos, incluyendo reportes presupuestarios y estadísticas vitales, los cuales combino con datos espaciales. Específicamente, utilizo datos detallados a nivel de proyecto sobre los planes presupuestarios y la amortización de la inversión para identificar los proyectos de infraestructura que están en desarrollo y aquellos culminados en cada distrito. Así mismo, la diversidad geográfica de Perú provee una variación única, la cual puedo explotar en mi metodología de variable instrumental.

Debido a que encuentro un sesgo causado por distritos ricos iniciando más proyectos de infraestructura sanitaria, construyo una variable instrumental. Mi instrumento capta cómo la difusión del alcantarillado hubiese evolucionado con el tiempo si la asignación de proyectos hubiese sido establecida sólo considerando costos. Exploto el hecho de que una combinación de características geográficas (gradiente del terreno, elevación, área y densidad de ríos) determina la idoneidad de un distrito para el desarrollo de proyectos de alcantarillado de bajo costo. Sujeto a una restricción presupuestaria anual, predigo que los distritos más 'baratos' en cuanto a proyectos de alcantarillado hubiesen empezado más proyectos y más temprano en el periodo de estudio. El supuesto de identificación es que ningún otro factor que afecta a la mortalidad, como las preferencias de los ciudadanos por salud preventiva u otras políticas e infraestructura, evolucionó en el tiempo siguiendo la misma variación espacial que la de mi instrumento. Debido a la característica de panel de mis datos, controlo por el impacto directo de la geografía en la mortalidad, mediante la inclusión de efectos fijos a nivel de distrito, además de efectos fijos anuales. Como un test de validez, encuentro que mi instrumento no se encuentra correlacionado con el desarrollo de infraestructura en otros sectores (transporte, energía y salud) y la distribución residencial urbano-rural, así como que los resultados no se producen debido a inmigración selectiva y tendencias de mortalidad específicas de la geografía.

Los mapas muestran el número total de proyectos de alcantarillado empezados (derecha) y predichos (izquierda) en los diferentes distritos de Perú entre el 2005 y 2015. En el 2005, mi instrumento coloca proyectos en cada uno de los distritos de bajo costo (región del Amazonas en el noreste) hasta que el presupuesto anual se agota. Sigo el mismo procedimiento para cada año, hasta que el distrito recibe un máximo de 5 proyectos (media de la distribución de proyectos de alcantarillado). Proyectos que hubiesen sido colocados en los distritos de más bajo costo en cuanto al desarrollo de alcantarillado, ahora son colocados en distritos un poco más costosos (costa oeste). Por ende, genero una variación anual y a través de distritos, que forma la base de mi estrategia empírica.

Los proyectos de infraestructura no culminados matan

En mi investigación, encuentro que cada proyecto de alcantarillado en desarrollo incrementa la mortalidad de niños en 6% sobre el nivel inicial. Este resultado impactante se debe a que los proyectos de infraestructura expusieron a la población a riesgos. El principal determinante de este resultado es el incremento en enfermedades infecciosas y de accidentes. Cabe resaltar que no encuentro efectos en la mortalidad causada por otras enfermedades y complicaciones no relacionadas a transmisiones por vectores y peligros externos.

Efecto de proyectos de alcantarillado no culminados
(por causa de muerte)

Los retrasos y paralizaciones exacerban los riesgos

Los retrasos y paralizaciones exacerbaron los riesgos a niños menores de 5 años. Es impactante que entre el 2005 y 2014, solamente la mitad de proyectos iniciados fueron culminados. En promedio, los proyectos paralizados tenían el 40% del monto de inversión amortizado. Entrevistas con ingenieros en Perú revelan que un proyecto de alcantarillado en general no debe tomar más de 1 año, pero encuentro que hay frecuentes retrasos. La mitad de proyectos de alcantarillado que alguna vez fueron culminados, tomaron más de 5 años. Encuentro que un año extra de duración de proyectos de alcantarillado incrementaron en 24 puntos porcentuales el cambio de 10 años en la tasa de mortalidad.

Porcentaje de avance de obra de proyectos iniciados al menos durante los 2 años previos

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Uno esperaría que la mortalidad infantil disminuye una vez que los proyectos de alcantarillado se culminan. No obstante, encuentro que en el corto plazo, los hogares no se conectan a la red de alcantarillado. Obviamente, si la infraestructura no se usa, no se manifiestan los beneficios sociales esperados.

Qué pueden hacer los gobiernos y donantes?

Mis resultados sugieren que para entender cabalmente el costo-efectividad de proyectos de infraestructura de gran escala, los gobiernos y donantes deben tomar en consideración los costos sociales de la fase de implementación.

Proyectos no culminados, aquellos llamados “elefantes blancos”, son una visión común en países en desarrollo. Esto genera un gran desperdicio de los recursos públicos, cuyo costo social de oportunidad es extremadamente alto, sobre todo cuando los recursos son escasos. En total, el 13% del gasto en alcantarillado se destinó a proyectos no culminados y un cálculo rápido sugiere que este desperdicio equivale a 1/5 del gasto público en Perú en el 2015.

Mientras que el desperdicio en gasto público en proyectos de infraestructura paralizados es preocupante, es aún más alarmante que esta ineficiencia mate niños. Este alto costo social puede ser prevenido, si: (1) se complementa la construcción de infraestructura con políticas de salud que previenen muertes por enfermedades infecciosas y se regulan los estándares de seguridad de los proyectos; (2) se implementan reglas para culminar proyectos a tiempo antes de empezar nuevos; y (3) se generan incentivos para que se use la infraestructura y que esta sea efectivamente mantenida.

El Gobierno de Perú está llevando a cabo importantes esfuerzos para monitorizar de cerca el avance físico de proyectos públicos de infraestructura; lo que constituye un importante paso para deshacernos de los peligrosos “elefantes blancos”.

Antonella Bancalari es candidata al doctorado de London School of Economics y Research Officer de Institute for Fiscal Studies. Para más detalles sobre sus investigaciones visite su website personal .

Esta entrada también ha sido publicada en inglés por el Banco Mundial. Puedes leerla dando click aquí.



lunes, 16 de diciembre de 2019

Recomendaciones de Lectura: El Pasillo Estrecho

Velázquez vs Rembrandt.

Daron Acemoglu y James Robinson han publicado este año el libro “The Narrow Corridor” (en español aquí), una vuelta de tuerca más a su visión de cómo las instituciones interactúan con el desarrollo económico, un tema que ya habían estudiado, con mucho éxito en su libro anterior “Why Nations Fail”.

Este último trabajo caracteriza la clase de instituciones que surgen en un país como resultado de dos fuerzas confluentes. Por un lado, está el poder del estado. Por el otro, el poder de la sociedad civil. Cuando el primero domina, nos encontramos con lo que los autores llaman el “Leviatán Despótico”, donde una minoría puede tomar el control de las instituciones y utilizarlas para sostener su poder. Esta estructura da lugar a gobiernos autoritarios y a lo que en su trabajo anterior denominaban la “élites extractivas". En el otro extremo estaría lo que ellos llaman el “Leviatán Ausente”. La misma sociedad no permite que el Estado se desarrolle y tome sus funciones debido a lo que llaman la “jaula de la normas”, tradiciones que dominan el comportamiento de los ciudadanos. Como resultado, el Estado carece de poder para proporcionar las condiciones que garanticen la libertad y la seguridad necesaria para que la economía de mercado funcione.

Entre estos dos extremos, y en aquellos casos en los que el poder del Estado y de la sociedad se equilibran de alguna manera, emerge lo que llaman el “Leviatán Encadenado”. La sociedad civil pone límites al poder político, haciendo a las instituciones más inclusivas y, por tanto, más adecuadas para el crecimiento y el fomento del bienestar. Este equilibrio, sin embargo, es algo dinámico, donde el Leviatán irá aumentando su poder en el tiempo y deberá, por tanto, contar con una sociedad civil que también aumente su capacidad de oponerse a sus posibles abusos, generando así el pasillo estrecho que da lugar al título del libro.

El libro, después de plantear esta taxonomía, e igual que en el caso de “Why Nations Fail”, repasa numerosos episodios históricos con el fin de ilustrar cómo se manifiestan las fuerzas detrás de cada uno de los casos anteriores. Así, el ejemplo paradigmático de “Leviatán Despótico” sería el caso de China. Los autores hacen una revisión de su historia de los últimos dos mil años en la que argumentan que las diferentes dinastías alternan periodos de estricto control político por parte del Estado con otros de una cierta distensión. Sostienen que los periodos más despóticos conllevan un declive económico que hace, eventualmente, imposible su sostenimiento. El descontento, los alzamientos o simplemente la invasión exterior de un Estado en descomposición da lugar a la llegada de un nuevo régimen más abierto que promueve el crecimiento económico. Sin embargo, las ansias de libertad también crecen con la economía y la amenaza de pérdida de control del poder político da lugar a un nuevo periodo despótico. De acuerdo con esta dinámica, el régimen comunista, su primer periodo de mayor control y el aperturismo económico posterior no serían sino dos periodos más de este ciclo inacabable.

En el otro extremo tendríamos el caso de la India, donde el milenario sistema de castas (ejemplo claro de la "jaula de las normas") ha hecho que el Estado incluso en los tiempos actuales carezca del poder necesario para implementar de manera efectiva medidas que garanticen la libertad y la movilidad social de las personas, reduciendo así su potencial de crecimiento y generación de riqueza y bienestar.

De acuerdo con los autores, algunos países, principalmente europeos, transitarían por este estrecho corredor donde la sociedad civil y el poder político se contrarrestan. La pregunta que surge sería, ¿por qué? ¿por qué sucede en Europa? y qué condiciones dieron lugar a ello. En la historia de Europa confluirían dos hechos que habrían equilibrado las dos fuerzas. Por un lado, el Imperio Romano habría dado lugar a un Estado centralizado con normas que permitirían la actividad económica. Por el otro, los pueblos “bárbaros” tendrían una estructura de toma de decisiones comunal, de abajo a arriba y que constituiría el contrapeso necesario para limitar la expansión del poder del Estado. En aquellos países europeos donde la sociedad respeto las instituciones heredadas del imperio romano pero, a la vez, fue suficientemente fuerte para imponer condiciones al poder político se cimentaría el estado democrático moderno que ha surgido en los últimos siglos.

Aunque solo se discute de pasada, el libro también apunta a por qué España habría evolucionado de manera algo distinta a otros países europeos, dando como resultado que el estado moderno habría tardado más en imponerse, con sus propias dificultades. Mientras que las comunidades bárbaras se hicieron con el control de manera permanente en la mayor parte de Europa, los visigodos fueron dominantes en la península ibérica "únicamente" durante dos siglos (antes estuvieron los vándalos pero solo de paso). La sociedad islámica que reemplazó a la organización visigoda no habría ejercido de contrapeso y habría permitido el progresivo fortalecimiento de la monarquía española (y portuguesa).

Esta excepcionalidad europea podría estar relacionada, por cierto, con un debate candente en el campo de la historia en los últimos veinte años y que bajo el nombre de "la gran divergencia" intenta explicar la preeminencia de Europa a partir del año 1800. Partiendo de niveles de renta parecidos Europa experimenta un crecimiento notablemente superior. Uno de los motivos, de los que ya se hacían eco Acemoglu y Robinson en su anterior libro era que, precisamente, en Europa (y en especial en Inglaterra) los empresarios y comerciantes podían invertir sin temor a que sus ganancias fueran expropiadas por la monarquía. De hecho, esto constituiría una diferencia entre la concepción del Estado en el caso ibérico y holandés o británico. Mientras que en el primero el comercio con las colonias fue controlado directamente por la monarquía o grupos afines, en el caso holandés y británico se cedieron los derechos a empresas privadas lo que fomentó el crecimiento de una clase comercial burguesa que, a su vez, contribuyó a limitar el poder del Estado (ver Acemoglu, Johnson y Robinson (2005) y una entrada anterior aquí).

Por último, es importante destacar que ésta no es una visión determinista del mundo. La historia no es el destino. A diferencia de lo que mucha gente interpreta y tal y como los autores enfatizan, existen numerosos casos de países que pudieron cambiar su rumbo, a veces empujados por fuerzas externas (por ejemplo, por guerras) o por fuerzas internas, como la voluntad de gobernantes visionarios.

En resumen, aunque uno no tiene porqué estar necesariamente de acuerdo con todos los ejemplos y, a veces, da la impresión de que algunos de ellos están adaptados para encajar con la narrativa de los autores, éste es libro iluminador. Sin duda, un buen candidato para la lista de reyes de muchos lectores de Nadaesgratis.



Ciclos Inmobiliarios y Desigualdad de la Riqueza

Por Clara Martínez-Toledano

La evolución y los determinantes de la desigualdad de la riqueza están en el centro del debate académico y político en la actualidad. Este interés se debe, en primer lugar, al incremento del peso de la riqueza en relación a la renta nacional en los países avanzados en las últimas cuatro décadas (Piketty y Zucman [2014]). En segundo lugar, los niveles de concentración de la riqueza han divergido en el mismo periodo, creciendo por ejemplo mucho más rápido en EE.UU. que en Europa continental (World Inequality Report [2018]).

Las interacciones entre la evolución de la riqueza agregada y su distribución cobran especial importancia durante ciclos de auge y contracción de activos. Los niveles de riqueza y su composición pueden cambiar de manera más notable a lo largo de la distribución—ya sea de forma mecánica a través de cambios en el precio de los activos, por variaciones en las tasas de ahorro, o una combinación de ambas—y como consecuencia, las tendencias en la concentración de la riqueza pueden revertirse. Dado que cambios en la distribución de la riqueza pueden tener un efecto sobre la evolución de agregados económicos como el consumo (Carroll et al. [2014], Fisher et al. [2019]), entender los determinantes de la desigualdad de la riqueza en diferentes puntos del ciclo económico es de especial interés. Dichas interacciones son aún más relevantes durante ciclos inmobiliarios. Las propiedades inmobiliarias son los activos más importantes en la cartera de los hogares y constituyen el grueso de la tasa de retorno de la economía (Jordà et al. [2019]). Asimismo, el reciente crecimiento en el peso de la riqueza en relación a la renta nacional se debe principalmente al incremento en el valor de dichos activos (Piketty y Zucman [2014]).

En mi Job Market Paper trato de arrojar luz a estas cuestiones analizando las implicaciones de los ciclos inmobiliarios en la distribución de la riqueza. Mi análisis se centra en el caso español, un laboratorio ideal puesto que el país ha experimentado dos auges (1985-1991, 1998-2007) y contracciones (1992-1995, 2008-2014) inmobiliarias en las últimas cuatro décadas. Para poder llevar a cabo el análisis, reconstruyo la distribución de la riqueza de los hogares desde 1984 hasta 2015 combinando micro datos de los declarantes del IRPF, encuestas de hogares (Encuesta Financiera de las Familias, Encuesta de Presupuestos Familiares), cuentas nacionales, cuentas financieras y series de activos no financieros. Las nuevas series cubren el total de la distribución por tipo de activo, son consistentes con los agregados de riqueza del Sistema de Cuentas Nacionales y por lo tanto, constituyen una base idónea para analizar las interacciones entre ciclos inmobiliarios y la distribución de la riqueza total de los hogares.

El primer resultado del trabajo es que el porcentaje de riqueza en manos del 10% más rico cae durante booms inmobiliarios—en beneficio del 50% más pobre y aún más de la clase media (el 40% intermedio)— mientras que la tendencia decreciente se revierte durante contracciones inmobiliarias (Figura 1). Haciendo uso de las series de Saez y Zucman [2016] y Garbinti et al. [2018], también muestro que estas dinámicas aplican al reciente ciclo inmobiliario en EE.UU. y Francia, respectivamente.

Las semejanzas se deben principalmente a que la composición de la riqueza de los individuos a lo largo de la distribución es similar entre países. La Figura 2 muestra la composición de la cartera de los españoles por percentil de riqueza en el año 2015. En España, al igual que en Francia y EE.UU., los deciles más bajos poseen efectivo y depósitos, mientras que la vivienda habitual es el principal activo de la clase media. Conforme nos movemos hacia el decil más rico, la importancia de los activos procedentes del negocio de los autónomos, las segundas residencias y las propiedades en alquiler empiezan a cobrar una mayor relevancia, y las acciones gradualmente se convierten en el activo más importante.

Para poder analizar si las dinámicas que observamos en la distribución son puramente mecánicas—por diferencias en el valor de los activos—o por otras fuerzas, desarrollo una nueva ecuación de transición sobre acumulación de la riqueza por tipo de activo.  Esta ecuación es una extension de la descomposición  estándar de la acumulación de la riqueza total usada por Saez y Zucman [2016] en la que las tres fuerzas que determinan las dinámicas en la distribución de la riqueza son las rentas del trabajo, las tasas de ahorro y las tasas de retorno, siendo estas últimas la suma del flujo generado por el activo y su ganancia o pérdida de valor. La novedad de esta ecuación es que permite descomponer la composición del ahorro por tipo de activo, y así entender mejor las dinámicas del ahorro a lo largo del ciclo.

El segundo resultado del trabajo es que las diferencias en las ganancias de capital a lo largo de la distribución son el principal determinante de la caída en la concentración de la riqueza durante booms inmobiliarios, mientras que las diferencias en el comportamiento del ahorro son el factor fundamental tras las dinámicas en la distribución de la riqueza durante contracciones. La clase media y baja posee un porcentaje mayor de su cartera en activos inmobiliarios y, por lo tanto, se beneficia en mayor medida de los aumentos de valor de los activos inmobiliarios durante booms (Figura 3a). Sin embargo, las ganancias o pérdidas de valor no parecen explicar las dinámicas durante contracciones, puesto que estas convergen entre grupos de riqueza. Las tasas de ahorro, en cambio, aunque caen siguen siendo más altas para el 10% más rico durante contracciones, lo cual explica por qué la tendencia decreciente en su proporción de riqueza se revierte durante estos periodos (Figura 3b). Si se descompone la fracción de ahorro que se destina a cada tipo de activo por grupo de riqueza, se observa que el 10% más rico ahorra más en activos inmobiliarios durante booms que el resto de grupos, pero reduce su ahorro en este tipo de activos durante contracciones (Figura 3c). Parte de esa caída del ahorro en activos inmobiliarios la canalizan en activos financieros, lo cual les permite minimizar las pérdidas de valor de su cartera y aumentar el porcentaje de la riqueza total que poseen (Figura 3d). Estos mismos resultados los obtengo para Francia y EE.UU., por lo que las dinámicas que se observan para el caso de España parecen aplicar de manera general a ciclos inmobiliarios.

La clase media y baja no reajusta su cartera con la misma intensidad durante contracciones, por lo tanto, el porcentaje de riqueza que posee se ve reducido en beneficio de la clase alta. Esto se debe principalmente a que estos grupos presentan mayores fricciones a la hora de reajustar su cartera, puesto que están más endeudados y sus activos inmobiliarios son fundamentalmente bienes de consumo (p. ej. viviendas habituales), sujetos a unos mayores costes de liquidación (p. ej. costes de movilidad).

Estudios recientes han resaltado la importancia de las ganancias y pérdidas de capital como factor fundamental a la hora de explicar las dinámicas en la desigualdad de la riqueza (Fagereng et al. [2019], Kuhn et al. [2019]). Mi trabajo revela que las diferencias en los niveles y la composición del ahorro juegan también un papel fundamental a lo largo del ciclo. Estos resultados son de utilidad para la evaluación de los riesgos de los ciclos inmobiliarios, así como la mejora en el diseño de modelos y políticas macroeconómicas de estabilización.