jueves, 31 de enero de 2019

Todos los números naturales son primos

de Antonio Villar

“Cada año los estudiantes llegan peor preparados”. Este es un comentario frecuente entre muchos profesores de Universidad, quizás con la excepción de aquellos que enseñan en carreras donde la demanda de plazas es mucho mayor que la oferta y, por tanto, hay una importante selección del alumnado (v.g. medicina). Uno nunca está muy seguro de hasta qué punto esto es una percepción distorsionada de la realidad, aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor, y hasta qué punto hay elementos ciertos en esa apreciación. Quizás haya un poco de todo. Es verdad que hay manuales que recomendábamos hace un década ya no se pueden seguir utilizando, porque se han vuelto demasiado exigentes. O que uno encuentra más faltas de ortografía que antes. Pero también es cierto que ahora hay mucha más gente que habla razonablemente inglés y que tiene unas capacidades tecnológicas envidiables.

Como profesor de economía mi percepción es que, aparte de la escasa formación matemática, los estudiantes vienen menos preparados en un par de aspectos clave: comprensión lectora y capacidad de razonamiento. Para poder contrastar si hay algo de verdad en esto el año pasado hice un pequeño experimento en un grupo de estudiantes de primer año de la Facultad de Ciencias Empresariales. El experimento ha consistido en someter a estos estudiantes de primer curso a un test que se hace en Italia (véase aquí) a los alumnos de 13/14 años para entrar en el bachillerato (que allí empieza un año antes que aquí). Se trata de una prueba nacional (una de las denostadas “reválidas”) que realizan todos los estudiantes antes de elegir el camino formativo del bachillerato (científico, clásico o tecnológico) o la formación profesional. No se requiere, pues, ningún conocimiento de las materias específicas de cada uno de estos itinerarios.

Obvio es decir que una golondrina no hace primavera. O sea, que estos resultados que les voy a presentar no son estadísticamente significativos en ningún sentido. Cabe mirarlos como un estudio piloto que puede servir para identificar la existencia de posibles problemas. Sería interesante realizar esta misma prueba, u otra similar, en otros centros y carreras para comparar resultados. Pero claro, lo de las evaluaciones externas y el análisis comparativo no parece formar parte de nuestra cultura.

El test consta de 42 cuestiones a responder, agrupadas en 30 preguntas. Se trata de cuestiones de lógica elemental y de razonamiento que no requieren más que sentido común y la capacidad de comprender las preguntas. Como las preguntas son de dificultad variada, el sistema italiano de corrección pondera de forma diferente las cuestiones. Yo he valorado todas por igual, de modo que las más fáciles compensan las menos obvias (¡y sin ajustar por los errores en las preguntas de respuesta múltiple!). Para fomentar el interés de los estudiantes determiné que una buena nota en este test sería tenida en cuenta en la nota final. Aun siendo un examen voluntario, más del 60% de los estudiantes matriculados realizó  la prueba.

Uno esperaría que todos los estudiantes que han sido habilitados para cursar estudios universitarios superaran esta prueba con mucha holgura (digamos con calificaciones de al menos Notable –un 7 sobre 10-). Pero la realidad es otra. Una realidad que nos debería hacer reflexionar sobre la validez de las pruebas de acceso a la Universidad y los mínimos conocimientos que nuestro bachillerato proporciona.

Los resultados vienen descritos en el siguiente gráfico.

Dado el carácter tan específico de este experimento, no tiene sentido afinar mucho en el análisis porque los resultados no son generalizables. Hay sin embargo algunos rasgos que vale la pena comentar.

Hay una notable polarización de resultados: un 38% de suspensos (con una media de 3,7) y un 40% de Notables o más (con media de 8,2). Esto tiene implicaciones muy importantes sobre la docencia. Si uno ajusta sus enseñanzas al estudiante medio, más de las tres cuartas partes de los estudiantes las encontrará inadecuadas para su nivel, unos porque se aburrirán y los otros porque no llegarán. También los datos sugieren que recortando un 20% la admisión nos encontraríamos un grupo de estudiantes con un rendimiento esperado mucho mayor.

Que casi un 40% de los estudiantes que han accedido al primer curso en el que imparto docencia no alcance el mínimo de conocimientos requerido a los 14 años en Italia (que tampoco es Finlandia), produce escalofríos.

Los errores en conceptos básicos o la falta de consideración crítica de las propias respuestas sugieren que no entrenamos bien a los estudiantes a pensar. Lo de que “Todos los números naturales son primos” es una de las respuestas dadas por un estudiante. Pero también hay quien ha escrito que “todos los números pares son primos”, contradiciendo a otro compañero que insiste en que, en realidad, “todos los números impares son primos”. A otro estudiante no le ha generado ninguna incomodidad concluir que “el porcentaje de estudiantes que han obtenido más de 5 en Lengua es 400”. O aquel otro que llega a la conclusión de que “según el modelo del cuerpo humano de Leonardo da Vinci, la altura de una persona que tiene un pie de 24 cms. debe ser 14 cms.”

Todos estos estudiantes, déjenme que insista en ello, han sido declarados aptos para realizar estudios universitarios de economía. Incluidos los que han suspendido este test. Lo cual me plantea algunas preguntas. (1) La más obvia: ¿Cómo es posible que esos estudiantes hayan llegado hasta aquí? Y no, no es culpa suya. Ellos tienen perfecto derecho a intentarlo, lo que es sorprendente es que lo consigan. (2) La más preocupante: ¿Qué les espera? Pues muchas posibilidades de fracaso, incluso si terminan aprobando todas las asignaturas, quizás en un tiempo bastante más largo que la media. (3) La que no nos queremos hacer: ¿Quién se va a responsabilizar de estos fracasos? Pues probablemente nadie.

Durante los más de 30 años como profesor he tenido ocasión de conocer diversas universidades dentro y fuera del país. Esta experiencia me ha enseñado que hay dos aspectos básicos que están asociados a los buenos centros de formación universitaria. Primero, contar con buenos estudiantes, buenos profesores y medios suficientes. Segundo, no confundir el derecho al estudio con el derecho al título. O sea que todos deberían poder intentarlo pero sólo quienes estén dispuestos a hacer el esfuerzo suficiente conseguirlo. Y no hace falta irse a Harvard para ello, porque en España hay centros donde esto se entiende bien y se pone en práctica. Es cuestión de replicar, en la medida de lo posible, sus buenas prácticas.

*Nota de los editores: adjuntamos la prueba de razonamiento, traducida por Flavia Villar



miércoles, 30 de enero de 2019

Algunos mitos sobre la diferencia entre Taxi y VTC

La ley de Rendimientos Decrecientes (explicación que se entiende)

La Ley de Rendimientos Decrecientes es, en economía, un patrón empírico por el cual los rendimientos obtenidos tras la incorporación de factores productivos adicionales siguen una tendencia decreciente o menguante. Pero no saquemos conclusiones precipitadas y veamos qué debemos entender por tendencia decreciente. Un ejemplo sencillo Supongamos que un restaurante, ante una afluencia de clientes cada vez mayor, opta por aumentar su plantilla con un nuevo camarero. La incorporación de este trabajador adicional implica, por poner un ejemplo, un beneficio extra de 5.000 euros. Supongamos, asimismo, que toda la nueva afluencia de clientes sigue sin ser satisfecha por completo, motivo por el cual el restaurante decide contratar un segundo trabajador adicional, con el que se consiguen otros 4.000 euros de beneficios extra más. Es a este descenso del incremento de los rendimientos de 5.000 euros a 4.000 euros al que denominamos “Ley de Rendimientos Decrecientes”, y es al progresivo incremento positivo que se produce a la inversa al que denominamos “Ley de Rendimientos Crecientes”. Finalmente, la situación por la que los incrementos son siempre de cuantía idéntica se denomina “Ley de Rendimientos Constantes”. Decrecientes no quiere decir negativos Como se acaba de comprobar, la ley de rendimientos decrecientes no alude a niveles de producción inferiores a los alcanzados antes de incorporar nuevos inputs al proceso productivo. En el caso explicado anteriormente, catalogado como un típico ejemplo de rendimientos decrecientes, la producción -en términos de beneficios o rendimientos- ha aumentado 9.000 euros: 5.000 + 4.000. El punto extremo de la Ley El punto extremo de la ley sería, siguiendo el supuesto anterior y empleando números sencillos, aquel en el que el rendimiento conseguido por el último factor de producción incorporado fuese  “0” o incluso inferior. Así, podríamos suponer una tendencia de beneficios tal: 5000 + 4.000 + 3.000 + 2.000 + […]

La entrada La ley de Rendimientos Decrecientes (explicación que se entiende) aparece primero en El Captor - Economía y Opinión.



martes, 29 de enero de 2019

Las guerras del Taxi

de Antonia Díaz y Luis Puch

La introducción del sistema de plataformas digitales ha revolucionado el sector de los VTC y, de paso, ha puesto a los taxistas en pie de guerra. La guerra es la conocida por todos: entre los que estaban y los que llegan, entre los propietarios (operarios) de tecnologías que se quedan obsoletas y los propietarios (operarios) de las nuevas. La virulencia de bloqueo de ciudades y lunas rotas (o peor) tampoco es nueva, pero resulta cada vez más insoportable. Los taxistas quieren que se cumpla la legislación existente, ya que dicha legislación está en buena medida destinada a entorpecer el negocio de los VTC (como explicó Gerard Llobet aquí, con antecedentes aquí, y aquí, y con jugosos comentarios en todos). Los propietarios de las licencias VTC quieren la coexistencia sabiendo que la tecnología está de su parte. Las Administraciones Públicas en sus distintos niveles parecen incapaces de desarrollar una legislación que regule el sector de una forma satisfactoria, a pesar de que la abundante experiencia internacional debería contribuir ya a desbloquear el caso español. En este post queremos apuntar algunas consideraciones que son necesarias para mantener un debate informado.

Datos: el caso de Madrid

Según la D.G. de Gestión y Vigilancia de la Circulación, “Estudio del Servicio del Taxi·, Abril de 2017”: El Ayto. de Madrid tiene 15.723 licencias (cada licencia equivale a un DNI). El 60.64% solo tienen un conductor adscrito. Hay 20.691 conductores, de ellos el 73% son titulares de licencia y el 27% son contratados. El 83,86% de los titulares lo son de una única licencia y el 9,63 lo son de dos licencias. El tiempo máximo de prestación por licencia es 16 horas al día. Es decir, de acuerdo con las cifras de las que disponemos, el modelo de gestión de la actividad del taxi es del trabajador autónomo (altamente regulado). La ratio licencia por 1000 habitantes era 3,87 en 1996 y en 2017 es 2,97. Para conducir un taxi hay que tener la ESO y pasar un pequeño examen (el carné BTP se suprimió desde 2016). Las licencias administrativas son baratas (unos 500€ en Madrid, como cifra que maneja la prensa en estos días), pero las nuevas licencias están muy restringidas, o directamente no las hay.

Las tarifas están reguladas. Esta regulación tuvo sentido en un mundo sin plataformas digitales para evitar los problemas informacionales en la fijación de precios a pie de calle entre cliente y taxista (ya sabemos que el proceso de regateo en un mundo de emparejamiento aleatorio lleva a menos intercambio). La nueva tecnología permite la fijación de precios ex–ante. ¿Quiere esto decir que sólo queda desregular completamente el mercado de transporte de pasajeros por automóvil? No, pero la regulación de tarifas ha de justificarse de otra manera, como explicamos luego. Las radioemisoras que se usan para gestionar las reservas de taxi, actúan de facto como sindicatos unificando criterios de servicio, calidad (o deberían; la calidad es la gran víctima del sistema), etc. En Madrid, hay menos de 10 radioemisoras. Por otro lado, las grandes empresas tienen acuerdos de tarifas con ciertas flotas de taxi para los traslados de sus empleados durante la jornada laboral. Las Apps digitales pueden dejar obsoletas las radioemisoras y los acuerdos privados mencionados, y cada vez están más al alcance de cualquiera.

La regulación es similar en la mayoría de los países de la Unión Europea (un informe se puede consultar aquí). En casi todos los países de la UE las licencias son locales, expedidas por los ayuntamientos. El rasgo más distintivo de la regulación del taxi en España respecto a otros países de la UE es que la validez de las licencias, aunque también sean transferibles en otros países, no tienen límite temporal ni condicionante alguno. Es decir, en España se otorga un derecho a perpetuidad a explotar un taxi. Esto contribuye a que las licencias alcancen precios sustanciales en el mercado secundario. Ahora mismo, el precio medio de una licencia en Madrid es unos 150.000 euros, pero ha llegado a estar muy por encima. Dicho precio debería reflejar el valor presente descontado de los beneficios que genera una licencia de taxi en cada momento del tiempo.  Sin embargo, la eventual necesidad de racionamiento de la oferta y las tarifas reguladas no pueden justificar tan elevado rendimiento de la inversión para algunos, y mucho menos cuando dicho rendimiento es ya puramente especulativo. ¿Cómo se mitigan las pérdidas de los que compraron licencias en la burbuja? Diversas fuentes han propuesto el diseño de un soporte financiero que el sector pueda afrontar a costes moderados (al estilo “costes de transición a la competencia” para las eléctricas). Por supuesto, el soporte ha de excluir las licencias ya amortizadas.

El mundo de las VTC está caracterizado por no poder circular buscando clientes, no poder usar el carril bus, y por tener el precio pactado. Debemos recordar que Uber tal y como opera en España no es el de otros países: Aquí, los conductores de Uber y Cabify, por poner los ejemplos más populares, son trabajadores a sueldo de la empresa. Actualmente en Madrid hay unas 6.000 licencias de VTC que también se conceden a perpetuidad, una por vehículo. Los precios de las carreras no están regulados; varían según el momento del día, etc. La revolución tecnológica ha hecho que una plataforma digital haga el trabajo de una radioemisora y, además, cumpla eficazmente el objetivo de control de calidad del servicio. La consecuencia: “todos” estamos encantados con la amabilidad de los conductores VTC, de viajar en coches nuevos y limpísimos, y de las botellitas de agua con que nos obsequian al empezar el trayecto (es urgente que se confeccionen encuestas para medir el grado de satisfacción de los usuarios de taxi y de VTC en España).

Preguntas básicas

El problema fundamental que tenemos es que ambos proveedores de transporte de pasajeros tienen regulaciones de explotación muy diferentes y pelean por la misma demanda. Esto es lo que hay detrás de los graves conflictos que vemos estos días. El 24 de enero de este año la CNMC publicó en su blog un post con varias preguntas que nos parece una buena guía para apuntar ideas que compongan un nuevo marco regulatorio del sector.

  1. 1. ¿De verdad necesitamos un número limitado de operadores?

Debemos diferenciar entre vehículos y empresas. Si nos referimos a los vehículos nuestra respuesta a la pregunta es rotundamente sí. Los vehículos congestionan las ciudades y son responsables de la mayor parte de las emisiones. Lo difícil es saber cuántos vehículos debemos tener circulando por nuestras calles y si debe haber límites diferentes para vehículos eléctricos. Otra cosa diferente es el número de empresas, que no debería estar limitado para favorecer la competencia. En este sector existen límites naturales a la escala (¿cuántos vehículos pueden circular por las calles?) Obviamente, limitar el número de vehículos opera, al final, como un límite a la competencia entre empresas. Esta tensión entre coste social (congestión de tráfico y contaminación) y beneficio individual (mejor servicio) hace que, necesariamente, el gobierno (central, autonómico o local) tenga que regular el sector. Por supuesto, un sector eficiente puede sustituir al vehículo privado, lo que constituye una razón adicional para regular. En un mundo ideal donde la regulación fuera la óptima, el valor de las licencias en el mercado secundario reflejaría las rentas extraordinarias que correspondan por las restricciones legales al servicio, y también el valor social de la externalidad que los vehículos imponen al resto de la sociedad: algo que se puede evaluar para adaptar la regulación. En particular, puede ser necesario reformar el proceso administrativo de concesión de licencias para que dejen de tener una validez indefinida e incondicional, y con ello aproximar el precio de las licencias al de mercado.

  1. 2. ¿Son razonables las diferencias en cuanto a libertad de precios y otras condiciones de prestación de servicios?

No, creemos que ciertas diferencias no son razonables. En particular, la diferencia de precios dentro de los centros urbanos. Las plataformas digitales, las Apps, hacen un buen trabajo discriminando precios. El precio es mayor cuando hay más tráfico. Esa es una buena manera de luchar contra la congestión y la contaminación. Sería bueno aprovechar esa característica de la formación de precios de los VTC (los taxis deberán cambiar las viejas radioemisoras por Apps similares y preocuparse más por la calidad del servicio). Podría tener sentido mantener la diferencia regulatoria en viajes en el área metropolitana (que los taxis siguieran ofreciendo precios regulados y los VTC los precios libres) y segmentar el mercado. Hay otras diferencias que deben ser eliminadas por razones de seguridad y protección de los consumidores, como los requisitos para poder conducir un taxi o un vehículo VTC, a la vez que se armonizan los seguros contratados o la fiscalidad. De igual manera se debe evitar diferencias arbitrarias entre taxis y VTC en materia de horarios, calendarios, estándares laborales, etc.

  1. 3. ¿Es realmente necesaria una compartimentación geográfica?

En la pregunta 1 hemos hablado de los límites naturales (geográficos) a la escala de explotación de las empresas VTC. Ahora mismo, un taxi de Madrid no puede operar en Barcelona y viceversa. Igualmente, un vehículo VTC de Madrid no puede operar en Barcelona. ¿Es esto razonable? Creemos que la congestión del tráfico y la contaminación de las ciudades necesariamente lleva a que las autoridades locales vigilen estrechamente el número de vehículos que puedan circular por sus calles. Esto es muy difícil si se tiene una flota variable de vehículos. Y eso nos dice que una liberalización geográfica total será dañina socialmente, aunque la compartimentación pueda implementarse a nivel metropolitano, comarcal o insular (liberalización geográfica parcial). Además, distintas áreas pueden desear optar por modelos de movilidad alternativos.

Medidas adoptadas hasta la fecha

El Real Decreto-ley 13/2018 es un caso de mala legislación que no va a contentar a ninguna de las partes enfrentadas en el conflicto y que no responde a los criterios de bienestar social que hemos apuntado. No se trata de que las VTC dejen de prestar servicio urbano sino de facilitar su entrada con una legislación armonizada de taxi y VTC. En particular, las medidas adoptadas por el gobierno de la Comunidad Autónoma de Cataluña dan soporte legislativo a una concepción obsoleta del funcionamiento del sector. El conflicto sigue en la Comunidad de Madrid mientras el Ayuntamiento baraja la posibilidad de imponer una distancia mínima entre cliente y vehículo a la hora de contratar el servicio de VTC. Dichas limitaciones, sean de espacio o de tiempo, están sujetas a todo tipo de arbitraje con los efectos perversos que se pueden imaginar (más recorridos para más contaminación y congestión), por lo que difícilmente parecen de equilibrio.

En definitiva, las medidas adoptadas hasta la fecha están dirigidas a proteger las ganancias del taxi, y van en la dirección de aumentar la disparidad regulatoria, no de reducirla. Se equivocan las autoridades públicas si piensan que así defienden mejor el carácter de servicio público que debe tener el transporte de pasajeros en las áreas metropolitanas.

Para concretar

No está en el ánimo de este post defender medidas particulares porque creemos que, hasta el momento, no disponemos de buenas estadísticas para poder tener un retrato veraz del sector de transporte de pasajeros por automóvil. Pero, para resumir y a riesgo de que resulte apresurado, creemos que una buena legislación debería componerse de medidas del siguiente tipo:

1. Una unificación de la legislación para ambos, taxi y VTC.

2. Ayudas a los taxis para adoptar la plataforma digital o App y abandonar las radioemisoras.

3. Dejar la tarifa regulada para desplazamientos metropolitanos y para los clientes que paren taxis en la calle. Los usuarios de la App tienen precio pactado de antemano y cambiante según condiciones de la demanda, el tráfico, etc.

4. Limitar la validez temporal de las licencias, y definir los ámbitos metropolitanos, comarcales o insulares.

5. Establecer un fondo de transición a la competencia (muy fino) para compensar la devaluación de las licencias existentes de los taxistas autónomos.

Posibilidades

Imaginemos un mundo donde los taxis han abandonado las viejas radioemisoras y usan una App para gestionar la entrada de llamadas. Esa App se puede usar para controlar la calidad del servicio. Pensemos que esa App combina el precio libre precontratado como en VTC con la tarifa regulada para el trayecto metropolitano. Esa App permite que el trabajador autónomo del taxi organice eficazmente su jornada. De hecho, uno de los grandes potenciales de esas plataformas digitales es que posibilita la reducción en la escala de producción: elimina costes de gestión para un trabajador autónomo. Es decir, permite un modelo más cercano a la competencia perfecta sin los costes informacionales o tecnológicos a los que tradicionalmente se enfrentaban los mercados dominados por microempresas. El peligro que supone la competencia de las VTC es que el sector acabe en manos de un gran gigante tecnológico que fije precios de monopolio (¿puede que no?). ¿Cómo se garantizan precios (a la vez que estándares) más competitivos, también a largo plazo? No es fácil, pero se puede empezar con las licencias. Una persona física o jurídica no puede acumular un número de licencias superior a X, donde X lo fija la autoridad pertinente de acuerdo a un criterio de bienestar social. Lo que es claro es que la tecnología no opera sólo en la dirección de otorgar a las empresas una mayor capacidad de explotar su poder de mercado. La tecnología también permite descentralizar la producción, y queda mucho que observar y analizar antes de poder hacer una predicción de cuál va a ser el resultado de esta transformación tecnológica de nuestras economías.



lunes, 28 de enero de 2019

Temporalidad: ¿buenas intenciones con malos resultados?

"Le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos". Es un chiste de Forges, pero también una broma pesada cercana a la realidad. El 28% de los contratos temporales dura menos de una semana y el 42% menos de un mes. Es muy duro para los trabajadores organizarse la vida con secuencias repetidas de empleos tan cortos y periodos de paro.

Para luchar contra el abuso en los contratos temporales de corta duración, el Gobierno aprobó una nueva medida a finales de 2018. En los contratos temporales a tiempo completo de duración igual o inferior a cinco días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementa en un 40% con respecto a los contratos temporales más largos. Es decir que, en vez del 23.6% que paga el empresario en el régimen general, por estos contratos pagarán ahora un 33% sobre la base de cotización (que puede no coincidir con el salario, porque hay topes mínimos y máximos). Además se incluye a los contratos de interinidad, antes exentos. Por último, se aumenta el periodo de cotización reconocido al trabajador a efectos de una serie de prestaciones, en la misma proporción (1.4 días por cada día de trabajo en un contrato corto).

España no es el único país que grava más los contratos cortos. Francia introdujo en 2013 un impuesto equivalente al 3% del salario bruto para los contratos inferiores a un mes e igual al 1.5% para los de 1 a 3 meses. Y Portugal aumentó en 2014 la cotización empresarial en 4 puntos porcentuales para los contratos de menos de 15 días.

¿Tendrá la medida recién adoptada en España un gran impacto sobre la duración de los contratos temporales? Tanto la evolución reciente de la temporalidad como el análisis económico indican que no. Resulta que los contratos temporales cortos ya tenían desde 2009 una penalización en la cotización del 36% si duraban menos de 7 días. Y a pesar de ello, esos contratos han seguido aumentando, del 19% en 2009 al 28% actual, como nos contaron aquí varios colegas. Tampoco parece que esta medida haya hecho mucha mella en la tasa de temporalidad: el 22% de los asalariados tenía un contrato temporal en 2013 y ahora son el 27.4%.

¿Cómo eligen las empresas la duración de los contratos temporales? Los menores costes de despido de los contratos temporales seguramente están detrás de su uso, en detrimento de los contratos indefinidos. Una vez deciden usar contratos temporales, si tienen determinadas actividades cuya duración es corta, preferirán usar para ellas contratos cortos. (*) Equivocarse en la previsión de la duración de la actividad al firmar el contrato tiene un coste para la empresa. En España, si una empresa termina un contrato temporal antes de la fecha prevista, la indemnización sube hasta la correspondiente a un contrato indefinido, por lo que normalmente preferirá mantener al trabajador hasta que venza su contrato. En Francia está directamente prohibido terminar el contrato temporal anticipadamente.

Partiendo de esta idea, un trabajo de P. Cahuc, O. Charlot, F. Malherbet, H. Benghalem y E. Limon, titulado "Tributación de los empleos temporales: ¿Buenas intenciones con malos resultados?", nos ayuda a entender por qué aumentar las cotizaciones sociales de los contratos cortos puede no funcionar. Estos autores elaboran un modelo matemático que capta los aspectos esenciales de las decisiones empresariales sobre el uso de contratos indefinidos o temporales y la duración de estos últimos.

El trabajo muestra que gravar más los contratos temporales cortos no necesariamente induce a las empresas a sustituir contratos cortos por otros más largos. La razón es que el aumento de las cotizaciones tiene otro efecto que va en sentido opuesto: eleva los costes laborales y por tanto reduce la demanda de trabajo por parte de las empresas. Por ejemplo, es improbable que los contratos de 7 días se transformen en contratos de un mes tras penalizar los contratos de menos de un mes, pero puede ser rentable reducir la duración de los contratos de 7 a 6 días, pues las empresas tienen incentivos para reducir la duración de los contratos temporales cuando estos son menos rentables.

Dado que hay efectos que van en sentidos opuestos, evaluar el efecto neto de la penalización debe determinarse analizando los datos. Cahuc y sus coautores realizan una estimación empírica de su modelo con datos de la economía francesa y comprueban que reproduce adecuadamente la duración de los contratos temporales en Francia. A continuación usan el modelo como un laboratorio, viendo cómo se comporta la economía con distintos valores de la penalización de los contratos cortos.

La evaluación del modelo para Francia, donde la penalización empieza a partir de un mes, revela que los empresarios dejan de firmar contratos de 23 a 30 días y aumentan los contratos de 31 días. Sin embargo, los contratos de menos de 23 días se vuelven más cortos y la duración media del total de contratos temporales cae ligeramente. Esto, unido a una caída de la tasa de salida del paro, lleva a una subida (muy pequeña) de la tasa de paro. Lo mismo sucede si la penalización se aplica a partir de 1 semana, como en España hasta finales de 2018.

Si bien los autores no estiman el modelo para el caso español, esta conclusión seguramente es relevante para nuestro país, por la similitud cualitativa de las regulaciones laborales en ambos países (como discutimos hace tiempo aquí).

Que la duración media de los contratos temporales caiga es un resultado muy chocante, dado que el objetivo de la penalización es reducir la rotación laboral. El camino al infierno está empedrado con buenas intenciones, pero suele hacer falta un análisis riguroso para detectarlo. Aunque los economistas solemos preferir medidas que alteren los precios en vez de limitar las cantidades, los resultados anteriores favorecen propuestas alternativas para elevar la duración de los contratos, en la línea del contrato único o del contrato unificado, que restringen la disponibilidad de los contratos temporales.

 


(*) Esto no implica que sea socialmente óptimo que las empresas utilicen secuencias de contratos muy cortos, a menudo recontratando al mismo empleado ("recall"). Este comportamiento entraña un coste social (una externalidad), por lo que están justificadas políticas públicas que hagan que las empresas sufraguen ese coste (ver este trabajo de Blanchard y Tirole).



27/01/2019 – El Día – Las lecciones que deja la crisis venezolana

Las estimaciones de inflación en tierras bolivarianas oscilan entre un millón y diez millones por ciento, ilustrando el desolador panorama económico de un país que ha perdido completamente su moneda, hundido en la pobreza al 85 % de su población y reducido su PBI un 50 % en los últimos diez años.

Pero la economía venezolana no estuvo siempre tan mal, entre mediados del 2011 y junio del 2012 tenia una inflación del 19,2 % y su economía creció, según los datos del Banco Mundial, 5,6 % en 2012.

El petróleo, que representaba entonces el 25% del PBI y el 96 % de las exportaciones, cotizaba 103 dolares por barril, lejos del record de 140 que había tocado en lo peor de la crisis financiera internacional del 2009.

De acuerdo a las estimaciones de Carlos Miguel Alvarez, de la consultora venezolana Ecoanalitica, entre 1999 y el 2015 el petróleo le reportó al país que da al caribe, un billón de dólares de ingresos, lo cual permitió financiar las políticas redistributivas de Chávez primero y Maduro después.

Los desequilibrios empezaron cuando el precio del petróleo se derrumbó en el 2009, pero la rápida recuperación ayudó a disimular las inconsistencias de una expansión fiscal que solo era posible gracias al boom del oro negro.

En vez de reconocer que el país ya no era tan rico como antes, que el Estado no tenía tanto dinero y que el dólar, en virtud de ser mas escaso, tenía que aumentar, la “Revolución Bolivariana” prefirió construir el relato de que la expansión económica que se había producido desde 1999 era producto del “Socialismo Siglo XXI”, por lo tanto no era posible asumir que, como dicen los americanos, “el ponche se había acabado”.

Para 2012, el déficit financiado con la maquinita del Banco Central Venezolano hizo que la cantidad de dinero creciera al 70 % empujando la inflación e iniciando un camino que sería cada vez mas insostenible. Déficit cada vez mas grande, emisión monetaria cada vez mayor e inflación que se fue acelerando hasta convertirse en hiper.

La respuesta del gobierno a la consecuencia de sus acciones fue por tres vías; el establecimiento de un cepo para no devaluar, expropiación masiva de campos primero y empresas después, convencido de que estaba en una guerra económica, y por último la sanción de una “Ley de Costos y Precios Justos”, que sostenía que “los abusos flagrantes del poder monopólico en muchos sectores de la economía han originado que la base de la acumulación de capital se materialice en los elevados márgenes de ganancia que implica el alza constante de precios sin ninguna razón más que la explotación directa e indirecta del pueblo”.

Similitudes y diferencias

Que la economía Argentina no es la venezolana, está claro. El agro genera directa e indirectamente dos terceras partes de los dólares que necesita el país, pero solo representa el 7% del PBI y la estructura productiva, aunque subdesarrollada, está mucho mas diversificada que la venezolana. Consecuentemente, el comercio exterior está también menos concentrado en nuestro caso; mientras que el 70 % de las exportaciones venezolanas es petroleo crudo y el 40 % de los envíos van a los Estados Unidos, las exportaciones de productos primarios explican el 22 % del comercio argentino y nuestro principal socio comercial, Brasil, acapara solo el 15 % de nuestras ventas externas, con mayor predominio de manufacturas de origen industrial.

La ilusión de riqueza

En lo que sí se parecen de manera notable es en que los ciclos económicos de ambos países son fuertemente dependientes de los precios internacionales de los commodities, aunque el mecanismo de transmisión opera por distintos canales. En Venezuela cuando sube el petróleo tracciona directamente sobre el PBI por su enorme dependencia de esa producción.

En Argentina, cuando sube la soja relaja la restricción de divisas y permite, por un lado que la industria se expanda con menos cuello de botella y, por el otro, que se abarate el dólar y la clase media experimente un aumento de su poder adquisitivo, medido en bienes durables como autos y electrónicos, de fuerte contenido aspiracional.

La sustentabilidad de estos procesos es endeble y depende de cuanto duren los buenos precios en el mundo. No está basada en aumentos sostenidos de productividad, en la acumulación de capital, en el avance tecnológico, en la consolidación de instituciones. No es progreso, es fortuna.

Los problemas vienen cuando el petróleo ya no se coloca a 140 dólares el barril, sino a menos de la mitad y cuando la soja ya no vale 600 verdes, sino 300. Entonces, en vez de devaluar, señalando que ahora las divisas ya no son tan abundantes y aceptar el ajuste en el consumo que implica ser menos ricos, lo que hicieron Venezuela y Argentina, en esto de manera casi calcada, fue pretender engañar a la gente. No aceptaron devaluar, pero entonces tuvieron que poner sendos cepos, no bajaron el gasto público, en sintonía con la caída de los recursos, imprimieron billetes para tapar un agujero cada vez mas grande. Finalmente atacaron a los que producían, acusándolos por las consecuencias obvias de sus políticas.

Es importante entender, que hasta el 2012, Venezuela era la Argentina del 2015 y que fue la insistencia en seguir aumentando el déficit, imprimir una cantidad creciente de billetes, profundizar el atraso cambiario y combatir “a lo Moreno” a los empresario, lo que aceleró la crisis.

Esta claro también que Cambiemos hizo prácticamente todo mal después de las elecciones del 2017 y que adoptó una estrategia demasiado gradualista para resolver los problemas heredados.

Pero lo que estamos viendo en Venezuela, es lo que hubiera pasado en Argentina si seguíamos por el mismo camino.



La Guerra Civil española desde un punto de vista económico

Ríos de tinta han corrido sobre la guerra civil española. Películas, ensayos, novelas, documentales, etc. Es un tema difícil de abordar desde la objetividad a pesar de los años ya transcurridos. Sin embargo, se echa de menos más información sobre las circunstancias económicas que hicieron que se produjera. España no era en aquella época, ni es ahora, una isla económica, sino que se veía influida por los acontecimientos que ocurrían en el resto del mundo. La Gran Depresión del 29 no sólo afectó a Estados Unidos, sino que tuvo un impacto negativo en la economía de todo el mundo. En Estados Unidos hubo un período de alto crecimiento durante los felices años 20,y tras el crack bursátil de octubre del 29, una Gran Depresión económica que terminó con la segunda guerra mundial. En España también hubo un periodo de crecimiento en los años 20, durante el régimen de Primo de Rivera, y una especie de crack financiero, con la devaluación de la peseta, para dar paso después a una crisis económica que desembocó en la guerra civil. El auge económico en España a partir del 1920 se debió principalmente a la participación del sector público en la actividad económica. Obras hidráulicas, Circuito Nacional de firmes especiales en carreteras, expansión ferroviaria, infraestructuras de puertos, exposiciones internacionales de Barcelona y Sevilla, etc. consiguieron que la renta nacional real subiera un 20% de 1921 a 1929. Esta política, sin embargo, produjo grandes déficits fiscales, y la deuda pública en circulación pasó de 11.882 millones de pesetas a 20.084 entre 1921 y 1929.En 1928 el capital extranjero empezó a abandonar España y se inició una depreciación progresiva de la peseta, alimentada por el mencionado déficit presupuestario del Estado. Según el historiador Eduardo González Calleja: “La retirada de la confianza de las fuerzas económicas tuvo […]

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domingo, 27 de enero de 2019

Cine sobre Economía y Economistas en el Cine

Ya sea mediante el uso de videos cortos en clase o la proyección de películas, el uso del cine en la enseñanza en economía se está haciendo cada vez más habitual. Seguramente porque la docencia en general, y en nuestra disciplina en particular, se enfrenta a muchos desafíos. Para empezar, los docentes tenemos que competir con el hiperestimulante mundo de ahí fuera. Después porque, como apuntaba Ariel Rubinstein hace unos años, la economía no suele ser una disciplina vocacional; pocos niños y niñas sueñan con ser economistas de mayores (la imagen que proyecta la profesión no ayuda). Finalmente, tenemos que luchar por que nuestro alumnado sienta que los conceptos que intentamos transmitirles le son cercanos y concretos. El cine puede ser muy útil para ello. De hecho, en varias entradas en este mismo blog, Pedro Rey-Biel nos ha contado cómo pueden usarse clips para enseñar teoría de juegos y ciclos de películas para que nuestros alumnos y alumnas comprendan que la economía nos ayuda a entender mejor el mundo. En ocasiones la relación entre cine y economía está muy clara. Un ejemplo en el caso de La gran apuesta, de la que también nos habló Pedro, o el puñado de series y películas protagonizadas por economistas a las que Planet Money, el estupendo podcast que Gerard nos recomendó en esta entrada, ha dedicado varios audios. Pero la relación entre la economía y el audiovisual es insospechadamente dilatada y fructífera.

Para explorar y mostrar esa relación, llevo unos meses inmerso en la escritura de un libro sobre cine y economía titulado Capital y Trabajo: 50 películas esenciales sobre (la) economía, de próxima aparición en estupenda colección Filmografías Esenciales de la Editorial UOC. El propósito del libro es sencillo: reseñar medio centenar de films fundamentales para entender la economía, como realidad social y como ciencia. Y hacerlo de una manera atractiva, tanto para quienes quieren aprender economía, o sobre la economía, a través del cine, como para quienes les interesa el cine con una temática económica.

Como aperitivo, les dejo aquí la reseña de una película que no estará entre las 50 elegidas pero que creo ilustra muy bien lo que será Capital y Trabajo. Se trata de Jack Ryan: Operación Sombra, que tampoco pasará a la historia del cine, pero que sí contiene una buena cantidad de conceptos económicos. También la he elegido porque, como sabrán si siguen la nueva serie de Amazon sobre este personaje creado por Tom Clancy, Jack Ryan es un economista de formación que trabaja para la CIA identificando flujos financieros sospechosos.

Antes de dejarles con la reseña quiero mencionarles que he creado un diario de trabajos en forma de boletín electrónico en el que voy contando lo que queda del proceso de documentación y escritura del libro. Allí voy hablando sobre mis progresos noticias e incluyendo material adicional. Pero también es una forma de recibir comentarios y sugerencias. Si gustan de suscribirse para estar al tanto de las novedades sobre Capital y Trabajo, pueden hacerlo en este enlace. Y ahora, que comience la proyección.

 

Jack Ryan: Operación sombra (Kenneth Brannagh, 2014)

 Tras el 11 de septiembre de 2001, las agencias de inteligencia norteamericanas acordaron que uno de los puntos clave en la lucha contra Al Qaeda era el cierre de sus fuentes de financiación. Ahogar el flujo de dinero limitaría su habilidad para perpetrar ataques tan grandes como el de las Torres Gemelas.  Esta lucha, casi siempre invisible a la población, se libra en los bancos de inversión y en los mercados financieros, instancias ya de por sí opacas y propensas a no preguntar por el origen o el destino del dinero. Y es que como dijo el emperador Vespasiano cuando su hijo le recrimino haber impuesto una tasa sobre la orina, “pecunia non olet”: el dinero no huele.

Ese es el punto de partida de Jack Ryan: Operación sombra, reboot de la saga del personaje creado por el novelista Tom Clancy en los 80 y que fue encarnado por Alec Baldwin y Harrison Ford en los 90, y por Ben Affleck en los 2000. En esta ocasión, Ryan es un prometedor joven norteamericano que estudia economía en la prestigiosa London School of Economics mientras suceden los ataques contra Nueva York. El atentado le empuja a convertirse en marine para defender a su país. Ya desplegado en Afganistán, es herido de gravedad cuando su helicóptero es derribado. A punto está de no volver a caminar. Es entonces cuando llama la atención de un oficial militar agente de la CIA, interpretado por Kevin Costner, que le recluta por su talento para la economía. Ryan completa su doctorado y comienza a trabajar en un banco de inversión en Wall Street. Su misión es investigar cuentas que puedan pertenecer a organizaciones terroristas y reportarlas a sus superiores.

Después de estos minutos bastante aburridos, la trama se pone en marcha con una intriga geopolítica muy del gusto de Clancy: Rusia pierde una votación en las Naciones Unidos en la que aprueba la construcción de un gaseoducto a través del Cáucaso, lo que virtualmente pone fin a su monopolio sobre la distribución de gas natural en Europa. Como el gas ahora es más accesible y barato, el precio del petróleo cae irremediablemente. Y es que estas dos fuentes de energía son lo que en economía se llaman bienes sustitutos: los consumidores pueden usar uno u otro, por lo que cuando uno se abarata, la demanda por el otro se reduce. El problema para Rusia es que el petróleo es una de sus fuentes fundamentales de ingresos. El gobierno ruso entiende que la intervención de Estados Unidos en la votación como un acto de guerra económica así que decide tomar represalias.

Lo esperable es que las inversiones rusas se retiren de Estados Unidos y eso haga caer el valor del dólar. Pero ocurre justo lo contrario. Pese a las predicciones de una guerra comercial entre los dos países, huracanes y una marcha discreta de la economía, el dólar se aprecia. Algo muy extraño porque el valor de la moneda de un país refleja la confianza de los inversores en la fortaleza de su economía. Ryan descubre una serie de cuentas sospechosas que pertenecen al magnate ruso Viktor Cherevin, interpretado por el también director del film Kenneth Brannagh. Esas cuentas contienen enormes cantidades de bonos del tesoro estadounidense, es decir, enormes cantidades de dólares. Con estas órdenes de compra, Cherevin está manteniendo el valor del dólar artificialmente alto. Es lo que en la jerga macroeconómica se denomina una esterilización externa. El propósito ultimo de Cherevin es coordinar la venta masiva de dólares en los mercados internacionales con un ataque terrorista en suelo norteamericano. En la crisis financiera resultante (el índice Dow Jones de la Bolsa de Wall Street cayó un 7% tras abrir seis días después del 11-S), el dólar colapsaría hasta reducir la economía estadounidense a cenizas.

Esta conspiración rusa para acabar con la economía norteamericana ya aparecía en La Compañía, la novela de Robert Littell adaptada para la televisión como miniserie en 2007. En Jack Ryan: Operación sombra el ataque terrorista es llevado a cabo por agentes durmientes que posan como una falsa familia de emigrantes rusos, lo que recuerda inevitablemente a la trama de The Americans (2013-18). Y es que el principal problema de este reboot del personaje de Clancy es que, más allá de su formato de tecno thriller económico, es pura fórmula, una mezcolanza blanda y poco memorable de lugares conocidos.

Los rusos, como villanos de la función, son retratados dentro de los más estrechos estereotipos. Antes de partir a Moscú, el jefe de Ryan en el banco le dice “Eso el Salvaje Oeste. Los rusos aún están muy ideologizados. Pero su nueva ideología es el dinero.” No cabe duda de que Brannagh se lo pasó muy bien interpretando al malvado Cherevin, pero su retrato de un doliente, pasional y mujeriego oligarca es puro cliché. También es sangrante el rol al que se relega al personaje de Keira Knightley, que interpreta a la novia de Jack Ryan, que pasa la primera mitad de la película preocupada de que este tenga una amante para pasar a ser una damisela en peligro, un florero con poco más que hacer que gritar y hacer pucheros. Es necesario esforzarse mucho para suspender la incredulidad durante el último acto en el que Ryan y la CIA pugnan por desarticular el ataque y detener al agente responsable. Todo lo que sucede es disparatado e ilógico y para colmo concluye con la típica bomba con reloj en cuenta atrás.

Una de las virtudes que hicieron a Jack Ryan popular en el interregno que discurrió entre el James Bond de finales de los 80 y Jason Bourne en los primeros 2000 fue la de aunar humanidad con estilización. Ryan no era un seductor ni un violento sino más bien un analista y hombre de familia, que sin embargo se movía en las tecnificadas y glamurosas bambalinas del poder. Por no ser demasiado negativo, hay que reconocer que Jack Ryan: Operación Sombra conserva algo de ese poso. Lo mejor de la película es la impresionante escena de la lucha en la habitación de un hotel contra el esbirro enviado a acabar con Ryan a su llegada a Moscú y los naturales remordimientos que el personaje -bien interpretados por Chris Pine- siente después de haberse visto obligado a eliminarlo (con sumo esfuerzo). Todo lo demás es mediocridad disfrazada de excelente factura técnica.



Estamos perdiendo población natural. ¿Y qué?

En uno de los blogs de economía, o al menos en uno de los que a mí me gusta imaginar, se escriben provocaciones como esta; “Estamos perdiendo población natural, ¿y qué?”. Pero en primer lugar vayamos al gráfico y a la información que contiene. Según Eurostat, que en realidad no es otra cosa que el INE, desde el año 2009 en España se produce pérdida de población natural. ¿Qué es la población natural y cómo se calcula? La población natural es la población, por así decir, autóctona, y se calcula sumando nacimientos menos muertes. Un ejemplo con datos: en 2017 la población natural de España se redujo en más de 30.000 personas tal y como se puede apreciar en el gráfico. Sin embargo, la población total de un país no es solo el resultado acumulado de las variaciones anuales de población natural. Se compone también por flujos netos migratorios, es decir, entradas externas menos salidas internas. ¿Qué está pasando en España desde 2016 aproximadamente? Que la pérdida de población natural se está compensando con flujos netos migratorios positivos: más entradas externas que salidas, y que gracias a ello la población total de España se mantiene equilibrada. Por ejemplo, en 2017 este flujo positivo fue de algo más de 160.000 personas, suficiente para compensar la pérdida de población natural dicho año. ¿Esta circunstancia en su conjunto es adecuada o razonable, desde un punto de vista económico o ético, teniendo en cuenta además otras consideraciones como la tasa de paro o la desigualdad social? Simplemente voy a limitarme a decir; ahí lo dejo.

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jueves, 24 de enero de 2019

Impresiones sobre la economía ecológica tras una mesa redonda

Recientemente he participado en una mesa redonda sobre Economía, Ciencia e Ideología. Se trataba de uno de los actos de las jornadas Valladolid Piensa, Festival de Filosofía, que se dirigen al público en general, aunque entre la audiencia había bastantes estudiantes de Filosofía. En la mesa estaban también Óscar Carpintero Redondo (Economía), José Antonio Salvador Insúa (Economía), Pedro González Arroyo (Antropología-Filosofía) y María Caamano (Filosofía), todos de la Universidad de Valladolid. En la mesa redonda y en las preguntas del público se trataron los temas esperables dado el título: que si cuánto hay de ideología en Economía, que si es o no una ciencia o que si los modelos están obsoletos, entre otras cuestiones. Como suele ser costumbre, la mayoría de las críticas atacan a los modelos neoclásicos entendiendo, al parecer, que son toda la Economía moderna o que los supuestos simplificadores de algunos modelos son interpretados como una especie de dogma universal por parte de los economistas académicos. Pero no es mi intención en este artículo hablar de eso (ya lo hemos hecho aquí y aquí, por ejemplo, y seguramente lo sigamos haciendo en el futuro).

Lo más interesante de esta mesa, en comparación con otros actos similares en que he estado, es que la parte crítica con la economía académica no estaba en manos de un economista austriaco o marxista, sino en Óscar Carpintero, que defiende una corriente llamada Economía ecológica. Una de las críticas recurrentes era la falta de elementos en la economía académica para integrar en su análisis los problemas medioambientales. Refuté esta idea con los datos de cómo desde los neoclásicos hasta ahora la Economía no ha dejado de hacer tal cosa. Desde Pigou hasta el libro de texto de Baumol y Oates que algunos hemos disfrutado durante la carrera y, ya en tiempos actuales, la concesión del Nobel de Economía a Nordhaus por hacer precisamente eso que algunos creen que no se hace (sobre Nordhaus hemos escrito aquí y aquí) son tal vez los ejemplos más destacados. Con todo, me asombró la insistencia en esta cuestión a pesar de los datos en contra, así que he dedicado algún tiempo a mirar qué dicen en la Economía Ecológica sobre este tema.

Según entiendo, la crítica tiene que ver con que los métodos actuales de la Economía no podrán dar un valor adecuado al medio ambiente y, por tanto, no podrá usar sus métodos (por ejemplo, aquí). Como alternativa se proponen otros métodos de cálculo. Se me escapa la razón por la cuál la Economía no puede integrar el que se reconozca como el mejor método de cálculo para entender el valor del medio ambiente, pero esta no es la cuestión principal. Lo que quiero hacer ahora es compartir con los lectores cómo veo el problema y la posible solución para conciliar algunas posturas. Para ello usaré el ejemplo de los mercados de emisiones de gases de efecto invernadero.

Este mercado funciona así: el Estado decide cuántas emisiones se permiten anualmente, de manera que quien quiera emitir una unidad de CO2 a la atmósfera deberá obtener una unidad de permisos. Así se garantiza que no se emite más de lo decido. El Estado puede otorgar los permisos graciosamente o subastándolos, y quienes tienen permisos pueden emitir CO2 o pueden venderlos. El sistema garantiza que los permisos acaban en manos de quien más partido les saca y que el límite de las emisiones se produce al menor coste para la economía.

Falta un detalle: ¿cómo se decide la cantidad de emisiones? En un análisis neoclásico habría que calcular el coste de emitir una unidad, el de emitir dos unidades, tres,..., un millón, 2 millones,... mil millones,... Estos costes deben ser la suma de todo lo que le cuesta a cada individuo esas emisiones, tanto en impacto económico directo como en su valoración del resto de impactos medioambientales y en cómo afecta a las generaciones futuras. Una vez obtenidos, los costes formarían una curva de oferta de derechos de emisiones que, cruzada con la demanda, nos daría la cantidad de derechos y el precio al que se intercambiarán estos.

El problema es doble: por una parte, los individuos no tienen por qué tener una idea clara de cuáles son estos costes y, por otra, aunque los supieran, no hay manera de que se puedan conocer por quien vaya a simular ese análisis oferta/demanda. Incluso es concebible que los individuos prefieran que no se usaran sus estimaciones, por muy bien informadas que estuvieran, sino que se usaran otras que tuvieran en cuenta a las generaciones futuras de una manera distinta a cómo las tenemos en cuenta los individuos (aquí resumí un artículo de Chambers y Echenique sobre esta cuestión).

Por estas razones nadie usa el análisis neoclásico para hacer esta estimación. La crítica a la economía neoclásica por no incluir todos los costes o calcularlos mal es infundada. Los análisis de mercados de emisiones parten de un nivel de emisiones decidido políticamente, y una buena decisión política deberá considerar estudios medioambientales, ingenieriles y económicos. Si las llamadas Ecological economics, Econophysics o Physical economics o alguna otra son capaces de aportar al cálculo del número óptimo de emisiones, adelante.

No habrá ningún conflicto entre ese cálculo y la economía mainstream. Es más, si son correctos, esas nuevas metodologías para realizar los cálculos serán fácilmente adoptadas por la economía académica. Tan simple como eso.



miércoles, 23 de enero de 2019

¿Cómo hacer que la economía sea una profesión más atractiva para las mujeres?

Este año los Reyes Magos impidieron mi asistencia al congreso anual de la Asociación Americana de Economía, en Atlanta. Sin embargo, no me he querido perder esta sesión, que les recomiendo mucho, en la que cinco insignes economistas mujeres (incluyendo a Janet Yellen, Susan Athey y Marianne Bertrand) discutieron, no sobre si la economía tiene un problema con las mujeres (que ya se da por sentado, y de lo que hablamos hace poco aquí), sino sobre qué podemos hacer para resolverlo. (Así que si no están de acuerdo con la premisa, ya pueden dejar de leer). Por dar sólo un dato, en España en torno al 15% de los catedráticos de universidad en economía son mujeres, y la cifra apenas se ha movido en los últimos 20 años.

Esto me ha hecho preguntarme, como miembro de la comunidad, qué estoy haciendo y qué puedo hacer para intentar que la disciplina sea más female-friendly. Les contaré algunas cosas sencillas que he estado aplicando últimamente, a nivel individual. (Nota: Esta entrada se refiere a la profesión económica, pero sospecho que mucho de lo que digo se puede aplicar también a otras áreas. Aunque es verdad que otras áreas han estado avanzando a mejor ritmo en este ámbito.)

Me gustaría saber (en los comentarios) si hay compañeros con más ideas interesantes, y también la opinión de economistas jóvenes sobre qué otros cambios les parecerían útiles.

1) En mis clases de grado (de estadística), usaba power point heredados (muy buenos). En algún momento me di cuenta de que el 90% de los ejemplos eran sobre fútbol, coches o vino. Algunos ni yo misma los entendía bien (no sé de ninguna de estas cosas, ni me interesan). Sospecho que esto podría ser aún más acentuado entre mis alumnos y sobre todo alumnas de 18 años. Así que, inspirada por el trabajo de Betsey Stevenson, en los últimos cursos decidí ir cambiándolos por ejemplos sobre temas que me interesan a mí: salud, mercado laboral, políticas sociales, familia. ¿Quizá esto pueda aumentar el interés de las alumnas por la estadística?

2) En mis clases de máster, tuve la curiosidad de calcular el porcentaje de mujeres entre los autores de los artículos que tengo en la biliografía. Mi área está muy feminizada, y algunas de las personas más prominentes son mujeres. Aún así, el porcentaje no llegaba al 40%, que no está mal seguro comparado con otros cursos, pero en cualquier caso estaré atenta por si me estoy dejando artículos relevantes de colegas mujeres que pueda añadir.

3) Este año, en mi grupo propusimos cuatro nombres cada uno de economistas de otros centros para posibles invitaciones a impartir un seminario en mi departamento el curso que viene (luego habrá que votar). Propuse cuatro mujeres (aunque sigue habiendo más hombres que mujeres en la lista conjunta de candidatos).

4) Durante los seminarios, intento hacer preguntas y comentarios que sean constructivos pero no hostiles, sobre todo si la persona que está presentando es junior (reconozco que esto es work in progress). También intento no ser más agresiva cuando la ponente es mujer (había notado esa tendencia inconsciente). En la sesión que enlacé arriba se discute extensamente sobre la percepción de que la cultura en la profesión económica en general, y las intervenciones en los seminarios en particular, es (innecesariamente) agresiva. Estoy convencida de que se puede comunicar el mismo contenido con mejores formas, y sin faltar al respeto. Pero a veces me doy cuenta de que replico inconscientemente las actitudes observadas a mi alrededor durante más de 20 años. Ser amable no te hace menos serio.

5) Cuando participo en la organización de congresos o talleres, intento que se invite a mujeres, y no sólo como discussants (es decir, para comentar la investigación de otros), sino como ponentes y en sesiones invitadas y plenarias.

6) Cuando tengo que decir que no a alguna invitación interesante, intento proponer a colegas mujeres como sustitutas.

Repito que he enumerado sólo medidas que intento aplicar a nivel individual. Hay todo otro conjunto de medidas que se podrían aplicar (y algunas se están aplicando) a nivel institucional, sea de departamento o universidad, o de asociación profesional. Por ejemplo, el Comité sobre la situación de la mujer en la economía (COSME) de la Asociación Española de Economía lleva a cabo distintas iniciativas, que pueden consultar aquí. Si quieren saber más sobre la situación de la mujeres en economía en España, pueden consultar este informe reciente (aquí para EEUU).

Espero sus sugerencias en los comentarios.



martes, 22 de enero de 2019

Cómo (No) Aplicar las Enseñanzas "Behavioral" a las Finanzas

De Pedro Rey Biel  (@pedroreybiel)

En varias ocasiones, por ejemplo aquí, les he hablado sobre cómo cada vez son más las empresas e instituciones que están adoptando la experimentación y las enseñanzas de la economía del comportamiento para tomar mejores decisiones. Uno de los sectores en dónde ésto más se está notando es en el sector financiero: la mayoría de los principales bancos internacionales, y algunos nacionales, han creado pequeñas unidades "behavioral" qué colaboran junto con otros departamentos en la decisión sobre qué productos financieros crear, cómo venderlos o cómo aconsejar a sus clientes sobre cómo invertir en función de sus perfiles de riesgo, usando un enfoque que combina la intuición y la teoría proveniente del estudio psicológico sobre qué nos motiva y cómo tomamos decisiones con una metodología experimental de prueba y error antes de tomar decisiones finales.

Varias son las razones por las que creo que la economía del comportamiento ha calado hondo en el mundo de las finanzas. En primer lugar, dos de los temas claves de la economía del comportamiento son las preferencias ante el riesgo, algo inherente en un mercado tan incierto como el financiero,  y las preferencias intertemporales, que se plasman en cualquier decisión de ahorro o inversión que requiera renunciar a ciertos recursos hoy para tener mayores recursos en el futuro. Existe abundante evidencia empírica proveniente tanto de experimentos controlados de laboratorio como de campo, mostrando que gran parte de nuestras decisiones financieras se alejan de los patrones de la racionalidad, debido precisamente a que nuestro comportamiento ante la incertidumbre y el futuro  están lejos de ser estables: no experimentamos sentimientos de igual magnitud ante pérdidas que ante ganancias monetarias ("loss aversion"), tendemos a preferir consumir más en el presente que ahorrar para poder consumir más en el futuro, aunque luego nos arrepintamos, mostrando inconsitencia temporal, etc. Además, muchos de los sesgos cognitivos y emocionales que sufrimos (exceso de confianza, sesgo del status quo, comportamiento de rebaño, reglas mecánicas de decisón no basadas en la reflexión...) cobran especial relevancia en mercados como el financiero en el que nuestros "errores" pueden ser devastadores, Por último, la facilidad con la que se pueden medir las consecuencias de nuestras decisiones monetarias conlleva el que sea relativamente sencillo cuantificar las desviaciones del comportamiento de los agentes respecto a las prescripciones de un mercado eficiente habitado por individuos racionales.

Sin embargo, esta atracción hacia lo "behavioral" por parte del sector financiero tiene peligros en su aplicación práctica. Un reciente informe coautorado por Peter Brooks, director de la unidad de transformación del comportamiento de Barclays Bank, alerta de forma clara contra la aplicación directa de las enseñanzas psicológicas en aplicaciones financieras. En este sentido, el mensaje principal es que entender un listado de los "sesgos del comportamiento" a los que se enfrentan los individuos cuando toman una decisión con importantes consecuencias, sirve de muy poco, más allá de comprender que esos sesgos existen y alejan a los agentes económicas de decisiones óptimas desde el punto de vista de un modelo puramente racional.  Insisten los autores en que hacer que las "finanzas del comportamiento" funcionen en un institución, por ejemplo bancaria, "requieren integrar la psicología con los modelos que ya se usan en la institucióm, con los sistemas de información (IT), con los procesos de negocio y con la cultura organizativa de la empresa".

Aunque hablar de sesgos del comportamiento es atractivo e intuitivo, dando  a su vez la impresión de que es sencillo, sirve de muy poco hacer un listado de estos sesgos e informar a los agentes económicos de ellos. En primer lugar, porque cada sesgo tiene un contrario igualmente intuitivo y razonable que puede ser igualmente importante. Por cada "preferencia por la novedad" existe una preferencia "por mantenerse como estoy (status quo bias)", por cada "exceso de confianza en las propias capacidades" existe también una tendencia a dejarse llevar por lo que hacen los demás ("herding"). En segundo lugar, incluso informar a los agentes de sus propios sesgos se ha demostrado que evita en un grado mínimo el que se sigan comportando de acuerdo a ese mismo sesgo. Por ejemplo, conocer que uno ha sido inconsistente en sus decisiones temporales apenas influye en que lo sigamos siendo...¿cuántas veces ha interrumpido su dieta porque los postres que tenía delante parecían especialmente apetitosos?

Medir los sesgos individuales para poder calibrarlos es una paso en la buena dirección, pero con la que también hay que ser precavido.  Cambiar el comportamiento en una dirección determinada implica no sólo un profundo conocimiento de las motivaciones y limitaciones del individuo, sino también un programa sofisticado de experimentación con prueba y error, que mida los incentivos y los trucos psicológicos ("nudges") que no sólo influyen al individuo en la dirección correcta, sino también en la cuantía deseada.

Tengamos en cuenta que una de las enseñanzas principales del enfoque "behavioral" es que el comportamiento humano depende en gran medida del contexto. En este sentido, medir el grado de averisón al riesgo de un individuo ante unas ciertas loterías monetarias de unas cuantías determinadas (y normalmente bajas) puede no trasladarse directamente al comportamiento del mismo individuo ante otros riesgos. Los detalles sobre cómo se presenta la información y el contexto son fundamentales para extraer conclusiones generales.

Las dificultades de integrar un enfoque de economía del comportamiento en instituciones financieras provienen no sólo de las propias instituciones y sus restricciones, inercias y falta de agilidad, sino también de los propios académicos del área a los que nos cuesta adaptarnos a las necesidades eminentemente prácticas de estas entidades. Entender que una empresa no es un laboratorio y cómo generalizar las enseñanzas de la investigación básica a un contexto aplciado, requieren una predisposición mutua  por parte de ambos colaboradores.

Por tanto, evitemos que el brillo de un enfoque "nuevo" y atractivo nos lleve a utilizar las herramientas de la psicología y la experimentación de una manera subóptima. Entender el potencial, pero también el esfuerzo que requiere diseñar aplicaciones financieras serías y funcionales, será clave para que las finanzas del comportamiento pasen de ser una moda  a ser parte integral del proceso de toma de decisiones en las entidades financieras.



lunes, 21 de enero de 2019

Pensar en Vox o en Elefantes

Tras la Convención Nacional del PP, me pregunto: ¿son realmente liberales?

El pasado sábado tuvo lugar la convención nacional del PP. Para presentar el programa económico incorporaron a tres economistas que se autodefinen liberales y con los que he tenido innumerables debates desde hace años y con los que tengo una relación cordial: Daniel Lacalle, Carlos Rodríguez Braun y Lorenzo Bernardo de Quirós.

Los tres tienen mucha influencia ideológica de los denominados libertarios en EEUU. Por lo tanto, para ser más rigurosos en el análisis les denominaré libertarios. Los liberales en EEUU seríamos los socialdemócratas que estaríamos próximos al partido Demócrata.

convención nacional pp

1. El programa económico presentado en la Convención nacional del PP

 

Carlos Rodríguez Braun forma parte de la sociedad Mont Pelerin, creada en 1947 por Von Hayek y de la que formó parte Milton Friedman y muchos de los representantes de la escuela de Chicago. Ese grupo fue el centro de pensamiento de la denominada Revolución Neoconservadora liderada por Ronald Reagan en los años ochenta.

Daniel Lacalle es miembro del Instituto Misses en honor al economista austriaco Von Mises, maestro de Von Hayek. Para los que no le conozcáis, cuentan que en la primera reunión de la sociedad Mont Pelerin se discutía sobre la conveniencia de un impuesto sobre la renta progresivo y el profesor Mises abandonó la sala y acusó a Hayek y a Friedman de ser socialistas.

Y Lorenzo Bernardo de Quirós es miembro del Instituto Cato uno de los principales centros libertarios en la actualidad y especialmente crítico con los sistemas de pensiones, sanidad y educación públicos.

Viéndoles con el logo del PP detrás durante la Convención Nacional, me ha surgido una duda: ¿qué habrían pensado Hayek, Friedman y Mises de los gobiernos del PP? Ninguno de los tres conocían mucho de la economía española pero les habría sido muy útil el gráfico posterior con datos de Ameco de la Comisión Europea.

 

2. El PP y los impuestos (el de Aznar, Rajoy y Pablo Casado)

He usado los datos de ingresos públicos y gasto público excluyendo el pago de intereses de la deuda, corregidos del efecto del ciclo económico. Al eliminar el efecto del ciclo, se puede saber si los gobiernos nos han subido o bajado los impuestos o si han aumentado el gasto público y el peso del Estado o lo han reducido.

El PP ha gobernado España 15 de los últimos 22 años. He eliminado los años de gobiernos socialistas entre 2004 y 2010 y he mantenido 1995 y 2011 con gobiernos socialistas para poder comparar los efectos de las políticas de los gobiernos de Aznar y de Rajoy.

hayek y la convención nacional del pp

Von Hayek

Hayek, Friedman y Misses eran unos grandes defensores de la seguridad jurídica y del cumplimiento de la ley y, aunque fueran críticos con muchas leyes, nunca recomendaron incumplirlas. Deberían saber también que la deuda pública en España cerró 2018 en el 97% del PIB y que la ley de Estabilidad Presupuestaria aprobada por el PP en 2013 fijó como objetivo tener un 60% del deuda pública en 2020.

Los tres tenían gran conocimiento de economía y sabían que es imposible reducir la deuda pública 37 puntos de PIB en dos años sin provocar una depresión económica.

También deberían conocer la regla de estabilidad presupuestaria aprobada por los países europeos en 2011. Ésta exige a los países reducir los déficits estructurales en las fases expansivas del ciclo para compensar los déficits que generan las recesiones y cuyo mecanismo, por cierto, el PP ha incumplido sistemáticamente aumentando el déficit estructural desde 2014.

En 1995, antes de que Aznar llegará a la Moncloa, los ingresos públicos -eliminando el efecto del ciclo- eran el 37,3% del PIB. En 2003 (el último año que gestionó íntegramente su gobierno antes de abandonar la Moncloa) los ingresos eran del 37,9% del PIB.

 

Por lo tanto, los gobiernos de Aznar nos SUBIERON LOS IMPUESTOS a todos los españoles. La burbuja inmobiliaria provocó una intensa inflación y los salarios de las clases medias subieron intensamente entre 1996 y 2004, aunque la llegada de inmigrantes tenía un efecto composición que maquillaba las subidas, en los datos de la Agencia Tributaria (si se observa especialmente a partir del percentil 30 de renta).

Los gobiernos de Aznar mantenían constantes los tramos del IRPF y la subida de salarios provocaba que muchos españoles saltasen de tramo y pagaran tipos más elevados. Además, subieron infinidad de tasas, impuestos sobre la luz, el teléfono, el gas, el diesel, el tabaco  y precios públicos desde 1996.

En 2011, antes de llegar Rajoy a la Moncloa y Pablo Casado al parlamento, los ingresos públicos, eliminando el efecto cíclico, eran el 36,2% del PIB.  En 2017, último año de gestión completa del gobierno del PP, los ingresos públicos eran del 37,9% del PIB.

Por lo tanto, Rajoy y Casado nos han SUBIDO LOS IMPUESTOS a todos los españoles. Aquí la principal subida se debe al aumento del IVA que el PP aumentó tres puntos.

Rajoy deja los ingresos públicos en el 37,9% del PIB, el mismo nivel que los dejó Aznar en 2003. Por lo tanto, en cuestión de impuestos Aznar y Rajoy son iguales. De hecho, Rajoy fue vicepresidente de Aznar y los dos tuvieron al mismo ministro de Hacienda: Cristóbal Montoro.

3. Más que nunca los ciudadanos necesitan HONESTIDAD

El gasto público en 1995, excluyendo el pago de intereses y el efecto del ciclo, era del 38,1% del PIB. Y en 2017 el PP, después de gobernar durante 17 años 8 de ellos con mayoría absoluta, el gasto público era del 38,3%, ligeramente superior al que dejó Felipe González.

Recordemos que fue Aznar el que cedió las competencias de sanidad y educación a las comunidades autónomas cuando necesitaba los votos de los nacionalistas catalanes y vascos y hablaba catalán en la intimidad. Y que las comunidades gobernadas por el PP no han parado de aumentar el gasto público desde 1995. Esperanza Aguirre ha abierto numerosos hospitales y colegios públicos en los veinte años que gobernaba Madrid.

Recordemos también que Vox es una escisión del PP, que a Santiago Abascal no se le conoce una nómina en una empresa privada, que era cargo electo del PP cuando Aznar cedió las competencias de educación al PNV en Euskadi y a CiU en Cataluña, que siguió cobrando del PP durante quince años y sólo se animó a montar Vox cuando Esperanza Aguirre le cerró su chiringuito del que cobraba más que el Presidente del Gobierno de España. Por lo tanto, Mises, Friedman y Hayek no verían diferencias entre PP y Vox.

No creo que Friedman, Hayek y, sobre todo Misses, fueran muy defensores del PP después de ver estos números. Pero seguramente ellos sí habrían sido honestos en decir que si el partido propone bajar los impuestos, debería bajar el gasto público en mayor proporción.

 

MILTON FRIEDMAN y la convencion nacional del PP

Milton Friedman

 

Reducir deuda pública y el déficit público estructural próximo al 3% del PIB -y bajar los impuestos a la vez- sólo se puede hacer bajando el gasto, especialmente en pensiones, sanidad y educación, que explican la mayor parte del gasto estructural.

Esta honestidad intelectual es muy necesaria en democracia ya que permite que los ciudadanos tengamos información completa de los programas y los efectos del partido al que vamos a votar.

Y genera un debate entre diferentes opciones políticas. Información completa y con incertidumbre son condiciones necesarias de la economía neoclásica que defendían Hayek, Friedman y Mises.

Si esos supuestos no se cumplen, los economistas tenemos la sensación de estar en un lago helado que empieza a resquebrajarse, como afirmó Keynes en el obituario de Francis Edgeworth (quien desarrolló matemáticamente el concepto de equilibrio del sistema económico).

Yo en varias ocasiones le he preguntado a Daniel Lacalle y a Carlos Rodríguez Braun qué gastos recortarían ellos para bajar los impuestos y cumplir a su vez las leyes y el mecanismo preventivo europeo. Aún no he conseguido que me respondan.

Hoy lunes en la Brújula de la Economía en Onda Cero volveré a preguntárselo a Carlos. A Lorenzo Bernardo de Quirós no se lo he preguntado directamente pero lo haré en el próximo debate que tengamos.

También les preguntaré a los tres cómo es posible que critiquen a Sánchez por aumentar el gasto público y no critiquen a Casado y al PP, que aumentó el pasado año (con el apoyo del PNV, Ciudadanos y los partidos nacionalistas canarios) las pensiones y los sueldos de los funcionarios para 2019 (lo que ha explicado la mayor parte del aumento del gasto).

Como habrás podido comprobar amigo lector, el PP nos ha SUBIDO LOS IMPUESTOS a todos los españoles y en la era de la Globalización los libertarios ya no son lo que eran. Mises ya ha fallecido pero seguramente se habría ido espantado de la convención del PP diciendo que Pablo Casado y sus economistas son socialistas.

El problema es que cuando estás en una playa y pones tu toalla en el extremo derecho de la misma, tu percepción es que todos están a tu izquierda.

 

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domingo, 20 de enero de 2019

25 años de programas de clemencia en el mundo: ¿qué ha aportado a la lucha contra los cárteles?

Por Joan-Ramon Borrell, Carmen García, Juan Luis Jiménez y José Manuel Ordóñez de Haro.

Basado en: ‘25 years of leniency programs: a turning point in cartel prosecution’, Antitrust Chronicle, forthcoming.

Hace un cuarto de siglo que comenzó a aplicarse un instrumento diseñado para luchar contra la actividad secreta y encubierta de los cárteles: el programa de clemencia. Los miembros de un cartel se pueden beneficiar de un tratamiento favorable por parte de las autoridades de competencia (exención o reducción de multas) a cambio de que proporcionen pruebas directas de la existencia y operativa del mismo. Este nuevo programa se basó en la experiencia de los programas de delación aplicados a la mafia italiana durante los años ochenta (Ley Cossiga de 1979 o la Leggi sui pentiti de 1982), y en una máxima descrita por Porter: there is no honor among thieves.

En esta entrada, mostramos que la evidencia disponible respalda que los programas de clemencia han tenido un fuerte impacto en el diseño y la efectividad de las políticas anti-cartel, permitiendo el descubrimiento de numerosos cárteles existentes en el corto plazo, pero a largo plazo los descubiertos se han reducido de forma significativa. Esto no se debe a que los cárteles se vuelvan más secretos y se mantengan ocultos; por el contrario, mostramos que tras los programas de clemencia prevalecen los efectos de desestabilización y disuasión de los cárteles.

¿Qué dice la literatura académica?

Los fundamentos teóricos y las ventajas de los programas de clemencia han sido sustentados en los artículos seminales de Motta y Polo (2003) y Spagnolo (2004) y en la literatura académica posterior, que se centró en mostrar el efecto del programa de clemencia en el comportamiento de las empresas (Aubert, Rey y Kovacic, 2006); el incremento en la probabilidad de detección a lo largo del tiempo (Harrington, 2008); y en otros aspectos que mejoraban la detección y sanción de los cárteles (Feess y Wazl (2004), Motchenkova (2004), Chen y Harrington (2007), Hinloopen y Soeteven (2008), Harrington y Chang (2009) y Sauvagnat (2012). Desde un punto de vista empírico, resaltan los trabajos de Miller (2009), Brenner (2009), De (2010) y Zhou (2015).

Todos estos estudios mencionados obtienen la misma conclusión: los programas de clemencia dificultan la colusión. Sin embargo, tal y como ya advertía Harrington (2008), no se sabía en qué medida tenían influencia en el colapso de los cárteles existentes, o el efecto en disuadir a las empresas a cartelizarse.

¿Qué países han incluido programas de clemencia?

Comenzando por Estados Unidos en 1993, el gráfico que abre esta entrada (de Borrell et al., (2014)) muestra cómo ha sido el proceso gradual de adaptación de este instrumento de detección de cárteles.

La aplicación de este programa de delación ha supuesto una mejora en la percepción de la efectividad de la política de competencia por parte de los agentes económicos de entre un 10 y un 21 por ciento (Borrell et al., 2014).

¿Qué ha supuesto el programa para la Unión Europea?

Claramente la introducción del programa de clemencia en 1996 supuso un punto de inflexión en la lucha contra los cárteles. El éxito alcanzado por el programa en la detección de cárteles constituyó un factor clave para avanzar en la integración de la Unión Europea en la política de competencia.

Ordóñez-de-Haro, Borrell y Jiménez (2018) muestran que, aunque la prohibición de los cárteles ya venía recogida en los Tratados fundacionales de la Unión Europea, la lucha contra estos no mostró la misma determinación en su aplicación ni los mismos resultados antes y después de la introducción del programa de clemencia. Su análisis de todos los cárteles descubiertos y sancionados por la Comisión Europea, desde los inicios de la aplicación efectiva de la política de competencia hasta 2014, permite mostrar la incidencia del programa. Este se habría aplicado en el 94% de los casos desde 1998, consiguiendo aumentar sustancialmente la cuantía de las sanciones impuestas a los cárteles.

Gráfico 2: Cárteles sancionados por la Comisión Europea (1962-2014)

Fuente: Ordóñez-de-Haro et al., (2018).

El programa de clemencia de la Unión Europea consiguió sacar a la luz cárteles que habrían estado activos en periodos anteriores a la existencia del programa, contribuyendo decisivamente a alcanzar un máximo histórico en la detección de 47 cárteles que estaban activos en el año de su entrada en funcionamiento. La aplicación del programa muestra un importante efecto a corto plazo en el elevado número de cárteles descubiertos, mientras que su efecto a largo plazo se manifiesta en su capacidad disuasoria. 

Gráfico 3: Cárteles activos por año y etapa en la que cada cartel comenzó a ser investigado por la Comisión Europea

Fuente: Ordóñez-de-Haro et al., (2018).

Desde la entrada en funcionamiento del programa, se observa una reducción en la duración de los cárteles descubiertos (véase cómo disminuye la longitud de las líneas del gráfico 4).

Gráfico 4. Fecha de nacimiento, muerte, apertura de investigaciones y sanción de cárteles desmantelados por la Comisión Europea

Fuente: Ordóñez-de-Haro et al., (2018).

Este súbito e inesperado éxito en el descubrimiento de carteles reforzó la posición de la Comisión Europea frente a algunos de los gobiernos de Estados miembros, particularmente frente a Alemania, que había sido especialmente crítico con la posición previa que calificaba de excesivamente discrecional en la persecución y sanción de cárteles.

¿Han desestabilizado los cárteles el programa de clemencia?

Borrell, García, Jiménez y Ordóñez-de-Haro (2018) investigan el efecto del programa de clemencia sobre la duración de los acuerdos colusorios. Para ello, utilizan información sobre los cárteles sancionados por la Comisión Europea entre 1980 y 2015, y por la autoridad española de la competencia de ámbito nacional (TDC, CNC y CNMC) entre 1995 y 2015.

Este análisis supone una aproximación empírica al modelo de creación y disolución de cárteles (Harrington y Chang, 2009), que permite inferir el efecto de un cambio en la política de competencia en la población latente de cárteles, a través del análisis de los cárteles descubiertos.

Según el modelo, si la probabilidad de detección y sanción aumenta, los cárteles menos estables se disuelven inmediatamente y salen de la población. Los que sobreviven tienen una mayor duración, y se observa también una mayor duración de los descubiertos en el corto plazo. A largo plazo, la duración observada puede ser mayor, ya que los cárteles menos estables no se forman; o menor, si los cárteles que eran estables pasan a disolverse antes.

Borrell, García, Jiménez y Ordóñez-de-Haro (2018) obtienen que la duración de los cárteles después de la implementación del programa de clemencia es, en el corto plazo, mayor que la duración de los cárteles antes de la aplicación del programa de clemencia. Por otra parte, la duración de los cárteles nacidos y disueltos tras la introducción de la política es menor que la del grupo de control antes de la política, lo que muestra una menor duración de los cárteles en el largo plazo. Estos resultados empíricos sustentan la efectividad del programa de clemencia en cuanto a sus efectos disuasorios.

¿Qué impacto tiene el programa de clemencia sobre los resultados de las empresas?

García (2018) estima el efecto causal de pertenecer a un cartel sobre los ingresos y los beneficios de las empresas cartelizadas (véase aquí). Al analizar si existen diferencias entre la rentabilidad de los cárteles que han solicitado acogerse al programa de clemencia y aquellos que han sido descubiertos por otros motivos, se obtiene que en el primer caso no se observa un aumento significativo de los ingresos de las empresas cartelizadas respecto al grupo, mientras que en el segundo sí (Gráfico 5).

Gráfico 5. Ingresos medios de empresas cartelizadas vs. no cartelizadas cuando alguna o ninguna de las empresas solicitaron el programa de clemencia

Fuente: García (2018)

Las empresas pertenecientes a cárteles en los que ninguna empresa solicitó el programa de clemencia, obtuvieron un incremento significativo de sus beneficios. Por el contrario, no ocurre lo mismo en aquellos cárteles que sí solicitaron acogerse a dicho programa (Gráfico 6).

Gráfico 6. Beneficio medios de empresas cartelizadas vs. no cartelizadas cuando alguna o ninguna de las empresas solicitaron el programa de clemencia

Fuente: García (2018)

Estos resultados son consistentes con uno o ambos de los efectos del programa de clemencia siguientes: (1) las empresas miembros de un cartel que no les está reportando ingresos o beneficios extras suficientes son más propensas a romper el acuerdo y solicitar el programa de clemencia; y/o (2) la mera existencia del programa restringe los sobreprecios impuestos, y los ingresos y beneficios extras de los miembros de los cárteles.

En resumen

El éxito alcanzado por los países pioneros en la implementación del programa de clemencia para combatir a los cárteles ha promovido su rápida adopción por parte de la mayoría de los demás países del mundo, lo que ha mejorado la eficacia percibida de la política de competencia no solo en los países más avanzados, sino también en los que estaban más atrasados en la aplicación de la política de competencia.

En la UE, la introducción del programa de clemencia fue además un punto crítico para consolidar a la Comisión Europea como el principal organismo supranacional a cargo de la aplicación pública de la política de competencia, una vez que el programa se convirtió en el principal motor para detectar, sancionar y disuadir a los cárteles, y también para el desarrollo de demandas judiciales de compensación por los daños y perjuicios causados por los ilícitos de competencia.

La evidencia acumulada y el análisis realizado durante los últimos años pone de manifiesto que los programas de clemencia han tenido claros efectos de desestabilización en los cárteles, que estos duran menos, y que los descubiertos tienen dificultades para cobrar sobreprecios y obtener ganancias supra-competitivas.