La dependencia en la vejez y las pensiones no contributivas

Por Inés Berniell (CEDLAS – Universidad de la Plata), Dolores de la Mata (CAF) y Matilde P. Machado (Universidad Carlos III de Madrid)

A pesar del marcado aumento de la participación laboral femenina en casi todos los países del mundo, la brecha de género sigue siendo aún muy alta en algunas regiones. En América Latina, por ejemplo, mientras que casi 95% de los hombres entre 25 y 65 años trabaja o busca un empleo, solo lo hace el 66% de las mujeres en ese rango de edad (ver aquí). De esta asimetría en participación laboral –y consecuente asimetría en generación de ingresos- se desprenden otras relacionadas al empoderamiento de las mujeres, su capacidad de negociación intrahogar y su dependencia en la vejez.

En un estudio reciente analizamos una extensión muy generosa del sistema de pensiones en Argentina implementada en 2007 que habilitó a un gran número de personas, que no cumplían con el requisito mínimo de años de aporte al sistema de Seguridad Social, a acceder a una pensión básica cumplida la edad jubilatoria. Precisamente por los bajos niveles de inserción en los mercados laborales, esta reforma benefició mucho más a las mujeres y resultó en sustancial aumento de sus ingresos (Figura 1). Como consecuencia, el porcentaje de mujeres mayores de 60 años sin ningún  ingreso personal se redujo notablemente, pasando en zonas urbanas del 35% al 10% (Figura 2). Tal fue el sesgo de género resultante de esta política, que la reforma fue popularmente conocida en Argentina como la “jubilación para las amas de casa”. Al afectar a las mujeres más que a los hombres, esta reforma alteró de manera permanente y además inesperada la distribución de ingresos dentro de los hogares convirtiéndola en un experimento natural ideal para estimar en qué medida ese shock fue capaz de alterar tanto la estabilidad marital como el poder de negociación de las mujeres en el interior del hogar (en una etapa de la vida que generalmente es considerada de alta estabilidad).

Figura 1 Personas que reciben jubilación (como % del total de personas en edad de jubilarse, en principales aglomerados urbanos). Fuente: Cálculos de las autoras usando datos de la Encuesta Permanente Hogares Continua (EPH).

Figura 2 Porcentaje de mujeres y hombres sin ingreso personal por edad, antes (2004-2006) y después (2007-2009) de la moratoria previsional. Cálculos de las autoras usando datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPH)

La experiencia de Argentina no es única ya que en las últimas dos décadas varios países latinoamericanos introdujeron reformas en sus sistemas de pensiones, incorporando programas de pensiones no contributivas con el propósito de combatir la pobreza y la desigualdad entre los adultos mayores. Estos programas tienen como objetivo extender la cobertura de pensiones a los individuos que no lograron completar los años requeridos de contribución a la Seguridad Social (en el caso de Argentina la reforma previsional benefició a más de 1,8 millones de mujeres, ver D'Elia et al. 2011). Por supuesto, la contracara de este tipo de programas es su coste (Levy and Schady, 2013):  en el 2009 este gasto representó un 2.4% del PIB argentino (Lustig y Pessino 2013).

Antes de la implementación de esta política, en Argentina la cobertura de pensiones alcanzaba a sólo el 55% de las mujeres en edad jubilatoria (el 30% en el caso de mujeres casadas) debido, fundamentalmente, a su baja tasa de participación laboral (alrededor del 44% en la década del ‘80, según la OIT) y la alta tasa de informalidad. La baja cobertura jubilatoria está ligada a los requisitos de acceso: en Argentina son necesarios 30 años de aportes a la Seguridad Social y superar la edad jubilatoria (60 para las mujeres y 65 para los hombres). La nueva ley permitió que las personas que para el 2004  ya habían alcanzado la edad de jubilación—mujeres nacidas antes de 1945 y hombres nacidos antes de 1940— pero que no cumplían con los 30 años de aportes a la Seguridad Social, tuvieran acceso a una pensión y cobertura de salud. Las personas que no habían hecho ninguna contribución a la Seguridad Social, por ejemplo, podían recibir durante 5 años una jubilación equivalente al 51% de la jubilación mínima, es decir, aproximadamente 304 pesos de 2007  mensuales (191 dólares PPP de 2009) y 596 pesos de 2007 mensuales (374 dólares PPP de 2009) después de 5 años. Para dimensionar la magnitud de esta transferencia, puede ser útil compararla con los 295 pesos del valor de la canasta básica de un adulto en enero de 2007.

En nuestro artículo nos centramos en analizar los efectos directos y de corto plazo sobre las cohortes de mujeres nacidas antes de 1945 que obtuvieron el máximo beneficio de esta política, es decir, aquellas que podrían acceder a una jubilación aun sin acreditar ningún año de aportes al sistema de Seguridad Social a lo largo de su vida. Nuestras estimaciones se obtienen al comparar la evolución de diferentes indicadores de ingresos, de estabilidad conyugal y de participación en tareas del hogar de estas cohortes antes y después de la entrada en vigencia de la ley,  con la evolución de estos indicadores en cohortes más jóvenes que, en el período analizado (2004-2009), todavía no habían sido afectadas por la reforma por no cumplir aún la edad jubilatoria. Es decir, utilizamos la metodología denominada “diferencia en diferencias”, en donde el grupo de control representa el contrafactual de cuál hubiera sido la evolución de las variables de interés en las cohortes afectadas en caso de no haber existido la ley.

Nuestros resultados muestran que el grupo tratado se vio fuertemente afectado por la reforma: a partir de 2007 la probabilidad de que una mujer nacida antes de 1945 recibiera una jubilación aumentó un 313%, lo que implicó una reducción de 69% en la probabilidad de no tener ingresos personales. Cabe destacar que el mayor impacto sobre los ingresos se observa en el subgrupo de mujeres casadas, para quienes su participación promedio en el ingreso total del hogar y de la pareja aumentó 15 puntos porcentuales, partiendo de niveles muy bajos (próximos al 20%) en el período previo a la reforma.

Este aumento en la renta permanente de las mujeres provocó un incremento estadísticamente significativo en la probabilidad de divorcio/separación de 2,6 puntos porcentuales para las cohortes de mujeres afectadas (un efecto considerable dado que solamente el 14% de estas mujeres estaban separadas o divorciadas antes de la reforma). Este impacto agregado, sin embargo, esconde comportamientos muy diferentes entre mujeres con distinto nivel educativo: mientras que las mujeres con alto nivel de escolaridad incrementan la probabilidad de separarse/divorciarse en 5,6 puntos porcentuales, las de bajo nivel de escolaridad optan por mantenerse en pareja pero ganan poder de negociación dentro del hogar (aproximamos el poder de negociación de forma indirecta, utilizando información disponible sobre cómo se distribuyen las tareas del hogar). Entre las mujeres de menor nivel educativo, la ganancia de poder de negociación se refleja en una reducción significativa (7 puntos porcentuales) en la probabilidad de ser la única persona del hogar en ocuparse de las tareas domésticas, con un simultáneo incremento en 6 puntos porcentuales de la participación de sus parejas en esas mismas tareas.

Desde nuestro punto de vista, esta evidencia es más que sugestiva sobre cómo el aumento del aporte de las mujeres al ingreso del hogar incrementa su poder de negociación intrahogar y modifica comportamientos. A la vez, el sorprendente aumento en la probabilidad de separación/divorcio de las mujeres beneficiadas por la reforma revela el alto nivel de dependencia que sufren muchas mujeres mayores por carecer de una fuente propia de ingresos.

 

Venezuela y el Brexit desde el punto de vista económico y mediático de España

La comparativa económica y mediática entre Venezuela y Reino Unido, pasada por el filtro de las inversiones empresariales que realiza España en ambos países -y sus correspondientes tendencias de interés mediático – arroja una serie de resultados que llaman bastante la atención. Aquí van tres de ellos. 1- La inversión española en Reino Unido es 30 veces superior a la de Venezuela.  Sin embargo el interés y la cobertura mediática del Brexit es 5 veces menor que la de Venezuela. 2- El capital español ha invertido casi 140.000 millones en Reino Unido en los últimos 25 años. En Venezuela la inversión ha ascendido a unos 4.500 millones en el mismo periodo, por debajo de los 5.500 millones de euros invertidos en Islas Caimán. 3- La diferencia entre la cobertura mediática de Venezuela y el Brexit ha llegado a alcanzar un ratio de 10 a 1 a favor del país latinoamericano en las últimas semanas de febrero, tal y como se puede apreciar en el segundo gráfico. ¿Por qué no llaman las cifras de inversión en Islas Caimán -superiores a las de la inversión en países como Japón, China, Turquía, Polonia, Suecia, Australia…- la atención de los medios? ¿Por qué no existe tanta cobertura y preocupación por las repercusiones que el Brexit puede tener sobre la economía española a la vista de la enorme vinculación de empresas españolas con Reino Unido? ¿Por qué ese permanente examen mediático sobre Venezuela y no otra serie de países?

La entrada Venezuela y el Brexit desde el punto de vista económico y mediático de España aparece primero en El Captor - Economía y Opinión.

Independentismo: no culpes a la noche

Estos días en los que se acerca el momento decisivo del Brexit (o al menos uno de los varios que seguramente vendrán) están apareciendo una gran cantidad de artículos sobre lo que puede suceder en los próximos meses y otros cuantos sobre las causas del monumental lio en el que se han metido los británicos. Entre ellos me ha llamado la atención uno de Thiemo Fetzer, que analiza el efecto de las políticas de austeridad implementadas por el gobierno de David Cameron sobre el apoyo al UKIP. En las zonas más expuestas a los recortes en gasto social los ciudadanos volcaron su voto a este partido, cuya presión fue decisiva para que se convocara el referéndum de permanencia en la UE y para que su resultado fuera el que tristemente terminó siendo.

Estos días también se está celebrando en el Tribunal Supremo el juicio a los líderes del procés. Como no es difícil establecer ciertos paralelismos entre los dos fenómenos, el Brexit y el auge del independentismo catalán, no he podido resistirme a realizar un ejercicio similar y explorar si la consolidación fiscal que se produjo en Cataluña entre 2010 y 2014 pudo haber contribuido a que casi el 50% de la población llegara a demandar la independencia de España. Hago aquí dos incisos. Primero, que, siguiendo la útil distinción que Luigi Guiso y sus coautores utilizan para el caso del populismo (que, matizo, solo comparte con el procés aspectos superficiales), voy a emplear la distinción entre la demanda y la oferta de secesión. La demanda provendría de los ciudadanos que piden una ruptura con el estado para mejorar su situación, mientras que la oferta provendría de los políticos dispuestos a implementarla. El segundo inciso es que en este articulo solo voy a concéntrame en la demanda. Dejo el lado de la oferta para otra ocasión porque su descripción es más compleja y seguramente más polémica.

Dos hipótesis se han venido planteando estos últimos años para explicar la demanda de independencia en Cataluña. La primera es la que la atribuye a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut en 2010, que dejó sin efecto una buena parte de su articulado cuatro años después de que el texto fuera aprobado por el Parlament y por los catalanes en referéndum (y no sin recibir un buen “cepillado” antes de pasar por las Cortes españolas). Bajo esta hipótesis, la masiva manifestación en Barcelona tras la sentencia fue el “momento cero” del auge del independentismo catalán, el resultado de una demanda insatisfecha de lo que Pierre Bourdieu llamaba “capital simbólico”: la estima, prestigio y reconocimiento del que dispone una comunidad o un individuo (un concepto, por cierto, que los economistas haríamos bien en investigar).

La otra hipótesis, manejada por Andrew Dowling entre otros, es que la demanda de independencia procede de unas clases medias que se sintieron amenazadas por la incertidumbre económica y la reducción del estado del bienestar que trajo la crisis de 2008. No debemos olvidar que Cataluña era en 2010 la comunidad autónoma más endeudada, solo superada por Castilla La Mancha. Para hacer frente a esta situación, el gobierno de Artur Mas introdujo unos fuertes recortes en el gasto social. Los 2.450 euros que los catalanes recibían en media en educación, sanidad y servicios sociales allá por 2010 pasaron a ser 2.080 en 2014, una reducción del 15%. Sabemos también, gracias a este artículo de Maia Guell, Sevi Rodriguez Mora y Chris Telmer, que la movilidad intergeneracional en Cataluña era muy baja en los primeros 2000; que el precio de la vivienda aumentó un 190% en Barcelona entre 1996 and 2007; y que los salarios reales se estancaron o contrajeron para los tres primeros cuartiles de la distribución a partir de 2009. Este “ocaso de la clase media,” como lo han llamado algunos, produjo en estas capas de la población un descontento que se canalizó a través de la identidad y de una demanda de soberanía. Como muestra este artículo de Kiko Llaneras, existe un vector no lineal de renta en el apoyo a la independencia, que alcanza el máximo su niveles medios o medio altos de ingresos.

Para explorar esta segunda hipótesis (que no excluye a la primera), analizo los factores que determinan la demanda de independencia expresada a nivel municipal a través del “proceso participativo” del 9N de 2014. Hay que recordar, porque el tiempo ha pasado muy rápido, que en aquella consulta se propuso una doble pregunta: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado?” y “En caso afirmativo, ¿Quiere que este Estado sea independiente?”. Cuento como demanda de independencia el porcentaje de Sí-Sí sobre el censo total ya que la consulta apeló casi exclusivamente a los ciudadanos que estaban a favor de la secesión (el Sí-No recibió el 10,07% y el No el 4,45%).

Como variable explicativa utilizo datos de la Generalitat para calcular la variación en puntos porcentuales entre 2010 y 2014 de la proporción del presupuesto municipal dedicada a sanidad, educación y servicios sociales. El siguiente gráfico nos muestra que una reducción en el gasto social está asociada con un mayor porcentaje de Sí-Sí en la consulta del 9N.

A continuación, estimo una serie de regresiones para controlar por otros factores que podrían ser importantes. Además, como medidas alternativas del efecto la contracción económica utilizo la variación en el PIB per cápita municipal y en la tasa de paro entre esas dos fechas. Esta ultima la incluyo porque, como nos explicaron en una entrada en este mismo blog, Xavier Cuadras Morató y Toni Rodón analizaron el impacto de la tasa de variación del desempleo entre 2006 y 2015 sobre el aumento en el apoyo a la independencia de los municipios, aunque sin obtener ningún resultado significativo. En las estimaciones que a continuación les muestro sigo una especificación parecida a la suya (empleo controles similares), pero estudio la demanda de independencia expresada de forma directa (en su artículo, Xavier y Toni tienen que construir su medida de incremento de esa demanda de forma indirecta). Además, pondero por la población del municipio porque no parece apropiado dar el mismo peso a los 83 habitantes de Sobremunt que al más de millón y medio de Barcelona. Eso implica que mis resultados reflejan si la contracción de gasto tuvo un efecto sobre la demanda de independencia de los catalanes, no de los municipios. Los resultados de este sencillo ejercicio se recogen en la siguiente tabla.

Las estimaciones reflejan una asociación pequeña pero significativa de los recortes en el gasto social sobre el voto a favor de la independencia en el 9N: una caída de una desviación típica en la variable produce un aumento de medio punto porcentual en la proporción de Si-Si sobre el censo (0.05 de su desviación típica). El efecto del PIB per cápita va en la misma dirección (una caída se asocia a más apoyo a la independencia), aunque el efecto no es significativo, quizá por la reducción en observaciones. Es interesante ver que el aumento en el desempleo no aparece significativo, en línea con los resultados de Cuadras Morató y Rodón.

Aunque muy lejos de ser conclusiva, la evidencia ofrecida aquí sugiere que la demanda de soberanía por parte de la población tiene una base económica. La austeridad presupuestaria y las consolidaciones fiscales tienen unos efectos que van más allá de sus costes en el corto plazo en términos de empleo y output. También generan protestas, descontento y desafección entre las capas de la población que se sienten vulnerables y en declive como resultado. Su insatisfacción crea una demanda de cambio político que a menudo recibe la atención de unas élites que se proponen satisfacerla para perseguir sus propios intereses.

¿Cómo el posicionamiento estratégico influye en el desempeño de las universidades?

De Tommaso Agasisti y Jasmina Berbegal Mirabent

Las universidades son instituciones heterogéneas y esta diversidad debe tenerse en cuenta al evaluar su desempeño. A pesar de la armonización fruto del Espacio del Europeo de Educación Superior (EEES), en un contexto cada vez más globalizado, las universidades han diseñado diferentes estrategias para diferenciarse de sus competidores, optando por diferentes alternativas en función de sus fortalezas y visión institucional. Esta heterogeneidad, debida también a las diferencias en tamaño, estructura, marcos institucionales y realidades geográficas, representa un contexto complejo pero desafiante para evaluar el desempeño de las universidades.

Si bien en la mayoría de informes o estudios en los que se analiza el sistema educación superior se concibe a las universidades como instituciones homogéneas, aparece la necesidad de analizarlas en su contexto concreto, es decir, en función su posicionamiento estratégico. Según la orientación escogida, la asignación de recursos será distinta, así como también los resultados que se esperan conseguir. En otras palabras, no todas las universidades deciden competir a nivel internacional, ni todas las universidades pueden aspirar a ser centros de excelencia en investigación. Cada una, dentro de sus posibilidades y, a su vez, condicionada por una realidad territorial específica, tendrá unas aspiraciones concretas que guiarán las decisiones estratégicas. Cada cuál juega en su liga, y dentro de esta liga, deberá intentar ser lo más eficiente posible para sobrevivir.

En un estudio reciente, hemos abordado precisamente esta temática. Utilizando datos del European Tertiary Education Register (ETER) y de la European Patent Office’s Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT), hemos analizando el comportamiento de las universidades europeas en términos de asignación de recursos y desempeño. En concreto, nuestra muestra incluye 307 universidades ubicadas en 8 países (Bélgica, Alemania, Italia, Lituania, Portugal, Suecia, Suiza y Reino Unido) a lo largo de 3 años (2011 a 2013).

Los resultados del estudio sugieren que las universidades europeas se pueden clasificar en tres grandes grupos según su estrategia de posicionamiento, entendiendo como tal el nivel de internacionalización y la financiación por terceros (third party funding): universidades “world-class”, universidades “flagship” y universidades regionales.

Para cada grupo se ha analizado su comportamiento y medido el nivel de eficiencia. Para el cálculo de la eficiencia se han tenido en cuenta los recursos disponibles (principalmente financieros) para producir outputs de docencia, investigación y transferencia de tecnología, considerando así las tres misiones a las que debe responder la universidad. Dada nuestra hipótesis de que el sistema universitario es heterogéneo, se ha utilizado un análisis de meta-frontera basado en el análisis envolvente de datos. En primer lugar se ha considerado que la tecnología de producción es la misma para todas las universidades. Posteriormente, se ha distinguido por los tres grupos anteriores y se han recalculado los índices de eficiencia diferenciando tres fronteras de producción, una por grupo. Las principales conclusiones se resumen a continuación.

Empecemos revisando las universidades del primer grupo. Atendiendo a su definición, las universidades “world-class” (Levin et al., 2006) se caracterizan por ser universidades referentes a nivel mundial. Ocupan posiciones relevantes en los ránquings, atrayendo por igual a alumnado y profesorado extranjero. Destacan tanto por su excelencia docente como investigadora y la asignación de recursos pretende precisamente maximizar estas dos dimensiones de la función objetivo. El Reino Unido concentra el mayor número de universidades dentro de este grupo, seguido de Alemania, Suiza y Bélgica, que sin embargo se quedan muy atrás. Estas universidades han desarrollado la habilidad de transformar, de forma más o menos eficiente (0.6344, en promedio), los recursos en resultados valorizados por la sociedad (estudiantes, nuevo conocimiento en forma de publicaciones científicas, contratos universidad-empresa, etc.). La explicación la encontramos, entre otros, en su capacidad para seleccionar a los mejores estudiantes y para atraer a profesores e investigadores altamente cualificados. Ciertamente, la proporción de estudiantes internacionales y de personal académico extranjero es la más alta. En términos de investigación, las universidades de este grupo muestran el mayor número de publicaciones por profesor. Además, son capaces de atraer financiación externa, lo que corrobora el posicionamiento de  estas universidades como importantes fuentes de generación de conocimiento.

Un segundo grupo estaría formado por las universidades “flagship” (que podríamos traducir como universidades “insignia”). Los fundamentos los encontramos en Douglass (2016). Se trata, por lo general, de universidades grandes, generalistas, mayoritariamente financiadas por fondos públicos, intensivas en la generación de nuevo conocimiento (misión investigadora) y comprometidas con el desarrollo económico nacional. Si bien compiten a nivel internacional, buscan ser referentes a nivel nacional. Merece la pena señalar que dichas universidades tienen la proporción más baja de estudiantes por personal académico, lo que indica un riguroso proceso de selección de los estudiantes, y una mejor interacción en el aula alumno-profesor, con grupos reducidos. Este enfoque está alineado con uno de los principios del EEES, en el que se promueve la mejora de los procesos de aprendizaje individualizados. El país con el mayor número de universidades dentro de este grupo es Alemania. Italia y Suecia también tienen algunas, pero quedan mejor representadas en el tercer grupo. En cuanto a los niveles de eficiencia, los resultados obtenidos revelan que están a medio camino entre las world-class y las regionales.

El tercer grupo corresponde a las universidades que podríamos etiquetar como “regionales”, es decir, aquellas cuyo propósito es el de atender a las necesidades del territorio en el que operan. El perfil del alumnado y profesorado responde a estudiantes y profesionales de las zonas adyacentes. La financiación de estos centros es principalmente pública. Dichas universidades buscan colaboraciones con el tejido productivo local para desarrollar proyectos de I+D con el objetivo último de dinamizar la economía y fomentar la competitividad regional. En términos de eficiencia, se observa que las restricciones tecnológicas y de infraestructura (recursos, marco regulatorio y otras características del entorno) dificultan una gestión eficiente de los recursos en relación a los resultados de producción.

Por último, en el estudio investigamos los determinantes de las ineficiencias. Los resultados indican que la ineficiencia se explicaría por la diversidad académica, entendiendo como tal la variedad de áreas de conocimiento, contrario a la especialización en unas pocas áreas. Este efecto se observa principalmente en las universidades del primer grupo así como en las regionales. Es decir, la especialización ayuda a ser más eficiente. Otro hallazgo relevante es que las universidades públicas tienden a ser menos eficientes que las privadas. Este resultado es válido para las universidades flagship y las regionales, sin embargo, no se observa en las world-class. La edad de la universidad también se considera relevante, lo que sugiere que la antigüedad está, de alguna manera u otra, vinculada al desarrollo de políticas y capacidades de gestión que facilitan las actividades del día a día. Por último, se observa que es importante encontrar el equilibro entre PDI y PAS para conseguir una plantilla que aporte valor a la institución.

A modo de conclusión, los resultados de este estudio pueden arrojan nueva luz sobre cómo las universidades europeas abordan su función objetivo y cómo su posicionamiento estratégico condiciona la asignación de recursos.

¿Ha empeorado la crisis económica la salud en España?

de Juan Oliva y Beatriz González López-Valcárcel[1]. Ilustración de Carol Egui

La literatura científica, económica y epidemiológica acerca de las conexiones entre crisis económica y salud poblacional es muy abundante y se multiplica durante las recesiones. Desde 2008 Pubmed registra 2.884 artículos publicados, de los que 289 se refieren a España. Ese renovado interés formula una pregunta “universal” sobre relaciones de causa-efecto, cuya respuesta, sin embargo, nacerá confinada al ámbito local. Si algo hemos aprendido leyendo sobre las crisis del pasado es que los efectos sobre la salud dependen del contexto institucional, cultural y social y de la intensidad, duración y velocidad de la caída, así como de las respuestas públicas y sociales. Dependen de las políticas de protección social, de la red de seguridad del Estado del Bienestar y de la vertebración de las redes sociales y familiares.

Un caso bien estudiado es el de Rusia. Entre 1990 y 1994, tras la desintegración del régimen soviético, la mortalidad estandarizada por edad aumentó un 30% y la esperanza de vida de los varones se desplomó de 64 a 58 años. Más del 75% de esa caída se debió a los aumentos de mortalidad de varones en edad laboral, sobre todo por causas externas y por enfermedad cardiovascular. La quiebra institucional y la rápida privatización de las empresas, con el consiguiente aumento del desempleo, se han propuesto como causas de ese tremendo deterioro de la salud. Como contrapunto, la vecina Finlandia sufría una severa recesión en esos mismos años, que no tuvo efectos adversos sobre la salud, más bien al contrario. Durante la crisis se redujo el consumo de alcohol, con efectos favorables sobre la mortalidad, disminuyeron los suicidios y mejoró el gradiente socioeconómico de la mortalidad. Las prestaciones del Estado del Bienestar en Finlandia amortiguaron los efectos de la crisis, mientras que la desintegración institucional en Rusia los agravó. Otras crisis económicas de gran intensidad han tenido efectos tangibles sobre la mortalidad, como la llamada Gran Depresión. Entre 1929 y 1933 el Producto Interior Bruto en EEUU cayó alrededor del 40% y el consumo per cápita un 30%. El desempleo industrial subió del 7,9% al 26,1%.  Un efecto tangible a corto plazo fue el aumento de suicidios. La salud de los desempleados empeoró, no solo por el efecto renta, también por el sesgo de selección, a medida que los trabajadores con salud más frágil iban siendo despedidos.

Frente a esas Grandes Crisis, con mayúscula, recesiones en las que el PIB se estanca o incluso decae durante varios periodos y fases bajistas del ciclo económico, aunque se etiqueten con la misma palabra -“crisis”- no deben meterse en el mismo saco conceptual. Ni las causas son comparables, por su intensidad, ni lo son sus efectos esperados. En suma, no puede haber una respuesta universal a la pregunta sobre asociación entre crisis y salud. El interés de un considerable número de investigadores por demostrar la hipótesis del austericidio ha disparado la producción de artículos con datos internacionales -tratados con escaso rigor- que buscaban probar que no es tanto la crisis económica, con el subsiguiente empobrecimiento, desempleo y empeoramiento de las condiciones de vida, sino los recortes de las políticas de austeridad, los que matan.

Los efectos de corto plazo de las crisis económicas sobre la salud se pueden producir por un deterioro de la sanidad y/o pérdida de acceso a la cobertura sanitaria: por los “recortes”. Eso ocurrió, como se ha demostrado, en la crisis económica de México de los noventa. Pero las crisis económicas también aumentan los riesgos para la salud de la población alterando los recursos disponibles para la ejecución de políticas públicas extrasanitarias, destruyendo empleo, reduciendo las rentas familiares y generando migraciones masivas.

Diseñar estudios rigurosos que cuantifiquen las relaciones causa-efecto de una crisis económica sobre la salud es extremadamente complicado y requiere buenos datos, métodos adecuados y un modelo conceptual subyacente. La enorme disparidad de resultados en los estudios empíricos se debe a la gran variedad de diseños, datos -ecológicos o individuales, temporales, transversales o longitudinales- y métodos, pero sobre todo se debe a la intensidad de la causa (¿qué crisis?). El efecto devastador de un huracán no es comparable al efecto benéfico de una sueva brisa, ¿qué sentido tiene buscar leyes universales de los efectos del viento?

La revisión de la literatura sobre España publicada en revistas científicas en el periodo 2008-2018 sobre las consecuencias de la reciente crisis en la salud de la población y en la persistencia o incremento de las desigualdades en salud ofrece resultados interesantes. En primer lugar, en variables de salud “duras” como las tasas de mortalidad, no se observa un efecto de la crisis. Es más, los patrones de mortalidad varían procíclicamente tanto para las tasas totales como por causas específicas de mortalidad. No obstante, dentro de este contexto de descenso general de la mortalidad, sí existen trabajos que asocian crisis económica y mayor desigualdad en mortalidad entre colectivos. En el caso concreto de los suicidios, área en la que los investigadores han dirigido mayores esfuerzos de análisis en estos años, los resultados están lejos de ser concluyentes. Las correlaciones identificadas entre las tasas de suicidio y los indicadores macroeconómicos son muy débiles, alcanzándose conclusiones diferentes, en ocasiones incluso contradictorias, entre estudios.

En el caso de la salud autopercibida tampoco parece haber decaído durante la recesión, llegándose a apreciar incluso una mejora en la percepción de la salud de la mayor parte de la población, a diferencia de lo que ocurre con otros países europeos donde la crisis económica fue menos dura. Esta mejora en la percepción de la salud parece relacionarse con el hecho de que durante los períodos de crisis económica, la salud pierde puestos en el ranking de prioridades con respecto a otras preocupaciones (como el trabajo o las dificultades económicas).

Sin embargo, el impacto de la crisis sobre la salud mental está bien documentado. En general, los estudios apuntan a que la crisis se asocia con un crecimiento en la prevalencia de los trastornos mentales y a un incremento del riesgo a padecer problemas de este tipo. Sin embargo, este empeoramiento ha sido desigual. Varios estudios identifican que el agravamiento de los problemas mentales se ha dado sobre todo en varones en edad laboral, especialmente en aquellas personas en situación de desempleo o con empleos precarios, y también se ha asociado con la presencia de problemas financieros en el hogar. Ello sugiere que el canal de causalidad se da entre mercado laboral-desempleo/precarización y enfermedad mental y que, por tanto, son las políticas sociales, más que las sanitarias, las que potencialmente pueden mitigar y revertir esta situación.

Además de las personas desempleadas, otros colectivos potencialmente vulnerables son los niños, las personas ancianas y la población inmigrante. En el caso de los niños, durante los años de crisis, ha aumentado el gradiente social en la obesidad infantil y en las desigualdades en calidad de vida relacionada con la salud. Asimismo, se ha identificado que el riesgo del niño a padecer un desorden mental se incrementa con los problemas mentales de la madre y si los padres están desempleados. Sin embargo, no parece que la crisis económica haya cambiado, en general, los trastornos mentales de los niños. En el caso de la población mayor, algunos autores encuentran que la tendencia decreciente de la mortalidad se ha estancado o ralentizado en varones de 60 a 69 años, en menor medida en hombres de 70 a 79 y no se aprecian cambios de tendencia notables en edades avanzadas (80 años y más). En mujeres, hay cierto estancamiento en los años de crisis, especialmente en las edades de entre 75 y 79 años. En el caso de la población inmigrante, aunque los trabajos realizados son escasos, en algunos se apunta que la salud de las personas inmigrantes que llegaron a España antes del año 2006 empeoró en comparación con la población nativa, quedando eliminado el llamado efecto del “inmigrante sano” con la crisis. Sin embargo, otros estudios concluyen que, transcurridos los años más duros de crisis económica, parece recuperarse el efecto “inmigrante sano”, si bien las diferencias en salud observadas entre varones y mujeres nativos se reproducen en la población inmigrante.

Finalmente, no está claro que las desigualdades en salud de la población se hayan intensificado debido a la crisis: los resultados y conclusiones difieren por la diversidad de períodos utilizados en los análisis, la heterogeneidad de las variables socioeconómicas y de salud consideradas, los cambios en el perfil socioeconómico de los grupos en comparación en los periodos previo y durante la crisis y al tipo de medidas utilizadas para analizar la magnitud de las desigualdades sociales en salud.

Evolución de indicadores en salud, comportamientos y riesgos sociales para la salud. Resumen de la evolución y de la situación actual frente a la UE

La tabla completa puede encontrarse aquí.

La principal conclusión que extraemos es que, pese al sufrimiento y a la pérdida de bienestar causados, la crisis no parece haber afectado de una manera severa, al menos en el corto plazo, a la salud de los españoles ni a la de los extranjeros residentes en España, salvo en la dimensión de salud mental. No obstante, cabe matizar que los resultados observados para la población general no deben ocultar las grandes diferencias identificadas entre grupos sociales y por estatus de ocupación. Asimismo, estos resultados se ciñen al corto plazo. La pérdida de empleo y la caída de las rentas familiares, y el empobrecimiento que ello conlleva, son mecanismos transmisores de las crisis sobre la salud. En esta materia, los indicadores socioeconómicos tales como las tasas de desempleo, indicadores de desigualdades de renta o las tasas de pobreza y de riesgo de exclusión social han mostrado un enorme deterioro en estos últimos años, que es todavía más preocupante porque ya partían de un nivel altamente alto durante los años previos a la crisis económica, sin que varios de estos indicadores se hayan recuperado apreciablemente hasta el momento. Ello alerta sobre efectos de la crisis en la salud que podrían manifestarse en el futuro, transcurrido cierto tiempo, lo cual obliga a ser cautelosos a la hora de extrapolar las conclusiones derivadas de los indicadores de salud actuales al medio-largo plazo.

Posiblemente, las políticas que más han contribuido a evitar el deterioro de la salud y el bienestar de la población durante la crisis han sido extra-sanitarias, como la prolongación de las rentas recibidas por personas en paro una vez agotado el subsidio por desempleo, así como el mantenimiento de las pensiones. Sin estas políticas, junto con el papel clave de otros pilares básicos del Estado del Bienestar como son el sistema sanitario y el educativo, la crisis económica hubiera derivado en una crisis social de mucha mayor magnitud. Por eso, aunque el sistema sanitario debe estar preparado para atender las mayores necesidades que surgirán en tiempos de crisis económicas, una buena parte de las políticas en salud deben desarrollarse fuera del medio sanitario.

[1] En nombre del equipo de trabajo formado por, además de los firmantes, Rosa Urbanos, Luz María Peña Longobardo, Patricia Barber y Néboa Zozaya. Los resultados detallados del tema tratado en el post pueden ser encontrados en: MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (2018). Crisis económica y salud en España. Madrid.  (de libre acceso aquí) y Crisis económica y salud: lecciones aprendidas y recomendaciones para el futuro. Juan Oliva, Luz María Peña-Longobardo, Beatriz González López-Valcárcel, Patricia Barber Pérez, Néboa Zozaya González. CUADERNOS ECONÓMICOS DE ICE; 2019, nº 9: 165-196.  (de libre acceso aquí)

Regulación pública informada conductualmente: ‘nudges’ para mejorar la salud poblacional

José María Abellán Perpiñán, Universidad de Murcia y Grupo de Trabajo en Economía de la Salud (GTES); David Jiménez-Gómez, Universidad de Alicante, Fundamentos del Análisis Económico (FAE); Juan del Llano Señarís, Fundación Gaspar Casal.

Al efecto combinado de fumar, consumir alcohol, hacer poco ejercicio y mantener obesidad o sobrepeso puede atribuírsele un 37% de todas las muertes ocurridas en España en 2017. Estos cuatro factores de riesgo, responsables de la pérdida de más de 3,5 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD, véase Figura 1), comparten un marcado carácter “conductual”, esto es, modificable mediante cambios en el estilo de vida. Parece lógico pensar, por tanto, que la mejor forma de disminuir la incidencia de estos factores es modificar el comportamiento de la población.

La economía convencional, amparada en la teoría de los fallos del mercado tradicionales, encara ese objetivo protegiendo a los ciudadanos de los costes causados por terceros (externalidades), recurriendo para ese fin a medidas paternalistas “duras” o coercitivas, como las prohibiciones y los impuestos. Desde esta perspectiva, la prohibición de fumar en los espacios cerrados persigue ante todo la corrección de los costes externos generados por los fumadores activos sobre los pasivos.

Figura 1.- AVAD perdidos por factor de riesgo en España, 2017

Fuente: IHME, Global Burden of Disease 2017 (https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare/)

La economía del comportamiento, en contraste, persigue ayudar a las personas a alcanzar sus propias metas, protegiéndolos de sus propios errores (internalidades). Esta disciplina integra el conocimiento psicológico en los modelos económicos, como ilustra, por ejemplo, la teoría de procesamiento dual de la información popularizada por Daniel Kahneman, según la cual el comportamiento observado es el resultado de la dialéctica entre dos sistemas de pensamiento: un Sistema 1, rápido y automático, y un Sistema 2, lento y reflexivo.

Dos son los tipos de instrumentos propuestos para corregir las internalidades: los ‘nudges’ -traducidos al castellano como “empujones”, “acicates” o “impulsos”- y los incentivos económicos informados conductualmente, también denominados medidas de refuerzo financiero. Los nudges son intervenciones que, respetando la libertad de elección individual, guían a los sujetos en la dirección más provechosa para su propio bienestar, tal y como éste es juzgado por ellos mismos. Por este aparente oxímoron, se considera que los nudges son expresiones de paternalismo “blando” o libertario (véase aquí y aquí). Si bien la definición de nudge es difusa (véase aquí un resumen del debate), siguiendo a Cass Sunstein distinguimos entre nudges educativos (Sistema 2) y nudges no educativos (Sistema 1).

Los nudges educativos pretenden evitar aquellos errores causados por la falta de información, circunstancia aún encajable dentro del marco de los fallos del mercado tradicionales. En estos casos, medidas como las campañas informativas sobre prevención de enfermedades o los estándares nutricionales en el etiquetado de los alimentos, serían ejemplos de nudges que persiguen empoderar a los consumidores, aumentando su conocimiento, para que tomen mejores decisiones. Por ejemplo, en Inglaterra (aquí) se incrementó en un 10% la participación en el programa nacional de cribado de cáncer de colon merced al envío de una carta del médico de atención primaria animando a participar en el mismo, junto con un folleto informativo sobre cómo completar una prueba de sangre oculta en heces. En el ámbito alimentario, a su vez, se ha constatado (aquí) que proporcionar información acerca de las calorías contenidas en cada alimento, provoca una reducción en la cantidad de calorías ingeridas. Cabe resaltar, en cualquier caso, que los nudges educativos suelen incorporar un componente conductual: por ejemplo, recibir una carta del médico, además de proporcionar información, también sirve de recordatorio.

Por su parte, los nudges no educativos pretenden contrarrestar los errores sistemáticos (y, por tanto, predecibles) producidos por las reacciones inconscientes del Sistema 1. Así, por inercia, se tiende a retener el statu quo, a prestar una mayor atención a la información más saliente y a seleccionar más frecuentemente las opciones más accesibles. Estos fallos del mercado “conductuales”  son neutralizados mediante nudges que moldean la arquitectura de la elección de tal forma que la propensión a errar juegue en favor de los intereses de los propios individuos (aquí). Intervenciones dirigidas a esta finalidad son las intenciones de implementación, las opciones por defecto, los contratos de compromiso o la reestructuración del entorno físico, que en definitiva “make the healthier choice the easier choice”, tal y como recomienda (aquí) la Organización Mundial de la Salud. Ejemplo de una reestructuración del entorno en el contexto alimentario fue la habilitación, en la cafetería de una escuela, de un mostrador en el que sólo se disponía de alimentos saludables, lo que incrementó la venta de dichos alimentos un 18%, y redujo el volumen adquirido de alimentos menos saludables en más de un 25% (aquí). Esta intervención se considera un nudge dado que los alimentos menos saludables seguían estando disponibles en la cafetería, y por tanto no se restringió la elección de los estudiantes. Asimismo, se ha comprobado cómo utilizar pinzas en lugar de cucharas para servirse la comida del bufé reduce el consumo y, por tanto, la ingesta de calorías (aquí).

Por último, la economía del comportamiento también sirve para informar el diseño de incentivos económicos tradicionales, acrecentando su eficacia sirviéndose de los sesgos cognitivos de los beneficiarios. Éste es el caso de una intervención diseñada para aumentar la adherencia a la pauta de medicación prescrita de pacientes que habían sufrido un ictus (aquí). Para ello se efectuaban dos sorteos diarios entre los pacientes, recibiendo un premio monetario aquellos que hubieran resultado agraciados, siempre que hubieran tomado correctamente el anticoagulante prescrito. Este incentivo instrumentado a modo de lotería redujo el porcentaje de pacientes que no tomaban la medicación del 22% a tan sólo un 2%. Estos incentivos bien diseñados se pueden combinar con nudges, como demuestra un meta-análisis que encontró que los recordatorios electrónicos (mensajes de texto) son efectivos a corto plazo (aquí). Por tanto, nudges e incentivos se pueden usar como complementos en la generación de hábitos saludables.

Educación y (respuesta a la) mala salud de los hijos al nacer

 por Cristina Bellés, Antonio Cabrales, @sergijm64, Judit Vall

Las experiencias durante los primeros años de vida de los niños pueden tener efectos duraderos. En particular, la salud de los niños al nacer puede tener implicaciones importantes en el bienestar de esos niños en el largo plazo. Existe una relación  entre el peso al nacer y el desarrollo cognitivo, el nivel educativo alcanzado, la renta y la salud adulta (Johnson y Schoemi (2011a, b), Case et al. (2005)). En este blog se ha hablado en varias ocasiones de este tema (aquí, aquí y aquí, por ejemplo).

Mientras que los efectos adversos de nacer con peor salud han sido ampliamente examinados por la literatura, se sabe menos sobre los posibles factores que podrían compensar estas condiciones adversas experimentadas al nacer. En un reciente trabajo examinamos uno de estos posibles factores: la educación de los padres.

En particular, en nuestro trabajo queremos responder a la siguiente pregunta: ¿Son los padres más educados capaces de revertir la mala salud que experimentan sus hijos al nacer? Para responder a esta pregunta, estudiamos el efecto causal de una regulación del trabajo infantil sobre la salud de los hijos de las personas afectadas, en el corto y largo plazo.

Como ya les hablamos aquí, en 1980, se llevó a cabo una reforma del trabajo infantil en España, que aumentó la edad legal mínima para trabajar de 14 a 16 años. En un trabajo anterior se muestra que esta reforma incrementó el nivel educativo alcanzado de mujeres y hombres afectados. La reforma redujo en un 7.6% el número de hombres y en un 11% el número de mujeres que no terminaban primaria (la educación obligatoria entonces). La reforma también tuvo un efecto sobre la educación no obligatoria. En particular, la reforma disminuyó el número de individuos que no terminaban la educación secundaria en un 3.3% para los hombres y en un 2.7% para las mujeres.

Al mismo tiempo, la reforma de la edad mínima para trabajar disminuyó las tasas de fertilidad y matrimonio de las personas afectadas. Los individuos afectados por la reforma tienen menos probabilidad de casarse y de tener hijos. Y lo que es más importante, para aquellas mujeres afectadas que decidían tener hijos, sus hijos varones experimentan una menor salud al nacer (resumen en este blog se puede encontrar aquí). Al nacer (véase la Tabla 1), los niños (varones) de estas madres más educadas tienen peores resultados de salud perinatal, como menor peso al nacer o baja madurez. Estimamos que la reforma causó 618 nacimientos adicionales de niños con menos de 37 semanas de gestación, 837 adicionales de primeros nacimientos múltiples y 768 nacimientos adicionales de niños con bajo peso al nacer. Por otro lado, no encontramos el mismo impacto negativo de la reforma sobre las hijas de las mujeres afectadas. Entre los factores que vemos que afectan negativamente a la salud de los niños al nacer están el aumento de la edad de la madre en el momento de tener el primer hijo y el aumento de la probabilidad de fumar de estas mujeres.

Tabla 1. Efectos de la exposición a la reforma sobre salud de los hijos al nacer.

Por lo tanto, la reforma tuvo un efecto positivo sobre los padres, que ahora están más educados, pero un efecto perjudicial en la salud de sus hijos, especialmente varones, en el momento del parto. Esta reforma, entonces, constituye un escenario perfecto para analizar si la educación de los padres puede ser un factor que permita revertir la mala salud  de los niños al nacer.

Primero, véase la Tabla 2 en la que, usando datos de la Encuesta de Salud en varios años,  miramos la salud de los hijos de los individuos afectados por la reforma en el medio plazo, cuando éstos tienen entre 2 y 15 años. En principio,  esperaríamos que el deterioro de la salud infantil al nacer persistiera al medio plazo, a menos que exista un mecanismo de compensación. Para nuestra sorpresa, encontramos que los hijos de los individuos afectados por la reforma ya no tienen peor salud que otros niños.

Tabla 2. Efectos sobre la salud subjetiva de los hijos en el medio plazo

Nuestros resultados además sugieren que esta reversión a medio plazo se logra a través de la vigilancia materna. Cuando les preguntan a estas madres sobre la salud de sus hijos, éstas siguen percibiendo que sus hijos son menos sanos comparados con otros niños de padres no afectados por la reforma. En cambio, esta percepción no se corresponde con la salud medida de forma objetiva. Esto sugiere que las madres están más preocupadas.

Tener una madre preocupada por tu salud, puede afectar de forma positiva a la salud de los hijos por diferentes medios: a través de unos hábitos más saludables (hábitos alimenticios) o invirtiendo en medidas preventivas (llevándolo más al médico). En nuestros datos, no encontramos evidencia que soporte el mecanismo de los hábitos saludables. Sin embargo, véase la Tabla 3, sí que encontramos que los niños de las mujeres afectadas por la reforma son más propensos a tener seguro médico privado (aunque no podemos que ello la causa de la mejora observada en la salud de los niños afectados). Este último resultado es importante. En España, para los individuos que no son de Muface o regímenes asimilables, cuando se adquiere un seguro de salud privado no se renuncia a la cobertura universal de salud pública. Por tanto, esta doble cobertura permite a los beneficiarios tener un acceso más rápido a especialistas y exámenes y controles adicionales.

Tabla 3. Efectos sobre la probabilidad de contratar un seguro privado

En definitiva, encontramos que la reforma de la edad mínima para trabajar en España de 1980 llevó a las mujeres afectadas por la reforma a tener hijos (varones) más prematuros y con menor peso. Estas madres, que eran más educadas gracias a las reforma, se quedaron más preocupadas por la salud de sus hijos e invirtieron más en ellos. La consecuencia (aunque no podemos que ello sea debido a la mayor inversión relativa en seguro privado) es que en el medio plazo estos niños tienen la misma salud que otros niños de padres no afectados por la reforma. Por tanto, encontramos que una mayor educación de la madre puede compensar los efectos adversos en términos de salud que experimentan sus hijos al nacer.

¿Convivencia Taxi – VTC? Necesitamos cambios en la regulación

Rendir cuentas

de Javier Ferri

Escribía el profesor Azcárraga refiriéndose a la Universidad que para reformar un cementerio no se puede esperar mucha colaboración de los de dentro. Hay muertos que no hacen ruido[1] y aun así siguen rindiendo cuentas ante la historia, esa historia pequeña y cercana que se escribe con nuestros recuerdos. Y hay muertos que hacen mucho ruido, y ese ruido se envasa en los libros de historia como en un frasco que de vez en cuando se agita para producir un sonido distinto al volverlo a abrir. Hay muertos honorables que han llenado el frasco de la historia con música de arte, o con música de ciencia, y muertos infames que han ensuciado con el ruido del sufrimiento la música prometida. Y todavía el tiempo revolverá los sonidos que nos legaron los muertos para hacer, tal vez, indistinguible la honra de la infamia.

Los políticos nada muertos sino muy vivos quieren creer que su responsabilidad se limita a mantener a su electorado satisfecho, desviando la mirada de los efectos colaterales de sus decisiones o sus no decisiones[2]. Esta irresponsable responsabilidad conlleva importantes costes económicos, aunque muchos de estos costes se manifestarán en el futuro, lo que propicia una vía de escape a la rendición de cuentas que los políticos aprovechan, confiando en que nadie en el futuro asocie lo que acontecerá con lo que pudo haber sido. Para ello el político tiene que asegurarse de que los sonidos de su legado político se envasan al vacío, que es la forma más aséptica de provocar el olvido. Aquí radica la principal diferencia entre el político y el estadista: el político gobierna sobre la base del olvido.

Si existe un área en la que las decisiones políticas que se toman hoy determinarán lo que seremos como sociedad mañana, esa es la educación. La educación lo impregna todo, desde la categoría de nuestros políticos, empresarios, trabajadores y científicos, hasta la calidad de nuestras instituciones y normas. La educación es el principal motor del progreso y del bienestar. Y sin embargo, la educación en todos sus niveles ha sufrido un maltrato secular en nuestro país, como refleja la multitud de reformas educativas[3] que se han firmado desde que nuestro último político dictador empezó a rendir cuentas como muerto[4]. Siguiendo con la tradición, el último Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley para la Nueva Educación del siglo XXI[5]. Aunque la convocatoria de elecciones generales ha dejado en suspenso su trámite parlamentario, esta reforma representa toda una declaración de intenciones en materia educativa del partido político que más veces ha gobernado en España, y no es descartable que siga adelante en la próxima legislatura.

Con carácter general, una buena ley de educación es aquélla que sienta las bases para que un porcentaje elevado de personas potencialmente estudiantes, a través de un proceso de aprendizaje, terminen adquiriendo los conocimientos y habilidades que les permitan en un futuro realizarse plenamente, incluyendo una mayor capacidad de conseguir un trabajo acorde con sus competencias. Este objetivo educativo tiene dos vertientes, la parte cuantitativa, es decir, más tiempo de exposición a la educación es mejor que menos tiempo, y la dimensión cualitativa, que básicamente significa que el tiempo de exposición se transforme en un incremento efectivo de habilidades cognitivas. Confiar en un mero recuento estadístico de los logros académicos como indicadores de mejoras educativas es una estrategia equivocada, máxime cuando dichas estadísticas son espuriamente dependientes de los cambios normativos. Reducir el número máximo de repeticiones y relajar las condiciones para la consecución de los títulos, como establece el proyecto de ley, es una forma artificial de mejorar las estadísticas cuantitativas de educación, equivalente a hinchar por ley el PIB y argumentar que nuestro bienestar agregado ha mejorado[6].

La clave está en la calidad, la gran olvidada de todas las reformas educativas habidas en España. Tener más estudiantes titulados con títulos más devaluados no nos hace mejores, sino que nos empobrece como sociedad, y es un resultado injusto para los estudiantes de procedencia social más modesta. La igualdad en materia educativa consiste en facilitar los medios para que los estudiantes menos favorecidos puedan realizar sus estudios en condiciones equiparables al resto, y en que sus resultados en términos de logros académicos tengan el valor real que les corresponde. Una ley que priva a los estudiantes (pobres o ricos) del reconocimiento que se merecen, por la pérdida de valor de los títulos, no puede ser una buena ley.

La calidad de la educación es un indicador fundamental de nuestra capacidad de generar bienestar futuro. Tres cuartas partes de las diferencias en la tasa de crecimiento a largo plazo de la renta per cápita de los países puede explicarse por diferencias en la calidad de su educación[7], y esta constatación nos conduce a tres preguntas fundamentales: (a) cómo se valora la calidad de la educación; (b) qué relación tiene con la calidad de los profesores; (c) qué se puede hacer para mejorar esta calidad. Como veremos a continuación, las respuestas a estas tres preguntas guardan una estrecha relación con la rendición de cuentas.

Uno de los economistas que más profundamente ha estudiado la importancia que tiene la calidad en la educación, y los factores capaces de modificarla, es Eric Hanushek. Su reciente survey sobre la importancia de la rendición de cuentas implementada a través de los tests estandarizados debería empapelar las paredes de los despachos del Ministerio de Educación. En términos muy sucintos, de este survey, y de otros trabajos recientes de Hanushek con otros autores, se desprenden las siguientes respuestas a las tres preguntas planteadas.

(a) Los mejores indicadores para medir la calidad de la educación son los test estandarizados que, con todos sus problemas, son una medida excelente basada en resultados, con un valor informativo superior a los tradicionales indicadores indirectos basados en medición de inputs (véase, por ejemplo, Dearden, Ferri y Meghir). Desde que existe dicha información, las variaciones en los test internacionales estandarizados (como el de PISA) pueden utilizarse como indicadores de la evolución de la calidad de los sistemas educativos, y los políticos tendría que rendir cuentas de los resultados obtenidos. En el último PISA, España se situaba algo por debajo de la media de países de la OCDE, aunque a diferencia de éstos, sus resultados habían experimentado una ligera variación positiva en los últimos tres años.

(b) La calidad del profesorado, y de la dirección del centro, juega un papel fundamental en los resultados obtenidos en los test estandarizados y en los ingresos futuros de los estudiantes. A modo de ejemplo, según Hanuskek (2011) reemplazar al 8 por cien de profesores con menor valor añadido[8] por profesores sobre la mediana, podría mover a Estados Unidos de una posición mediocre en los rankings de calidad educativa a las posiciones más elevadas, con un valor económico en términos de valor presente descontado de 100 billones de dólares.

Sobre este aspecto, en España, existen indicios preocupantes de lo que nos puede deparar el futuro. Lo que podría considerarse una aproximación a una prueba estandarizada para medir las habilidades y conocimientos de nuestros egresados universitarios con vocación docente, las oposiciones a profesores de educación secundaria[9] celebradas entre junio y julio de 2018, nos dejó un paisaje desolador: para cubrir 20.000 plazas se presentaron 200.000 candidatos (una tasa de 10 candidatos por plaza) y aun así se quedaron por cubrir, por la debilidad de los opositores, un 10 por cien de las mismas (un 27 por cien en Euskadi y un 20 por cien en Madrid). Un síntoma claro de que algo falla en nuestro sistema educativo, una falla que termina reflejándose en los que tendrán que formar a nuestros hijos y nietos. Pese a la relevancia y la gravedad del problema, la sociedad civil y los distintos gobiernos permanecen callados. La Universidad no puede seguir escudándose en su autonomía para evitar rendir cuentas, ni puede dejar de denunciar el déficit en habilidades cognitivas de un porcentaje no despreciable de estudiantes que acceden a ella (aquí una muestra). Aunque sólo fuera por la relevancia de lo que está en juego, los profesores y centros, en todos los niveles del sistema educativo, deberían rendir cuentas.

(c) No todos los sistemas de rendición de cuentas tienen la misma efectividad. En este reciente trabajo de Bergbahuer, Hanushek y Woessmann (un resumen aquí) se utilizan dos millones de observaciones de panel procedente de los resultados de los test de PISA para identificar el efecto de introducir diversas reformas en los países de la OCDE, relacionadas con la monitorización de los objetivos de la educación y la rendición de cuentas. Las conclusiones son claras, la rendición efectiva de cuentas, aquélla que mejora la calidad del sistema educativo, está asociada con la asunción de responsabilidades. Partiendo de los resultados de los estudiantes en pruebas estandarizadas se puede evaluar, utilizando los controles correspondientes, el grado de progreso educativo asociado con los distintos profesores y centros. Los resultados de esta evaluación deberían ser públicos y servir para premiar a los que lo hacen bien y penalizar a los que lo hacen mal. Aquí está el problema, en la resistencia de los profesores y centros en los distintos niveles de la educación a dejarse evaluar de forma comparada. Los distintos sustitutivos de rendición de cuentas que nos alejan en mayor o menor medida de este marco de referencia, o no tienen efecto, o tienen un efecto negativo. Piénsese por ejemplo en la rendición de cuentas a nivel interno basada en la utilización de encuestas a estudiantes, y en los incentivos perversos que este sistema acarrea. Lamentablemente, sobre el mecanismo de control y rendición de cuentas, el nuevo proyecto de ley latente se apresura a dejar claro que "las evaluaciones-diagnóstico proyectadas en 4º de Primaria y 2º de ESO servirán para la mejora interna, sin publicar rankings de centros".

El nuevo proyecto de ley es en gran parte, como todas sus leyes predecesoras, una declaración de buenas intenciones que tiene dos carencias fundamentales. La primera es que pone más énfasis en los aspectos cuantitativos que cualitativos de la educación. La segunda es que no establece un mecanismo eficaz de rendición de cuentas por parte de los agentes implicados en el proceso educativo. La expectación que siempre despierta una reforma educativa contrasta sistemáticamente con ese silencio nuclear sobre la rendición de cuentas y que, veladamente, como una máscara inevitable, irá embargando su música:

Oídme.

Nadie oyó nada. Una sonrisa oscura veladamente puso su dulce máscara

sobre el rostro, borrándolo.

Un soplo sonó. Oídme. Todos, todos pusieron su delicado oído.

Oídme. Y se oyó puro, cristalino, el silencio.

Vicente Aleixandre, fragmento de El Moribundo.

 

[1] Joan Báez: “La Llorona”.

[2] Incluya aquí el lector su lista favorita de ejemplos.

[3] Ocho reformas y media.

[4] Como dictador vivo no rindió cuentas nunca.

[5] Un resumen-presentación del proyecto de ley puede encontrarse aquí.

[6] Podría aducirse que al observar una mejora en el PIB publicado los agentes económicos reaccionarían positivamente aumentando el gasto e induciendo un aumento efectivo en el PIB, que es parecido al argumento de recuperar a estudiantes para el sistema sobre la base de la relajación de los requisitos mínimos.

[7] Hanushek, E. A. y Woessmann L. (2012): "Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation." Journal of Economic Growth, 17, 4: 267-321.

[8] El valor añadido del profesor se obtiene estimando su influencia sobre el desarrollo cognitivo de los estudiantes a su cargo, una vez descontados otros factores fuera del control del profesor.

[9] No estoy defendiendo la virtud del sistema de oposiciones, sino destacando los resultados de enfrentarse a una prueba con las reglas de juego bien establecidas. Aunque los tribunales (y por lo tanto los criterios de corrección) podían diferir entre regiones, el temario era común en todas las Comunidades Autónomas.

¿A qué hora se duermen los niños? El huso horario y el éxito escolar

Al tener nuestra primera hija, descubrí que algunas de mis “reglas” de cómo criar a los hijos eran bien distintas a las de personas de mi entorno aquí en Londres. Una de ellas era la hora a la que poner a los niños en la cama. Aquí es bastante habitual que los niños se vayan a la cama a las 19:30, mientras que en España suele ser bastante más tarde. Y casi está mal visto que los niños se vayan más tarde a la cama: una amiga mía española me decía que mentía cuando los padres de otros hijos le preguntaba a qué hora ponía a sus niños en la cama.

Y la verdad es que yo veía algunas ventajas en que los niños se fueran a la cama más tarde, en especial, que tanto la madre como yo podemos pasar más tiempo con ellos. Por el lado de las desventajas, me ha dado mucho que pensar este reciente artículo titulado “Poor Sleep: Sunset Time and Human Capital Production” escrito por Maulik Jagnani, estudiante de doctorado de Cornell University.

Maulik investiga cómo influye la hora a la que se pone el sol en la hora a la que se van a dormir los niños, en cuánto duermen, y en su éxito escolar. Por razones históricas, políticas y económicas, la hora solar de una zona geográfica no siempre se corresponde con la hora oficial. Esto hace que en algunas zonas, el sol se ponga mucho más tarde que en otras. Este retraso es muy agudo en España: mientras que ayer (19 de Febrero) se puso el sol a las 17:26 en Berlín y 17:22 en Londres,  la puesta de sol fue a las 19:12 en Vigo, unos 105 minutos de diferencia. Obviamente, el retraso es menor en zonas más orientales: en Barcelona se puso el sol a las 18:30, y a las 18:24 en Menorca. En Canarias, “la hora menos” no llega a compensar, y la puesta de sol fue a las 18:47 en Lanzarote y 19:04 en La Palma.

La hipótesis de Maulik es que el retraso en la puesta del sol se traduce en que los niños se van más tarde a la cama. Cuando el cielo se oscurece, una glándula pineal (que se encuentra en el cerebro), segrega melatonina que facilita el sueño. Siguiendo esta lógica, si debido al retraso en la puesta del sol, la secreción de melatonina se retrasa, también se retrasa el inicio del sueño, y los niños duermen menos porque la hora a la que se levantan no se ajusta (por ejemplo, la hora a la que empieza el colegio no cambia).

En teoría, que los niños duerman menos puede ser bueno o malo para su éxito escolar. Hay un efecto “cantidad de tiempo”, si duermen menos tienen más tiempo para hacer tarea y acelerar su aprendizaje. Pero también puede haber un efecto “productividad”. Si duermen menos, estarán más cansados, serán menos productivos en el colegio, y también pasarán menos tiempo haciendo la tarea escolar (porque hacer tarea no es productivo por el cansancio). En definitiva, teóricamente el efecto de la cantidad de sueño en el éxito escolar es ambiguo (hay un efecto a favor y otro en contra), y necesitamos los datos para saber qué efecto es predominante.

Maulik investiga este efecto con datos de la India, donde el sol se pone 90 minutos más tarde en el Oeste que en el Este (una diferencia incluso menor que la que hay entre Vigo y Berlín). Sus resultados muestran que un retraso de una hora en la hora en que se pone el sol se traduce en 30 minutos menos de sueño en los niños. Y también encuentra que el efecto “productividad” gana al efecto “cantidad de tiempo”: el retraso en la puesta del sol implica que los niños pasan menos tiempo estudiando o haciendo tarea, y también menos tiempo en tareas directamente productivas (trabajo informal).

Los resultados más importantes de Maulik son sobre el éxito escolar: una hora de retraso en la puesta del sol reduce los resultados de tests de matemáticas en 0.6 desviaciones típicas,  reduce en 0.8 los años de escolarización, y afecta negativamente la probabilidad de terminar la escuela primaria y la intermedia. Aunque los datos no son tan ricos como en la India, Maulik encuentra resultados similares en China e Indonesia.

Estos resultados me dan bastante que pensar, sobre todo me indican que el cansancio por la falta de sueño es bastante más importante que lo que yo pensaba. De todas formas, claro está que los resultados no se pueden trasladar sin más a un país desarrollado. Para empezar, Maulik encuentra que, incluso en la India, el efecto es menor en las familias más ricas, que seguramente pueden comprar bienes que ayuden a dormir antes, a prolongar el sueño, o a que los niños estén menos cansados (cortinas, vivir más cerca del colegio, mejor nutrición, etc.) Respecto a evidencia sobre países desarrollados, solo conozco el artículo de Costa-Font y Flech (entrada aquí) que encuentra que el sueño sí que es un factor importante para el empleo e ingreso familiar en el Reino Unido.

Relacionándolo más con España, los padres españoles están mejor educados, en media, que los de la India. Por lo que puede ser que los niños se beneficien más de pasar más tiempo con los padres, por ejemplo, haciendo la tarea. Si los niños se fueran antes a la cama, y los padres tuvieran que pasar menos tiempo con ellos, pudiera pasar que el rendimiento escolar de los niños sufriera. Claramente, esto también depende de cuánto de importante para el rendimiento escolar es la ayuda de los padres vis a vis  el tiempo en el colegio, donde los niños estarán más cansados si duermen menos. Se me ocurre también que muchos niños en España van a un colegio lejos de casa, lo cual posiblemente también disminuya lo que duermen.

Obviamente, este debate está muy relacionado con el debate sobre el cambio del huso horario en España, y con el de la fragmentación de la jornada laboral, y con el comienzo de la jornada laboral y también escolar. Sobre los dos temas ya tenemos varias entradas (esta, esta y esta otra). El debate es muy amplio, e incluye aspectos como ahorro energético y coordinación con socios comerciales. De todas formas, la próxima vez que el profesor o profesora te diga que tu hijo o hija está cansado en el colegio, pregúntate si debiera irse antes a la cama.

Puertas giratorias: ¿qué hacen los políticos en los consejos de administración?

de Bartolomé Pascual-Fuster y Rafel Crespí-Cladera

Cuando se habla de las puertas giratorias, generalmente refiriéndose a políticos que pasan a ocupar puestos relevantes en el mundo empresarial, el foco se centra en sus aspectos negativos, principalmente en el intercambio de favores entre políticos y empresas. En cambio, se suele obviar el efecto sobre los intereses de los accionistas y menor atención reciben las funciones que desempeñan estos ex-políticos en las empresas.

En un reciente artículo analizamos las funciones que desempeñan los políticos cuando forman parte de los consejos de administración de las sociedades cotizadas en España para el período 2004-2012. Más concretamente, analizamos como afecta al gobierno de la empresa que ex-­políticos formen parte del consejo de administración. La literatura previa muestra como los políticos son atractivos para las empresas principalmente por su conocimiento, sus contactos e influencia en la escena política y regulatoria. Entradas anteriores de NeG (aquí, aquí, aquí y aquí) también han elaborado sobre estas premisas.

En el contexto español se trata generalmente de individuos que han desarrollado toda su carrera profesional en el mundo de la política, y carecen de experiencia en el mundo de los negocios. Por tanto, es de esperar que su principal función en el consejo sea la de asesorar en todo lo que sean relaciones de la empresa con la esfera política. Sin embargo, hay estudios que muestran como consejeros muy centrados en labores de asesoría dejan de lado sus funciones de control del equipo directivo, de forma que su entrada en el consejo podría ser negativa para los accionistas cuando se considera su contribución global. Una justificación de este comportamiento es que el asesoramiento a los directivos que también tienen que ser supervisados es más difícil si los consejeros no tienen a su disposición información relevante, muchas veces proporcionada por los mismos directivos. En consecuencia, consejeros muy activos en supervisión pueden tener dificultades para obtener la colaboración de los directivos proporcionando esa información.  Los directivos pueden obviar este problema de supervisión si influyen en la nominación de consejeros (ex-­políticos) con una actuación “amigable” que puede perjudicar las buenas prácticas del gobierno de la empresa.

En base a la información publicada por las empresas en sus Informes Anuales de Gobierno Corporativo depositados en la CNMV y cruzando con los datos de las instituciones legislativas y ejecutivas a nivel europeo, estatal y autonómico, el 4,5 % del total de observaciones (12.243 consejeros /años desde 2004 a 2012) corresponden a ex-políticos. Este porcentaje es del 6,6% para las empresas del cuartil de mayor tamaño y de un 2,2% para las del cuartil de tamaño menor. Estos datos son estables a lo largo de los años analizados.

Comprobamos como los ex–políticos entran en los consejos de las empresas cotizadas mayoritariamente como consejeros independientes (ver tabla), si bien también actúan como consejeros dominicales (para defender los intereses de un accionista de control) y, en menor medida, como consejeros ejecutivos. Contrariamente a lo esperado, los ex–políticos asumen cargos en el consejo de administración centrados en el control del equipo directivo, como puede ser la presidencia de la comisión de nombramientos y de retribuciones, con la misma frecuencia relativa que cualquier otro consejero.Es conocido que cuando el consejo de administración falla en su labor de supervisión, en el caso en el que los resultados de la empresa no son positivos se reemplaza con menor frecuencia a los directivos. También ocurre que cuando los mecanismos de gobierno fallan existe una retribución por encima de la norma a los ejecutivos. Y sabemos que cuando las funciones de auditoria no funcionan se producen mayor número de salvedades de los auditores externos o se produce mayor “gestión del beneficio”. Sin embargo, en este trabajo mostramos que en los consejos de administración que tienen consejeros independientes provenientes de la política no se presentan problemas de gobierno corporativo diferentes de aquellas empresas que no incluyen políticos. Sólo encontramos alguna evidencia de deterioro del gobierno corporativo cuando los ex–políticos sirven como consejeros dominicales o como consejeros ejecutivos. Básicamente hay efectos negativos poco significativos por la labor de supervisión del consejoíque ejercen los consejeros politicos.

Interpretamos, por tanto, que los posibles efectos positivos por la influencia de los ex-­políticos (que se asumen, aunque no se miden en este artículo) sobre la riqueza de los accionistas no tienen un lado negativo debido a un peor funcionamiento del consejo de administración. Aunque los ex – políticos generalmente no tengan experiencia previa en el mundo empresarial, no obtenemos evidencia de que tengan capacidades de control del equipo directivo diferentes a la del resto de consejeros.

Entendemos que este resultado es compatible con dos explicaciones. Una es que los ex-políticos, dada su exposición pública en su etapa como políticos, pueden sufrir un coste reputacional especialmente elevado si se les asocia con dejadez o con incompetencia en sus funciones de control del equipo directivo. La otra es que el asesoramiento e influencia prestadas al equipo directivo, centrado en la relación de la empresa con la esfera política, no precisa de tanta información y colaboración de éstos, lo cual es compatible con una función de control efectiva.

En resumen, no encontramos que la incorporación de ex-políticos en los consejos de administración genere efectos negativos sobre los intereses de los accionistas de forma sistemática, sobre todo si actúan como consejeros independientes. No obstante, los efectos sobre el bienestar general (no estudiados en nuestro artículo) van más allá y podrían ser negativos si, por ejemplo, las puertas giratorias implicaran intercambios de favores que afecten a la forma en que compiten las empresas.

Todo lo sólido se desvanece en el aire (II)

Esta es la segunda parte del resumen online de “Alienación y aceleración” de Hartmut Rosa. La primera era esta. El punto anterior quedó en “los horizontes y patrones de tiempo de la formación de una voluntad democrática deliberativa y las esferas tecnológica, científica, económica y cultural marchan en direcciones opuestas”. Es decir, que cuanto más rápido avanzan el conjunto de esferas económica, tecnológica, digital, online, etc…, más tiempo se requiere para sustentar democracias de carácter verdaderamente deliberativo. Pero no lo hay. De ahí que no sea casual que estrellas mediáticas como Arnold Schwarzenegger, Nicolás Sarkozy o Silvio Berlusconi, hayan triunfado en política, no por la fuerza de sus argumentos, sino por la fuerza de sus consejos mediáticos o de la mera fabricación de opinión pública. La velocidad nos ha conducido a la volatilidad. Las posturas de por vida han desparecido, y con ello el tradicional significado entre izquierda y derecha. Incluso no es infrecuente cambiar de religión. Y en esferas más personales, apenas nace un bebé, sus padres se vuelven paranoicos con la posibilidad de que pueda ser demasiado “lento”. La aceleración es una forma de totalitarismo según el autor porque; – Ejerce presión sobre la voluntad y las acciones de los sujetos – Es un poder ineludible, todos los sujetos se ven afectados por ella – Es omnipresente, su influencia no se limita a una u otra área de la vida social sino a todos sus aspectos – Es difícil o casi imposible criticarla y luchar contra ella A continuación entrecomillo un párrafo entero por la gran incorrección política que encierra: “Con toda seguridad llamaríamos totalitario a un régimen que hace que sus súbditos se despierten por las noches con un terrible temor y un peso sobre el pecho, esperando su inmediata desaparición con los corazones alterados y la frente cubierta de sudor. Podemos estar […]

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Presentación de nuevas colaboradoras: Antonia Díaz, Beatriz González y Judit Val

de José Luis Ferreira, Sergi Jiménez y Pedro Rey-Biel

Antonia Díaz es una nueva colaboradora de Nada es Gratis. Podéis ver un resumen de su biografía en su página web. Doctora por Minnesota e investigadora en la Reserva Federal, es su regreso a España recaló en la Universidad de Alicante y luego tuvimos la suerte de atraerla a la Universidad Carlos III de Madrid, donde esperemos que siga por muchos años. En principio, es una macroeconomista, pero sus intereses van mucho más allá de la idea que solemos tener de la macroeconomía los que no somos expertos en el tema. Así, Antonia trabaja para entender la interacción entre crecimiento, uso de energía y cambio climático, problemas de primer orden en nuestros días. Como el crecimiento no es solo producción, sino también distribución, Antonia también trabaja para entender los determinantes de la distribución de la riqueza de los hogares, yendo hasta el microcomportamiento de los hogares en el mercado de la vivienda, lo que da una idea de su visión completa de la Economía. Antonia ya escribió para Nada es Gratis recientemente, hablando de las guerras del taxi (aquí) y también, hace ya varios años, sobre productividad (aquí)

Por si eso fuera poco, el lector de Nada es Gratis podrá apreciar un exquisito cuidado en el estilo de sus escritos. Esto es muy de agradecer en esta llamada ciencia lúgubre, entre otras cosas, por la aridez de sus textos, que prestan más atención a la precisión técnica de los argumentos y a la exposición de los datos que a la prosa que los describe. Y es que Antonia es también escritora. Durante la Feria del Libro la podemos encontrar firmando sus libros de poesía, como “Mutaciones” editado por Polibea, o “Nueve piezas de fuga y tres divertimentos”, por Vitruvio.

Producción y distribución, Micro y Macro, prosa y verso, nada se le resiste a Antonia.

Beatriz González López de Valcárcel es doctora en Económicas por la Universidad de la Laguna y actualmente Catedrática de métodos cuantitativos para la economía  en la Universidad de las Palmas especializada en Economía de la Salud. Resulta tremendamente difícil resumir en breves líneas los principales logros de Beatriz, dada su infinita capacidad para tirar de carros y carretas y, permítaseme la expresión, meterse en líos. Por ser breve, destacaría que ha sido presidenta de las principales asociaciones académicas relacionadas con Economía de la Salud (AES y SESPAS) y ha participado activamente en numerosos comités dedicados tanto a la construcción como la evaluación de políticas públicas en, principalmente, el ámbito de la salud. A pesar de ese nivel de servicio a la comunidad, su productividad científica es realmente impresionante, destacando sus contribuciones en Journal of Health Economics, Health Economics, Preventive Medicine, European Journal of Cancer, European Journal of Public Health, Journal of Epidemiology and Community Health, Human Resources for Health and Value in Health. En definitiva, Bea es un Científico con mayúsculas, a la que nuestros lectores ya conocen por varias interesantes entradas coautoradas en el pasado (aquí).

Judit Vall-Castelló es doctora en Economía por la Universidad de Maastricht, ha sido directora de investigación del CRES (UPF) y actualmente es profesora en la Universidad de Barcelona. Su investigación, que tiene una vocación eminentemente aplicada, abarca, aunque no exclusivamente, la economía laboral, la salud y la familia. Destacaría su enorme virtud para encontrar preguntas novedosas e interesantes en áreas de investigación donde otros pensamos que ya está todo trillado o dicho.  Su trabajo (véase aquí) sobre el efecto de los recortes de la Sanidad sobre la mortalidad de los inmigrantes es buena prueba de ello. Su lista de publicaciones empieza a ser muy extensa, aún lejos de sus límites, habiendo publicado en el Economic Journal, Journal of Public Economics, Labour Economics, Health Economics, entre otras revistas de primer nivel. Judit ya ha escrito para Nada es Gratis en diversas ocasiones (aquí) y, sin ir más lejos, el viernes pasado se estrenó como colaboradora habitual con una interesante entrada sobre posición social y testosterona (aquí). Sin lugar a dudas un gran fichaje para Nada es Gratis.