Que diez años no es nada

Nota de los editores. Nada es Gratis nació hace diez años por estas fechas. Para que la efeméride no pase desapercibida, hemos pedido a sus creadores y editores anteriores que escribieran entradas sobre qué ha sido, qué es y qué debería ser NeG, sobre los cambios económicos y académicos en la profesión que consideran más relevantes en la última década o sobre cualquier preocupación que quisieran pronunciar con la excusa del décimo aniversario del blog que crearon y contribuyeron a consolidar como uno de los más influyentes (casi siempre en español).  Hoy iniciamos la publicación de esta serie de entradas con la de Antonio Cabrales. En fechas próximas publicaremos las que nos han llegado (y esperemos que lleguen en los próximos días). Queremos expresar nuestro más ferviente agradecimiento a todos ellos.

De Antonio Cabrales

Cuesta creer que Nada es Gratis cumpla ya diez años. Pero claro, cuando comencé a escribir mis hijos estaban en primaria y ahora en la universidad. O como decía aquel amigo “estos chicos de primero cada año son más jóvenes.” Pues felicidades a todos, y muchas gracias a los lectores por seguir ahí.

Cuando los editores nos contactaron para escribir un artículo durante la celebración del aniversario, nos dijeron que escribiéramos “sobre lo que ha sido, es o debería ser NeG o cualesquiera otras opiniones que consideréis oportunas” y naturalmente lo primero que se me vino a la cabeza es este magnífico sketch de “los guiñoles del Plus” (que lógicamente más de la mitad de los lectores no habrán visto nunca, pero no se lo pierdan, es genial). La broma venía de que a la vieja guardia del PSOE le costó perder el control del partido y dar paso a la nueva generación que lideró José Luis Rodríguez Zapatero y se pasaron mucho tiempo dando “consejitos.”

Así que, no, no les voy a decir ni a los editores ni a los autores lo que es o debería ser NeG, entre otras cosas porque es un ejercicio inútil. Este es un espacio cooperativo, donde los que colaboran lo hacen porque les apetece, y la única motivación es intrínseca. Y la literatura psicológica y educativa establece una conexión profunda entre autonomía y motivación intrínseca. Y en el ejercicio de esta autonomía, ¿qué es lo que me motivaba a participar en NeG todo el tiempo que lo hice (y les amenazo con volver en cuanto termine mi período de director de departamento en enero)? Pues siendo completamente franco, porque me gusta la economía. Me gusta mucho y me parece muy útil y quería compartir este entusiasmo por mi disciplina con los lectores. De ellos, algunos imagino que están aquí porque tienen el mismo hobby (mi padre siempre me dice que esto que hago yo de investigar en su época lo hacían los que eran ricos por su casa) y son friquis en el sentido que la da el diccionario de la RAE: “Persona que practica desmesurada y obsesivamente una afición.” Otros porque tienen curiosidad intelectual y quieren aprender un poco de esto. Y supongo que habrá otras motivaciones. Todas me parecen bien.

Y es que la economía moderna estudia problemas increíblemente interesantes y variados de manera rigurosa, así que podría estar escribiendo una entrada cada día. Porque como dice me colega Imran Rasul en su popular hashtag #WhatEconomistsReallyDo, lo que hacemos los economistas es fascinante. Por poner un ejemplo concreto, les cuento minimalistamente lo que han llevado al mercado de trabajo académico cuatro doctorandos de UCL. Marta Cardoso Lopes, nos muestra de manera muy creible el impacto de la falta de seguridad laboral en las decisiones de tener hijos. Julien Combe, sobre lo que dice la teoría y se observa en los datos acerca del modelo de asignación de profesores a escuelas en Francia. Alejandro Estefan muestra que el acceso de la mujer al mercado de trabajo tiene como consecuencia un aumento de la violencia doméstica en México. Como dice el autor, este resultado es consistente con teorías instrumentales de la violencia que afirman que la violencia es un instrumento de control. Marleen Marra nos cuenta como vale la pena para las empresas de subastas online descontar los precios a los ganadores y cobrar más a los vendedores, y que ¡hasta los vendedores ganan porque aumenta el tamaño del mercado! No les doy más ejemplos. A alguno de ellos lo conocen en detalle, porque Ravi Somani, un brillante doctorando asesorado por Marcos Vera, ya les contó su trabajo sobre la mejora de la función pública en Etiopía por aquí.

Algún lector se preguntará si todo esto tiene influencia aquí y ahora. La verdad es que no lo sé. Mi impresión es que nuestro “track record” influenciando reformas en políticas públicas a través de NeG es más bien limitada (ven, he aprendido esto tan británico del “understatement”). El subtítulo del primer libro de Jorge Juan era “Cómo evitar la década perdida tras la década prodigiosa.” Pues la verdad es que suena que la década se perdió. No ha habido cambios de política de la menor relevancia. Estaba mirando por curiosidad estos días los programas de los partidos mayoritarios sobre las pensiones, y aparte de decir que garantizarán la revalorización nadie se atreve a decir nada mínimamente concreto, algo sobre lo que Nacho Conde Ruiz o Juan Rubio llevan desgañitándose toda la década (y Juan Francisco Jimeno más tiempo del que él mismo querría recordar). En educación el panorama es similar. Todas los posibles pactos se han encallado en temas secundarios, y la LOMCE, que en mi opinión no era particularmente revolucionaria, no dará lugar a ningún cambio real. Sobre todo, en las cosas que me parecía que importan más. Como evitar la “educación viejuna” o en proporcionar algún incentivo de carrera a los profesores.

Y, sin embargo, soy moderadamente optimista. En educación me parece que hay un cambio social significativo. En el libro de Nada es Gratis nos preguntábamos sobre la educación “¿Y ahora qué hacemos (y por qué no lo hace ya el mercado)?.” Esta observación no ha sobrevivido el paso del tiempo, en la parte que al “mercado” se refiere. Los estudiantes de bachillerato de nivel socio-económico alto son mucho más conscientes de la importancia de la educación. Viendo a mis hijos, sus compañeros, y gente de edad similar me doy cuenta de que el nivel de información es infinitamente superior al de mi generación (lo de infinito es porque en la nuestra era cero, claro). Los jóvenes saben, con un nivel de aproximación muy bueno, cuáles son las buenas y malas universidades, y cuáles son los grados que las empresas exigen. Mi hijo estudia Física en parte porque las salidas profesionales son muy buenas. Anxo lo estudiaba exclusivamente porque es una ciencia increíblemente interesante. La nota de corte en física en la Universidad Autónoma de Madrid (sólo física, no el doble grado) es de 12,783 (en la época de Anxo era un 5 pelado). Con esa nota de corte se puede entrar en muchas facultades de medicina. Y no es una fenómeno exclusivo de física o de una universidad. Hay muchas titulaciones en todos los ámbitos del conocimiento que tienen notas de corte elevadas. Creo que es un fenómeno muy nuevo e induce a los estudiantes a esforzarse mucho en el bachillerato. Esto sí lo predecíamos en el libro de Jorge Juan, pero lo que no anticipábamos es que la iniciativa privada iba a ir un paso por delante de las reformas, y que la información y los incentivos iban a suplir los fallos de las políticas públicas.

Pero esto tiene riesgos. Las presiones de las finanzas públicas pueden hacer que los gobiernos no tomen medidas para reformar la universidad (como las que proponemos aquí) y esto puede llevar a que las clases medias olviden la universidad y se pasen al sistema privado. Algo similar puede ocurrir con las pensiones. La formas más sencilla de solucionar el sistema de pensiones públicos es lo que lleva pasando mucho tiempo, lo que el profesor Conde-Ruiz llama la “reforma silenciosa.” Se suben las pensiones mínimas y se congelan las máximas. A medio plazo esto quiere decir que los altos ingresos se ven obligados a complementar su pensión pública con ahorro privado. Hasta aquí, ningún problema. Pero si el votante mediano piensa que ni la universidad pública ni el sistema de pensiones públicas le sirven para nada, ¿qué piensan que pasará con estos sistemas a largo plazo? Por esto conviene seguir informando desde estas páginas. No necesariamente del día a día político, sino de las opciones y evidencias, y de la forma de pensar de los economistas. Porque “diez años no es nada” pero lo que dice el tango de verdad es que “veinte años no es nada” y quizá hay que ampliar aún más el horizonte.

¿Se escapan los ricos cuando las comunidades autónomas les suben los impuestos?

Trabajo femenino y brechas de género en Toledo, siglos XVI y XVII

Cómo combatir las preferencias políticas y económicas del 0,1%

En un par de días participaré en una conferencia del Instituto de Política Económica sobre el “desorden de riqueza excesiva”, los problemas y peligros creados por la concentración extrema de ingresos y riqueza en la parte superior. Me pidieron que diera una breve charla al comienzo de la conferencia, centrándome en las distorsiones políticas que crea la alta desigualdad, y he estado tratando de poner mis pensamientos en orden. Así que pensé que también podría escribir esos pensamientos para una difusión más amplia. Aunque el discurso popular se ha concentrado en el “1%”, lo que realmente está en discusión aquí es el papel del 0,1%, o tal vez el 0,01%, los verdaderamente ricos, no los “400.000 dólares al año que gana un broker de Wall Street”, ridiculizados en la película del mismo nombre. Este es un grupo de personas realmente pequeño, pero que ejerce una gran influencia sobre la política. ¿De dónde proviene esta influencia? La gente suele hablar de contribuciones de campaña, pero eso es solo un canal. De hecho, yo identificaría al menos cuatro formas en que los recursos financieros del 0,1% distorsionan las prioridades de la política: La cruda corrupción. Nos gusta imaginar que el simple soborno de políticos no es un factor importante en Estados Unidos, pero es casi seguro que es mucho más importante de lo que nos gusta pensar. La corrupción suave. Lo que quiero decir con esto es la diversidad de formas en que no se puede obtener directamente dinero de los políticos, los funcionarios del gobierno y las personas con influencia política de ningún tipo, para sí financiera o indirectamente mediante la promoción de políticas que sirven a los intereses o prejuicios de los ricos. Esto incluye la puerta giratoria entre el servicio público y el empleo en el sector privado, las […]

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"La selectividad"

Como cada año, este mes de junio han tenido lugar las pruebas de selectividad (formalmente llamadas EvAU) que realizan cada año cientos de miles de estudiantes con el objetivo de acceder a la carrera universitaria deseada.

Este año entre las tradicionales noticias sobre la tensión vivida por los estudiantes que se presentan este año y qué ha sido de los mejores de los años precedentes, dos noticias se han salido de la norma: La primera es que el estudiante con la mejor nota, que además es la máxima nota posible (14 de 14) ha decidido no ir a la universidad sino a la Escuela Superior de Arte Dramático (ver aquí). La segunda noticia relevante es que unos estudiantes han entregado 178.000 firmas a la Ministra de Educación, Isabel Celaá, pidiendo implantar una Selectividad única en toda España (ver aquí). Dicha petición cuenta actualmente con el apoyo de Partido Popular y Ciudadanos. Los estudiantes que están detrás de esta iniciativa argumentan que existen diferencias en el temario y la tipología de examen entre las distintas Comunidades Autónomas que podrían explicar las diferencias en los resultados. A pesar de dichas diferencias los estudiantes compiten por los puestos disponibles en cada carrera a nivel nacional y esto podría generar que estudiantes con el mismo nivel de esfuerzo tengan oportunidades distintas de acceder a la carrera deseada.

A la espera de los datos sobre la selectividad de este año, me he propuesto analizar los datos disponibles para intentar entender los patrones de participación y resultados en los exámenes de selectividad en el pasado y de este modo saber qué podemos esperarnos este año. Además, la posibilidad de homogeneizar el examen para todo el Estado hace interesante analizar la magnitud y la evolución de las diferencias entre comunidades autónomas.

Desde 2013 el organismo encargado de recopilar los datos sobre la Selectividad es el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Por desgracia, los datos no están disponibles a nivel individual, aunque sí existen desagregados a nivel de Comunidad Autónoma y materia de examen.

Como primera aproximación a los datos, muestro la evolución del número de estudiantes que realizan el examen de Selectividad a lo largo del tiempo. Varias fuentes periodísticas señalan que el número de estudiantes que se han presentado al examen este año es aproximadamente 300.000 (ver por ejemplo aquí). Si se confirmase este dato, 2019 habría sido el año con el mayor número de estudiantes presentados desde 2013.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, entre los estudiantes presentados en 2013, el 55% eran mujeres. Este porcentaje se mantiene bastante estable hasta nuestros días y se sitúa en 56% en 2018. Estos datos son consistentes con el hecho de que la mayoría de estudiantes universitarios en España son mujeres (el 60% en 2018, según se puede leer aquí).

Respecto a los resultados, la nota media en estos años ha fluctuado entorno a 6.15 para el total de presentados y en torno a 7.15 para los aprobados. Las mujeres obtienen resultados consistentemente superiores a aquellos de los hombres durante todo el periodo considerado pero las diferencias son relativamente pequeñas (ver el siguiente gráfico).

La nota media podría potencialmente enmascarar grandes diferencias en los resultados entre materias. En el siguiente gráfico muestro los resultados separadamente para aquellas materias de las que se examinan al menos un tercio de los estudiantes. Lo primero que llama la atención es que, aunque la nota media sigue un patrón bastante regular y estable, los resultados desagregados por materias siguen un patrón mucho más errático. Sorprendentemente no existen materias con mejores y peores resultados en general, sino que en cada año el ranking de resultados por materias varía significativamente.

A continuación paso a considerar el tema de las diferencias de resultados entre las comunidades autónomas. Me interesa saber si estas diferencias son sistemáticas en el sentido de que persisten en el tiempo y si las comunidades donde los alumnos se ven beneficiados o perjudicados son siempre las mismas. El siguiente grafico refleja la evolución del grado de dispersión del voto medio por comunidad autónoma a lo largo del tiempo. Se aprecia que en las dos últimas convocatorias para las que existe información (2017 y 2018) el grado de dispersión es más alto.

En la siguiente tabla muestro las notas medias para cada Comunidad Autónoma para los años 2013-2018. No existe una regularidad en el ranking de resultados por comunidades autónomas a lo largo del tiempo. Por tanto, no existen comunidades que sistemáticamente benefician o perjudican a sus examinados. Aunque existen diferencias en el temario y el tipo de examen, el modo de corregir parece adaptarse y compensar las diferencias.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Andalucía	5.92	6.01	6.13	6.25	6.03	6.24
Aragón	6.30	6.33	6.37	6.54	6.53	6.58
Asturias	6.22	6.03	5.99	6.27	6.15	5.95
Baleares	5.88	6.07	5.97	5.92	5.52	5.47
Canarias	6.25	6.70	6.77	6.76	6.68	6.35
Cantabria	5.95	6.28	6.35	6.31	6.63	6.25
Castilla - La Mancha	6.02	6.19	6.15	6.28	6.14	6.08
Castilla y León	6.08	5.99	6.18	6.18	6.11	6.38
Cataluña	6.01	6.15	6.39	6.35	6.08	6.34
Comunitat Valenciana	6.14	6.18	6.20	6.28	6.32	6.32
Extremadura	5.48	6.48	6.40	6.50	6.11	6.49
Galicia	6.05	5.73	5.84	5.86	5.95	5.90
Madrid	5.89	6.11	6.14	6.08	6.08	6.17
Murcia	6.04	6.13	6.23	6.34	6.34	6.34
Navarra	6.44	6.16	6.06	6.32	6.29	6.39
País Vasco	6.19	6.44	6.46	6.52	6.53	6.58
Rioja	6.25	6.41	6.29	6.48	6.46	6.37

Mi conclusión es que analizando las notas medias, no parece que exista urgencia por homogeneizar el examen de selectividad. Para tomar una decisión de este tipo habría que analizar los datos individuales para ver las diferencias en las distribuciones de notas entre Comunidades Autónomas. También habría que analizar los posibles beneficios de mantener la descentralización que podrían derivar de una mayor facilidad para coordinar los centros educativos dentro de una misma Comunidad Autónoma.

¿Cómo se centrifugan los aranceles?

Prácticas anticompetitivas: un ejemplo de libro (de texto)

de Javier Campos y Juan Luis Jiménez.

El próximo mes de septiembre, cuando comience el nuevo curso escolar, la tradicional queja de miles de familias españolas sobre la carestía de los libros de texto puede estar más justificada que nunca. En una resolución reciente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado a 34 editoriales de libros de texto no universitarios y a la Asociación Nacional de Editores de Libros y material de Enseñanza (ANELE) por coordinar políticas y condiciones comerciales para restringir la competencia.

Como es habitual, lo interesante de este caso no es solo que parece haber quedado acreditada la existencia de prácticas concertadas en detrimento de los consumidores y del Estado (este por vía ayudas a la compra de libros), ni siquiera la cuantía de la sanción (33,8 millones de euros); sino que el expediente de la Comisión ofrece algunos datos sorprendentes sobre el funcionamiento de un sector en el que la existencia de un “código de buenas prácticas” encubría, en realidad, conductas colusorias.

Tal vez debería discutirse primero si, por sus características de bien cultural, la publicación y distribución de libros debería quedar al margen de las disposiciones del art. 101 del TFUE. De hecho, no se trataría de una demanda reciente: en 1829 los editores londinenses presionaron al gobierno para que se prohibieran los descuentos en la venta de libros, ya que “perjudicaba la respetabilidad del negocio de la cultura” (Hartwick, 1984). Este tipo de restricción vertical, conocida como mantenimiento del precio de reventa, fue común en Europa hasta hace unos años y la legislación española, por ejemplo, la justificaba señalando que “la uniformidad en los precios [entre vendedores] favorece una oferta editorial culturalmente plural, heterogénea y rica (…), garantizando un marco de distribución estable y duradero” (RD2828/1979).

Aunque (y principalmente por iniciativa de Francia) “l'exception culturelle” sigue presente hoy en día en la industria audiovisual europea, no parecen persistir en el sector editorial suficientes razones económicas que justifiquen una protección excesiva. Las limitaciones sobre los precios de los libros fueron eliminándose progresivamente en nuestro país (especialmente a raíz de un demoledor informe del entonces Tribunal de Defensa de la Competencia, en 1997), configurándose el actual marco sectorial que, en principio, favorecería la libre competencia entre las editoriales, y entre las librerías. En 2010, Jiménez y Campos analizaron la estructura del sector y observaron que, en el caso particular de los libros de texto no universitario, existían algunos elementos preocupantes cuya corrección era necesaria para que los potenciales beneficios de la liberalización pudieran manifestarse en su totalidad.

¿Cómo (sigue funcionando) el mercado de los libros de texto no univesitarios en España?

La resolución de la CNMC muestra que el mercado de los libros de texto no universitarios en España se estructura a partir de un entramado de relaciones definidas entre cuatro agentes principales. En primer lugar, los colegios e institutos, quienes seleccionan, antes de la finalización de cada año académico, el material didáctico que se utilizará el curso siguiente para cada una de las enseñanzas impartidas. No se trata de una decisión baladí y, aunque se supone que se adopta siguiendo criterios profesionales, los mecanismos de decisión no siempre son transparentes, ya que existen ofertas diferentes en relación a los contenidos pedagógicos que deben ser cubiertos siguiendo las correspondientes directrices de las autoridades educativas. En segundo lugar, están las familias quienes, a pesar de ser los consumidores finales en este mercado, se ven privadas en realidad de su derecho más básico: la posibilidad de elegir el producto; únicamente pueden, en el mejor de los casos, optar entre distintos vendedores (generalmente, librerías o grandes superficies) que actúan como simples intermediarios en una relación vertical clásica donde el papel de productor lo asumen las editoriales.

Aunque exista competencia entre vendedores, las editoriales retienen todavía un elevado poder en el mercado de los libros de texto en España, no solo por la naturaleza monopolista del producto (una vez que el centro ha decidido), sino porque las barreras a la entrada (el efecto de la reputación es muy importante) y los elevados costes de producción (las diferencias regionales de contenidos minimizan la explotación de posibles economías de escala) limitan el número de competidores. El reciente informe sobre El sector del libro en España confirma que la mayoría de las ventas del sector – casi 860 millones de euros en 2016 – se concentraron en seis grandes grupos editoriales. Ello a pesar de que en el curso 2017, el número potencial de consumidores cautivos superaba los ocho millones de alumnos en educación primaria y secundaria obligatoria, si bien la cifra real de compradores fue mucho menor debido a la existencia de algunas medidas de salvaguarda para las familias como la gratuidad de libros o el mantenimiento de contenidos durante varios cursos (cuatro, concretamente) con el fin de incrementar la competencia de los mercados de segunda mano (combatida por las editoriales a través de nuevas ediciones u otras prácticas, como se ilustra aquí o aquí).

Un solo código para controlarlos a todos

A partir de la estructura descrita y, de acuerdo con la investigación realizada por la CNMC, resulta evidente que las editoriales tenían incentivos para que, en el único elemento del sector en el que todavía podía existir cierto grado de competencia, esta se realizara “de una manera ordenada”. Así, en abril de 2012, las principales editoriales de libros de texto integradas en ANELE idearon un código de conducta al que “voluntariamente” se adscribieron una mayoría de asociados. En dicho código no solo se proporcionaban indicaciones de las “buenas prácticas del sector”, tal como resultaría razonable, sino que se prohibía a los firmantes seguir realizando determinadas políticas comerciales (regalo de ejemplares, descuentos específicos, donaciones pecuniarias o materiales, cursos de formación, etc.) que pudieran condicionar la decisión de los centros educativos. Aunque el objetivo externo, según las empresas, era evitar “prácticas poco éticas”, estas acreditaron en el amplio intercambio de información sensible entre ellas (a través de las reuniones y varios emails), que los costes asociados a la promoción comercial tenían un impacto relevante sobre sus cifras de resultados y debían reducirlos.

El acuerdo funcionó hasta 2016. Ese año, la editorial Vicens-Vives denunció a ANELE por prácticas restrictivas tipificadas en el artículo 1 de la Ley 15/2007, señalando que el código de conducta era, efectivamente, un mecanismo ideado para coordinar las acciones comerciales de todas las editoriales con el fin explícito de reducir la competencia, algo que además se extendía a la existencia de otros acuerdos sobre la venta de libros en soporte digital (acordando un precio por licencia de 10€).

El expediente instruido por la CNMC en relación a esta denuncia constató, a través de numerosa documentación interna, que el código de conducta no tenía un mero carácter orientativo, sino que llevaba asociado una serie de instrumentos para la supervisión y seguimiento de las recomendaciones, la resolución de posibles conflictos, e incluso para sancionar monetariamente su incumplimiento. Su efectividad anticompetitiva tampoco fue puesta en duda, ya que los precios de los libros de texto no universitario siguieron en aumento durante el periodo que duró el acuerdo (a pesar de las reducciones evidentes en gastos comerciales).

Sin prejuzgar el resultado final de este caso, tras los correspondientes recursos judiciales anunciados por los afectados, resulta interesante constatar una vez más los difíciles caminos por los que se mueve la competencia en España. Unos caminos que, en última instancia, dependen de la conducta de las empresas que participan en cada mercado, para las cuales la frontera entre la “recomendación” y la “práctica concertada” sigue siendo muy difusa.

23/06/2019 – Libra: una revolución en los pagos internacionales

Son las 14:05 del viernes, salgo de la radio, cruzo y subo por Mansilla hasta la esquina, doblo por Anchorena y camino tres cuadras hasta Arenales. En la ochava hay un local repleto; la cola de inmigrantes que esperan para enviar dinero a sus familias pega la vuelta y acumula otras veinte personas más. Pagan caro el servicio. No se trata solo de las comisiones, sino del valor del tiempo que se pierde para hacer el trámite. Todos esos eran laburantes, la mayoría informales, de los que necesitan tanto el dinero, como el tiempo, porque para ellos son fungibles.

Cuando Jack Ma, el creador de Alibaba, vino a la Argentina y le preguntaron cuáles creía que serían las próximas oportunidades de negocios, dijo, palabra más, palabra menos, que había que buscar gente quejándose; porque donde hay consumidores insatisfechos hay lugar para ganar dinero fabricando productos y servicios.

Esta semana, una asociación de empresas que trabajan junto a Facebook acaba de anunciar el lanzamiento, en la primera mitad del 2020, de Libra, una criptomoneda estable que revolucionará el sistema de pagos internacionales. Además del número uno de las redes sociales, participan gigantes como Visa, Mastercard, Paypal, Uber, Mercadopago, Ebay, Spotify y Vodafone, entre otros.

El principal problema que la libra busca resolver se resume en un párrafo del white paper. Mil setecientos millones de personas alrededor del mundo están excluidas del sistema financiero, no tienen crédito ni posibilidades de hacer transacciones más allá del cash. Pero incluso los que cuentan con una cuenta bancaria pierden hasta el 8% del fruto de su trabajo cuando envían dinero a sus familiares o reciben pagos del exterior.

Una criptomoneda no tan descentralizada

A diferencia del bitcoin, que también es una moneda virtual basada en la tecnología de blockchain, no será posible crear Libras de manera descentralizada, ni tampoco se requerirá de un sistema de validación de transacciones que involucre a tanta gente. La “Asociación” estará integrada por unas 100 empresas, universidades, fondos de inversión y organizaciones sin fines de lucro, que funcionarán como nodos descentralizados, con la responsabilidad de operar como notarios que autentican las operaciones con una tecnología que requiere el consenso de un 70% de los miembros, para darle más dinámica al sistema y evitar que algunos puntos focales con problemas circunstanciales, traben las transacciones. Además, esta organización será la responsable de regular el sistema, convirtiéndose en una suerte de Banco Central Global, independiente de los gobiernos.

En la práctica, cada Libra funcionará como un billete electrónico único, con su propio número de serie, que contiene información sobre cada uno de los negocios en los que se ha visto envuelto. Es como si a la moneda de papel con la que hacemos nuestras compras, la firmáramos cada vez que cambia de manos, de suerte tal que con cada marca se hace más difícil de falsificar. Y lo que es más importante: esa misma tecnología podrá ser usada libremente por terceros para escribir contratos inteligentes que no requieran ser refrendados por una autoridad superior, como un escribano o un registro automotor, abriendo las puertas a una revolución institucional sin precedentes.

Un bitcoin sin los problemas del bitcoin

La idea de una criptomoneda no es nueva y muchos podrían pensar que Libra es una más de un gran ecosistema de divisas digitales, como el bitcoin o el ether, pero justamente esos son dos ejemplos de diseños que, al final del día, no cumplen con los requisitos básicos de una moneda.

En la facultad enseñamos que cualquier cosa que pretenda ser usada como dinero debe cumplir tres funciones: ser un medio de pago generalmente aceptado, tener capacidad de conservar el valor entre intercambios y permitir que los precios de los bienes estén expresados en ese denominador. El problema con bitcoins y similares es que no satisfacen ninguna de las tres; no solo que nadie expresa precios en unidades de criptomonedas, sino que es muy difícil encontrar un comercio que las acepte y, lo que es peor, tienen demasiada volatilidad, haciendo muy costoso su uso para el comercio y muy arriesgada su utilización como reserva de valor. Para muestra basta un botón: el 17 de diciembre del 2017 un bitcoin llegó a valer US$ 20.089, pero nueve meses antes salía US$973, mientras que un año después cotizaba en US$3.236 billetes verdes.

Con los gigantes del comercio internacional como Ebay o Mercado Pago tomando parte del juego y empresas globales como Uber o Facebook en la Administración, es muy probable que la cantidad de transacciones que se puedan hacer en Libras, escale exponencialmente, máxime cuando su uso se simplificará al extremo de ser tan fácil como mandar un Whatsapp.

Pero lo más interesante es que a diferencia de la mayoría de las monedas virtuales cuya cotización oscila por la oferta y la demanda mayormente especulativas, Libra será una moneda 100% convertible a una canasta de divisas, lo que acota notablemente su volatilidad, haciendo que se convierta en una moneda sin inflación que reduzca dramáticamente los costos de transacción, favoreciendo el comercio y el crédito global.

En otro país llevaría más tiempo explicar esto, pero para cualquiera que haya vivido en los 90 en Argentina, la mecánica es muy simple. No habrá emisión de Libras sin respaldo, sino que para fabricar una nueva unidad será necesario un depósito de dinero real, como contrapartida, de suerte tal que cada Libra en circulación tendrá un dólar/euro/yen/etc. como garantía. Las primeras Libras serán creadas contra los depósitos de los inversores que financien la construccion y el lanzamiento de la criptomoneda. La Administración planea usar esas Libras pioneras para incentivar a las primeras empresas que las incorporen masivamente en sus transacciones.

¿Y si Liberamos en vez de dolarizar?

Sin dudas, Libra creará enormes oportunidades de negocios para todos aquellos que puedan producir algún bien, pero sobre todo algún servicio, que sea suceptible de ser exportado, aunque también plantea dudas para los gobiernos, que tendrán más dificultades para cobrar impuestos sobre ese dinero y que podrían poner trabas a la conversión de moneda local en esta cripto.

Por último, Libra abre la posibilidad de reemplazar la moneda local para contratos y transacciones habituales, desde los alquileres hasta los salarios, pasando por la compraventa de propiedades y el crédito, sin que sea necesario eliminar la moneda local. Como con la Convertibilidad, la gente podría ser libre de elegir la moneda que quiera, pero a diferencia de los 90, por suerte, somos demasiado pequeños como para hacer colapsar el nuevo sistema global.

 

Nota publicada en: CLARÍN.com

Ataque a la vida; defensa de la no vida

La imposición de la vida basada en una supuesta defensa de la no vida -que termina derivando en un ataque a la propia vida- nos revela otra vez cuán desconcertante y laberíntico puede parecer a priori el mundo lógico de las ideas, los argumentos y, en definitiva, de los seres humanos. Mas no caigamos por ello en desgracia, atrapados en la paradoja existencial,  según la cual todo es defendible y nada es absoluto, universal, comprobable o razonable. Encontremos los principios y las escalas de valores irrefutables. De acuerdo: no seremos los primeros en encontrar dificultades ante esta tarea, pero quizás sí seamos los últimos en llegar a las proximidades de lo inapelable, conocedores, como somos, de que la esperanza también es lo último que se pierde. Afirmemos, dicho desde la experiencia de la degradación moral, que todo lo que nos desconcierta no es obra exclusiva de la famosa ley de la relatividad. Que la siembra de confusión es rentable, y que su uso en combinación con la coctelera de los medios de comunicación es una técnica arcaica que a los principiantes les sigue pareciendo inconcebiblemente eficaz. Seamos capaces, tras los preliminares, de guiarnos por la frialdad, por la imperturbabilidad. Sabiendo que a veces el sistema tormentoso ni siquiera es obra directa del mal; sabiendo que tan solo es la consecuencia indirecta, eso sí, del germen inicial, ese mismo que desgraciadamente acaba floreciendo allí donde en principio había tierra yerma para el ejercicio armonioso y correcto de la voluntad. Ya lo dijimos, el microbio y la plaga metafórica de Orán son irrefrenables, y en su ardua tarea por arrasar y abarcar los extrarradios realizan un trabajo descomunal; habitualmente, de manera inteligente, silenciosa y serena. Así es la mayoría de las veces, cuando la mayoría ni siquiera se entera. El combate ha […]

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La legislación sobre referéndums de independencia y los teoremas de elección social

En una entrada del pasado año ilustré la dificultad de encontrar una manera adecuada de agregar las preferencias de los votantes cuando hay más de dos alternativas como, por ejemplo, la independencia, autonomía o estado federal para Cataluña. Para muchas distribuciones de preferencias semejantes a las que dan las encuestas y elecciones, diferentes métodos de votación puede dar distintos resultados, sin poder decir que un método es el válido, puesto que todos serán incoherentes para alguna distribución de las preferencias de los individuos (son consecuencias del Teorema de Imposibilidad de Arrow). No solo eso, sino que el conocer las preferencias de los votantes es también, en general, imposible, dados los incentivos a responder estratégicamente. A veces puede exagerarse la preferencia por una de las alternativas si con eso se consigue con más probabilidad algo distinto de lo preguntado, como una mejor financiación, o se vota por la alternativa que no es la más preferida para evitar que salga la menos preferida (este es el Teorema de Gibbard-Satterthwaite). Estos dos problemas de imposibilidad se disipan, sin embargo, cuando las alternativas son dos, por ejemplo, votar sí o no en un referéndum. En estos casos no hay incentivos a no votar lo más deseado y el mecanismo mayoritario permite agregar las preferencias manteniendo la coherencia para cualesquiera preferencias que presenten los votantes (Teorema de May). Por supuesto, en la realidad las cosas no estarán tan claras, puesto que habrá que cumplir con ciertos requisitos legales que pueden alterar la claridad de estos resultados teóricos.

Así las cosas, cabe preguntarse si los mecanismos de decisión reales tienen en cuenta estos problemas de agregación de preferencias y hacen lo posible por subsanarlos. En esta entrada pondré tres ejemplos de cómo las leyes y los tribunales tratan el tema. Se trata de la realización de referéndums de independencia en el Reino Unido, Canadá y España.

El Reino Unido

Como es sabido, el Reino Unido no tiene un documento escrito que se llame Constitución. Tiene, en cambio, leyes, usos y jurisprudencias de rango constitucional. Por ejemplo, se entiende que Escocia es una nación soberana dentro del Reino Unido. Cuando los escoceses, a través de sus representantes, demandaron un parlamento para Escocia, Margaret Thatcher pudo decir que Escocia no tiene un derecho unilateral para reclamar un grado mayor de autonomía, pero sí puede decidir abandonar el Reino Unido (página 624 de este libro). Otros gobernantes británicos se expresaron en términos parecidos. Es decir, mientras sea parte del Reino Unido cualquier acuerdo debe ser negociado. Cuando las autoridades escocesas pidieron un referéndum sobre la independencia, en 2012 se firmó el Acuerdo de Edimburgo que lo hacían posible. Nadie disputó su legalidad.

Es importante señalar que el referéndum no podía ser usado nada más que para decidir sobre la independencia. Es un SÍ o un NO. El SÍ significa independencia y el NO, seguir en el Reino Unido, por lo que el referéndum satisface las propiedades arriba indicadas. Es cierto que el SÍ genera incertidumbres (¿cómo se repartirán los activos y pasivos que ahora son comunes?), pero esa incertidumbre entrará en los cálculos de cada cual y no alterará las propiedades del referéndum (agregación coherente de preferencias y ausencia de voto estratégico). Eso no impide que eliminar la incertidumbre en la medida de lo posible sea deseable.

Canadá

En este país la Constitución es también un conjunto de leyes y costumbres, como en el Reino Unido. Sin embargo, no había ningún entendimiento sobre el asunto de la soberanía de las provincias. En ausencia de ninguna limitación, la provincia de Quebec convocó dos referéndums, siempre con resultado negativo. A resultas del segundo referéndum de 1995, el parlamento canadiense aprobó en 1999 la Ley de Claridad (Clarity Act), basada en las directrices marcadas por una resolución del Tribunal Supremo de Canadá de 1998 (Reference Re Secession of Quebec). Es de destacar el cuidado de la ley a la hora de decir que ningún sistema legal, ni canadiense ni internacional, reconoce el derecho unilateral de secesión de una provincia canadiense, pero que, no estando definida la cuestión sobre la soberanía, este derecho debe negociarse si así se pide. Esto es posible porque en Canadá rige el principio de soberanía parlamentaria (igual que en el Reino Unido y unos pocos países más).

La ley establece lo que debe ser un proceso de decisión sobre la independencia de una provincia y, aunque no dice lo que hubiera pasado de haber ganado el SÍ en último referéndum, todo parece indicar que el parlamento hubiera tenido que definir el rumbo de las negociaciones de manera parecida a lo que ahora dice la Ley de Claridad. En particular, puesto que las condiciones sobre el derecho a la independencia deben ser negociadas con el gobierno central, se apuntan cualificaciones que no veíamos en el caso del Reino Unido y Escocia, como la posibilidad de alterar las fronteras de la provincia, el respeto a los pueblos nativos o la necesidad de una mayoría cualificada. Lo que nos interesa aquí es, sobre todo, el hincapié que se hace en la ley sobre el hecho de que un resultado positivo en el referéndum implica negociaciones para la secesión y no para ninguna otra cosa (nuevas competencias, por ejemplo), manteniendo tanto la esencia de la agregación coherente de las preferencias como la ausencia del voto estratégico.

España

España, como la mayoría de los países europeos y del mundo, tiene una constitución escrita en la que se define el tema de la soberanía. En concreto, en su artículo 1.2 se indica que la soberanía pertenece al conjunto del pueblo español. Así, el Tribunal Constitucional ha podido decir que cualquier cuestión sobre el tema debe ser consultada a la población en su conjunto y no solo a una parte. Por la misma razón, tampoco puede ser el parlamento o el gobierno quien decida sobre la cuestión. El artículo 1.2 de la Constitución claramente nos coloca en el conjunto de países en los que no rige el principio de soberanía parlamentaria.

Pero lo que nos ocupa en esta entrada es si nuestras leyes o resoluciones judiciales afrontan el problema de la coherencia en la agregación de preferencias y si lo hace de una manera adecuada. Para ello podemos leer las distintas sentencias del Tribunal Constitucional al respecto. En ellas se analiza la posibilidad de realizar un referéndum consultivo con anterioridad al cambio de la Constitución, algo que a menudo se pone encima de la mesa. Los tribunales dirán si esto es posible o no. De momento, el Constitucional, que es el competente, ha dicho reiteradamente que no (véanse las sentencias: esta, esta, esta y esta). Independientemente de que esto pueda cambiar en el futuro, lo que me interesa aquí es si ello va en consonancia con los requisitos de coherencia y voto sincero. Además de las razones de legalidad (en las que no entro) para decidir que la reforma constitucional debe preceder al referéndum, hacer lo contrario implicarían una la falta de claridad en la decisión colectiva. En particular, un resultado positivo en el referéndum local y un resultado negativo en el nacional supondrían una contradicción y habría que decidir a cuál dar prevalencia. Si prevalece el local, implicaría un cambio constitucional fuera de los criterios establecidos para ello, por lo que esto no sería posible. Si prevalece el nacional, quedaría desvirtuado el referéndum local. Es decir, en él el SÍ no significaría necesariamente la independencia ni el inicio de negociaciones para ella. Un referéndum local que fuera solo consultivo (para tantear cómo están las cosas, por así decirlo) también está fuera de lugar según el Tribunal Constitucional. Ello también es coherente con los objetivos normativos que estamos considerando en esta entrada, ya que un SÍ en este caso tendría consecuencias todavía menos claras que en el caso anterior. En ambos tipos de referéndum se dejarían de cumplir las condiciones para una coherente agregación de las preferencias y para evitar el voto estratégico.

El lector puede discrepar conmigo en lo que dicen estas sentencias sobre la claridad del voto. Lo que he analizado es si va en la dirección de asegurar esa claridad, sea o no la intención del Tribunal Constitucional. El lector también puede preferir una legislación distinta o una imposición de las voluntades por vías no legales o unilaterales. Estos aspectos son ajenos a mi argumento.

Tasas judiciales y agilización de la Justicia en España

de Marta Martínez Matute

El funcionamiento del sistema judicial es un aspecto fundamental para la actividad económica. En este blog se han mencionado ya algunos de sus efectos en la especialización productiva (aquí) y en las empresas (aquí), pero también puede afectar a la disponibilidad de crédito, al mercado de trabajo o al de vivienda. Parece evidente que la existencia de un sistema judicial eficiente y ágil es beneficioso al reducir los costes derivados del tiempo invertido en un proceso, su incertidumbre y mejorar la asignación de recursos.

Sin embargo, es habitual oír hablar de la lentitud y el atasco de los órganos judiciales, cuando apenas existen estudios que lo cuantifiquen o evalúen las reformas introducidas para mejorarlo. Este terreno está prácticamente inexplorado en España, y curiosamente, esto ocurre a pesar de la existencia de buenos y abundantes datos, que es lo que los investigadores empíricos deseamos tener a nuestro alcance cada mañana al despertarnos.

Una de las medidas que han tratado de agilizar el funcionamiento judicial en España fue la introducción de las denominadas “tasas judiciales”. Aunque desde 2002 ya existían para las personas jurídicas, en 2012 se extendieron también a las personas físicas. Esta decisión fue controvertida y originó numerosas protestas, que incluso llevaron la ley en varias ocasiones a los tribunales (ver Doménech 2017). Las tasas consistían básicamente en una parte fija y otra variable (dependiente de la cuantía del procedimiento). En un corto periodo de tiempo, las tasas fueron reformadas varias veces, principalmente para introducir diversas exenciones, hasta que en 2015 se eliminaron definitivamente para las personas físicas.

Pero ¿ha mejorado la introducción de las tasas judiciales el funcionamiento de la Justicia en España? La respuesta depende de varios factores.

En primer lugar, conviene aclarar cómo podemos medir el funcionamiento del sistema judicial y en qué contexto se encuentra España. La demanda de servicios judiciales se suele medir a través de dos variables: la litigiosidad (el número de casos que llegan a un juzgado dividido por la población) y la congestión judicial (una medida de eficacia judicial que relaciona los casos iniciados y pendientes con los que se resuelven).

Figura 1: Tasas de litigación (orden civil) por países

Fuente: Palumbo et al. (2013)

En la Figura 1 se observa que España es tradicionalmente un país de alta litigiosidad (Palumbo et al., 2013). Esto no tendría por qué ser negativo, siempre que los conflictos se resolvieran de forma eficiente y ágil. Sin embargo, los datos nos indican que esto tampoco es así. El sistema judicial español tarda más tiempo que otros países en resolver los asuntos judiciales (CEPEJ, 2014), teniendo una de las tasas de resolución más bajas (Figura 2). En promedio, un procedimiento civil tarda entre 200 y 365 días en resolverse, cuando hay países como Luxemburgo que los resuelven en menos de 100 días.

Figura 2: Tasa de resolución y tiempo de resolución de litigios civiles y comerciales en primera instancia en 2012.

Fuente: CEPEJ (2014)

En segundo lugar, los efectos de las tasas judiciales son dispares en función del orden jurisdiccional o la materia de que se trate.

Utilizando datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a nivel de juzgado y controlando por diversas variables, Juan S. Mora-Sanguinetti y yo misma hemos analizado cómo han afectado las tasas judiciales a la litigiosidad y a la congestión judicial en España.

En un artículo publicado recientemente comprobamos que, para los procedimientos civiles, la congestión se redujo tras la aprobación de las tasas de 2012. Además, la reforma afectó con mayor intensidad a las provincias que se encontraban más congestionadas antes de la reforma, reduciendo esa congestión. Los efectos, sin embargo, no fueron homogéneos y no siempre coincidían con los objetivos de la reforma. La situación económica de la provincia, por ejemplo, también era una variable que afectaba a la agilidad judicial.

Hay que tener en cuenta que no todos los procedimientos se vieron afectados de la misma forma por la introducción de las tasas judiciales. Analizando lo que ocurre por el tipo de asunto que resuelven estos juzgados, nos dimos cuenta de que en los procedimientos donde las tasas tienen mayor incidencia, en proporción a la cuantía reclamada, la congestión se ve reducida en mayor medida tras la reforma. Los asuntos verbales, por ejemplo, muestran un cociente más alto entre las tasas aplicables y la cuantía de la reclamación (muy baja en estos asuntos) y, por ello, cabría esperar que la introducción de las tasas desincentivara en mayor medida estos asuntos. Efectivamente, esto es lo que vemos con los datos en el Cuadro 1: su tasa de congestión se reduce significativamente y en mayor medida que otros asuntos como los ordinarios tras la reforma de 2012.

Cuadro 1: Principales resultados de la estimación de las tasas judiciales de 2012 sobre la litigiosidad y la congestión en lo civil 

En un segundo artículo analizamos otro medida que podía afectar también al funcionamiento de la administración de justicia: la introducción de las costas procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa, según la cual el perdedor del litigio pagaría los costes de funcionamiento del proceso (conocida como “regla británica” atenuada. Esta reforma se introdujo a través de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal). Esto tuvo un efecto de agilización en ese orden jurisdiccional al reducir las tasas de congestión de estos juzgados.

Por tanto, podemos decir que la carga de los juzgados en España se alivió ligeramente tras la introducción de las tasas judiciales. Sin embargo, los efectos distan mucho de ser uniformes o tan significativos como en otros países al ponerse en práctica reformas similares (por ejemplo, en Italia). Nos surgen más preguntas acerca de la efectividad de este tipo de medidas sobre las que trataremos de seguir investigando.

 

 

¿Cómo afectan las políticas públicas a la salud de la población?

Estos días se está celebrando, como cada mes de Junio, el Summer Forum de la Barcelona Graduate School of Economics. Ayer y anteayer tuve el placer de asistir al taller sobre “Evaluación de Políticas en Salud”, organizado por nuestros Sergi Jiménez y Judit Vall. Durante un día y medio, un grupo internacional de expertos estuvieron presentando sus estudios y discutiendo resultados.

Para darles una idea sobre los temas tratados, el tipo de políticas evaluadas incluyeron: un programa para mejorar la calidad del agua en Méjico, la prohibición de fumar a menores de edad en Suiza, la venta sin receta de la píldora del día después en Alemania, el acceso a seguro sanitario subvencionado (para niños en Japón y personas mayores en Filipinas), y una reforma en las pensiones no contributivas en Israel.

Todos estos estudios tenían varios elementos en común. En primer lugar, todos ellos utilizaban datos a nivel individual, de alta calidad y con muestras grandes, muchos de ellos datos administrativos que abarcan a toda la población de interés. Pero tener acceso a buenos datos no garantiza que podamos responder con ellos a las preguntas que nos interesan. Todos estos trabajos también compartían una atención cuidadosa a la identificación de los efectos causales de las políticas estudiadas. Es decir, todos ellos intentaban ir más allá de mostrar correlaciones, y tenían una estrategia para intentar descubrir los impactos de las distintas políticas (normalmente alguna combinación de diferencias en diferencias, variables instrumentales, o regresión en discontinuidad). Gran parte de la discusión durante el taller se centró en los detalles técnicos de estas estrategias, y en intentar aportar ideas para reforzar la credibilidad de los resultados.

La mayoría de los trabajos intentaba medir efectos sobre alguna medida del estado de salud de la población afectada. En general, es difícil medir el estado de salud de una población. Una medida extrema es la tasa de mortalidad, pero esta resulta más útil para grupos de edad avanzada, ya que la mortalidad es baja en edades jóvenes. Más fáciles de medir son variables como la utilización de servicios sanitarios, el gasto sanitario, las visitas a centros de salud, las hospitalizaciones, o los diagnósticos. En ciertas poblaciones, por ejemplo niños pequeños, el peso y la altura pueden ser buenas medidas de estado de salud.

Algunos de los estudios revelaron resultados algo inesperados. Por ejemplo, Armando Meier nos convenció de que la prohibición de fumar a menores de edad no parece ser efectiva a la hora de reducir el consumo de tabaco entre los jóvenes, al menos en Suiza.

Muy interesantes me parecieron también las conclusiones del trabajo que presentó Mirjam Reutter, que ha estudiado los efectos de la venta sin receta de la “píldora del día después”. En España, la píldora anticonceptiva de urgencia se puede adquirir sin receta desde 2009. En Europa, cada país autorizó la venta sin receta en distintos momentos. Esto permite a Mirjam y su coautor analizar la evolución de distintas variables en torno a las fechas de los cambios de política en cada país. En concreto, les interesa estudiar el impacto sobre, en primer lugar, la utilización de la propia píldora, y como consecuencia, cambios en el número de abortos y el número de nacimientos, pero también en el uso de otros métodos anticonceptivos y en la incidencia de enfermedades de transmisión sexual.

La estrategia para poder concluir que los efectos son efectivamente debidos al acceso a la píldora de urgencia consiste en identificar "saltos" en las distintas variables de interés, que coincidan en el tiempo con los cambios en la regulación de cada país. Si en 15 países las ventas de la píldora del día después saltan justo cuando se permite su compra sin receta, en fechas distintas en cada país, parece creíble atribuir los saltos a ese cambio en la regulación, siempre que no haya otras cosas que cambien justo al mismo tiempo en todos los países.

Los datos muestran, efectivamente, que el acceso sin receta generó aumentos importantes e inmediatos en la venta de este método anticonceptivo de urgencia. Sin embargo, no se observan reducciones subsiguientes en la tasa de interrupciones voluntarias del embarazo, que era uno de los principales objetivos de la reforma. Sí se observa, sin embargo, una reducción en el uso de la píldora anticonceptiva "normal" (diaria). Inesperadamente, también se observa un efecto positivo (al cabo de 9 meses) sobre el número de nacimientos (ver figura). Los datos sugieren, por tanto, que el margen que reaccionó no fue la decisión de abortar, sino la de usar otros métodos anticonceptivos, más efectivos. Por suerte, no se detectan efectos sobre la incidencia de enfermedades de transmisión sexual, quizá porque los efectos parecen concentrados entre mujeres casadas y de edades cercanas a los 30 años.

Este estudio es interesante porque permite identificar efectos de una política muy común (facilitar el acceso a anticonceptivos de emergencia) sobre el uso de distintos métodos anticonceptivos, la salud sexual, las interrupciones voluntarias del embarazo, y la natalidad, en los distintos países de la Unión Europea. Aunque algunos de los efectos detectados fueron quizá algo sorprendentes, es sin duda una medida que amplía las opciones de las mujeres en el control de su fecundidad. Muchas mujeres reaccionaron aumentando su uso de este método (en detrimento de otros), y el aumento en la natalidad (entre mujeres no muy jóvenes y en relaciones estables), aunque no era un objetivo de la política, parece un efecto colateral tolerable, dada la baja fecundidad en Europa.

Se trata sólo de un ejemplo de cómo podemos usar el análisis econométrico, combinado con buenos datos, para evaluar impactos de política. Ya sólo falta, como siempre, seguir mejorando las vías de conversación entre investigadores y sociedad, para que los estudios de calidad puedan ayudar a informar las decisiones de nuestros gobernantes.

Efectos a largo plazo de la liberalización de los contratos temporales

de Judit Vall y J. Ignacio García Pérez

En este blog se ha hablado en varias ocasiones de la incidencia de los contratos temporales en España (por ejemplo, aquí y aquí), así como de los efectos de este tipo de contratación (aquí). En un artículo reciente publicado en el Economic Journal, en coautoría con J. Ignacio García Pérez, Ioana Marinescu, nos centramos en los efectos a largo plazo de la liberalización de los contratos temporales en España.

La idea básica de la liberalización de la contratación temporal es que los bajos costes de despido asociados a estos contratos favorecen la contratación de trabajadores jóvenes y poco cualificados. De hecho, varios países europeos han introducido los contratos temporales, o flexibilizado su uso, para incentivar la contratación de este grupo de población. Sin embargo, ¿qué sabemos de los efectos de la contratación temporal a corto y a largo plazo en la carrera laboral de estos jóvenes?

La literatura empírica se ha centrado en la hipótesis stepping stone, según la cual los contratos temporales ayudan a los trabajadores a conseguir un contrato fijo. No obstante, los datos sobre la veracidad de esta hipótesis no son concluyentes: algunos artículos señalan que la contratación temporal ayuda a conseguir un contrato indefinido (por ejemplo, Booth et al., 2002; D’Addio y Rosholm, 2005), mientras que otros constatan que los contratos temporales no mejoran las perspectivas de acceder a este tipo de empleo (por ejemplo, Zijl et al., 2004). Precisamente, una publicación de Lawrence M. Kahn (2010) analiza varias reformas laborales que modifican la contratación laboral en varios países europeos y concluye que los contratos temporales tienen un efecto nulo o ligeramente negativo en el empleo.

Nuestra hipótesis es que, a largo plazo, los efectos de la liberalización de la contratación temporal pueden ser negativos, aunque a corto y medio plazo puedan conducir a un trabajo con contrato indefinido. Tras perder un trabajo fijo —por ejemplo, por una recesión económica—, lo más probable es que se encuentre un trabajo temporal, lo cual puede retrasar el regreso al trabajo estable. Hasta el momento, las publicaciones solo se han centrado en los efectos de los contratos temporales a corto plazo, pero los efectos a largo plazo todavía no se han estudiado.

A partir de datos de la Muestra Continua de Vidas Laborales y de la reforma laboral que liberalizó el uso de la contratación temporal en España en 1984, nuestro artículo sí analiza el impacto a largo plazo de la temporalidad sobre la trayectoria laboral de los jóvenes con bajo nivel educativo en España. Para ello, hacemos un seguimiento de las cohortes de hombres que no han terminado la educación secundaria y que ingresan en el mercado de trabajo alrededor de la reforma de 1984. Más concretamente, comparamos las trayectorias laborales de las cohortes que entran al mercado laboral justo antes de la reforma (cuando la probabilidad de tener un contrato temporal era muy baja) con las cohortes que entran justo después de la reforma (cuando la probabilidad de tener un contrato temporal era mucho más alta). Como nos centramos en hombres que no han terminado la educación secundaria, asumimos que entran al mercado laboral con 16 años, edad mínima para trabajar en España.

Mediante un diseño de regresión discontinua por cohorte (trimestre de nacimiento), comprobamos que los trabajadores que ingresaron en el mercado laboral en el trimestre posterior a la reforma tienen más probabilidad de estar trabajando antes de cumplir 19 años que los trabajadores que entraron en el mercado de trabajo un trimestre antes de la reforma. Sin embargo, esos trabajadores que entran después acumulan menos días trabajados y salarios más bajos a lo largo de su trayectoria laboral.

Concretamente, nuestros resultados demuestran que los trabajadores afectados al inicio de su vida laboral por la reforma de 1984 acumulan un 4,9% menos de días trabajados durante los primeros 10 años de su vida laboral (10,7 días menos por año), como se puede apreciar en la figura 1. Con referencia a los salarios, la pérdida durante los primeros 10 años en el mercado laboral se sitúa en un 9,8% por año. A título comparativo, en un artículo escrito con José Ignacio García estimábamos que la gran recesión de 2008 en España supuso una reducción del 7% en el número de días trabajados y del 22% en los salarios de los trabajadores jóvenes. Así, los efectos de los contratos temporales equivalen a la mitad de los efectos de la importante perturbación en la economía que elevó las tasas de paro hasta el 27% en 2013.

Figura 1. Número anual de días trabajados en los primeros 10 años de trayectoria laboral: hombres que no han terminado la educación secundaria por cohorte (trimestre de nacimiento)

A largo plazo, estos efectos son significativos, si bien menores en magnitud. Durante los primeros 27 años de carrera laboral, estos trabajadores poco cualificados que se incorporaron al mercado laboral después de la liberalización de los contratos temporales aún acumulan pérdidas salariales del 7,3%, una magnitud relevante desde el punto de vista económico y muy persistente desde el punto de vista temporal. Cabe destacar que, en el caso de hombres con mayores niveles de educación, no se observan efectos, aunque para este grupo resulta más difícil estimar la edad de entrada al mercado laboral.

Todo ello se debe, fundamentalmente, a que los trabajadores afectados por la reforma tienen más probabilidades de trabajar con contratos temporales a lo largo de su carrera laboral, no solo al inicio. Esta persistencia en la situación de temporalidad expone al trabajador a penalizaciones salariales que ya hemos visto que se mantienen a corto y largo plazo. Estos resultados coinciden con las conclusiones de otros artículos, como el de Güell y Petrongolo (2007), que estiman probabilidades muy bajas de pasar de un contrato temporal a un contrato indefinido (tan solo el 10% en el caso español).

En general, parece por tanto que el uso intensivo de la contratación temporal al inicio de la vida laboral tiene consecuencias muy importantes a medio y largo plazo sobre la carrera laboral de los jóvenes. Los contratos temporales ofrecen a los trabajadores jóvenes una incorporación más rápida al mercado laboral, sí, pero las consecuencias a largo plazo sobre su bienestar son muy negativas.

 

Despilfarro Público y Escaqueo Estadístico

de Francisco López Peña

Durante los primeros años de la crisis todos pudimos leer en la prensa, ver en la televisión o escuchar en la radio, noticias de una retahíla de inversiones públicas fracasadas o con importantes sobrecostes. Las cifras que iban apareciendo eran realmente preocupantes. Aunque después de aquello se podía suponer, razonablemente, que las estadísticas oficiales cuantificarían el problema, lamentablemente, no ha sido así. Parece como si se hubiera optado por correr un tupido velo sobre las informaciones negativas y pasarlas al olvido. No creo que esto sea acertado, ya que debemos aprender de los errores y, sobre todo, los gestores públicos deberían poder ser evaluados por los ciudadanos, y ser apartados de sus funciones si no dan un nivel mínimo de competencia y capacidad profesional. Pero, además, los economistas tenemos una obligación intelectual de profundizar en este problema y sacar conclusiones.

Lo primero que debemos recordar es que las pérdidas por catástrofes naturales, por obsolescencia imprevista o por abandono de instalaciones no forman parte del PIB, ni de la formación bruta de capital (FBC), ni de la Formación neta de capital (FNC). La FBC recoge la variación de la formación bruta de capital fijo y de las existencias. La FNC se calcula descontando el consumo de capital fijo de la formación bruta de capital. El consumo de capital fijo es la pérdida del valor de los activos fijos que se poseen, como resultado del desgaste normal y de la obsolescencia; este consumo se calcula por el método de amortización lineal, a una tasa constante durante toda la vida útil del bien, pero no incluye las variaciones imprevistas de valor.

Aunque tanto la FBC como la FNC recogen flujos, la contabilidad nacional no incluye todos los flujos económicos, sino solo aquellos que denomina operaciones; la mayor parte de ellas son interacciones entre dos o más unidades institucionales. Los flujos que el Sistema de Cuentas Nacionales Europeo no considera operaciones se recogen como otras variaciones de los activos y pasivos en las cuentas de acumulación. Aquí se incluirían, por ejemplo, el descubrimiento de recursos naturales del subsuelo, el agotamiento de recursos naturales, las pérdidas debidas a catástrofes, la degradación de los activos fijos no contabilizada en el consumo de capital fijo o el abandono de instalaciones de producción antes del inicio de su explotación. Estos flujos no son resultado de operaciones porque su variación no se debe a un fenómeno puramente económico, ni, generalmente, a la interacción voluntaria de dos unidades institucionales.

El problema está en que el INE no da información de esas otras variaciones de activos y pasivos que no implican operaciones, y no lo hace porque, en lo que respecta al sector público, no dispone de esta información, como veremos a continuación. Una parte de la información recogida en la contabilidad nacional se obtiene por métodos indirectos, pero la parte del sector público refleja la información consolidada que aporta al INE la Intervención General de la Administración del Estado, que consta de dos partes diferenciadas: las Cuentas de las Administraciones Públicas y las Cuentas de las Sociedades No financieras Públicas. Si las analizamos, no veremos ningún atisbo del despilfarro generado en la etapa de boom económico.

Las cuentas del subsector Sociedades No Financieras Públicas, que forma parte en la contabilidad nacional del sector Sociedades No Financieras, se obtienen a partir de las cuentas de las sociedades públicas y organismos públicos empresariales, elaboradas de acuerdo con el Plan General de Contabilidad; el sector Administraciones Públicas obtiene la información de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública. Los dos planes de contabilidad dictaminan la obligación de contabilizar el deterioro del valor de los activos, si éste se produce. El problema está en que no se contabiliza.

Con la asunción en España (como en el resto de la Unión Europea) de las Normas Internacionales de Contabilidad, se produjo un cambio trascendental en la planificación contable: la sustitución de los valores históricos para valorar activos fijos y pasivos por el valor razonable, debiéndose contabilizar cualquier disminución de valor. En el caso de los activos fijos sobre los que exista sospecha de que han perdido valor, habrá que determinar a fin del ejercicio el valor de mercado (valor razonable) y compararlo con el valor actual de los flujos de efectivo esperados (valor en uso); el mayor de ambos valores será el que se tome en contabilidad y si es menor que el que figuraba en las cuentas de la empresa del ejercicio anterior, habrá que contabilizar el deterioro que se ha generado en el valor del activo. Con este cambio, la contabilidad debería reflejar la realidad económica y, a primera vista, debería dar una información relevante del sector público que permitiera conocer todas las inversiones fallidas. Pero en realidad no ha sido así.

El sector de contabilidad nacional Administraciones Públicas produce básicamente bienes públicos que, por su propia naturaleza, no generan flujos de efectivo, por lo que se toma como referente el valor de reposición (coste de reponer el potencial bruto de servicio) y cuando es inferior al valor contable, se contabiliza el deterioro de valor. Ello implica que cuando haya indicios de que un activo no cumple las funciones para las que ha sido creado, o lo hace con un sobrecoste, debería encargarse un estudio técnico para determinar su verdadero valor. Históricamente ningún gestor público ha tenido el más mínimo interés en reconocer un deterioro de valor en un activo.

Más chocante es el caso de los Organismos Públicos Empresariales (en este caso, sí se generan flujos de efectivo), que se integran en el subsector Sociedades No Financieras Públicas, ya que, por ley, deben aplicar las normas de valoración del Plan General de Contabilidad. Pero una orden ministerial de hace casi diez años (EHA  733/2010 de 25 de marzo) se salta lo dispuesto en un decreto (el que aprueba el Plan General de Contabilidad) y crea unas normas específicas de valoración que, en la práctica llevan a que no se registre ningún deterioro del valor de los activos en estos organismos.

La transparencia en una democracia no debe significar llenarnos de información imposible de analizar, sino dar la información relevante para que los ciudadanos puedan entender las decisiones públicas y evaluar a sus gestores. No parece lógico que un ayuntamiento, una comunidad autónoma o el Estado hagan un uso equivocado del dinero público y los ciudadanos no puedan saber qué pasó con su dinero. Como tampoco lo parece que un gestor de un ente público pueda publicitar como capacidad inversora lo que en realidad no ha sido tal, sino mero gasto improductivo.

Muchísimas gracias por vuestro apoyo… ¡Al final sí seguimos!

De Samuel Bentolila y Pedro Rey (@pedroreybiel)

Transcurridos tres meses desde nuestra última petición de donaciones, es un motivo de alegría poder comunicar hoy que, una vez más, hemos tenido una campaña exitosa y que, por tanto, Nada es Gratis podrá seguir activo. Estamos enormemente agradecidos a todos los que contribuís a que nuestro trabajo aquí siga teniendo sentido. Los costes anuales de mantener el blog no son excesivos y hemos logrado cubrir la mitad de ellos con vuestras contribuciones en esta campaña de donaciones. Como sabéis, la otra mitad la cubrimos con las cuotas de los miembros de la Asociación Nada es Gratis, formada fundamentalmente por los colaboradores (y algunos excolaboradores) del blog.

Aunque con este anuncio cerramos formalmente la campaña, mantenemos abierta la posibilidad de recibir aportaciones durante todo el año, puesto que nos gustaría no tener que recurrir a nuevas campañas hasta pasado cierto tiempo (desde la vez anterior transcurrieron 28 meses). Por ello, si en esta ocasión no has aportado aún y crees que nuestra labor de divulgación es valiosa, te pedimos que te dirijas aquí para hacer tu donación. Si bien a menudo recibimos ofertas para anunciarse (de forma más o menos clara) en este blog, nuestra política es no depender de ningún tipo de publicidad para evitar la molestia a los lectores y, en especial, para poder mantener nuestra independencia. De hecho, los estatutos de la Asociación Nada es Gratis establecen que toda donación de más de 500 euros requiere la aprobación de todos los miembros de la junta directiva, que además deberá rendir cuentas de cada una de estas donaciones ante la asamblea general de socios.

Como anunciamos en su día, hemos creado una página de reconocimiento a las/los Amigas/os de Nada es Gratis, cuya aportación anual es superior a 20 euros. Si alguien que ha donado detecta que no aparece o, por el contrario, aparece pero preferiría no figurar en dicha lista, rogamos nos lo comunique y procederemos a cambiarlo inmediatamente.

Este ha sido un año en el que vuestro apoyo y generosidad han sido especialmente importantes para nosotros. Durante el último año ha habido un reemplazo significativo de colaboradores, lo que ha llevado a que naturalmente algunos lectores (¡nosotros también!) hayan echado de menos a colaboradores que se han ido marchando. El reemplazo generacional también ha llevado a que haya cambiado el énfasis en los temas tratados, para adecuarnos al actual conjunto de colaboradores. Por una parte, creemos que nos anticipamos en su día a la importancia que han cobrado en el debate actual temas como el género, el cambio climático o la economía de la salud. Por otra, seguimos echando de menos poder hablar con la misma frecuencia que antes de temas de política económica y de coyuntura pero, gracias a algunos de nuestros colaboradores más perseverantes así como a colaboradores esporádicos, pensamos que seguimos cubriéndolos. No obstante, en los próximos meses esperamos poder anunciar nuevas incorporaciones y reincorporar a alguno de los colaboradores históricos, tanto de forma habitual como ocasional, pues les hemos invitado a que contribuyan con sus entradas a la próxima celebración del X Aniversario de Nada es Gratis.

Hemos tomado nota de los comentarios que recibimos a la entrada en que lanzamos esta colecta de fondos. Ya hemos puesto en práctica algunas de las sugerencias y esperamos continuar con algunas más.

Nos conmueve especialmente que algunos lectores que han discrepado abiertamente del contenido de algunas de nuestras entradas hayan sabido valorar la labor que pretendemos cumplir y nos hayan mostrado su apoyo, tanto anímico como económico. Nuestro objetivo sigue siendo enriquecer el debate sobre economía, informar sobre investigación puntera en esta disciplina y pelear porquefuncionen mejor nuestras instituciones económicas, es decir, las laborales, educativas, sanitarias, fiscales, regulatorias, etc., y en especial aquellas que mejor conocemos como la universidad. Estamos enormemente agradecidos porque nuestros lectores y lectoras, amigas y amigos, nos ayuden en este empeño. En fin, que nos vamos cantando, recordando a todos que a menudo la conversación sigue en twitter. ¡Muchas gracias por vuestra contribución! (tanto si ya la has hecho como si estás pensando ahora mismo hacerla... ¡Anímate!).

¿Qué habría pasado si Hillary fuese un hombre y Trump una mujer?

Recientemente se ha celebrado en la Fundación Ramón Areces el Workshop sobre Economía de Genero del COSME. Seguro que muchos lectores se preguntan ¿qué es el COSME? COSME es una subcomisión de la Asociación Española de Economía, fundada en 2006, que se encarga de evaluar y promover la situación de la mujer en la profesión económica.

En este workshop, donde participan economistas de todo el mundo, se presentan artículos científicos sobre la economía de género y se ha convertido en uno de los de mayor prestigio a nivel internacional. De hecho, se acepta tan solo uno articulo de cada nueve que se envían por lo que la calidad esta asegurada. Queremos aprovechar la ocasión para agradecer  la Fundación Ramón Areces todo el apoyo que nos presta en la organización de esta conferencia, sin ellos difícilmente se podría haber realizado.

Como podemos ver en el programa de este año, se presentaron trabajos muy interesantes, que seguramente darán lugar a entradas en este blog en los próximos meses y, sin duda, tal como ha pasado otros años, serán publicados en revistas académicas de máximo nivel internacional. Pero yo ahora quiero hablar de una de las sesiones plenarias del congreso realizada por María Guadalupe del INSEAD, que fue realmente muy estimulante. María Guadalupe es, sin duda, una de las mejores economistas académicas españolas como atestigua su CV.  María Guadalupe presentó un experimento sobre la percepción de los estereotipos de género.

En plena campaña electoral en EEUU, María Guadalupe, y seguramente muchos de nosotros, que seguimos los debates entre los dos candidatos Hillary Clinton y Donald Trump, se sorprendió del lenguaje corporal y verbal de Donald Trump. Refresquemos la memoria con varias fotos de dichos debates.

Las personas que siguieron los debates describieron a Donald Trump como “Dominante, Fuerte, Gritón, Confianza en si mismo, Agresivo, Espontáneo, Ignorante, Maleducado, Autoritario, Mentiroso, Interrumpe mucho, Desinformado, Incoherente”, mientras que a Hillary Clinton como “Bien Informada, Tranquila, Confianza en si misma, Con experiencia, Sentido del humor, Coherente, Arrogante, Aburrida, Pasiva, Rígida, Robótica, Falta de pasión”

María Guadalupe pensó que ese comportamiento de Donald Trump, tan poco agradable, arrogante y hasta cierto punto, agresivo y maleducado no se le permitiría a una mujer.

Seguramente la mayoría de nosotros nos hubiéramos quedado ahí, pero ella fue más allá de plantearse una pregunta y consiguió involucrar a un director de teatro y ver su pregunta hecha realidad.  Consiguió que se estrenara en un teatro del centro de Manhattan la obra “Her Opponent” con extractos de los debates con el cambio de género de los candidatos.  De hecho, la obra gano el Premio “Best Unique Theatrical Experience, Off-Broadway Alliance” y por supuesto tuvo gran repercusión mediática en EEUU. Aquí un par de artículos de prueba: uno del New York Times y otro del teenVOGUE.

Antes de continuar, y ver los resultados, les pido a los lectores que vean un extracto del debate electoral con los géneros cambiados. Mientras lo vean traten de responder a la pregunta que se hizo María Guadalupe y da titulo a este post.

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Tras visionar el video, ¿Ha cambiado su opinión? ¿Le ha parecido que las mismas palabras y gestos que uso Donald Trump resultarían menos admisibles en una mujer? En mi caso, la verdad es que me ha sorprendido. No me han gustado ni los gestos ni el mensaje de la Trump “mujer” pero debo reconocer que, a priori, pensaba que sería mucho más desagradable.

De esto trata la obra “Her Opponent”. Nos permite hacer algo muy difícil: experimentar en nosotros mismos cómo cambia nuestra percepción cuando cambian los atributos superficiales de una persona. Supongo que cada uno de nosotros tendrá una opinión distinta, pero María Guadalupe en su análisis encontró cosas muy interesantes. Primero, que el efecto depende de nuestra situación de partida o nuestros prejuicios. Por ejemplo encontró que  las mujeres jóvenes suelen mejorar su percepción sobre Trump al verlo como mujer, mientras que las mujeres de mayor edad tienden a empeorarla. Segundo, las características de las personas, como el género, u otras características, incluso superficiales, afectan cómo percibimos a una persona.  Y, sobre todo, el experimento “Her Opponent” nos hacer reflexionar, pues nos sitúa frente al espejo, es decir nos permite enfrentarnos a nuestros propios sesgos. O dicho de otra forma el “contra-factual” somos nosotros mismos. Y lo que resulta más importante, nos hace descubrir que todos estos sesgos, o estereotipos, suceden sin que seamos conscientes de ello. Por ello se denominan, sesgos inconscientes.

Su charla termina, demostrando que este problema puede ser muy grande si al final nuestros prejuicios y estereotipos afectan no solo a como vemos el mundo, sino a nuestras propias decisiones. Para demostrar esto, nos contó otro proyecto muy interesante que también ha liderado. El objetivo de este proyecto es ver si se puede reducir el efecto del estereotipo para que más mujeres intenten entrar en el mundo de la tecnología. Realizan un experimento controlado utilizando un portal que ofrece cursos de “coding” a mujeres con bajos ingresos en Perú y México.  Tradicionalmente el sector de la programación web esta muy masculinizado y existe el estereotipo de que para tener éxito allí hay que ser hombre.  Encuentran que un simple cambio en la forma de ofrecer la información, duplica la probabilidad de aplicar a dichos cursos. Es decir, simplemente aportando información en la web donde se anuncia el curso, diseñada para contrarrestar los estereotipos de género, consigue duplicar el número de mujeres se inscriban en el mismo.

En definitiva, los estereotipos y los prejuicios, no solo nos impiden ver la realidad del mundo en el que vivimos, sino que además pueden ser muy perjudiciales para nosotros mismos pues influencian nuestra toma de decisiones. Y todo esto sin que nos demos cuenta. Por todo ello, María nos advierte que debemos estar siempre con el radar en funcionamiento y tratar de hacer el ejercicio “Her Opponent” no solo de cara a como a cómo percibimos a los demás (más tolerancia o empatía), sino, también respecto a nosotros mismos y en la forma en la que tomamos nuestras decisiones. Además, desde la política y las instituciones es fundamental luchar contra los estereotipos si queremos alcanzar la igualdad de oportunidades. Por último, aquí dejo una breve entrevista, que le hicieron en la Fundación Ramón Areces, donde resume esta investigación.