¿Por qué gravar la riqueza? (III): Mitos, leyendas y realidades

de Antonia Díaz y Luis Puch

Este post es el epílogo de  (I) y (II) sobre este tema, en el que, además, atendemos algunos de los comentarios recibidos. Creemos que el debate se puede ordenar en torno a una clasificación: hay postulados que son mitos (creencias falsas, aunque ampliamente extendidas), otros son leyendas (hechos popularmente aceptados y no autenticados) y, finalmente, tenemos realidades: el estado de las cosas que existen. Por supuesto, somos posmodernos y creemos que la realidad siempre está en construcción, debate e interpretación.

1.     Mito: “Gravar el stock es ineficiente, solo se debe gravar la renta”

Este mandato es un abuso de interpretación de un resultado clásico de imposición óptima, Atkinson y Stiglitz (1976): bienes con elasticidades similares deben ser gravados de forma similar. Es decir, si valoramos igual consumir peras que manzanas hoy, ambos bienes deben ser gravados igual. De hecho, en un contexto estático, gravar consumo es equivalente a gravar renta. De este resultado estático se ha hecho, alegremente, una inferencia dinámica (es decir, cuando se puede ahorrar): Si el gobierno grava mi renta hoy, yo ahorro (consumo menos) y mañana grava el producto de mi ahorro, me está gravando dos veces la misma renta, lo que es equivalente a que el consumo de hoy y el de mañana no estén gravados uniformemente. Ergo: don’t touch my stock, que es el resultado clásico de la teoría de imposición óptima a la Ramsey.

En nuestro post anterior aseguramos que gravar al 2% un patrimonio valorado en un millón de euros es similar a gravar su renta. Supongamos una rentabilidad del 4%. Un impuesto de 2% al stock es similar a un tipo sobre la renta igual a 2%/4% = 50%. De hecho, dado un tipo impositivo sobre la renta del capital y su rendimiento, podemos encontrar el tipo impositivo equivalente sobre el stock. Son figuras equivalentes. Otra cosa diferente es si debemos usar el Impuesto al Patrimonio y cómo. En particular, hay dos tipos de rentas de capital: las no observadas y las observadas. Si usamos el Impuesto sobre el Patrimonio para gravar las rentas no observadas estaremos mejorando el sistema impositivo, puesto que uno de sus principios directores debe ser la equidad horizontal: gravar igual a los iguales. Si usamos el IP para gravar las rentas observadas incurrimos en una doble imposición. Otra forma de llamar a la doble imposición es progresividad. ¿Queremos un sistema impositivo progresivo? ¿Cuánto? ¿Queremos usar el IP para completar la progresividad del IRPF? ¿Por qué? El debate de la progresividad es diferente y debe estudiarse separadamente. Por eso defendemos que, por equidad horizontal, el IP debe existir: para gravar las rentas de capital no observadas.

Por supuesto, dado un tipo impositivo sobre el patrimonio, cuanto menor es su rentabilidad, mayor es el gravamen sobre su renta (es decir más progresiva se vuelve la imposición implícita de la renta del capital). Esta intuición tan simple la usan Guvenen et al. (2019) para defender, con argumentos sólidamente neoclásicos, las ganancias de productividad agregada al poner en práctica un impuesto sobre el patrimonio. El argumento es que el IP grava implícitamente más las rentas de los capitalistas/empresarios/ propietarios poco productivos (porque consiguen escasa rentabilidad con su patrimonio). En cualquier caso, conviene insistir en que la escala de gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio en España es progresiva, lo que implica que el gravamen implícito sobre la renta de ese patrimonio aumenta con el tamaño de este.

2.     Mito: “Gravar la renta del capital es ineficiente”

Este mandato requiere un post en sí mismo. Como dijimos en otro post relativo al Impuesto sobre Sucesiones la literatura sobre Imposición Óptima no se pone de acuerdo. Conviene tener presente que solo cuando los agentes valoran uniformemente todos los bienes (desde hoy hasta el infinito y mas allá; es decir, en Generaciones Solapadas no se cumple) aparece el resultado de Chamley-Judd acerca de la optimalidad de imposición cero sobre las rentas de capital en el largo plazo. Y no siempre. Straub and Werning (American Economic Review, 2020) muestran que el resultado de Chamely-Judd desaparece al hacer supuestos razonables sobre la elasticidad del ahorro respecto al tipo de interés, pero, como hemos dicho, volveremos sobre este asunto. Resumiendo: es muy tentador y ¡tan sencillo! pensar en la elección entre manzanas de hoy y las manzanas futuras como una analogía del problema de elección entre peras y manzanas hoy. Es tentador y muy pocas veces correcto.

Estos dos mitos están en el centro de nuestro post ¿Por qué gravar la riqueza? (I) y nos ha parecido necesario volver sobre ellos.

3.     Leyenda: la rentabilidad del capital es la misma para todos 

Nos gustaría pensar que tacita a tacita podemos acumular un buen patrimonio. Pero… no, no es tan fácil. Lo cierto es que la rentabilidad de las carteras aumenta con el nivel de riqueza. Hay rendimientos crecientes a escala en activos arriesgados (no se puede invertir 1000€ en muchos tipos de activos). Véase aquí, aquí, aquí o aquí. Los ricos pueden hacer frente a carteras más arriesgadas porque cuando el nivel de renta es alto, el colchón de seguro también lo es. Casi cualquier trabajador enfrenta hoy más riesgo en su día a día que un inversor mínimamente sofisticado. Los ricos, en fin, tienen mejores gestores para sus inversiones en activos financieros, y acceso a mejor información y redes de contactos para sus inversiones reales.

En definitiva, los mercados de inversión están segmentados, y ser rico da acceso a aquellos mercados con inversiones mínimas mas altas. De hecho, una posible explicación a la creciente desigualdad de rentas del capital es precisamente la enorme heterogeneidad que se observa en los rendimientos del ahorro, sea por las diferencias en el acceso a la información o en las actitudes frente al riesgo. Benhabib y Bisin (2018) discuten otras alternativas, mientras que Sáez y Zucman (2016), por ejemplo, imponen homogeneidad en los rendimientos de activos dentro de determinadas categorías, y para poner énfasis en las diferencias en las tasas de ahorro.

4.     Realidad: Mucha renta no es observable

Es bien sabido que algunos contribuyentes tienen cierto margen para eludir sus obligaciones de IRPF (y de IS). En lo que sigue, por tanto, no vamos a descubrir nada que no se sepa. En una economía cerrada, en la que los evasores fiscales gastaran toda su renta en bienes sujetos a fiscalidad, las pérdidas de recaudación vendrían dadas por las diferencias de tributación entre renta y consumo. En la realidad, sin embargo, los grandes propietarios de empresas cotizadas, más aún si son ejecutivos de las mismas (o precisamente por serlo), obtienen servicios del uso privado de todo tipo de duraderos que son propiedad de la empresa: vehículos, barcos, aviones, equipos informáticos y electrónicos,... Además realizan consumos de bienes no duraderos: comidas, cenas, viajes, celebraciones,… cuya frontera entre el uso privado y el ámbito de la empresa es difusa. Finalmente, pueden obtener dietas u otro tipo de pagos en especie o extraordinarios en mejores condiciones fiscales que las remuneraciones salariales (como en el caso muy sonado de cierta entidad financiera española no hace tanto).

Los gestores-propietarios de empresas no cotizadas disponen de margen adicional para convertir rentas de trabajo en rentas del capital, puesto que no están bajo el control de los accionistas. Dicha conversión se puede hacer dentro de un periodo fiscal, o a través de distintos períodos, según lo que más convenga, por lo que los márgenes de elusión fiscal pueden ser importantes. En la empresa no cotizada, además, se dispone de todos los márgenes de gasto a cargo de la empresa de los que disponen los gestores-propietarios de empresas cotizadas, seguramente a menor escala. Por último, dicha menor escala de la empresa (hasta unipersonal-profesional), hace más difícil observar el desvío de rentas hacia, por ejemplo, las mejoras, el mantenimiento y la reparación del hogar propio y de los vehículos (como gastos de la empresa). De hecho, ese desvío tenderá a ser mayor cuanto más boyante sea la cuenta de resultados de la empresa en cuestión, puesto que si la empresa presenta unos estándares de cumplimiento fiscal “adecuados” difícilmente será inspeccionada, independientemente de lo extraordinario de sus resultados.

Todo lo anterior son formas de elusión fiscal que en algún formato pueden estar conformes con la norma tributaria. Más en general, en la realidad económica, los evasores fiscales dedican una fracción creciente de su renta a la adquisición de activos financieros opacos, a cuentas en el extranjero y en paraísos fiscales, y a la adquisición de artículos de coleccionista como cuadros, monedas, sellos, antigüedades, incluso diamantes y otras joyas que pueden ser adquiridas de manera opaca al fisco. Es difícil que una evaluación superficial de este conjunto de actividades conduzca a una cuantificación precisa de las pérdidas de ingresos fiscales a las que dan lugar las rentas de la “economía no observada.” Una estimación precisa sólo podría hacerse con un modelo macroeconómico. Sin embargo, los procedimientos de organización de la información, a la vez que el registro y supervisión generalizada de la propiedad efectiva del patrimonio (junto a las normas antiblanqueo), podrían contribuir a cuantificar la magnitud de las rentas no observadas generadas por cada tipo de patrimonio, y con ello, a un diseño más efectivo y coordinado del impuesto sobre el patrimonio.

Todas estas razones sugieren que la declaración de patrimonio limita el fraude en la declaración de renta. El precio a pagar puede ser gravar dos veces las rentas observadas del patrimonio (lo que depende del diseño del IP). Lo que argüimos en el post ¿Por qué gravar la riqueza? (II) es que, aunque ese fuera el caso, la progresividad que imponen, conjuntamente, el IP y el IRPF sobre las rentas de capital está lejos de la progresividad con la que el IRPF grava las rentas de capital humano. No nos cansaremos de decirlo: en la sociedad del conocimiento, el capital más importante es el capital humano. ¡No es de extrañar que los gestores de empresas, consejeros, etc., prefieran recibir stock options o facturar a través de empresas, antes que recibir un salario!

5.     Realidad: “La acción pública interviene para aumentar la rentabilidad de las inversiones”

No queremos terminar este post sin resaltar lo obvio: el Estado interviene para que los ahorros privados tengan rentabilidad, de ahí que la renta de capital deba ser gravada. Las instituciones afectan a la rentabilidad de los activos privados. Hace poco, en este blog apareció un post estudiando el proceso de integración monetaria en España durante el siglo XIX. Este es un ejemplo clarísimo de cómo un cambio institucional –la creación de un mercado único—hizo que aumentara la rentabilidad del capital. La misma existencia de un Banco Central está motivada por la proliferación de pánicos bancarios durante el siglo XIX que amenazaban periódicamente el funcionamiento del mercado de crédito. Y podríamos seguir la lista que, de tan obvia, se nos olvida. Pagamos impuestos para financiar bienes públicos, sí; y esos bienes públicos son necesarios para el funcionamiento de la economía.

Los colchones contracíclicos de capital bancario

Por José E. Boscá, Rafael Doménech y Javier Ferri

Las políticas macroprudenciales, de las que ya se ha hablado en este blog aquí y aquí, tienen a su disposición un conjunto de herramientas diseñadas para ayudar a estabilizar los ciclos financieros y tratar de evitar la acumulación de riesgos en las fases expansivas que puedan devenir en graves crisis económicas. Una de las herramientas más populares son los llamados colchones contracíclicos de capital bancario (CCyB por sus siglas en inglés). El Banco de España los define como un requisito de capital adicional exigido a todos los bancos durante las fases expansivas del ciclo crediticio. Estos colchones se añaden al requisito mínimo de capital sobre activos, que los acuerdos de Basilea han fijado en el 8%.

El Cuadro 1 ofrece un panorama de las políticas macroprudenciales implementadas en Europa. Los cuadraditos de distinto color indican las medidas que se han utilizado en los distintos países. Los de azul oscuro corresponden a los países que han echado mano de colchones de capital contracíclicos, distinguiendo entre la variación (en puntos porcentuales) anunciada y la efectivamente acometida. La diferencia entre ambas cifras se debe a que desde el momento del anuncio por parte de la autoridad macroprudencial las entidades bancarias tienen un tiempo de doce meses para ir ajustando la ratio efectiva al nuevo nivel exigido.

De la observación del Cuadro 1 se desprenden varios hechos. Primero, todos los países que han utilizado los colchones de capital contracíclicos los han complementado con otro tipo de medidas macroprudenciales (excepto Alemania). Segundo, el esfuerzo requerido a los bancos entre los países que han utilizado los colchones varía mucho en intensidad, entre el 0,25% de Luxemburgo y el 2,5% de Noruega. Tercero, la fila discretionary reasons muestra que, de todos los casos en los que se ha activado el colchón, sólo en Bélgica, Eslovaquia y Suecia la decisión ha estado justificada por algún tipo de regla, como el seguimiento del comportamiento de la ratio de crédito sobre el PIB, recomendada por el ESRB. En todos los demás casos la decisión parece haber sido mucho más discrecional. Cuarto y último, Grecia, Italia y España son los únicos países que no han activado todavía ningún tipo de política macroprudencial. En el caso de España, aunque el instrumento y la normativa existe, se ha considerado que las condiciones económicas no justifican su activación en estos momentos (debido básicamente a que el desapalancamiento continúa y a que la situación cíclica es neutral).

Cuadro 1. Panorama de las políticas macroprudenciales en Europa (a fecha noviembre de 2019)

Fuente: “The effects of countercyclical capital buffer on the Spanish economy” (Boscá, Cerqueira, Doménech, Ferri y Marcos, 2020).

El Cuadro 2 muestra el perfil temporal en la implementación de los colchones contracíclicos, proyectados hasta 2021. Lo interesante aquí es constatar el hecho de que no ha existido hasta la fecha evidencia de adelgazamiento del colchón una vez activado. Será interesante ver si la actual ralentización de la economía europea es suficiente para desactivar los colchones, toda vez que se permite que los bancos reaccionen a su reducción o eliminación de forma inmediata.

Cuadro 2. Perfil temporal en la aplicación del CCyB (a fecha Noviembre de 2019)

Fuente: “The effects of countercyclical capital buffer on the Spanish economy” (Boscá, Cerqueira, Doménech, Ferri y Marcos, 2020).

Como suele suceder con muchas medidas macroeconómicas, los colchones de capital contracícliclos se enfrentan a un dilema entre los beneficios que conlleva en términos de la reducción de riesgos sistémicos y el coste de reducción de la actividad económica al contraer el crédito y aumentar los spreads de tipos de interés. La medición de este dilema es una cuestión empírica que ha sido recientemente abordada por diferentes estudios. Por ejemplo, Cappelletti et al (2019) encuentran que los colchones de capital tienen efectos positivos en cuanto a reducir el riesgo en la cartera de activos de los bancos, con un efecto adverso moderado en la economía real, vía una reducción temporal en el crédito. Bedayo, Estrada y Saurina (2018) estudian los efectos del capital bancario en las expansiones y contracciones del crédito en España durante 150 años, concluyendo que un aumento del capital de la banca antes de las expansiones reduce el crecimiento del crédito en la fase alcista, pero lo aumenta en la fase de recesión. Por el contrario, un nivel bajo de capital antes de entrar en recesión tiene un impacto negativo acusado en el crédito. Aguilar et al (2019) estiman niveles de capital óptimo superiores al 15 por cien para el área euro. Si el nivel de capital óptimo hubiera estado presente entre 2012-2013 las tasas de default habrían sido menores y el crédito y el PIB superiores. Por su parte, Arnould, Pancaro y Żochowski (2020) estiman que existe una relación negativa entre la solvencia de los bancos y el coste de su financiación, aunque ésta no es lineal, y existe un umbral alrededor del 11 por cien para el que aumentos en la ratio de capital (CET1) se asocia con aumentos en el interés que los bancos pagan por financiarse en los mercados.

Más en general, la existencia de dicho dilema obliga a disponer de mejor información sobre los indicadores que deben dar lugar a la activación de los colchones contracíclicos y el grado de respuesta de la ratio de capital bancario sobre activos a dichos indicadores. Wezel (2019) incide en la relevancia de calibrar adecuadamente el tamaño de los CCyB dependiendo (entre otros aspectos) de la longitud de los ciclos financieros. Por su parte, Muñoz (2019) constata que el sistema bancario europeo muestra una preferencia muy fuerte por suavizar los dividendos a lo largo del ciclo, lo que explica que los bancos prefieran ajustar los aumentos regulatorios en el capital reduciendo activos (frente a aumentar beneficios no distribuidos). En base a esta evidencia el autor propone una regla complementaria a los requisitos de capital para hacer los beneficios distribuidos más procíclicos.

Nuestros propios resultados preliminares de un trabajo en curso apuntan a que la capacidad de los colchones para estabilizar las fluctuaciones del crédito y de la actividad económica puede depender de forma importante tanto del indicador utilizado para su activación, como de la naturaleza de los shocks que afectan a la economía. En el Cuadro 3 se muestra en columnas la reducción porcentual de la desviación típica del PIB y del crédito dependiendo de si el colchón se activa a partir de la desviación de la brecha del PIB (regla en output), si lo hace a partir del gap de crédito (regla en crédito), o si se responde a las desviaciones del precio de la vivienda sobre su tendencia (regla en el precio de la vivienda). Las cifras proceden de simulaciones realizadas con un modelo de equilibrio general que incorpora un sector bancario y múltiples perturbaciones, cuya volatilidad y persistencia se han estimado con datos de la economía española.

Como se observa en el Cuadro 3 la regla en output es, con diferencia, la que más contribuye a estabilizar el PIB en términos de volatilidad, con independencia del shock que reciba la economía. Sin embargo, su potencial en términos de reducción de las oscilaciones del crédito es relativamente reducido comparado con otras reglas macroprudenciales. En cambio, las reglas en crédito y en el precio de la vivienda reducen significativamente la volatilidad del crédito sin afectar apenas a la volatilidad del PIB. La principal diferencia de una regla en crédito sobre otra basada en la dinámica del precio de la vivienda es que los efectos de la primera son menos sensibles al tipo de shock que recibe la economía.

Cuadro 3. Efectos sobre la volatilidad del PIB y del crédito de distintas reglas de implementación del CCyB (%)

Fuente: “The effects of countercyclical capital buffer on the Spanish economy” (Boscá, Cerqueira, Doménech, Ferri y Marcos, 2020).

Basados en los resultados anteriores, llevamos a cabo unos ejercicios contrafactuales. En particular, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿qué habría sucedido con el PIB y con el crédito si, con la misma estimación de los shocks que han afectado a la economía española en el pasado, se hubiera implementado una regla macroprudencial en el capital bancario que respondiera tanto a las desviaciones del crédito como al output gap? Para ello suponemos parámetros de reacción ‘prudentes’. En particular, imponemos que, por cada punto de desviación del PIB sobre su tendencia, o por cada dos puntos de desviación del crédito sobre su tendencia, la ratio de capital ha de variar 0.25 puntos. Dicha regla establece además simetría y continuidad en la variación del colchón de capital. Un supuesto importante en este ejercicio es que el regulador tiene la información ex post sobre la brecha de producción y de crédito que ahora observamos al analizar la evidencia de las últimas décadas, de manera que la activación y cuantía de los colchones contracíclicos de capital bancario seguramente habría sido bastante distinta con la información en tiempo real de las variables sobre las que se basan estas decisiones. Utilizar la información realmente disponible en cada trimestre es un ejercicio que tenemos previsto realizar en algún momento futuro.

El Gráfico 1 representa el efecto de dicha regla sobre la tasa de crecimiento del crédito y el PIB (por población en edad de trabajar), mientras que el Gráfico 2 ofrece la imagen de la evolución del nivel de ambas variables (normalizada a 100 en 1991).

Gráfico 1. Cambios en la tasa de crecimiento del crédito y del PIB con y sin una regla de implementación de CCyB

Fuente: “The effects of countercyclical capital buffer on the Spanish economy” (Boscá, Cerqueira, Doménech, Ferri y Marcos, 2020).

Gráfico 2. Cambios en el nivel del crédito y del PIB con y sin una regla de implementación de CCyB

Fuente: “The effects of countercyclical capital buffer on the Spanish economy” (Boscá, Cerqueira, Doménech, Ferri y Marcos, 2020).

El ejercicio contrafactual muestra que dicha regla habría suavizado el ciclo del crédito reduciendo en 5 puntos porcentuales su tasa de crecimiento durante la fase expansiva y mitigando la caída de la tasa de crecimiento entre 6 y 7 puntos porcentuales durante la crisis. El efecto sobre el PIB habría sido mucho más modesto, con tasas de crecimiento 0.3 puntos porcentuales en media mayores durante la crisis. En el pico de 2007, el crédito y el output habrían sido un 24 por cien y un 2 por cien menores. Sin embargo, desde el valle de 2013, el PIB anual habría sido un 0.5 por ciento superior en media, mientras que el crédito se habría mantenido un 3 por cien más elevado.

En resumen, en esta entrada hemos querido mostrar que los colchones contracíclicos de capital pueden jugar un papel estabilizador relevante del ciclo del crédito, con efectos positivos sobre la reducción de riesgos sistémicos. Su implementación, no obstante, ha de diseñarse con cuidado para que sean efectivos y minimizar la aparición de efectos colaterales no deseados.

 

 

 

 

 

Otra manipulación mediática de los datos económicos en España

Esta semana ha aparecido en los medios la siguiente cifra acerca del empleo: en torno a 400.000 nuevos empleos al terminar el año 2019, según los últimos datos de la EPA. Pero ya sabéis, la economía no puede marchar bien si el SMI ha subido el último año hasta los 900 euros. Por lo tanto, maticemos esto rápido, muy rápido por favor. “El 85% del empleo se ha creado exclusivamente en la Comunidad de Madrid”. Antena 3, El Mundo, la Cope y etc. etc. trabajando duro para mostrar un panorama devastador, excepto en un único punto muy concreto de la geografía española. El Banco de España sigue teniendo la razón, elevar el SMI genera destrucción de empleo, y los economistas liberales ya pueden asistir al plató de televisión. Analicemos un poco el mensaje. El 85% de 400.000 empleos generados al terminar el año en España son 340.000 nuevos empleos en la Comunidad de Madrid. 340.000, ¿verdad? Ahora veamos el gráfico. La columna 1 muestra el crecimiento total del empleo en 219, los 402.300. Y la columna 14 muestra el crecimiento del empleo en Madrid, 138.900 en números redondos. Vaya, ya no es el 85%, sino el 34%.

La entrada Otra manipulación mediática de los datos económicos en España aparece primero en El Captor - Economía y Opinión.

Sí al SMI, pero con menos demagogia y más política eficiente

El pasado viernes escribí en mi columna de El País sobre la subida del Salario Mínimo del 5% en este año 2020 y sus efectos en la despoblación. El artículo ha generado controversia en redes cuestionando el argumento. En mi columna tengo 500 palabras y eso limita enormemente la capacidad de explicar con mayor detalle los argumentos, por esa razón he decidido escribir este post.

El argumento del artículo es que, tras la intensa subida del 22% en 2019 y del 5% en 2020, el salario mínimo en varias comunidades autónomas está ahora muy próximo al salario medio antes de la subida. La inflación y las ventas de consumo apenas han crecido por lo que las empresas que estuvieron con costes próximos a los ingresos habrán registrado pérdidas, habrán reducido la inversión y habrá tenido un efecto negativo sobre el empleo en esas comunidades autónomas.

1. Varias comunidades han registrado una intensa destrucción de empleo

En el 4tr19 la EPA ha dado un dato mejor de lo esperado y se han creado 92.000 empleos, casi el doble que el mismo trimestre del año anterior. Pero el demonio siempre está en los detalles. La comunidad de Madrid ha creado 4 de cada 5 empleos  y en el resto de España varias comunidades han registrado una intensa destrucción de empleo.

Buen dato de empleo en EPA 4tr19. Todo en sector servicios, en Madrid y empleo inmigrante. En 13 Comunidades Autónomas el empleo crece proximo al 1% o por debajo. Madrid crece 4,6% pic.twitter.com/Dk2vZ9IXHx

— José Carlos Díez (@josecdiez) January 28, 2020

► Fernández Vara atribuye la subida del paro en Extremadura al SMI

El presidente de Extremadura ha pedido una reunión con los agentes sociales y con la ministra de empleo para evaluar si la subida del salario mínimo es la causa del dato anormalmente negativo, especialmente sobre el sector agrícola que en esa región es el principal sector de actividad.

En el gráfico anterior he dibujado, con datos de declaraciones de IRPF, el salario medio en el sector del comercio minorista, reparación de vehículos y transporte en 2018, antes de la subida del 22% del SMI. He usado sólo los datos de mujeres trabajadoras ya que, por desgracia, en nuestro país la desigualdad tiene un fuerte componente de género, algo de lo que nunca he escuchado hablar a la extrema derecha.

Puedes comprobar que antes de la subida el salario medio en ese sector estaba próximo a 10.000 euros anuales en Extremadura. Otras tres comunidades tenían el salario medio inferior al actual salario mínimo y en otras seis comunidades el nuevo SMI de 13.300 euros anuales se queda muy próximo al salario medio en ese sector.

Economía viene del griego y es la ciencia del hogar. Siempre que hablamos de empresas nos viene a la cabeza el Ibex 35 pero en España 2 de cada 3 empresas tienen menos de 5 trabajadores.

Imaginemos una panadería en un pueblo de esas regiones donde la tasa de paro supere el 20% y la mayor parte de la población cobra pensiones, la mayoría inferiores a 1.000 euros mensuales y muchas menores a la pensión mínima de 650 euros. La pensión apenas ha subido y el subsidio de desempleo tampoco. Por lo tanto, la empresaria (habitualmente también hay genero en ese tipo de negocios) no puede subir el precio del pan o las ventas le caerían.

► «Si los empresarios no pueden pagar ese salario mínimo, mejor que cierren»

Esos negocios sobreviven sin beneficios y la empresaria o el empresario se conforma con un sueldo humilde. Suelen colaborar toda la familia, incluidos los hijos que estén estudiando, para que el negocio sea viable. Y de la noche a la mañana, unos urbanitas de Madrid deciden subirle un 22% el sueldo mínimo y meterla en pérdidas.

Mucha gente en las redes me decía que si no podían pagar ese salario que mejor cerrar. Si cierran, sería un fracaso vital y seguramente emigraría a la ciudad en busca de empleo con toda su familia. Dejaría al pueblo sin pan intensificando la despoblación.

Otra opción -si tiene trabajadores- es bajarse su sueldo (puede que más del 50%), pero seguramente ya lleva bajándolo desde hace años viendo cómo sus clientes fallecen o se van a la ciudad y su ventas caen. Otra opción es cambiarles el contrato a tiempo parcial y obligarles a trabajar las mismas horas que antes. Eso mantiene sus costes pero aumenta la economía sumergida y a medio plazo intensifica la despoblación.

Otra opción es pagarles el salario mínimo y pedirle al trabajador que le devuelva en billetes parte del sueldo. En el caso anterior comete un delito laboral y puede tener una fuerte sanción que la obligue a cerrar si la pillan. Pero en el caso de devolverle el dinero sería un delito fiscal ya que se deduce del impuesto de beneficios los costes y luego con el dinero negro se ahorra el IRPF.

El problema es que -según el gráfico anterior- más de la mitad de las empresas de ese sector en nueve comunidades autónomas españolas han sufrido problemas similares a los de nuestro ejemplo de la panadería. El mayor reto para frenar la despoblación es conseguir que los jóvenes se queden a vivir en sus pueblos o, al menos, en sus comarcas.

2. ¿Cómo afectará la subida del salario mínimo a los jóvenes menores de 25 años?

En el gráfico anterior he usado los mismos datos de la Agencia Tributaria para jóvenes. Es cierto que no son tan concluyentes como el caso anterior ya que muchos de esos jóvenes estarán estudiando y trabajarán pocas horas a la semana para tener un sueldo para sus gastos (y no meter más presión a sus padres que muchas veces tienen que pagarle el piso en la ciudad donde estudian, la manutención y el transporte). Y en ese caso la media no es representativa.

Pero el salario medio es tan inferior al nuevo salario mínimo que no hace falta ir a Harvard a estudiar un doctorado en economía para comprender que una subida tan brutal habrá tenido efectos negativos sobre el empleo juvenil, especialmente en las regiones que más sufren la despoblación y especialmente en los pueblos más pequeños de la España vacía.

3. ¿Por qué en el último año he sido tan crítico con la subida del SMI del 22%?

Recordemos que Echenique contó que la subida fue una imposición de Podemos ya que el PSOE y Pedro Sánchez se negaban a un incremento tan brutal. Después todos los políticos lo apoyaron en campaña e incluso PP y Ciudadanos dijeron que si gobernaban, la mantendrían. Lo más fácil para mí habría sido apoyarla también.

Mis lectores son la mayoría de izquierdas y gente humilde. Gracias sobre todo a la televisión me hablan de economía los camareros de los hoteles o los restaurantes, los revisores del tren, las personas que te revisan el billete del avión, los barrenderos de mi barrio, las personas que me atienden en los supermercados o las gasolineras. Y sobre todo, los jubilados y los parados.

► Tengo especial sensibilidad con el fenómeno de la despoblación

Mi abuela paterna era de un pueblo del occidente asturiano que está casi vacío. Mis abuelos maternos eran de un pueblo de Palencia que está casi vacío. Viajo por toda nuestra querida España y mis hijos me reprochan, con razón, que me pare hablar con toda la gente que me conoce para interesarme por su vida y sus problemas.

He ido a presentar mis libros a cientos de pueblos, especialmente en el norte de Cáceres y el sur de Salamanca donde colaboro con la Aldaba, un medio local. Y donde Marciano y Pepe de la Aldaba han regalado cientos de libros míos que les he donado para que la gente más sencilla de esa zona maravillosa tenga conocimientos económicos básicos.

Esa cultura de pueblo ha influido enormemente en mi educación. Desde niño me enseñaron a ser honesto conmigo mismo y con la gente con la que convivo y a decir la verdad. Y cuando no la hacía desde pequeñito me regañaban. La gente de pueblo que ha trabajado en el campo sabe que la vida es dura y a mí me educaron también así.

► Mi propuesta es adecuar el compromiso del 60% del salario medio en cada CCAA

Yo desde 2015 -cuando el empleo empezó a crecer el 3%- he criticado la reforma laboral de Rajoy y he defendido subidas moderadas de salarios y también del mínimo. Tras los datos de hoy en Madrid del 4,5% es evidente que el impacto de la subida del 22% ha sido mínimo y defiendo que se siga subiendo gradualmente en los próximos años. Pero donde la subida ha tenido un impacto tan negativo sobre el empleo hay que parar.

Mi propuesta en el artículo de El País es adecuar el compromiso del 60% del salario medio en cada comunidad autónoma. Sin duda difícil de implementar pero como dicen la política es el arte de lo posible.

El principal problema en las zonas despobladas es la ausencia de proyectos de inversión rentables en un entorno global competitivo. No es casual que las provincias despobladas tengan un #salario medio y un renta por habitante más baja. #economíahttps://t.co/wBRcc5D589

— José Carlos Díez (@josecdiez) January 27, 2020

Lo que hay que hacer es mejorar las infraestructuras que en el caso de Extremadura va más allá de un tren, es necesario avanzar en banda ancha, wifi en los pueblos, etcétera. Ahora colaboro con un joven innovador de Sigüenza en Repueblo, que busca como objetivo identificar a los empresarios innovadores de los pueblos, conectarlos, crear comunidad y que empiecen a colaborar en proyectos de inversión conjuntos.

Eso les hará más resilientes, aumentará el empleo y ayudará a fijar la población en los pueblos. La tendencia de la despoblación continuará pero intentamos al menos frenarla y salvar a pueblos que sin actuaciones de este tipo también acabarán vacíos como los de mis abuelos.

► España necesita reducir drásticamente la demagogia en torno al SMI

En el conjunto de España pasa por aumentar y mejorar nuestra inversión en educación, mantener y reforzar nuestro ecosistema científico y pasa, sobre todo, por apoyar a los empresarios innovadores. En esta cruzada también estoy. Por eso critico que en la última década la inversión en I+D pública y privada en España haya caído mientras en Alemania ha aumentado un 60% y en China se ha más que doblado.

La crisis ha sido muy dura y mucha gente sigue sufriendo sus consecuencias. España necesita reducir drásticamente la demagogia y pasar a la política y al debate sobre políticas. Por supuesto, también necesitamos líderes valientes, como lo ha sido Fernández Vara, para afrontar los problemas con realismo.

La sociedad española se ha empobrecido con la crisis pero el empobrecimiento del debate político y económico ha sido incluso mayor. Recuperemos el sentido común, seamos honestos, digamos la verdad y concentremos nuestra energía en hacer propuestas para mejorar la vida de la gente, especialmente de los que más lo necesita.

Yo sigo confiando en la capacidad de los españoles de superar estas encrucijadas y voy a dejarme la piel para dejar a mis hijos y su generación un país mejor que el actual. ¿Te sumas?

 

La entrada Sí al SMI, pero con menos demagogia y más política eficiente aparece primero en El Blog de José Carlos Díez.

Docencia, investigación y divulgación de la Economía en el siglo XXI (con la inspiración de Santo Tomás de Aquino)

Discurso pronunciado en el paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares, el 27 de enero de 2020 con ocasión de la celebración de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los universitarios (aquí, en video).

 

Rector Magnífico de la Universidad de Alcalá, Vicerrector de Personal Docente e Investigador, Vicerrector de Estudios de Grado y Estudiantes, Secretaria General, Miembros de la Corporación  Municipal, Autoridades de Castilla-La Mancha, Miembros de la Comunidad Universitaria, Representantes de Instituciones, queridos estudiantes, señoras y señores,

Estoy muy agradecido por haber sido elegido entre los muchos y muy reconocidos antiguos alumnos de la Universidad de Alcalá para pronunciar este año el discurso con ocasión de la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de los universitarios. Haber sido estudiante y profesor universitario en la Universidad de Alcalá, es para mí un privilegio y un gran honor que ahora aumentan con la oportunidad de dirigirme a tan distinguida audiencia en un lugar tan emblemático como este bellísimo paraninfo.

Tengo que reconocer que estudié en la Universidad de Alcalá por casualidad. Y también que elegí Economía por casualidad, sin saber qué era lo que iba a estudiar ni por qué lo hacía. Ambas resultaron ser casualidades muy afortunadas. Llegué hace ya más de cuarenta años a la recién creada Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (yo soy de la quinta promoción que, como dice el refrán, no fue mala) y me encontré con un grupo de profesores que me inculcaron aptitudes y actitudes, profesionales y vitales, que han configurado lo que hoy soy (aunque no toda la culpa es de ellos).

Y la Economía ha acabado siendo, más que una profesión, una de mis pasiones favoritas (las otras no las confesaré). Alguien dijo que el éxito profesional consiste en encontrar dos cosas: una actividad que guste realizar y alguien que pague bien por hacerlo. Con esa definición, creo que puedo presumir de éxito profesional; con algunas otras, quizá no tanto.

Es probable que muchos de Vds. se estarán preguntado, ¿cómo puede haber gente apasionada por la Economía? ¿No se trata de una “ciencia menor y triste”, poco más que ideologías y dogmas disfrazados con un manto de aparatos matemáticos, estadísticos y pseudo-teóricos con muy poca relación con la realidad y cuyo principal mensaje es que “Nada es Gratis”?.

Trataré de convencerles de que, en realidad, no es, ni mucho menos, así. La ciencia económica ha progresado y está progresando mucho y muy deprisa. Es más útil que nunca, tanto para formar ciudadanos como para orientar las políticas económicas. No podría ser de otra manera porque, al fin y al cabo, de lo que se ocupa no es de otra cosa que de comprender el comportamiento humano, tanto el individual como el colectivo. Y en contra de lo que parece pensar mucha gente, lo hace, no al servicio de la propiedad privada ni al de los que querrían utilizar al Estado para imponer sus valores, sino al servicio del bien común. Su objetivo es lograr un mundo mejor, como muestra Jean Tirole (Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia, en memoria a Alfred Nobel, 2014) en un libro (“La Economía del bien común”) que debería ser de lectura obligatoria (y no solo en las Facultades de Economía).

En mi intento de convencerles pediré ayuda a Tomás de Aquino (que no estudió en la Universidad de Alcalá solo porque nació demasiado pronto). Puede resultar increíble que alguien que vivió en el siglo XIII dijera algo interesante y útil para la ciencia del siglo XXI. Sin embargo, en su intento de liberar el conocimiento de la fe católica, Tomás de Aquino proporcionó algunos consejos sobre docencia, investigación y divulgación científica que siguen siendo muy oportunos, si bien no es precisamente de la fe religiosa de lo que más hay que proteger a la ciencia hoy en día, sino de otros tipos de creencias y valores.

Sobre docencia

Tomás de Aquino tuvo palabras sabias, tanto para los estudiantes como para los profesores. A los estudiantes, les dijo: “El único instrumento que los hombres tenemos tanto para perfeccionarnos como para vivir dignamente, es la educación”; a los profesores:“El maestro que se limita a responder un problema solamente con argumentos (citando autores) deja al discípulo con la cabeza vacía”.  “Es mucho más hermoso iluminar que solo brillar, de la misma manera es más hermoso transmitir a los demás lo que se ha contemplado que solo contemplar.”

 En un mundo muy diferente al del siglo XIII, con las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y sus extensiones (la digitalización, la robótica, la inteligencia artificial) estas palabras ganan vigencia. Estas tecnologías han cambiado radicalmente las maneras de producir información, de convertirla en conocimiento y de transmitirlo, y lo van a seguir haciendo muy rápidamente. En un mundo de información masiva, ¿cómo seleccionar la que es veraz y útil para determinados fines? ¿cómo descartar la que no lo es? ¿cómo entender el funcionamiento de las nuevas formas de producción de bienes, servicios, información y conocimiento basadas en la robótica y en la inteligencia artificial?.

Preparar a nuestros estudiantes para afrontar estas preguntas requiere cambiar la manera de impartir docencia. Cuando yo era estudiante universitario (preciso lo de universitario porque estudiante creo seguir siéndolo), la Economía se enseñaba como un conjunto de axiomas de los que se derivaban determinadas “leyes” o “teorías”. Asignaturas instrumentales (como la Estadística o la Econometría) también se impartían más como un conjunto técnicas para construir información y contrastar hipótesis (bajo condiciones muy restrictivas), que como instrumentos para adquirir conocimientos sobre relaciones causales relevantes. Esto ha cambiado. Ahora la Economía es una ciencia mucho más empírica, transversal y versátil especialmente dedicada a la medición de fenómenos sociales y a la interpretación correcta de los mismos.

Y esto debe mostrarse en las aulas, por ejemplo, priorizando la formación en materias que permitan acceder, seleccionar y discriminar entre la información masiva y entender cómo los “nuevos trabajadores” (robots y algoritmos) operan con dicha información. También hay que centrarse en la resolución de problemas, moviéndose desde el escolasticismo hacia la formación funcional, recuperando transversalidad y eliminando barreras artificiales entre áreas de conocimiento.

 Sobre investigación

Tomás de Aquino también dijo: “La raíz de la libertad se encuentra en la razón. No hay libertad sino en la verdad.” También dijo:“Vivir es más perfecto que ser, y saber es más perfecto que vivir”. La investigación no es otra cosa que la aspiración de saber, de alcanzar “la verdad”; la ciencia solo es la creencia en la ignorancia de los expertos (esta ultima frase no es de Tomás de Aquino sino de Richard Feynman).

¿Qué significa hacer investigación en Economía? En este campo no hay verdades inmutables ni inmunes a la métrica que utilicemos para valorarlas. En palabras más pedantes, la Economía es una ciencia moral y contextual. Y, sin embargo, por ello es especialmente útil y atractiva. Puesto que abundan cuestiones perennes cuyas respuestas varían en el tiempo y en el espacio parece que los economistas siempre están en desacuerdo. En realidad, no es solo desacuerdo (que lo hay y mucho) sino también que en Economía un determinado fenómeno puede tener efectos muy distintos dependiendo del momento y del contexto en los que se produzca y que la identificación de dichos efectos nunca está libre de controversia. Esto impide que podamos reducir la investigación en Economía a la búsqueda de “leyes” o “relaciones causales” inmutables.

Estas son malas y buenas noticias. Malas porque no podemos aspirar a encontrar una "verdad" inmutable que explique “el todo”. La realidad es, por naturaleza, desordenada y hemos de vivir con ello. Son buenas noticias porque significa que el campo para la investigación económica no se agotará. Los temas y enfoques con los que abordarlos parecen ser inabarcables. Nunca faltará trabajo a los economistas.

Por ejemplo, ahora la investigación en Economía progresa también con experimentos (en laboratorios y en el campo) y los datos se han convertido en su principal materia prima hasta el punto de que algunos creen que la nueva frontera de la investigación económica está en el uso de datos provenientes de registros administrativos (ver aquí). Sobre el uso de datos en Economía, permítanme contarles dos gratos recuerdos de mi época de estudiante universitario. Cuando cursaba tercero de licenciatura, Manuel Gala, uno de los fundadores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y luego rector de esta universidad durante casi veinte años, quiso que me vinculara al departamento llamado entonces de Fundamentos de Economía e Historia Económica. Lo hizo encargándome las tareas de leer todas las semanas “The Economist” (la revista semanal sobre cuestiones económicas de mayor difusión), recortar las noticias y los artículos que yo considerara más relevantes y organizarlos en una “base de datos”, que no era otra cosa que una estantería de archivadores donde yo clasificaba los recortes. Obviamente, nunca nadie consultó esa base datos, pero creo que el profesor Gala consiguió el objetivo que quería, que no era otro que inculcarme que la Economía solo es útil si te ayuda a entender la realidad. El curso siguiente tuve la inmensa suerte de que Luis Toharia (DEP) se convirtiera en mi mentor y cuando le expuse mi interés por la Economía Laboral la primera tarea que me encargó fue estudiar las fuentes estadísticas del mercado de trabajo español (algo que finalmente dio lugar a una artículo publicado hace 25 años con la profesora Inmaculada Cebrián). Basten estos dos recuerdos para confirmar que en la Universidad de Alcalá, también en su época moderna, hubo gente adelantada a su tiempo.

Seamos, no obstante, francos. En investigación científica, no todo vale. No es investigación si no se realiza a hombros de gigantes, es decir, si no contribuye expandiendo el conocimiento ya acumulado. Tampoco es investigación si no se somete al escrutinio de los pares (incluyendo a los más contrarios, no solo a los amigos).

Ciencia es lo que hacen los científicos. No es popular; de hecho, muchos piensan que aspirar a conocer mejor el mundo es mera arrogancia. Y, además, nos obliga a reconsiderar creencias e incluso, a veces, nos hace cambiar nuestras visiones del mundo. Tampoco es democrática. Lo que se considera conocimiento científico no se decide por votación ni la naturaleza somete sus leyes a referéndum. El conocimiento científico es el resultado de filtros que determinan qué se considera conocido y qué no. Puede que estos filtros no sean los más eficaces. Todos conocemos historias sobre fraudes y deficiencias en el proceso de publicaciones de artículos científicos (nuestra certificación de calidad) o de procedimientos arbitrarios de evaluación de nuestras actividades investigadoras. También todos conocemos “genios” que en seminarios de investigación saben a los cinco minutos del comienzo si el trabajo que se va a presentar está mal, es una obviedad o ambas cosas a la vez. No obstante, es mediante estos procesos cómo se destila y se reconoce el conocimiento científico. Se trata de resolver sus deficiencias, no de eliminarlos.

Sobre divulgación

Tomás de Aquino también tuvo consejos útiles sobre la divulgación científica, tanto para los que la hacen como para los que la reciben. Para estos últimos dijo: “Teme al hombre de un solo libro”; a los científicos que divulgan les dijo:  “Quién dice verdades, pierde amistades”. (Y hay que recordar que valoraba mucho la amistad pues también dijo: “El amigo es mejor que la honra, y el ser amado, mejor que el ser honrado”).

Vivimos en un mundo plagado de fake news y donde las élites, incluidas las científicas, son despreciadas. Esto no se combate con científicos refugiados en torres de marfil, sino con una mayor participación de los mismos en la divulgación científica, especialmente en los campos de batalla en los que se difunden las fake news y el desprecio por la ciencia, que en la época de Tomás de Aquino estaban dentro de edificios religiosos y ahora son las “redes sociales”.

En el caso de la Economía, buena parte de la divulgación tiene como objetivo la comunicación con los responsables de las políticas económicas. En esta comunicación se establece una relación entre economistas y políticos a la que me he referido en ocasiones como “turbulenta e incomprendida”. Así es como yo entiendo esa relación.

La política tiene una misión muy complicada. Se trata de agregar preferencias individuales en una función de bienestar social, algo que se ha demostrado teóricamente imposible bajo un conjunto de axiomas mínimamente razonables. Además, ahora hay que hacerlo en sociedades cada vez más heterogéneas, fragmentadas y polarizadas y donde cada vez hay más intereses privados que tratan de sacar provechos espurios de la fragmentación y de la polarización.

El apoyo que el economista pueda prestar en esta difícil misión no es recomendar o despreciar determinadas medidas de política económica desde sus propios posicionamientos ideológicos y políticos. En nuestro país hay demasiados “gurús económicos, referencias mediáticas que, en la mayoría de los casos, hacen un grave daño a la ciencia económica participando en debates públicos y utilizando la Economía, no como fuente de conocimiento, sino como arma arrojadiza en la brega entre posiciones políticas.

Insisto, no es el papel del economista el de decidir cuáles son los objetivos sociales que hay que alcanzar y cómo resolver las disyuntivas que se plantean entre ellos. Por el contrario, la labor del economista es comunicar el conocimiento económico disponible (y el que no lo está) para que los políticos tomen decisiones sabiendo lo que hacen (y lo que no), y para que la opinión pública entienda qué hacen los políticos y por qué lo hacen. En palabras de Jean Tirole (al que ya he presentado antes): “Mientras persista la falta de conocimiento económico entre la opinión pública, tomar buenas decisiones políticas requerirá mucho coraje político”.  (Sobre esto les contaré otro recuerdo: Empecé a apreciar la necesidad de informar y apoyar con el conocimiento económico a los que han de tomar decisiones políticas en un curso sobre evaluación de proyectos de inversiones públicas en el que participe todavía siendo estudiante universitario como ayudante del profesor Diego Azqueta).

Finalmente, la divulgación del conocimiento tiene que hacerse con lealtad a la ciencia (“aun a riesgo de perder amistades” como advertía Tomás de Aquino), o como ha dicho más recientemente Paul Romer (Premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia, en memoria a Alfred Nobel, 2018): “Si tengo que elegir entre traicionar a la ciencia o traicionar a un amigo, espero que pueda tener el coraje de traicionar al amigo”.

Conclusión

Según Tomás de Aquino, Dios puso el apetito por el conocimiento y por la ciencia en los seres humanos y con ello nos hizo racionales. Parafraseando a Fernando Trueba, confesaré que yo no creo en Dios, aunque sí empiezo a creer en… Zinedine Zidane. No obstante, como Tomás de Aquino también creo que el apetito por el conocimiento lo compartimos todos y que satisfacer ese apetito nos hace mejores personas y nos convierte en ciudadanos más útiles a la sociedad, cualquiera que sea nuestra actividad profesional. Todos tenemos ciencia dentro. Hagamos todo lo posible para que todos seamos capaces de descubrirla y difundirla.

Muchas gracias por su atención.

Monedas digitales públicas (I): Origen, diseño y características

Por David Tercero Lucas

Es un hecho que las nuevas tecnologías están cambiando no solo las sociedades sino también la economía global. La conocida como revolución digital ha permitido que individuos y corporaciones privadas puedan desarrollar monedas digitales privadas o criptomonedas, una idea originalmente introducida por David Chaum hace más de tres décadas y media (aquí). En 2008, esta ocurrencia se materializó y desde la creación del Bitcoin – analizado en este blog por Fernández-Villaverde aquí, aquí y aquí, y por Daniel García aquí–, más de cinco mil criptomonedas se han emitido.

El campo de la economía monetaria digital se ha convertido en uno de los más prometedores para los investigadores. Decenas de artículos se han publicado para analizar lo que son las criptomonedas (Fernández-Villaverde hace un gran análisis aquí), sus efectos en la política monetaria (aquí) o la economía del blockchain (aquí), entre otros. Las nuevas formas de dinero digital, la proliferación de las criptomonedas y el gran descenso del uso y la demanda del efectivo en algunos países como Noruega y Suecia (véase la Figura 1) ha forzado a los bancos centrales a comenzar a examinar la viabilidad de emitir una moneda digital pública (CBDC por sus siglas en inglés). Una moneda digital pública es una nueva forma de dinero emitida virtualmente por el banco central (pasivo del banco central) y que serviría como moneda de curso legal.

Figura 1. Papel moneda en Noruega y Suecia

Fuente: Engert et al. (2019, p.36).

Según una encuesta del Banco de Pagos Internacionales de Basilea (aquí), el 70 por ciento de los 63 bancos centrales que respondieron al estudio están analizando e investigando las monedas digitales públicas, un porcentaje superior a la misma encuesta del año anterior. De ellos, la mitad están experimentando con este tipo de medio de pago. Sin embargo, solo un 10% han llegado a desarrollar proyectos piloto para ver sus resultados, algo que se incrementará significativamente en los años ulteriores.

Las monedas digitales públicas se enmarcan dentro del concepto de dinero habida cuenta de que pueden cumplir perfectamente las tres funciones del dinero establecidas por William Stanley Jevons en su libro de 1875 “Money and the Mechanism of Exchange” y mencionadas anteriormente – alrededor del año 230, en plena dinastía Severa – por el jurista romano Julius Paulus Prudentissimus, como remarcan Bordo y Levin aquí. Por un lado, una moneda digital pública servirá como medio de pago, al facilitar las transacciones económicas. Por otro lado, también será una unidad de cuenta y un depósito de valor (al contrario que las monedas digitales privadas, cuya elevada volatilidad las aleja de poder ser un depósito de valor). Asimismo, cumplirían la cuarta función del dinero que se adicionó posteriormente: ser un medio de pago diferido.

Sus implicaciones dependen en gran medida de su diseño y de las características que tengan. Utilizando un diagrama de Venn, Bech y Garratt (aquí) plantean una clasificación o taxonomía del dinero conocida popularmente en la literatura naciente de la economía monetaria digital como flor del dinero (money flower). Clasifican los distintos tipos de dinero en función de cuatro características fundamentales: i) emisor del dinero (emisor privado o banco central), ii) accesibilidad (total o limitada), iii) forma (física o electrónica) y iv) mecanismo de transferencia/tecnología (centralizada o descentralizada). Una moneda digital pública estaría emitida por un banco central y tendría forma electrónica. No obstante, su accesibilidad podría ser total (al igual que el efectivo, el dinero digital público podría estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año) o limitada (durante un periodo concreto como el acceso a las reservas de los bancos centrales). Si se pretende en última instancia que la moneda digital pública sustituya completamente al efectivo, debería tener accesibilidad total. Por último, en función de la verificación necesaria para su intercambio o mecanismo de transferencia, puede ser una moneda digital basada en tokens (análoga a las criptomonedas privadas) o basada en cuentas en el banco central (account-based). Esta característica está inherentemente ligada al grado de anonimidad o privacidad que se pretenda mantener. Mientras que una CBDC basada en tokens es completamente anónima (al igual que el efectivo, cuyos pagos no se pueden rastrear), una CBDC basada en cuentas no sería completamente anónima, pero sí más fácil de poner en práctica. Tobin, en 1987, fue uno de los pioneros en proponer un sistema análogo, planteándolo de la siguiente manera: "[…] the government should make available to the public a medium with the convenience of deposits and the safety of currency, essentially currency on deposit, transferable in any amount by check or other order" (Tobin, 1987, p.172).

A las características anteriores, se adicionan otras dos que son fundamentales debido a sus grandes implicaciones: por un lado, si es accesible para todos los públicos (retail CBDC o minorista) o se restringe a un determinado grupo de individuos (wholesale CBDC o mayorista), por otro, si genera o lleva asociado un tipo de interés (interest-bearing CBDC) o no lo tiene (como las monedas digitales privadas).

Una moneda digital pública accesible para todos los individuos sería un instrumento monetario sin riesgo de liquidez o de crédito, totalmente seguro y de fácil acceso. Los depósitos en los bancos comerciales, en cambio, siguen presentando el riesgo de que la entidad financiera quiebre (aunque exista el seguro de garantía de depósitos). Pfister (aquí) argumenta que una moneda digital publica minorista sería un paso más hacia la existencia de mercados completos. Además, también serviría para reducir algunos costes de producción, emisión, almacenamiento y distribución del sistema de pagos minorista. Si la CBDC fuera mayorista y, por ende, no disponible para todos los individuos y empresas, podría mejorar el sistema de pagos del sector donde se implante, así como su eficiencia y reducir los riesgos de crédito y liquidez asociados. En cambio, sus efectos en la política monetaria del banco central o la estabilidad financiera, serían prácticamente nulos.

Si la CBDC está remunerada, es decir, lleva asociada un tipo de interés, se podría convertir en un nuevo instrumento del banco central. Su demanda, estaría relacionada con el nivel del tipo de interés que, en caso de ser positivo, incrementaría la apetencia por un activo totalmente seguro.  En futuras entradas en este blog se pueden explorar los puntos a favor y en contra asociados a la emisión de una moneda digital pública que tenga o no tipo de interés. Finalmente, el banco central o la autoridad monetaria competente puede poner límites cuantitativos (caps) en su uso con el fin de prevenir algunos efectos no deseables en el uso de la moneda digital como por ejemplo un mal funcionamiento en el sistema de pagos minorista. También se podría establecer una paridad que no fuera 1:1 con respecto al efectivo, creando un tipo de cambio entre los distintos tipos de dinero de la autoridad monetaria.

La irrupción de las monedas digitales públicas serán una disrupción el escenario monetario actual. Los bancos centrales podrían extender su papel actual e ir más allá de sus funciones presentes en un contexto donde el uso de medios de pago digitales es cada vez mayor. En la segunda parte de este post discutiré los argumentos a favor y en contra de emitir una moneda digital pública.

 

«Creemos que hay libertad simplemente porque hay medios que representan a opciones políticas diferentes»

Este 2020 se cumplirán 3 años desde que Francisco José Bustos Serrano comenzara su andadura en El Captor. Desde entonces, muchos de sus lectores han encontrado en sus artículos líneas de pensamiento preclaras, destacando el análisis y la pedagogía de las tesis más modernas del economista Thomas Piketty, pasando por sus reflexiones en torno a las principales variables económicas del sistema capitalista. Lo siguiente es una conversación reciente mantenida entre Francisco y el editor del blog, Sergio P., en torno a muchas de las ideas tratadas por ambos sobre economía y política durante los tres últimos años. Sergio P.: Francisco, uno de tus primeros artículos se tituló «El eterno déficit público». Como bien sabes, en torno al déficit público hay diferentes posiciones. Hay quien es partidario de reducirlo, tenga el coste social que tenga. Hay quien sostiene la necesidad de ir hacia el equilibrio presupuestario, con una velocidad acorde a las necesidades sociales, y hay quien opina que la recurrencia de déficits públicos no constituye problema alguno, argumentando incluso que esa circunstancia favorece el crecimiento económico. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Francisco B.: Los estados no deberían incurrir en déficits públicos, excepto como herramienta anticíclica y en los casos en que se realizara una inversión que produjera mayores retornos en el futuro. Es un estado grande y redistributivo el que, desde una perspectiva ideológica de izquierdas, cumple con los objetivos sociales. Un estado que no tiene por qué ser deficitario y que sería más fuerte con sus cuentas saneadas. Además, el déficit público genera deuda, lo que significa que todos los ciudadanos, sin haber tomado una decisión directa al respecto, deben dinero a otros pocos ciudadanos, los inversores, que además genera intereses, lo cual hace que la desigualdad aumente. Podríamos concluir que lo social es que no haya déficit público. Bien es cierto, que una vez se ha incurrido […]

La entrada «Creemos que hay libertad simplemente porque hay medios que representan a opciones políticas diferentes» aparece primero en El Captor - Economía y Opinión.

La racionalidad de la dolarización

En el 2019 los argentinos compraron 26870 millones de dólares y durante los últimos 4 años atesoraron 86198. Se trata de un ahorro equivalente a casi el 20 por ciento del PBI que podría haber financiado el desarrollo argentino, pero que terminó ayudando a pagar el exceso de gasto de los Estados Unidos.

Tanto estos fondos como los 107000 millones fugados durante el kirchnerismo, corresponden al fruto del trabajo de millones de argentinos que luego de pagar todos sus impuestos entienden que lo mejor que pueden hacer es ponerse al resguardo de un Estado que los asalta, cobrándoles un impuesto que no está legislado y devaluando sus ahorros cada vez que colapsa el balance de pagos, algo que en los últimos 70 años ocurrió 15 veces.

No se trata, como sugieren los mitos que se construyen para soportar las cáscaras vacías de los significantes populistas, de un puñado de especuladores insensibles y cipayos. Que probablemente los haya, pero en el último mes un récord de 2600000 argentinos compraron dólares. Por el súper cepo el monto adquirido fue de solo 330 millones en billetes, sin embargo, en octubre pasado, justo antes de las elecciones 2500000 compatriotas habían arrasado con casi 4000 millones de las reservas, antes de que las restricciones se endurecieran. Si miramos lo que ocurrió en los primeros ocho meses del año, cuando no había limitaciones de acceso al mercado, dependiendo del mes, entre el 60 y 70 por ciento de las divisas se iban en operaciones menores a los 10000 dólares.

Masivamente los argentinos repudiamos la moneda, porque desde que empezó el régimen de alta inflación, en 1945, la mayoría de los años los bancos han pagado a los ahorristas tasas de interés negativas que no cubrían siquiera la inflación, no hablemos ya de premiar el esfuerzo que significa postergar el consumo y financiar la inversión. Consecuentemente, no solo profundizamos nuestra dependencia del dólar y la vulnerabilidad externa de la economía, sino que ahorramos menos que lo que haríamos si tuviéramos una moneda estable, lo que repercute en menos inversión, menos crecimiento y más pobreza.

En segundo lugar, tenemos pánico a flotar en materia cambiaria. Los gobiernos no quieren devaluar porque como acaba de quedar demostrado en la última elección, el que lo hace pierde, aún cuando la flexibilidad del tipo de cambio permitió que el shock producido por el frenazo abrupto en el crédito externo fuera absorbido por los salarios reales, manteniendo la tasa de empleo prácticamente sin cambios. Desde el punto de vista electoral es preferible un desempleo del 18 por ciento que castiga “solo” a uno de cada cinco trabajadores, permitiendo una reelección como la de Menem en 1995, sostenida en el apoyo de los otros cuatro que conservan el trabajo y no una inflación del 53 por ciento que castiga a todos los laburantes.

La consecuencia del pánico a dejar que el dólar se vaya ajustando para equilibrar el balance de pagos, es que acumulamos atrasos cambiarios muy grandes, que cuando explotan producen devaluaciones monumentales. Prácticamente en ningún país del mundo, con la excepción de Venezuela, el dólar trepa 50 por ciento o 100 por ciento en el lapso de una semana, o un par de meses. No existe tasa de interés en pesos que pueda cubrir esa eventualidad y entonces la gente prefiere dólares como quien compra un seguro de todo riesgo del auto sabiendo que probablemente la mayor parte de los meses le toque perder, pero que el día que se produzca el choque con la destrucción total, salvará uno de sus principales activos y podrá comprarse un auto nuevo.

Lo interesante es que el precio del dólar no desalienta en absoluto su compra. Más aún; el dólar parece desafiar la ley de la demanda: desde el inicio de la crisis, en mayo del 2018, se dolarizaron 45114 millones, pero en los 20 meses anteriores, con el billete a menos de $20 hubo compras netas por 32000 millones. En rigor, lo que ocurre, es que cada suba alimenta la expectativa de una escalada ulterior, porque lo que realmente está ocurriendo es que se está desmoronando, del otro lado del mostrador, la demanda de pesos. Y una vez que un proceso de la desconfianza se dispara, es muy difícil frenarlo y más complicado aún darlo vuelta. Si no se acelera mas la caída de la moneda local es porque el ingreso de la población alcanza cada vez para comprar menos divisas, hasta que una nueva ola de emisión fabrica las piedras para lapidar el peso. Adicionalmente hay una demanda de dinero domestico que sostiene asociada a las transacciones que no resulta posible enfrentar con dólares, pero la recesión erosiona también ese dique contenedor.

No hay ninguna posibilidad de desarrollo en la Argentina si no tenemos como prioridad la estabilidad monetaria, con la cual tampoco basta, pero sin la cual no podemos ni siquiera empezar.

Si recuperamos la moneda, esos dólares que están en cajas de seguridad o debajo de los colchones, pueden financiar un círculo virtuoso de consumo e inversión.

fuente: ELDIA.com

El poder de la información sobre el comportamiento colectivo... o individual

Hace unas pocas semanas, apareció un trabajo de los que para mí son los más importantes del proyecto IBSEN, proyecto europeo que coordiné en los años 15-18. En este proyecto, desarrollamos procedimientos e infraestructuras para hacer experimentos con grupos grandes de personas, para discernir posibles efectos debidos precisamente al tamaño de los grupos. El trabajo que hoy traigo aquí es la "prueba de concepto" de ese proyecto: experimentos con grupos de 100 e incluso de 1000 personas participando simultáneamente. Hasta donde yo sé, nadie ha hecho hasta ahora experimentos con 1000 personas (bueno, sí, una vez, parte del grupo que luego desarrollamos IBSEN, con un sistema ad hoc).

El experimento que quiero discutir hoy lo llevamos a cabo en colaboración con María Pereda, Ignacio Tamarit, Alberto Antonioni, Jose A. Cuesta, y Penélope Hernández, y se puede encontrar en acceso abierto aquí. El experimento en sí no tiene nada de novedoso, al contrario, es de las situacones más estudiadas en economía del comportamiento: el juego de bienes públicos. Los participantes reciben una cantidad de dinero, y pueden contribuir nada, parte o todo de esa cantidad a un fondo común. Lo recaudado en el fondo se multiplica por un factor, menor que el número de participantes, y se reparte por igual entre todos, hayan contribuido o no. Es fácil convencerse de que lo mejor es no aportar nada y beneficiarse de lo que contribuyan los demás; el problema radica en que entonces nadie contribuye nada y lo único que gana cada uno es lo que tenía inicialmente, mientras que si todos aportasen todo al fondo común lo multiplicarían. Estamos, pues, ante el dilema social arquetípico (similar a un dilema del prisionero pero con más de dos jugadores), y de haí el interés en este tipo de juegos.

Cuando el juego se repite varias veces con el mismo grupo de personas, la gente, que inicialmente comienza contribuyendo cantidades en torno al 50% de sus fondos en media, va desilusionándose progresivamente y contribuyendo cada vez menos, para perjuicio de todos. Este comportamiento se ha visto infinitas veces y ocurre en todos los lugares del mundo. Como muestra, baste la siguiente gráfica (eje vertical, promedio de contribuciones de todos los jugadores; eje horizontal, número de la repetición del juego):

Figura 1. Contribución media por jugador en experimentos de bienes públicos llevados a cabo en distintos países. Tomada de Benedikt Herrmann, Christian Thoni, and Simon Gachter. 2008. ‘Antisocial Punishment Across Societies’. Science 319 (5868): pp. 1362–67. Discutida también en el curso CORE de economía.

Entonces, si este dilema está tan estudiado, ¿por qué volver sobre él? Pues por el motivo que indiqué al principio del post: porque casi todos los experimentos se han hecho con grupos de menos de 10 personas, salvo contadas excepciones, que en el mejor de los casos llegan a 100. Pero, se preguntará usted, amigo lector, ¿qué nos hace pensar que los resultados puedan ser distintos por poner más o menos personas? Muy buena pregunta, y la respuesta es el motivo del título del post: la información.

En un experimento típico, después de cada repetición del juego se muestra a todos los participantes lo que han contribuido los demás. Esto, si el grupo son unas pocas personas, es muy fácil de procesar: uno tiene un tiempo, 20, 30 segundos, para verlo, asumir lo que han hecho los otros, pensar en lo que ha ganado en consecuencia, y tomar la decisión para la siguiente repetición. El problema, y la razón por la que las cosas podrían ser distintas, es que si estoy jugando con 1000 personas lo normal es que no tenga la información de lo que ha hecho cada uno, pero aunque la tenga, ¿cómo voy a poder procesarla? Todas esas decisiones, en un intervalo de tiempo pequeño, en la práctica no quieren decir nada ni me dicen nada. Así que al plantearse el experimento a gran escala hay que decidir qué información se va a dar a los participantes, y este es el efecto de tamaño que queríamos explorar.

A primera vista, no pasa nada muy excitante: la siguiente figura, Figura 2, muestra de nuevo el promedio de las contribuciones en función de las repeticiones, pero esta vez en nuestro experimento, para distintas sesiones experimentales, con 100 o 1000 personas, y con distinta información, punto sobre el que volveré a continuación:

Figura 2. Contribuciones medias por participante en nuestros experimentos. Hay resultados de un grupo de 1000 personas (línea morada con asteriscos) y de cinco de 100 personas con diferentes condiciones de información como se describe a continuación (las que solo tienen histograma son la roja con círculos y la marrón con triángulos). Los resultados no son significativamente diferentes de unos grupos a otros.

Bueno, tampoco es exactamente igual a la Figura 1, de hecho hay una subida inicial, aunque luego empieza el decaimiento. Lo mismo, lo mismo, no es, pero no es nada tampoco muy diferente. Quizá al crecer el tamaño se necesita más tiempo para que todo el mundo se vaya desilusionando y deje de contribuir. Es muy posible, pero si fuera por esto solo no le haría perder el tiempo con este post, amable lector. La gracia está en que como vamos a ver ahora, aunque el comportamiento colectivo sea igual o parecido, el individual cambia completamente con la información. Por otro lado, si alguien se pregunta por qué hay solo una sesión de 1000 participantes, es por motivos económicos: solo esa sesión costó 10 000 euros aproximadamente en pagos a los participantes, y no nos dio el dinero para más.

¿Y qué informaciones les dábamos? Estudiamos básicamente dos condiciones: en la primera, nos limitábamos a darles la media de todas las contribuciones, o sea, lo que está usted viendo en la gráfica de arriba: a cada paso, les dábamos el punto de la gráfica de la repetición anterior. Sin embargo, en la segunda condición les dábamos un histograma escrito: para evitar beneficiar a la gente que estuviera más familiarizada con una representación gráfica, lo presentábamos de esta manera:

El 18% de los participantes ha contribuido con 0 unidades
El 25% de los participantes ha contribuido con 2 unidades
El 14% de los participantes ha contribuido con 4 unidades

y así para 6, 8 y 10 unidades, que eran las opciones que les dábamos. Es importante insistir en que la información que proporcionamos es siempre cierta, no se engaña a los participantes. En la Figura 2 están recogidos resultados de ambas condiciones, por lo que claramente no parece que la información afecte mucho a la contribución media. ¿Pero, qué ocurre si miramos las contribuciones individuales? La respuesta está en la siguiente gráfica:

Figura 3. Distribución de contribuciones para cada una de las opciones posibles en cada ronda. El color naranja o rojo indica que mucha gente ha contribuido con la cantidad indicada, mientras que el amarillo indica poca gente. En la gráfica de arriba, se da información de la media (1000 participantes); en la de abajo, nuestro histograma escrito (100 participantes); y en la del medio, ambas (100 participantes). En todos los casos la línea representa la donación media, que ya vimos en la gráfica anterior.

Lo que vemos en la Figura 3 es que cuando se da información de la media, la gente tiende a concentrar sus donaciones en torno a la media, haya histograma o no, mientras que si se solo se da el histograma la gente se va polarizando y acaban contribuyendo en su gran mayoría o todo o nada. Es decir, lo que no veíamos en el comportamiento colectivo aparece en el individual; lógicamente, si todos contribuyen la media, o la mitad (aproximadamente) contribuyen 0 y el resto 10, no vamos a distinguir los promedios, pero está claro que lo que está pasando es muy, muy distinto. En el primer caso, la situación es aproximadamente igualitaria y mucha gente contribuye más o menos lo mismo, pero en el segundo la mitad de la gente no hace nada y se limita a aprovecharse del gran esfuerzo de los que contribuyen todo.

Un punto importante que hay que aclarar es que no todo el mundo hace lo mismo ni mucho menos. Hay un porcentaje de gente, en torno al 15%, que contribuye 0 todas las veces, es decir, juega el equilibrio de Nash como un jugador perfectamente racional. Hay otros pocos que contribuyen todo todas las veces, un 5% o menos. Y luego hay muchos que van variando lo que contribuyen que, utilizando técnicas de clustering, se pueden agrupar en tres grandes grupos, de contribuyentes bajos, medios o altos, pero sin que eso llegue a recoger la variabilidad de sus acciones. Ello no quita que a grandes rasgos la descripción del párrafo anterior sea correcta, pero es cierto que habría que matizar que cada uno es cada uno. Si alguien está interesado en este nivel de detalle, está discutido ampliamente en el artículo y en su material suplementario.

De este trabajo se derivan dos mensajes. En primer lugar, vemos muy claramente que la información, la manera que tengamos de procesarla cuando interaccionamos en grupos muy grandes (como la sociedad) hace que los individuos se comporten de manera muy diferente, y que la desigualdad sea escasa o enorme. Es lógico pensar que otras maneras de dar la información que, recordemos, los participantes no pueden procesar debido a su volumen por lo que deben recibirla digerida, pueden conducir a otros comportamientos. Por tanto, hay que ser muy cuidadoso con este procesado de la información, o incluso podremos utilizarlo para dirigir a la gente en el sentido que sea apropiado. Pienso por ejemplo en el clima como un bien público, y en si queremos un esfuerzo igual o desigual. En cuanto al segundo mensaje, puede parecer un poco más técnico, pero en el fondo nos afecta a todos: la información también tiene el poder de esconder lo que pasa. Si solo nos enseñan las medias, nos parece que todo da igual, y solo vamos a ver las diferencias cuando profundicemos en lo que hacen las personas. Esto hace que la manera de presentar las cosas diste mucho de ser inocente, y quién más quién menos elige la manera que mas arrima el ascua a su sardina. No es que esta última conclusión sea novedosa ni sorpredente, pero conviene insistir en ella para que no se nos olvide que somos muy fácilmente manipulables...

 

¿Por qué gravar la riqueza? (II): A la fuerza ahorcan

de Antonia Díaz y Luis Puch

Según la Agencia Tributaria (AT), los ingresos por IRPF en 2017 fueron 77.038 millones de €, alrededor de un 6,6% del PIB. El Impuesto sobre el Patrimonio (IP) recauda menos del 2% de los ingresos por IRPF, unos 1.500 millones: una ridiculez.

El IP es un impuesto cedido a las CCAA. Fue suprimido en 2008 de facto al establecerse una bonificación general del 100% pero fue recuperado en 2011 por la crisis. El RDL 13/2011 establece una exención de 300.000€ para la vivienda habitual, un mínimo exento de 700.000€ y la obligación de declarar cuando el valor de los activos supere los 2 millones de euros. Con carácter general, se establece una tarifa (que las CCAA pueden modificar) progresiva: hasta 167.130€ se paga el 0,2% y el tipo máximo es 2,5% para una base imponible superior a algo más de 10 millones euros. A partir de estos márgenes, las CCAA establecen los tipos y exenciones que consideran oportunos. Algunas CCAA han rebajado el mínimo exento, y otras han aumentado el tipo marginal máximo. Las que más han aumentado el tipo marginal máximo son Extremadura y Baleares. Toda la información está aquí (e incluye Navarra y País Vasco, ausentes en este post que sólo usa datos de la AT). La Figura 1 esta extraída de la AT, y muestra que la mayor parte del patrimonio declarado está en Cataluña y en Madrid. Es interesante ver que la Comunidad de Madrid y Cataluña siguen políticas radicalmente diferentes: mientras que Madrid ha optado por bonificar el impuesto al 100%, en Cataluña se ha rebajado el mínimo exento y se ha aumentado el tipo máximo. A la fuerza, la crisis y el procés, ahorcan.

Figura 1 Distribución del Patrimonio TOTAL

En nuestro post anterior argüíamos que un impuesto sobre el patrimonio es otra forma de gravar la renta. Más concretamente, permite gravar de forma indirecta aquellas rentas y el consumo de ciertos bienes y servicios que son difíciles de observar (rentas y servicios generados por ese patrimonio, claro está). Suele ocurrir que son los contribuyentes más ricos quienes disfrutan esas rentas y servicios. Esto también lo hace, por ejemplo, el IBI que, al gravar los bienes inmobiliarios, es un impuesto sobre los servicios de las casas en propiedad. No está de más recordar que los bienes inmobiliarios son gravados porque la acción pública, mediante la inversión en bienes públicos locales, o de otra naturaleza, acrecienta el flujo de servicios a los que da acceso la propiedad de una vivienda. El impuesto es una forma de devolver al erario publico y a la sociedad su contribución en la creación de valor privado.

La digresión del párrafo anterior sobre el IBI viene a colación porque lo importante no es qué se grava, renta por IRPF o stock vía IP, sino el cuánto; es decir, el tamaño de la carga impositiva. Para saberlo con exactitud habría que cruzar los datos de los declarantes de IRPF con los de Patrimonio, pero no disponemos de los datos individuales. En este post hacemos un primer retrato de los declarantes de IP, y una aproximación a su carga impositiva total con los datos agregados que ofrece la Agencia Tributaria.

Figura 2. Porcentaje de declarantes según su renta media por CCAA

¿Quién declara IP?

Según la Agencia Tributaria (AT), desde que este impuesto se reinstauró, el número de declarantes de IP es el 1% de los declarantes de IRPF. Debemos insistir que la AT solo ofrece datos de las CCAA de régimen común; por lo tanto, en lo que sigue no tenemos datos del País Vasco y de Navarra. El grueso de los declarantes de IP vive en Cataluña: el 37,44% (véase la Figura 2). Le siguen, de lejos, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y Madrid (con mínimos exentos más altos), todas ellas aportando alrededor del 10% de declarantes. Para hacernos una idea, en 2017, 75.600 contribuyentes declararon el Impuesto sobre el Patrimonio en Cataluña. La Agencia Tributaria ofrece un sumario del perfil en IRPF de los declarantes de IP. En la Figura 3 hemos ordenado las CCAA de acuerdo a la renta media de los hogares (normalizada por el valor medio nacional: valor 1 en el eje de abcisas). En el eje de ordenadas aparece la Base Imponible (BI) en IRPF de los declarantes de Patrimonio en número de veces sobre la renta media de un hogar representativo en España.

Figura 3. Renta Media frente a Ratio BI sobre Renta Media de los hogares, por CCAA

En todas las CCAA la Base Imponible de IRPF de los declarantes de IP es más de dos veces la renta media de los hogares, pero nunca más de 6 veces excepto en Madrid. Por tanto, la Comunidad de Madrid destaca como un caso muy especial: los declarantes de Patrimonio tienen, con mucho, la Base Imponible más alta de todas las comunidades autónomas. Sería muy interesante descomponer qué parte de esa anomalía proviene de la distribución territorial de la actividad económica en España, y qué parte proviene de la propia distorsión que introduce el dumping fiscal que realiza la Comunidad.

Figura 4. Patrimonio declarado sobre base imponible del IRPF por CCAA

La Figura 4 muestra la ratio de patrimonio declarado sobre base imponible de IRPF, de nuevo frente a la renta media de los hogares por CCAA. En el total de España la ratio es 24,57. Es decir, el patrimonio de los declarantes de IP es algo más de 24 veces su base imponible de IRPF. Para hacernos una idea de la magnitud de dicha ratio, podemos pensar que, por ejemplo, en la Encuesta Financiera de las Familias de 2014, la riqueza neta media de los hogares era 14,36 veces su renta media. Todo indica que los declarantes de IP son, fundamentalmente, los que están en lo más alto de la distribución de la renta.

Una cuestión que destaca de la Figura 4 es la diferencia entre Comunidades. En Galicia, la ratio prácticamente duplica la media nacional. Es decir, los declarantes de IP tienen una Base Imponible inferior a la media y un patrimonio por encima de la media. Cataluña y Baleares están por debajo. La Figura 4 resume una pequeña lección de historia de la transición desde el antiguo régimen.

Tabla 1. Partidas en las que se reparte el patrimonio, año 2017

Finalmente, la Tabla 1 muestra los datos de la AT sobre la composición del patrimonio de los declarantes del IP. En este caso solo consideramos la media del país, dado que hay pocas variaciones entre CCAA. En su lugar, la Tabla 1 desglosa los datos por sexo del declarante. La vivienda habitual y algunos activos patrimoniales afectos a actividades económicas están exentos de tributar. Esas dos partidas componen poco más del 4% del patrimonio declarado (véase la fila “Pat no exento/Pat total”). El patrimonio no exento se compone de rúbricas que hemos clasificado en dos tipos. En negrita aparecen aquellas partidas que generan flujos de renta perfectamente medibles. En rojo hemos destacado aquellas partidas que, o no generan renta de mercado (bienes inmuebles), o esa renta es difícil de medir. La rúbrica “Inv colec + acc no neg” incluye el valor de las acciones y participaciones en entidades de inversión colectiva y en entidades jurídicas no negociadas. Los bienes suntuarios incluyen obras de arte, barcos, joyas, etc., que, como se puede observar, se declaran en una cuantía muy menor. Esas partidas de “renta ambigua” suponen el 75,95% del patrimonio no exento de tributar. En efecto, como ya dijimos en el post anterior y hemos recordado más arriba, el Impuesto sobre el Patrimonio cumple la función de gravar de forma indirecta renta y servicios cuya medición es muy difícil. Por supuesto, esto es en lo que se refiere al patrimonio declarado a la Agencia Tributaria por personas físicas. No sabemos cuánto patrimonio de las familias está adscrito a sociedades (el argumento habitual para pedir la supresión del IP). Y, nos preguntamos, ¿por qué no todo el patrimonio está adscrito a sociedades? A la fuerza ahorcan, otra vez...

¿Cuánto se paga?

En este apartado vamos a hacer una pequeña aproximación que consiste en lo siguiente: Dado que sabemos la Base Imponible en IRPF de los declarantes de IP y su cuota íntegra por IRPF y por IP para cada Comunidad, vamos a calcular un “tipo medio total” como la suma de las dos cuotas dividido por su base imponible de IRPF. La Figura 5 muestra las CCAA ordenadas por el tipo medio de IRPF que pagan los declarantes de IP (tipo medio calculado como cuota íntegra dividida por la base imponible) y en el eje de ordenadas aparece el tipo medio total que estos declarantes pagan por IRPF + IP.

Figura 5. Tipo medio declarantes IP frente a tipo medio IRPF + IP por CCAA

El tipo medio total que hemos calculado no llega a cuatro puntos por encima del tipo medio de IRPF de los declarantes de IP. Hay mucha dispersión entre CCAA. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid (CM) el tipo efectivo es el mismo ya que el IP está completamente bonificado. En el otro extremo está Galicia, donde la diferencia es casi de 9 puntos porcentuales (30.5% tipo medio de IRPF versus 39% en tipo medio total). Ahora nos podemos preguntar, ¿es excesiva esta presión fiscal que soporta el capital de los declarantes de IP? Para empezar, debemos recordar que los declarantes de IP son escasamente el 1% de los declarantes de IRPF y, presumiblemente, el 1% superior de la distribución de la renta en España. Para poner en contexto esta presión fiscal aproximada es bueno comparar con la que soportan las rentas del trabajo. García-Miralles, Guner y Ramos (2019) calculan el tipo impositivo medio que soporta la base imponible general (rentas del trabajo y rentas inmobiliarias) en el año 2015. La Figura 6, tomada de su artículo, muestra que el tipo medio soportado por el trabajador mejor pagado representativo está 5 puntos por encima del tipo medio efectivo que paga el gran patrimonio promedio en España.

En definitiva, el IP recauda muy poco y podría recaudar más. Debe existir para gravar el patrimonio que genera rentas ambiguas que se observan con dificultad. Además, en España los tipos medios de IP son significativamente más bajos que los que soportan los trabajadores con rentas salariales más altas. Todas estas razones justifican un diseño del IP coordinado territorialmente y eficaz para su participación en el conjunto de la recaudación. Por supuesto, este diseño no puede hacerse aisladamente porque el sistema tributario debe analizarse con una mirada global, y atendiendo a los detalles que bien conocen los fiscalistas.

 

Figura 6. Tipos medios, general y de la renta financiera, por niveles de la BI, en García-Miralles, Guner y Ramos (2019)