Deuda pública y crecimiento económico en España

De Vicente Esteve y Cecilio Tamarit

En esta entrada analizamos la relación a largo plazo entre deuda pública y crecimiento en España basándonos en los resultados de nuestro último artículo dentro de un proyecto de investigación financiado por FUNCAS. Es evidente que esta relación ha cobrado un interés renovado, encontrándose en el epicentro del debate actual sobre los estímulos fiscales frente a la consolidación fiscal. Todos recordaremos la intensa reacción (y no solo por los errores cometidos) que suscitó el famoso artículo de Reinhart y Rogoff sobre la existencia de un umbral a partir del cual el volumen de deuda tenía un efecto negativo en el crecimiento (aquí). Ni qué decir tiene que la relación deuda-crecimiento es compleja, debido a la existencia de interconexiones y efectos bidireccionales entre ambas variables tanto a corto como a largo plazo. Por tanto, lo que intentamos aquí es desenmarañar este nexo y cuantificar su importancia usando España como caso de estudio. Este es un tema de gran relevancia económica que ha sido tratado otras veces, y desde distintos ángulos, en este mismo blog (por ejemplo aquí o aquí).

Existen diversos canales por los que la deuda pública puede influir sobre el crecimiento económico a largo plazo. En primer lugar, las subidas de impuestos necesarias para pagar el servicio de un alto nivel de deuda pública pueden desplazar la inversión privada, reduciendo la renta y el ahorro disponible, elevando los costes distorsionadores de la carga impositiva y dando lugar a un probable tratamiento impositivo no neutral entre tipos de activos, lo que aumenta las propias distorsiones. En segundo lugar, elevados niveles de endeudamiento impulsan al alza los tipos a largo plazo de la deuda soberana de forma no lineal, ya que el riesgo de impago también se incrementa. Unos tipos de interés a largo elevados reducen la inversión pública productiva y, lo que es más importante, desplazan la inversión privada al elevar el coste del capital. Una reducción de inversión en I+D conducirá a efectos negativos a largo plazo sobre el crecimiento. En tercer lugar, las autoridades económicas, especialmente en países con sistemas institucionales débiles y poca capacidad recaudatoria, pueden decidir una financiación inflacionista de la deuda monetizándola parcialmente, lo que tiene efectos negativos sobre el ahorro, la inversión y el crecimiento (para más detalles ver aquí, aquí o aquí).

La literatura empírica reciente ha intentado precisar y explicar la posible relación entre la deuda pública y el crecimiento económico desde una perspectiva histórica. Sin embargo, la evidencia sigue siendo relativamente escasa, poco concluyente y no exenta de controversia (ver, aquí, aquí o aquí, entre otros). A pesar de que la teoría predice una relación de largo plazo entre las dos variables analizadas, el uso de técnicas de cointegración de series temporales ha sido relativamente escaso y, en general, no se ha controlado por la existencia de discontinuidades en las relaciones estimadas, lo que puede haber conducido a problemas en los parámetros estimados a la hora de hacer inferencia o predicción. Este problema es especialmente grave en el caso de estudios de largo plazo que cubren diferentes etapas históricas en las que las variables pueden haber estado sometidas a shocks externos o a cambios de política económica. En el caso de España, se ha realizado un esfuerzo muy notable por parte de los historiadores económicos para proporcionar series históricas de gran calidad (un ejemplo claro es este post reciente en NeG realizado por Leandro Prados de la Escosura) que permitan aplicar métodos econométricos, facilitando el desarrollo de la llamada Cliometría. El análisis de la deuda soberana en España desde un punto de vista histórico y sus consecuencias económicas ha sido estudiado por diversos autores, destacando los trabajos seminales de Francisco Comín recogidos en un libro reciente. Como veremos, nuestro análisis coincide en buena parte con sus conclusiones.

Fig. 1 Ratio deuda/PIB y tasa anual de crecimiento real del PIB, 1850-2016

La inspección visual de los datos en la Fig. 1 nos permite ver la evolución temporal de la ratio deuda/PIB. La economía española ha experimentado episodios recurrentes de crisis de deuda que derivaron en la toma de medidas extraordinarias, tales como bancarrotas, impagos, reestructuraciones o monetización de deuda (Isabel II: 1851, 1867; Sexenio Democrático y I República: 1871; Alfonso XII: 1876, 1881; Alfonso XIII: 1900, 1915-1919; 1927-1928; II República: 1935, 1939). Por tanto, las series parecen mostrar discontinuidades que deben ser tenidas en cuenta en el análisis de las mismas. El estudio de estos episodios de sobreendeudamiento ha sido realizado para otros países avanzados aquí.

Desde un punto de vista econométrico, mientras algunos trabajos fijan de forma exógena los puntos de corte o umbrales, otros los buscan de forma endógena. Por otra parte, mientras algunos trabajos realizan estimaciones estáticas, otros toman en cuenta la dinámica en la relación entre las variables, lo que permite tener en cuenta la persistencia en la tasa de crecimiento. Nuestro estudio analiza un periodo temporal excepcionalmente largo para la economía española que abarca desde 1851 a 2013. Frente a otros estudios que utilizan datos de panel y cortos espacios temporales, nuestro enfoque es de serie temporal para un solo país, usando técnicas avanzadas de cointegración, que nos permiten detectar posibles puntos de ruptura, así como la existencia de inestabilidades sin imponer ninguna forma funcional a priori. Asimismo, estimamos las elasticidades para los diferentes regímenes encontrados.

Debido a la inexistencia de datos de deuda homogéneos para todo el periodo considerado, en el estudio hemos utilizado datos de series temporales de la economía española para dos periodos: 1851-2000 y 1964-2013.  Las fuentes para el primer periodo pueden consultarse aquí. En el segundo periodo consideramos a su vez dos definiciones de deuda proporcionadas por el Banco de España aquí: los pasivos totales y la deuda contabilizada según el procedimiento de deuda excesivo (PDE).

Para contrastar la relación de largo plazo entre deuda pública y crecimiento económico real los estudios empíricos utilizan habitualmente un modelo de regresión lineal que relaciona el stock de deuda en % del PIB con la tasa de crecimiento real del PIB. El lector interesado puede encontrar los detalles técnicos de nuestra estimación en el propio artículo. Los resultados encontrados permiten establecer una relación de cointegración lineal entre la ratio deuda pública/PIB y el crecimiento real del PIB para el total del periodo muestral analizado (1851-2000). En concreto, un incremento en la ratio deuda pública/PIB estaría asociado a una reducción del crecimiento del PIB del 0,38%. Para el período más reciente (1965-2013) hemos utilizado dos definiciones distintas de la deuda pública bruta, según se considere o no la metodología del Procedimiento de Déficit Excesivo. Estos resultados implican que un incremento de un 10% en la ratio deuda pública/PIB estaría asociado a una reducción del crecimiento del PIB entre 0,17% y 0,26%. Por tanto, el nivel de deuda pública tiene un efecto significativo sobre el crecimiento del PIB.

En segundo lugar, hemos contrastado la posibilidad de que la relación de largo plazo entre endeudamiento público y crecimiento económico real haya cambiado a lo largo de todo el periodo estudiado. Por un lado, los resultados muestran que ha habido un cambio estructural en la relación de largo plazo en la muestra del periodo 1851-2000 en el año 1939, lo que supone la posible existencia de dos regímenes en la relación de cointegración: 1851-1939 y 1940-2000. Por otro lado, también en la muestra del periodo 1964-2013, en los dos casos contemplados en el stock de deuda pública, encontramos un cambio estructural en el año 1971, lo que supone la posible existencia de dos regímenes en la relación de cointegración: 1965-1971 y 1972-2013.

Con el objetivo de ver la evolución temporal de la elasticidad de largo plazo hemos vuelto a estimar el parámetro en los dos subperiodos de la muestra 1851-2000. Los resultados indican que el coeficiente en el primer régimen (1851-1939) es positivo, pero muy bajo y poco significativo. Por el contrario, en el segundo régimen (1940-2000) el coeficiente de largo plazo es negativo y significativo, y desde el punto de vista económico supone que un aumento de 10 puntos porcentuales del stock de deuda en proporción del PIB provocaría una caída de 0,70 puntos porcentuales de la tasa de crecimiento económico real. Este valor es casi dos veces el estimado para la muestra completa 1851-2000 (0,38 puntos porcentuales).

Por otro lado, nuestros resultados indican que las relaciones de cointegración han cambiado a lo largo del tiempo. La estimación de la elasticidad de largo plazo en el modelo con un cambio estructural muestra una tendencia a disminuir a lo largo del tiempo, apuntando a la existencia de un proceso de “fatiga” o “saturación” fiscal (desde un no significativo 0,011 a un -0,07). Este valor viene a ser el doble del estimado para el total del período (-0,038). La Guerra Civil española explica el punto de corte en 1939. Tras la Guerra Civil, el Banco de España comenzó un proceso de monetización del déficit público y de la deuda (impuesto inflacionario), que redujo el valor real de la deuda pública. Dicha monetización de la deuda se produjo en paralelo con un repudio de los pasivos emitidos por el gobierno republicano durante la Guerra Civil. Tras este proceso comienza un largo período temporal caracterizado por una baja ratio de deuda/PIB y de crecimiento sostenido que dura hasta 1975. De forma similar, los análisis de cointegración con la segunda base de datos para el período 1965-2013 muestran la existencia de dos regímenes de cointegración con una ruptura en 1971 coincidiendo con las tensiones monetarias que desembocaron en la primera crisis del petróleo y el fin de la era de Franco.

Por último, hemos contrastado la posible existencia de una relación no lineal entre el endeudamiento público y el crecimiento económico real. Los resultados apuntan a la existencia de un régimen no lineal con dos períodos. Estos resultados son coherentes con la existencia de un comportamiento no lineal de la política fiscal española, de forma que las autoridades fiscales sólo reducirían los déficit (y la deuda acumulada) cuando son elevados y cuestionan la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas. Sin embargo, no resulta fácil poder establecer con claridad un nivel de umbral determinado en la relación entre deuda y crecimiento.

En conjunto, nuestros resultados están en línea con la evidencia previa proporcionada  para España (aquí, entre otros), así como en la literatura empírica más reciente (aquí; aquí ) en el sentido de proporcionar soporte para una relación negativa entre deuda pública y crecimiento a largo plazo, pero no una evidencia clara de un umbral de deuda homogéneo a lo largo del tiempo a partir del cual esta relación se verifica.

La custodia compartida despega en España

Daniel Fernández Kranz & Natalia Nollenberger

El INE acaba de publicar la nueva serie de la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios, con datos de 2016 (ver aquí). Una de las tendencias más destacadas de esta serie se refiere al porcentaje de divorcios en los que se atribuye la custodia de los hijos menores a ambos progenitores (custodia compartida). El porcentaje de custodias compartidas en España se ha triplicado en solo nueve años, pasando del 9,6% en 2007 al 28,3% en 2016. Estas medias esconden grandes diferencias entre regiones, con algunas CC.AA. como Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana o Catalunya, con un porcentaje de custodias compartidas superior al 40%, y regiones con tasas inferiores a la media, como Andalucía (17,1%) o Madrid (23,6%).

Existe una creciente literatura analizando el impacto de la custodia compartida sobre el bienestar de los menores, las relaciones familiares o incluso aspectos relacionados con el mercado laboral, como la participación laboral femenina. La mayoría de estos estudios analizan la realidad de los EE.UU. y usan las diferencias entre estados respecto a las leyes de custodia compartida como estrategia de identificación (por ejemplo, aquí y aquí). Halla resume los resultados de esta literatura (ver aquí). En general, se encuentra que un aumento (exógeno) en la incidencia de la custodia compartida aumenta la tasa de nupcialidad, aumenta la natalidad, y reduce la tasa de suicidios entre hombres y la violencia doméstica. Los resultados sobre la tasa de divorcio son más ambiguos, con efectos que varían según la edad de los individuos. Sobre el bienestar de los niños, la evidencia sugiere que el aumento de la custodia compartida aumenta el nivel educativo de los menores afectados por un proceso de divorcio, pero reduce el de los menores en familias intactas (no divorciadas).

Respecto a la tasa de participación laboral femenina, los resultados no son concluyentes: algunos estudios indican una reducción de la misma (aquí) y otros un aumento (aquí). Desde un punto de vista teórico, el impacto de las leyes pro-custodia compartida sobre la participación laboral femenina es ambiguo. En un modelo de economía familiar, las leyes pro custodia compartida aumentan el poder negociador del hombre frente a la mujer (aquí) pero no es claro a priori si ello generará un aumento o una reducción de la participación de la mujer en el mercado de trabajo.

La regulación en España

Aunque la Ley de 2005 (ley del divorcio exprés de la cual nos habló Libertad aquí) abre la puerta a la custodia compartida, establece que esta se otorgará si se pide de mutuo acuerdo por ambos progenitores y previo informe favorable del Ministerio Fiscal. Si no hay acuerdo, el juez podrá concederla sólo de forma extraordinaria y, de nuevo, previo informe favorable del Ministerio Fiscal (art. 92 del CC). Esta formulación ha provocado que en la práctica la oposición de uno de los progenitores haya sido motivo suficiente para denegar la custodia compartida. En este proceso, la figura del Ministerio Fiscal ha sido determinante, y probablemente lo sigue siendo a pesar de la sentencia del TC 185/2012, declarando inconstitucional el requerimiento de que conste informe favorable del Ministerio Fiscal.

En este contexto, cinco CC.AA. han aprobado leyes propias para favorecer la custodia compartida alejándose de los criterios más restrictivos del CC español: Aragón (2010), Catalunya (2010), Comunidad Valenciana (2011), Navarra (2011) y País Vasco (2015). Estas normas varían en su contenido y énfasis, siendo las de Aragón y Comunidad Valenciana las que más claramente apuestan por la custodia compartida como modelo preferencial. En el otro extremo se situaría Navarra, cuya norma es vista como una simple declaración de intenciones que no se aleja mucho del planteamiento original del CC español (aquí).

Gráfico 1. Custodia compartida (% sobre el total de divorcios)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. Notas: el año de la reforma para las CC.AA. con ‘reforma’ es: Aragón (2010), Baleares (2009), Catalunya (2010), Comunidad Valenciana (2011) y País Vasco (2011). Para el grupo Bal+PV, el año (-3) cuenta sólo con el dato del País Vasco pues no existe información previa a 2007 para Baleares. El año de la ‘reforma’ para País Vasco es 2011, y no 2015, por motivos que se explican más adelante. Para las CC.AA. sin reforma, el año 0 es 2010. Los datos están ponderados por la población de cada CC.AA.

En todas estas CC.AA. se observa un fuerte incremento de la custodia compartida tras la aprobación de las respectivas leyes. Por ejemplo, Aragón y Valencia doblaron el porcentaje de custodias compartidas en tan sólo dos años desde la implantación de la ley (pasando del 10,2% y 9,1%, respectivamente al 19,4% y 18,9%). En cambio, Madrid, que no cuenta con ley propia, mantuvo un porcentaje de custodias compartidas constante alrededor del 12% entre 2010 y 2012 (gráfico 1).

En otros dos casos, Baleares y País Vasco - antes de su ley de 2015 - se observa también un fuerte incremento de la custodia compartida, que coincide en el tiempo con las reformas de regiones vecinas, pero sin que se hubiese aprobado una ley pro-custodia compartida. Dicha coincidencia en el tiempo sugiere que podría haberse dado un efecto contagio que podría haber influido en las decisiones de los jueces y fiscalía en esas regiones. Para comprobarlo, hemos revisado el contenido de 188 sentencias de las Audiencias Provinciales en estas CC.AA. y en Madrid durante los años inmediatamente anterior y posterior al cambio de tendencia en la serie de datos de custodia compartida. Existe un fuerte contraste entre Baleares y País Vasco por un lado, y Madrid por otro. Mientras el desacuerdo entre los progenitores es frecuentemente motivo suficiente para denegar la custodia compartida en Madrid y sólo en un 5-10% de estas decisiones se concede la custodia compartida, en el caso de Baleares y País Vasco existe a partir de 2009 y 2011, respectivamente, un número creciente de decisiones (cerca de un 50%) en las que se relativiza la importancia de esas desavenencias y se establece la custodia compartida como el régimen de convivencia más favorable para el menor(gráfico 2).

Gráfico 2. Sentencias de la respectiva Audiencia Provincial favorable a la custodia compartida (% sobre el total de sentencias relativas a la custodia de los hijos).

Fuente: elaboración propia a partir de las sentencias publicadas en el CENDOJ. Análisis de 188 sentencias, que corresponden a un tercio de todas las sentencias de la respectiva Audiencia Provincial en relación a la custodia de los hijos en el contexto de un proceso de divorcio contencioso. Año del cambio: Baleares (2009), País Vasco (2011), Madrid (2009).

Este aumento de sentencias favorables en Baleares y País Vasco se ha dado en un contexto de creciente litigiosidad, y no ha sido simplemente un reflejo de una demanda creciente y consensuada para la custodia compartida. En efecto, el gráfico 3 muestra como este aumento de litigiosidad asociado a la custodia compartida se da en todas las CC.AA. con ley propia, no siendo este el caso de Madrid.

Gráfico 3. Sentencias de las Audiencias Provinciales referentes a la custodia de los hijos en divorcio contencioso (% sobre el total de sentencias emitidas por esa Audiencia Provincial)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos publicados en el CENDOJ. El año 0 para Madrid es 2009.

La custodia compartida y el entorno socio-económico

Solsona y coautores encuentran que en aquellas provincias españolas con un mayor índice de divorcios por mutuo acuerdo, con un mayor porcentaje de parejas de doble ingreso y con un nivel educativo alto, la custodia compartida es más frecuente (ver, aquí). Existen, por tanto, factores socio-económicos contrarios al modelo más tradicional de pareja y que parecen estar positivamente correlacionados con los incentivos para que ambos progenitores acuerden una custodia compartida.

Una implicación de esta relación es que las leyes pro-custodia compartida probablemente habrán tenido un impacto mayor en aquellos territorios en los que el modelo de familia era más tradicional, y en los que en consecuencia la incidencia de la custodia compartida era menor. Consistente con esto, el gráfico 4 muestra cómo las provincias con reforma no sólo han experimentado un aumento mayor en la custodia compartida entre 2009 y 2013, sino que ese aumento es mayor cuanto menor el nivel de partida.

Gráfico 4. Progresión de la custodia compartida entre 2009-2013 en función de si existe o no reforma y del porcentaje inicial de custodias compartidas.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del INE. Nota: se han eliminado cinco provincias que presentaban valores anómalos. Las provincias con reforma corresponden a las CC.AA. de Aragón, Baleares, Catalunya, País Vasco y Valencia.

En conclusión, existe una gran variabilidad territorial, a nivel de provincia, tanto en el nivel como en el cambio del uso de la custodia compartida propiciado por la nueva legalidad. Nuestra intención es explotar esta variabilidad geográfica para estimar los efectos de las leyes pro-custodia compartida sobre diversos aspectos de las relaciones familiares, el bienestar de los niños y el mercado laboral. Les mantendremos informados.

 

Contaminación marina y tarificación por descarga de residuos marítimos: un problema a resolver

Por Ivone Pérez, Marianela González y Juan Luis Jiménez

Basado en: Pérez, I., González, M.M. and Jiménez, J.L. (2017), Size matters? Evaluating the drivers of waste from ships at ports in Europe, Transportation Research Part D, 57, 403-412.

Los buques son responsables del 70% del petróleo que aparece en el mar y de 5 de los 8 millones de piezas de basura que se tiran al mar diariamente (Collins, 1995; UNEP, 2005). A pesar de que desde los años 50 se están llevando a cabo acciones para proteger los mares del impacto derivado de las operaciones normales del transporte marítimo, la contaminación por este motivo ha seguido creciendo debido al aumento del comercio internacional, del tamaño de los buques y al desarrollo de la industria de cruceros.

De acuerdo con lo establecido en el Convenio internacional para prevenir la contaminación de los mares (MARPOL 73/78), la Unión Europea (Directiva 2000/59/EC) ha establecido la obligatoriedad de descargar los residuos a bordo para todos los buques que realizan escala en puertos europeos, salvo que demuestren que disponen de capacidad para almacenarlos hasta el siguiente puerto de escala. Además, bajo el principio “quien contamina paga”, los barcos tienen que contribuir a los costes de las instalaciones creadas para la recepción de estos residuos a través del pago de una tarifa.

Actualmente, el sistema tarifario se encuentra abierto a lo dispuesto en las legislaciones nacionales, por lo que se ha producido una variedad de regímenes tarifarios que, además de generar distorsiones en la competencia y producir falta de transparencia en la aplicación de las tarifas, evidencian que no existe un modelo óptimo para el cálculo de la tarifa del servicio de recepción de residuos de buques (Deja, 2013).

En un reciente estudio, la Comisión Europea (2017) ha abogado por la homogeneización de criterios para la tarificación de la infraestructura portuaria, con el fin de promover actividades de transporte marítimo respetuosas con el medio ambiente.

Un paso previo a la determinación del sistema tarifario debería ser el estudio de los factores que inciden en la descarga de los diferentes tipos de residuos que se generan en los buques, objetivo éste del trabajo que presentamos, al que se une la propuesta de recomendaciones de política para mejorar la configuración de las tarifas.

En relación al sistema tarifario las autoridades se enfrentan a un relevante trade-off: es necesario recuperar los costes de las instalaciones portuarias que permiten la descarga de los residuos de los barcos y, por tanto, los buques deben pagar una tarifa por su uso; pero al mismo tiempo, la tarifa no debe ser tal que incentive descargas ilegales al mar.

Esta cuestión se ha afrontado en Europa mediante dos actuaciones: por una parte, todos los buques que llegan a puerto tienen que pagar la tarifa, independientemente de si descargan o no residuos. De esta manera, puesto que se paga obligatoriamente por el servicio, hay un incentivo evidente a descargar en puerto. Por otra parte, en la mayoría de los puertos se ha establecido una tarifa indirecta, es decir, no se cobra por la cantidad de residuos realmente descargados, sino en virtud de algún indicador que aproxime la descarga, sin llegar a gravarla directamente. De esta manera desaparece el incentivo a las descargas ilegales de residuos al mar.

En la mayoría de los puertos europeos una única tarifa indirecta abarca la descarga de residuos de hidrocarburos y de basuras, y está establecida en función del tamaño del barco. Pero, ¿es este el único indicador que afecta a la descarga?

Para responder a esta pregunta aplicamos un modelo Heckman a una base de datos que contiene información de todos los buques (casi 6.000) que hicieron escala en el Puerto de Las Palmas (Gran Canaria) en 2014, descargaran o no residuos.

Si el tamaño del buque es el indicador correcto, la relación entre el GT (Tonelaje del buque) y los residuos descargados sería lineal y positiva. Pero como muestra la figura siguiente, tal relación no se confirma.

Tamaño de los buques y residuos descargados. Puerto de Las Palmas. 2014

Fuente: Pérez et al. (2017).

Además, otra hipótesis es que los drivers de la descarga de hidrocarburos no son los mismos que los de la descarga de basura, estimando por ello dos modelos diferentes. Los resultados son los siguientes:

Estimaciones para la descarga de residuos^{* *}Significatividad del 1%; ^** Significatividad del 5%; ^*** Significatividad del 10%.

¿Qué implican estos resultados? Pues, como anticipábamos, la descarga de hidrocarburos y la de basuras obedecen a factores diferentes. Es cierto que el tamaño del barco afecta en gran medida a la descarga de hidrocarburos, pero es el número de personas a bordo el principal responsable de la basura descargada. En términos generales, las características técnicas del barco y características del trayecto también influyen en la descarga de residuos, aunque en menor medida.

En conclusión, desde un punto de vista de política económica, de los resultados de este trabajo se desprenden dos consideraciones. En primer lugar, resulta necesario definir una tarifa específica para cada tipo de desecho. En segundo término, la principal variable para determinar la tarifa para la descarga de hidrocarburos debería ser el tamaño del buque, mientras que la definición de la tarifa para la descarga de basuras debería fundamentarse en las personas a bordo del buque. Analizar el impacto que la separación y la nueva definición de la tarifa tendría sobre la contaminación marina constituye un importante reto para el futuro.

La relación entre crisis económica y consumo de drogas

De Sara Ayllón (@ayllonsara)

Los medios de comunicación de los Estados Unidos vienen últimamente repletos de noticias sobre la llamada “crisis de los opioides” y el terrible aumento de la tasa de mortalidad por sobredosis que está sufriendo el país (véase, aquí, aquí y aquí). Los economistas estadounidenses han empezado a estudiar sus consecuencias, por ejemplo, en el mercado de trabajo (aquí un resumen de un trabajo de Krueger) y a buscar posibles explicaciones, desde la formación de los propios médicos (Schnell y Currie), a la implicación de Medicaid en el problema, pasando, como no, por las condiciones macroeconómicas (Hollingsworth, Ruhm y Simon).

Hoy quiero hablarles de uno de mis trabajos junto con Natalia N. Ferreira-Batista, recientemente aceptado para publicación (aquí) y que tiene relación. Aunque no estudiamos un problema tan grave como la pérdida de vidas humanas, investigamos la posible relación entre paro y consumo de drogas durante la reciente crisis económica en Europa. Para el análisis hemos armonizado datos en el tiempo de cuatro Eurobarómetros (‘Young people and drugs’) que contienen no solamente información sobre consumo de algunas sustancias estupefacientes sino también sobre actitudes ante las drogas. La muestra incluye 28 países y es representativa del grupo de edad entre 17 y 24 años.

Nuestros resultados derivan de regresiones logit con efectos fijos por país (o región) y año y donde nuestra principal variable explicativa es la tasa de paro total o juvenil que obtenemos de Eurostat. De esta forma, explotamos la variabilidad de las tasas de paro en el tiempo resultado del distinto impacto de la crisis en los países y regiones de Europa. Bien es cierto que el uso de la tasa de paro (especialmente la juvenil) podría introducir un cierto grado de endogeneidad si la oferta de trabajo se ve afectada por el consumo de drogas pero creemos que el efecto debería de ser pequeño en la muestra analizada.

¿Qué encontramos? Primero, se confirma una relación positiva entre aumentos de la tasa de paro y aumentos en el consumo de cannabis y de “nuevas substancias”. Así, un incremento de un 1% de la tasa de paro a nivel regional se asocia a un incremento de 0,7 puntos porcentuales en la probabilidad que los jóvenes digan que han consumido cannabis. La misma cifra para “nuevas substancias” es de 0,5 (según la encuesta se trata de hierbas, pastillas, setas mágicas… pero, por favor, no me preguntéis detalles, “¡no field work!”). Los efectos marginales son más pequeños cuando utilizamos la tasa de paro juvenil en lugar de la tasa de paro relativa al conjunto de la población. Aun así, no son cambios desdeñables si pensamos, por ejemplo, en el aumento del paro durante la crisis en España.

En segundo lugar, analizamos si cambios en las condiciones macroeconómicas se relacionan con cambios en la percepción que los jóvenes tienen de la dificultad (o facilidad) de acceder a determinadas sustancias. En este caso, encontramos que aumentos de la tasa de paro se relacionan con un mayor número de jóvenes que afirman que obtener éxtasis, cocaína o heroína es más difícil. Pero, cuando centramos el análisis entre los jóvenes que dicen consumir, los resultados cambian y, a más paro, más fácil se percibe el acceso. Desafortunadamente, la falta de datos no nos ha permitido ir más allá y estudiar las consecuencias de la crisis en el mercado negro y, mucho menos, en los nuevos criptomercados.

En tercer lugar, estudiamos si cambios en las posibilidades de encontrar un trabajo podrían estar relacionados con cambios en la percepción que los jóvenes tienen de los riesgos para la salud asociados al consumo de drogas. Y aquí no encontramos ninguna relación con el ciclo económico excepto para el éxtasis: aumentos en la tasa de paro se asocian a un mayor número de jóvenes que creen que consumir esta droga no es perjudicial para la salud. Estos resultados encajan con el European Drugs Report de 2016, según el cual, el éxtasis está (de nuevo) ganando terreno.

Finalmente, y en mi opinión, una de las cuestiones más interesantes que contiene la base de datos que hemos utilizado es la que pregunta a los jóvenes cuáles creen que son las políticas más efectivas para combatir los problemas que las drogas causan en la sociedad. A nivel descriptivo, se observa un importante apoyo para “medidas más severas contra los traficantes”, “campañas de información” o “tratamiento y rehabilitación”. Sin embargo, de las regresiones econométricas aprendemos que cambios en las condiciones macroeconómicas se relacionan con cambios en el apoyo a solo dos políticas. Así, por un lado, aumentos de la tasa de paro se asocian con aumentos del número de jóvenes que dicen creer que la solución pasa por “reducir la pobreza y el paro”. Y, por el otro, aumentos de la tasa de paro se relacionan con un menor apoyo a “medidas más severas contra los consumidores”. Claro, podemos pensar en distintas interpretaciones a estos resultados pero, parece que los jóvenes (a su manera) están estableciendo la relación entre el ciclo económico y el consumo de drogas. Al mismo tiempo, los jóvenes parecen mostrar una cierta empatía (o tolerancia) hacia su generación pues a más falta de oportunidades en el mercado de trabajo, menor es el porcentaje de la muestra que cree en la necesidad de perseguir a los consumidores. En definitiva, parece que, con las drogas, como con otras muchas esferas en la vida, no se trata tanto de criminalizar o de culpabilizar sino de ofrecer oportunidades.

El proceso independentista reduce un 70% la creación de empleo

En el último mes, el proceso independentista ha provocado una fuga de depósitos, una fuga de capitales, una fuga de empresas y un desplome del turismo. Desde Syriza en 2015, en Europa no habíamos visto un episodio de crisis financiera similar. Los independentistas prometieron que con la independencia vivirían mejor, les subirían las pensiones y los sueldos, mejoraría la sanidad, la educación, etcétera. Tras el tsunami que provocaron el relato pasó a el cambio de sede no afectará a los empleos.

1. Con el proceso independentista se han creado sólo 1.702 empleos en Catalunya (octubre)

Hoy hemos conocido los datos de afiliaciones a la Seguridad Social y se han confirmado los temores que llevo anticipando en este blog desde hace un mes (independentismo y empleo). En el gráfico se observa la variación mensual en octubre. En 2016 se crearon 5.858 nuevos empleos en octubre y este mes tan sólo 1.702. O sea, el proceso independentista ha reducido un 70% la creación de empleo.

 

Los independentistas dirán que todo va fenomenal porque la afiliación ha subido. Pero la realidad es que 4.156 catalanes o han sido despedidos, o no han sido contratados. Detrás de la fría estadística hay personas que son la prioridad por la que este economista observador comenzó a escribir este blog en septiembre de 2008, pocos días antes de quebrar Lehman Brothers. 

En el resto de España se mantiene el dinamismo en la creación de empleo con el segundo mejor dato en octubre desde que hay serie histórica. Y mientras Puigdemont vive huido de la justicia en una de las ciudades más caras de Europa y contrata a un abogado carísimo, son los trabajadores con familias a su cargo los que sufren las consecuencias de esta locura.

Han estado a punto de quebrar a los bancos, han hundido el turismo, han provocado fuga masiva de empresas y piensan seguir haciendo daño a los trabajadores y parados catalanes. Varoufakis sería becario con estos https://t.co/tDvBq74AGm

— José Carlos Díez (@josecdiez) November 3, 2017

Muchos tendrán hipotecas y corren riesgos de ser desahuciados. Otros (parados, muchos de ellos) en pobreza severa que tienen que ir a los bancos de alimentos a pedir comida. O son jóvenes que recién terminados sus estudios pasan directamente a engrasar las listas del paro.

Si estos irresponsables mantienen la tensión en las calles (ya están pensando en convocar otra huelga general), en el próximo año en Catalunya se creará 85.000 empleos menos que el pasado año. O sea. cada día que continúe la tensión del proceso independentista, 230 catalanes o bien perderán su empleo o bien los parados no podrán encontrar uno.

 

 

2. ¿Qué pasará tras el 21D?

Pero todo es susceptible de empeorar. Si los independentistas vuelven a ganar las próximas elecciones del 21D y, como anticipó Oriol Junqueras esta semana en New York Times, continúan adelante con la independencia, pueden liar una gorda. En el peor escenario la destrucción de empleo en el mes de octubre del próximo año puede superar los 20.000 empleos en octubre de 2012 tras el rescate. Y en la crisis que provocaría superarían ampliamente los 150.000 empleos destruidos en Catalunya en 2012 y 2013.

Han estado a punto de quebrar a los bancos, han hundido el turismo, han provocado fuga masiva de empresas y piensan seguir haciendo daño a los trabajadores y parados catalanes. Varoufakis sería becario con estos https://t.co/tDvBq74AGm

— José Carlos Díez (@josecdiez) November 3, 2017

Desde la Ilustración, la política es un medio al servicio del bienestar de los ciudadanos. Los independentistas han vuelto a Maquiavelo, donde la política es el fin y las personas somos el medio. Yo siempre estaré al lado de los ciudadanos y especialmente de los que han perdido su empleo o no lo han podido encontrar en el último mes y de los que les sucederá lo mismo en los meses sucesivos.

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La entrada El proceso independentista reduce un 70% la creación de empleo aparece primero en El Blog de José Carlos Díez.

Jubilación Flexible

por Yarine Fawaz, @sergijm64 y Alfonso Sánchez Martín

 Las dificultades financieras derivadas del envejecimiento para los sistemas de pensiones de reparto  son ampliamente conocidas. La búsqueda de sostenibilidad se ha centrado en soluciones paramétricas (eg. retrasos en la edad de jubilación normal, prácticamente un año en los últimos quince en los países de la OECD) y/o inclusión de mecanismos de ajuste automático, como en el reciente caso español.  Una tercera vía explorada en algunos países, constatada una mayor longevidad y en mejor salud de los individuos (aquí), consiste en permitir (con posibles restricciones) una mayor compatibilidad entre trabajo y percepción de pensión (véase aquí, aquí, y, sobre jubilación anticipada, aquí y aquí).  La lógica de este mecanismo se sostiene en la relación existente entre los tipos impositivos efectivos soportados por los trabajadores de mayor edad y su oferta de trabajo (Gruber y Wise 1999, 2004).

Interpretando una mayor compatibilidad como un menor tipo impositivo efectivo, cabría esperar un aumento en el esfuerzo laboral de los mayores, mayores ingresos por contribuciones y, quizás, una mejora de la situación financiera del. Además, la posibilidad de compatibilizar trabajo y pensión, abre una nueva vía de aseguramiento ante posibles recortes (inesperados) de los derechos de pensión que esperan los individuos. Esto es especialmente importante para aquella fracción de la población que no puede ahorrar de forma complementaria a la pensión pública y que, en la vejez, gozan de relativamente buena salud.

El panorama internacional muestra una gran diversidad institucional en la regulación de la relación entre trabajo y pensión. La tendencia general es hacia permitir la compatibilidad con cada vez menos restricciones, especialmente a partir de la edad normal de retiro (ENR). En la figura 1 observamos que en las edades que preceden a la ENR, la compatibilidad suele ir acompañada de restricciones más o menos severas. En cambio, a partir de ésta, empieza a dominar la compatibilidad sin restricciones. Observamos un gran abanico de opciones que se extiende desde la plena compatibilidad de trabajo y cobro de pensión (UK, Alemania) a los casos de completa incompatibilidad  en que existe una vinculación férrea entre el cobro de pensión y el abandono del mercado de trabajo  (como la existente en España antes de 2011).

Figura 1. Compatibilidad trabajo-pensión en algunos países

La literatura previa (tanto en forma reducida, Baker & Benjamín, 1999, o Disney and Smith, 2002; como estructural,  Gustman & Steinmeier, 2004, o Benitez-Silva et al, 2007; o, finalmente, teórica, Cramer et al (2006, 2008)) ha encontrado efectos apreciables en la oferta de trabajo y efectos pequeños sobre la decisión de cobro de pensiones.  La mayoría de estos trabajos se han centrado en análisis de los efectos de los ``test de ingresos'' (aquí) sobre la renta laboral de los pensionistas.

¿Qué nos dice la teoría de ciclo vital sobre la compatibilidad empleo/pensión?

En un trabajo conjunto, en progreso, analizamos las consecuencias de separar las decisiones de cobro de la pensión (claiming) y trabajo en un modelo de ciclo vital con restricciones de crédito. En el mismo extendemos el modelo de ciclo vital de Sánchez- Martín (2002) y utilizado en, por ejemplo, Jiménez-Martín y Sánchez-Martín (2007, 2015).  Se trata de un modelo en tiempo continuo en que los agentes deciden, a cada edad, el momento óptimo de jubilación y los mejores perfiles de consumo, ahorro y horas trabajadas. Para ello tienen en cuenta el proceso dinámico de sus ingresos laborales, su expectativa de supervivencia y los retornos obtenidos por el ahorro (dadas sus decisiones de cartera).

La Figura 2 representa la regla de decisión sobre trabajo (panel superior) y decisión de pedir pensión (panel inferior) para dos individuos representativos. Las implicaciones de la compatibilidad son bastante claras. Al pasar de un sistema incompatible (azul) a uno compatible (rojo), la decisión de pedir la pensión no varía mucho, pero la decisión de trabajo puede variar mucho, en ambas direcciones. Dependiendo del peso de las poblaciones (y cómo evolucionen en el tiempo)  que quieres trabajar más (izquierda) y menos  (derecha), y de las restricciones, test de ingresos (aquí), que se les imponga a ambas situaciones, puede aumentar o disminuir la oferta de trabajo.

Figura 2. Reglas de decisión sobre trabajo y petición de pensión en un modelo de ciclo vital

De hecho, en Jiménez-Martín y Sánchez-Martín (2015, mimeo), comentado en un anterior post (aquí), se muestra que la separación de las decisiones de  cobro de pensión y de oferta de trabajo (jubilación) es buena para el bienestar de la mayoría de los individuos y también para la seguridad social.

¿Qué factores decantan la balanza hacia la compatibilización? Evidencia preliminar e incompleta con el SHARE

La figura 3 presenta evidencia en dos momentos del tiempo (2004-2006 y 2013-2015) sobre compatibilidad para individuos de 60-65 (panel izquierdo) y 66-75 (panel derecho) usando datos del SHARE. Resulta evidente que la compatibilidad ha aumentado en el tiempo tanto en las edades de jubilación anticipada como después de la edad normal de retiro. Nótese que la compatibilidad es relativamente más importante en aquellos países que ponen menos pegas a la misma según lo relatado en la figura 1 (aunque esto podría esconder otros factores, como la generosidad relativa a cada rango de edades y en cada país, que de momento no consideramos).

Figura 3. Compatibilidad pensión-trabajo. Países del SHARE. 60-65 y 66-75.

¿Qué factores explican la compatibilidad? Aunque no podamos calificarlo como evidencia causal, las figuras 4 y 5 nos ilustra sobre dos de los más importantes en 2013-2015 (olas 4 y 5 del SHARE): educación y salud respectivamente. En la medida que estos factores afecten positivamente y mejoren con el tiempo (como así parece indicarlo la evidencia disponible, véase al respecto el reciente informe de la OECD Preventing age inequality), y las pensiones mantengan una senda de generosidad decreciente, la propensión a compatibilizar tenderá a aumentar

Respecto a la educación, vemos que, en ambos grupos de edad, en general la compatibilidad aumenta con el nivel educativo. Para el caso de España también es así, aunque es más difícil de percibir ya que la propensión a compatibilizar no llega (ni de lejos) al uno por ciento.

Figura 4. Compatibilidad y educación. Países del share. 60-65 y 66-75.

En la figura 5 presentamos los mismos conceptos para tres indicadores de salud: tener buena o mala salud autopercibida, tener dos o más problemas de salud crónicos y tener una fuerza de agarre o prensión alta (grip strength). En los tres casos y para los dos grupos de edad y en prácticamente todos los países (incluido España, aunque en este caso, es difícil de percibir) observamos que la propensión a compatibilizar es mayor entre aquellos con mejor salud, menos problemas crónicos y más fuerza de agarre o prensión.

Figura 5. Compatibilidad e indicadores de salud. Países del share. 60-65 y 66-75.

Finalmente,  la primera columna de la tabla 1 nos resume estos efectos sobre la probabilidad de compatibilizar para los países del share que están presentes en las primeras y últimas olas. Encontramos que la probabilidad es mayor para el grupo de 65-69, para los que tiene educación superior (especialmente aquellos que tienen buena salud), para los que tienen mejor salud, y menos problemas crónicos y que aumenta con el paso del tiempo. Nótese que ninguno de los coeficientes, excepto del grupo de edad 65-69, supera el uno por ciento, lo que denota que aún hay mucho margen de mejora.  Específicamente para España (columna 2) los resultados muestran que no hay ningún factor educativo o salud que contribuya a explicar la probabilidad de compatibilizar.

Tabla 1. Algunos determinantes de la probabilidad de compatibilizar en países del SHARE y España

EL caso español en profundidad: el RD 4/2013 y sus resultados

Hasta 2013 la compatibilización era prácticamente imposible (de hecho en las olas 1 y 2 del share no se detecta individuo alguno compatibilizando). Si bien había la posibilidad de jubilación parcial o flexible, éstas no se pueden considerar propiamente como formas de compatibilización ya que siguen más un concepto de tiempo (se divide un hipotético 100 entre pensión y trabajo) que de ingresos.

Desde 2013 (Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo) es posible la compatibilización aunque bajo condiciones muy restrictivas, especialmente para los trabajadores por cuenta ajena. Así, los pensionistas que quieran compatibilizar su pensión con el trabajo, deberán (1) haber cumplido la edad legal de acceso a la jubilación ordinaria, y (2) haber alcanzado una tasa de reposición de la base reguladora del 100% . Finalmente, la empresa que los contrata deberá mantener el (resto) del empleo durante un periodo substancial (también es posible recibir la pensión de jubilación y trabajar por cuenta propia si los ingresos anuales totales no superan el Salario Mínimo Interprofesional en cómputo anual -y sin la obligación de cotizar por las prestaciones de la Seguridad Social),  La cuantía de la pensión será equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial. Durante el periodo en el que se siga realizando el trabajo, los empresarios y los trabajadores cotizarán a la Seguridad Social únicamente por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, aunque estarán sujetos a una cotización especial de solidaridad del 8% (lo cual es discriminatorio respecto a otros trabajadores).

¿Qué resultado práctico ha tenido la ley?. La  Tabla 2 resume los pensionistas que al final de cada año han optado por la compatibilidad en uno u otro régimen de cotización. En marzo de 2017 sólo 33823 trabajadores estaban optando por la compatibilización, 84 por ciento de ellos autónomos. Tomando la cifra más reciente de jubilados entre 65 y 74 años como referencia, vemos que hay como 0,6 millones de jubilados autónomos y 2,85 millones por cuenta ajena en ese rango de edades. Con esas cifras, un calculo aproximado nos indica que la probabilidad media de compatibilizar es 4,75 por ciento en el régimen de autónomos y 1,78 por mil en el régimen general (muy parecida al promedio que se encuentra en el share). Es decir, ¡es un 2600% más probable compatibilizar si autónomo que si trabajador por cuenta ajena!

Tabla 2. Trabajadores que compatibilizan pensión y trabajo en España

Reseñar que, recientemente, la reforma de los autónomos (ley de 25/10/2017) ha introducido la posibilidad de compatibilizar sin penalización para aquellos autónomos con al menos un trabajador por cuenta ajena, lo que, aunque beneficioso para este colectivo, sin duda contribuirá a aumentar la brecha entre colectivos.

Concluyendo

La compatibilización entre pensión y trabajo es en general buena para los individuos y una fuente de aseguramiento y protección (ante shock de ingresos) para muchos de ellos, especialmente aquellos que tiene muy difícil o directamente imposible ahorrar de forma privada (y se encuentran en una relativamente buena salud). La propensión a compatibilizar está aumentando porque la mejora de la salud de los individuos en edades avanzadas junto a las presiones derivadas de los procesos de envejecimiento (que dificultan la financiación vía reparto y que disminuyen el peso relativo de la población joven) que sufren (o sufrirán) todos los países avanzados así lo están facilitando. Por ello, merece la pena invertir un poco de esfuerzo en regularla óptimamente, evitando los (numerosos) errores del pasado. Establecer un esquema con compatibilidad sin restricciones a partir de la ENR y con alguna restricción antes de esa edad (especialmente para aquellos con mayor disponibilidad a pagar) sea, probablemente, la mejor opción

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