La rebelión es el único camino para combatir el desajuste climático

Es difícil de creer hoy en día, pero el espíritu prevaleciente entre la élite culta fue una vez la vocación de servicio público. Como documentó el historiador Tony Judt en “Algo va mal”, la ambición más importante entre los universitarios de los años 50 y 60 era servir a su país a través del gobierno o las profesiones liberales. Su enfoque podría haber sido patricio y a menudo inflexible, pero sus intenciones fueron en su mayoría públicas y cívicas, no privadas y pecuniarias. Hoy en día, la noción de servicio público parece tan pintoresca como una oficina de correos local. Asumimos que aquellos que nos gobiernan arrasan con lo que pueden, permitiendo que bancos y corporaciones depredadoras desplumen lo público para cobrar a continuación su recompensa en forma de lucrativos cargos directivos. Como revela la encuesta del informe “Barómetro de confianza” de Edelman Corporation, la confianza hacia las instituciones se ha derrumbado en todo el mundo, y principalmente hacia los gobiernos. En cuanto a las élites económicas, a medida que emergen las consecuencias de su propia codicia y egoísmo, se limitan a buscar, como los oligarcas romanos que huyeron del colapso del imperio occidental, su supervivencia entre la muchedumbre indignada. Un ensayo del visionario autor Douglas Rushkoff publicado este verano, en el que documenta sus conversaciones con algunas de las personas más ricas del mundo, revela que sus preocupaciones más apremiantes consisten en encontrar un refugio contra la descomposición climática y el colapso económico y social. ¿Deberían irse a Nueva Zelanda o Alaska? ¿Cómo pagarán sus guardaespaldas una vez que el dinero carezca de valor? ¿Podrían “subir” sus mentes a las supercomputadoras? Survival Condo, la compañía que ha convertido los antiguos silos de misiles de Kansas en bunkers fortificados, ha vendido hasta el momento todas las unidades. La confianza, observa […]

La entrada La rebelión es el único camino para combatir el desajuste climático aparece primero en El Captor.

El coste económico del déficit de calidad institucional y la corrupción en España

 

De Francisco Alcalá

Durante los mejores años del boom inmobiliario en España no fue infrecuente una cierta actitud condescendiente hacia la corrupción entre muchos ciudadanos bajo el argumento de que “yo tengo trabajo y me va bien”. Las cosas han cambiado mucho desde entonces y la corrupción es hoy día una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos de este país. Ahora bien, más allá de la preocupación que actualmente genera la corrupción desde el punto de vista social y político, resulta conveniente poner de manifiesto sus importantes y negativas consecuencias económicas. En este contexto, el viernes pasado, la Fundación BBVA y el Ivie presentaron un estudio sobre el coste económico del déficit de calidad institucional y la corrupción en España realizado por Fernando Jiménez Sánchez y yo mismo. El estudio puede bajarse aquí y los materiales del workshop que se realizó durante toda la mañana con la participación de otros investigadores y de representantes del la judicatura, las agencias anti-fraude y la sociedad civil se encuentran aquí.

El principal objetivo del informe es mostrar que el déficit de calidad institucional, una de cuyas manifestaciones y consecuencias es la corrupción, tienen un importante coste económico que va más allá del montante de los fondos públicos apropiados indebidamente. La baja calidad institucional y la corrupción disminuyen la rentabilidad de los proyectos empresariales, incrementan su incertidumbre, reducen los niveles de inversión privada, distorsionan la inversión pública, desvían recursos humanos y financieros hacia la influencia en los órganos de decisión pública en lugar de asignarlos a actividades productivas, y orientan los esfuerzos hacia la búsqueda de privilegios desincentivando el emprendimiento y la innovación. La baja calidad institucional y la corrupción se traducen, en definitiva, en menor productividad, mayor desempleo y salarios inferiores a los que serían posibles con la tecnología y el capital humano disponible. La literatura académica sobre este tema es amplísima y en el informe pueden consultarse un amplio número de referencias al respecto.

En el informe se realiza una aproximación al coste económico del déficit de calidad institucional que sufre España y se discute una lista de  posibles actuaciones que contribuirían a mejorar la situación. En el estudio no se intenta cuantificar todas las distorsiones, ineficiencias y pérdidas de recursos que genera el déficit de calidad institucional (algo que sería de muy difícil realización), sino que se realiza una aproximación “macroeconómica”. En concreto, se hace una evaluación cuantitativa de cual es el posible déficit de calidad que presenta España y se traduce ese déficit en una pérdida de productividad y PIB. Para ello, se hace uso de las estimaciones realizadas por la literatura económica sobre el impacto causal que tiene la calidad institucional en la productividad de los países. Así pues, los ingredientes del cálculo son tres: indicadores de calidad institucional, evaluación del déficit en España, estimaciones de la relación causal entre calidad y productividad.

Con respecto al primer ingrediente, los indicadores de calidad, en el informe se utilizan los bien conocidos Worldwide Governance Indicators (WGI) del Banco Mundial. Los WGI ofrecen información sobre la gobernanza de más de 200 países, a partir de una larga lista de indicadores específicos (basados en encuestas a personas, instituciones y empresas, y en informes de analistas y expertos del sector público y privado) procedentes de más de 30 organizaciones públicas, no gubernamentales y privadas. Ejemplos de estas organizaciones son Freedom House, Gallup, Heritage Foundation, Transparency International, Economist Intelligence Unit, Foro Económico Mundial, Institute for Management & Development, Political Risk Services o Reporters Without Borders, etc.. Los WGI reúnen y agregan estos indicadores en seis indicadores sintéticos. En nuestro estudio, utilizamos como un indicador combinado que consiste en la suma de los indicadores de Voz y rendición de cuentas (democracia y libertades), Efectividad gubernamental, Calidad regulatoria, Respeto a la ley y los contratos y Control de la corrupción.

De acuerdo con este indicador combinado, la calidad de las instituciones de gobernanza española se sitúa entre el 20% de los países con un mayor nivel en el mundo (utilizando la muestra de 154 países que tienen más de medio millón de habitantes). Sin embargo, los resultados que obtiene España se sitúan por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía. Escalando el indicador de 0 a 10, España obtiene un valor de 6,8 frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, que constituirían modelos de economía avanzada. Desde el lado positivo, cabe apuntar que se sitúa por delante de otras economías mediterráneas  como la italiana y la griega, cuya calidad institucional promedio apenas alcanza un valor de 5,8. El país presenta su mejor desempeño en las categorías de voz y rendición de cuentas y efectividad del gobierno, mientras que las mayores debilidades aparecen en los indicadores sobre calidad regulatoria y corrupción. En la comparativa mundial, España aparece en el percentil 75 de la distribución del indicador sobre corrupción percibida. Adviértase que los países en el percentil 75 de la distribución mundial de productividades tienen una productividad por ocupado inferior en un 23% a la de la economía española.

¿Cómo evaluar el posible déficit de calidad institucional de España? Uno podría considerar que la referencia debería ser el conjunto de economías avanzadas al que nos queremos asimilar, como por ejemplo ese trío de Alemania, Francia y Reino Unido anteriormente considerado. Esta referencia es útil para fijar nuestras aspiraciones, pero sería, sin embargo, demasiado exigente para evaluar los costes actuales de nuestras limitaciones. El planteamiento que seguimos es tomar como referencia para el cálculo del déficit, el nivel de calidad institucional que correspondería a nuestro nivel de productividad (de acuerdo con los niveles de calidad y productividad que observamos en el mundo). La idea es la siguiente. La productividad de un país depende de un conjunto de factores como su capital humano, físico y empresarial, la apertura al comercio, los recursos naturales, la posición geográfica y la calidad institucional. Si todos estos factores se moviesen conjuntamente, un país con una productividad situada, por ejemplo, en el percentil 56 de la distribución mundial de productividades de los países, tendría también un nivel educativo situado en el percentil 56 de la distribución correspondiente a esta otra variable. Y lo mismo sucedería con su dotación de capital físico per cápita, su apertura comercial, su capital empresarial, etc. que también se situarían en ese mismo percentil 56. Naturalmente, los factores que determinan la productividad de un país no se mueven al unísono, de modo que cada país tiene ventajas competitivas en unos factores específicos en los que aparece en una posición relativamente destacada (situándose en un percentil de la distribución mundial de este factor por encima del percentil que ocupa en la distribución de productividades), mientras que el país adolece de posiciones relativamente desfavorables en otros factores. Los primeros factores constituyen las fortalezas de la economía en cuestión mientras que los últimos constituyen sus debilidades o déficits relativos.

En el gráfico aparecen los percentiles que ocupan los países más ricos del mundo en la distribución mundial de calidad institucional y de productividad. Los países que están por encima de la línea beige muestran un superávit relativo de calidad institucional con respecto a su nivel de desarrollo (medido este por su productividad). Los que están por debajo tienen un déficit relativo. Así, por ejemplo, el petróleo permite a Arabia Saudi (SAU), Kuwait (KWT) y Catar (QAT) disfrutar de un valor de la producción por ocupado que está entre el 5% de las mayores del mundo a pesar de presentar una calidad institucional relativamente muy baja. En el caso de  España, el indicador combinado de calidad sitúa al país en torno al percentil 81, mientras que la productividad figura notablemente más arriba, en torno al percentil 85. La calidad institucional aparece, pues, como una debilidad o un déficit relativo de la economía española (que de algún modo es compensado por la fortaleza en otros factores).

Podemos ahora evaluar el coste que tiene ese déficit de calidad institucional, estimando en cuanto aumentaría el PIB de España si fuésemos capaces de elevar la calidad institucional del país hasta el nivel que disfrutan los países situados en el percentil 85 de la distribución mundial del indicador de calidad institucional. El resultado central que obtenemos haciendo uso de las estimaciones más aceptadas por la literatura académica es que el PIB a largo plazo se podría elevar en un 16%. Esto podría significar  elevar el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto porcentual a lo largo de un periodo de 15 años.

Evidentemente, tanto la mejora de la calidad institucional como sus efectos sobre el sistema económico llevarían tiempo. El impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional sobre el PIB se produciría indirectamente, a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la eficiencia en la asignación de los recursos y, con ellas, la productividad y el empleo. La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, la mejor regulación, la mayor competencia, etc. incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las empresas más competitivas y las actividades más productivas.

Sin duda, este tipo de cálculos tiene limitaciones y está sujeto a intervalos de confianza y márgenes de error no despreciables, como se indica en el informe. Los académicos tenemos una alternativa para no correr el riesgo de equivocarnos o de que nos malinterpreten con este tipo de cálculos que pueden tener un impacto en el debate ciudadano. La alternativa es dejar que sean los tertulianos los únicos que se acerquen e informen a la opinión pública y que lo hagan sin más base que los prejuicios y la inspiración con la que se levantan cada mañana. Pero nos parece que una de las responsabilidades de los académicos es reducir la brecha entre la investigación académica y el conocimiento utilizado en el debate ciudadano.

En la última parte del informe se proporciona una lista de líneas de actuación para la mejora de la calidad institucional en España. La lista no es exhaustiva, ni original puesto que comparte muchos elementos con otros trabajos que han ido apareciendo en los últimos años sobre la necesidad de una regeneración institucional (por ejemplo, Carles Ramió, La renovación de la función pública: estrategias para frenar la corrupción política en España, Madrid: Libros de la Catarata, 2016; Javier Andrés y Rafael Domenech, En busca de la prosperidad: los retos de la sociedad española en la economía global del s. XXI, Deusto S.A. Ediciones, Bilbao, 2015; Víctor Lapuente, La corrupción en España. Un paseo por el lado oscuro de la democracia y el gobierno, Madrid: Alianza Editorial, 2016; Carlos Sebastián, España estancada. Por qué somos poco eficientes, Madrid: Galaxia Gutenberg, 2016; Manuel Villoria, José M. Gimeno y Julio Tejedor (eds.), La corrupción en España: ámbitos, causas y remedios jurídicos, Barcelona: Atelier, 2016).

Las recomendaciones se ordenan en tres grupos: (i) refuerzo de los controles y contrapesos del poder, (ii) mejora de la independencia, calidad y transparencia de la administración; y (iii) mejora de la efectividad de las elecciones como mecanismos de selección y control.  Dentro del primer grupo, entre otras líneas de actuación, se aboga por mejorar la independencia y los medios del poder judicial, por ampliar los medios para el control parlamentario del ejecutivo (creando, por ejemplo, una oficina de evaluación de las políticas públicas), por fortalecer la independencia y dotar de más medios a otros órganos como los tribunales de cuentas, la AIREF y los consejos de transparencia, y por eliminar las interferencias en los medios de comunicación.

Dentro del grupo de medidas para mejorar la independencia, calidad y transparencia de la administración se defiende la necesidad de, entre otras cuestiones, una simplificación normativa, el refuerzo de la independencia de los organismos de regulación y supervisión (como tantas veces se ha pedido desde este blog; por ejemplo, aquí) y la despolitización de los niveles superiores de las administraciones públicas y sus entes instrumentales. Y dentro del tercer grupo de recomendaciones relativas a la mejora de la efectividad de las elecciones como mecanismos de selección y control, se aboga por el desbloqueo de las listas electorales.

El reto de mejorar la calidad de las instituciones de gobernanza no es, pues, trivial. Con todo, más allá de las cifras y recomendaciones concretas, el mensaje general del estudio es lo imprescindible que resulta mejorar la calidad de la gobernanza en España para consolidar su posición como una economía avanzada y hacer posible el crecimiento de la productividad, los salarios y el empleo a largo plazo.

Mesa redonda sobre el Premio Nobel de Economía 2108: Cambio climático e innovación en el crecimiento económico

Desde 2014 la Asociación Española de Economía  (AEE) organiza, en colaboración con la Fundación Ramón Areces (FRA) un acto para divulgar las contribuciones científicas de los galardonados con el Premio Nobel de Economía de cada año. Se trata de una de las actividades con las que la AEE trata de conseguir su principal objetivo: “la promoción y difusión del conocimiento científico en Economía”.

En NeG, donde compartimos la preocupación por mejorar la difusión del conocimiento económico, nos hemos ocupado regularmente también de divulgar las contribuciones de economistas galardonadas con premios variados, entre ellos el Nobel. Y algunos de nuestros editores y colaboradores han participado en ediciones anteriores de la mesa redonda organizada por la AEE y la FRA. Anuncios y reseñas de esta actividad han aparecido oportunamente en este blog, por ejemplo, aquí, aquí, y aquí.

En esta ocasión, la mesa redonda sobre William Nordhaus y Paul Romer, galardonados con el Premio Nobel de Economía 2018, tendrá lugar el próximo 7 de noviembre a las 19h en la sede de la FRA en Madrid (Calle Vitruvio, 5). La asistencia es libre pero se requiere inscripción previa (el programa, solicitud de inscripción y más detalles del evento están disponibles aquí). Moderada por David Pérez-Castrillo (UAB), vicepresidente primero de la AAE, en la mesa redonda intervendrán María Loureiro (USC), Jordi Caballé (UAB) y Angel de la Fuente (FEDEA).

Cuando se anunció el premio Diego Comin y yo mismo resumimos (aquí y aquí) las principales contribuciones de Nordahus y Romer por las que han recibido el Premio Nobel de Economía 2018. Se tratan fundamentalmente de avances sobre las viejas cuestiones económicas relativas a las causas del crecimiento económico y a cuáles pueden ser sus limitaciones. El propio título de la mesa redonda del próximo día 7 de noviembre también ofrece pistas. Por lo que respecta a las causas del crecimiento económico, son las ideas (que permiten innovaciones científicas y tecnológico) las que pueden sustentar indefinidamente el crecimiento de la productividad que permite mejoras en el bienestar social. En cuanto a los limites, cada vez es más evidente que el modelo energético y las consecuencias que tiene para el medio ambiente son los principales retos a resolver. Ambos temas requieren análisis económicos (teóricos y empíricos) bien fundamentados y tienen implicaciones prácticas y para las políticas económicas que deberían ser tenidas en cuenta con prioridad y urgencia.

Como organizador y moderador, estuve presente en las dos ediciones anteriores de estas mesas redondas divulgativas y también asistí a la de 2015. En las tres ocasiones fui testigo de que contribuciones científicas que parecen complejas se puede explicar de una manera muy accesible, amena e interactiva. (Para que no tengan que tomar mis palabras como única prueba, aquí están los vínculos a las grabaciones de las ediciones anteriores, 2014, 2015, 2016 y 2017). No tengo ninguna duda de que la mesa redonda de este año tampoco defraudará a los asistentes.

Un atlas de oportunidades

¿Hasta qué punto influye en nuestra vida como adultos el lugar donde crecimos? La respuesta a esta pregunta no es obvia y requiere un enorme esfuerzo de recolección de datos. Sin embargo, se trata sin duda de una cuestión de vital importancia, por lo menos en países como Estados Unidos, donde hay diferencias gigantes en el nivel de vida de distintos barrios y ciudades.

Hace ya tres años, Manuel Bagüés escribió una excelente entrada (ver aquí) sobre el proyecto Moving to Opportunity, una iniciativa que pretende medir las oportunidades de los jóvenes estadounidenses en función del barrio en que crecieron. Hace unos meses, yo mismo volví a hablar de este tema (ver aquí).

Recientemente, Raj Chetty, profesor de economía en Harvard, sacó a la luz el impresionante del llamado Opportunity Atlas, un mapa interactivo donde uno puede localizar cualquier barrio de Estados Unidos y ver rápidamente cual es la probabilidad de que un niño nacido allí tenga buenos prospectos económicos.

Prácticamente todos los estudios existentes sobre las características de los barrios se basan en datos de sección cruzada. Es decir, estudian las características de un barrio (nivel medio de ingresos, educación, crimen, etc.) en un año concreto. La gran innovación del Opportunity Atlas es construir datos longitudinales, es decir, conseguir medidas sobre el progreso de niños cuando se convierten en adultos. Estas medidas tratan después de explicarse en función del barrio en el que los niños crecieron.

El Opportunity Atlas ofrece un mapa completo de Estados Unidos a un nivel muy desagregado: los barrios que se estudian tienen, en media, una población de 4.250 personas. Esto supone un gran paso adelante respecto a estudios como el Moving to Opportunity, que sólo consideraba un pequeño número de barrios en cuatro ciudades estadounidenses y respecto a otros estudios (ver aquí) donde las unidades geográficas estudiadas son mucho más grandes.

El Opportunity Atlas estudia 20.5 millones de niños y niñas nacidos entre 1978 y 1983, representando prácticamente (un 96.2%) del total de niños/as nacidos en el país en esos años. Las medidas que se estudian son las tasas de encarcelación, tasas de natalidad en adolescentes, género de los individuos, y el nivel de ingresos de sus padres. Los niños/as son asignados a un barrio en función de los años que pasaron en él cuando eran pequeños.

Algunas de las conclusiones del estudio son las siguientes: en primer lugar, los resultados varían muchísimo entre barrios, incluso condicionando por el nivel de ingresos de los padres: la desviación estándar de los ingresos medios cuando son adultos entre los niños/as más pobres (esos con padres por debajo del percentil 25 de ingresos) es de 6.700 dólares, es decir, un 21% de los ingresos medios. Además, es sorprendente cómo las cosas cambian enormemente con solo desplazarse dos o tres kilómetros. Un claro ejemplo es el caso del infame barrio de Watts en Los Ángeles, donde, en media, el 44% de los hombres negros que crecieron allí están en la cárcel. Ese porcentaje es del 6.2% en el barrio de Crompton, situado a tan solo 3.7 kilómetros de Watts. En segundo lugar, los barrios no son unidimensionales, es decir que tienen diferentes efectos para distintos grupos de población y para diferentes variables. Por ejemplo, volviendo al barrio de Watts, las tasas de encarcelación de los hispanos son mucho más bajas que las de los negros- un 4.7%. Tercero, las variables-resultado (por ejemplo, los ingresos) de los niños/as difieren sustancialmente de las medidas tradicionales del nivel económico de un barrio. Por ejemplo, Atlanta es una ciudad que ofrece, hoy mismo, fantásticas oportunidades de trabajo. Sin embargo, los niños/as que crecieron en muchos barrios de esa ciudad, tienen unos resultados malísimos cuando se convierten en adultos. Esto refleja la enorme importancia de analizar los barrios usando datos longitudinales en lugar de secciones cruzadas.

En el trabajo que acompaña al Opportunity Atlas (ver aquí), Chetty y sus coautores muestran detalladamente porque los efectos de los barrios en los niños/as pueden considerarse causales. Es decir, aunque es posible que, en parte, las familias se autoseleccionen a peores barrios, son los barrios en los que los niños/as crecieron los que realmente causan los malos resultados. Para convencernos de ello se apoyan en el experimento Moving to Opportunity que ya discutimos Manuel y yo y en evidencia cuasi-experimental (ver aquí) sobre familias que de cambian de barrio, explotando la variación en el momento en el que lo hicieron. No quiero discutir aquí los detalles de este segundo estudio- simplemente decir que la clave para identificar causalidad en este último trabajo es asumir que los determinantes de los resultados de los niños/as cuando son adultos no están correlacionados con la edad en la que se trasladaron a diferentes barrios.

El Opportunity Atlas ofrece una plataforma que da pie a pensar en varias políticas públicas. La primera: ¿es posible encontrar vivienda asequible para trasladar a un número sustancial de niños/as de barrios pobres a barrios no tan pobres? La respuesta es, claramente sí: la correlación entre los ingresos medios de niños con padres por debajo del percentil 25 de ingresos y las tasas de alquiler medianas es sólo del 44%. Dicho de otra forma, existen muchos barrios con viviendas asequibles donde podrían trasladarse las familias de barrios pobres. Una crítica inmediata a esto es que, obviamente, hay un nivel máximo de familias que se pueden trasladar antes de que estas tasas de alquiler aumenten. Es decir, como reconoció Chetty en la charla a la que asistí en Nueva York hace unos días, éste es un ejercicio de equilibrio parcial puesto que no tiene en cuenta que, cuando un número suficiente de familias se desplaza a un barrio, el aumento en la demanda de vivienda causaría un aumento en los precios de la misma. Es posible pensar en subsidios del gobierno para compensar por este efecto, pero está claro que este aspecto de un programa así debe estudiarse con más detalle. Una segunda critica a este tipo de políticas es que tal vez tendría más sentido invertir en cómo mejorar los barrios pobres en vez de incentivar a las familias a abandonarlos. El problema aquí radica en identificar qué es exactamente lo que hace que un barrio sea malo. Además, no es obvio como cambiar las dinámicas de los barrios debido a que, a menudo, pequeñas intervenciones no bastan: es necesario cambiar los incentivos de un número suficiente de individuos para que el cambio surta efecto. Por último, un problema práctico con el Opportunity Atlas es que los estimadores de movilidad social que produce llegan necesariamente con retraso, puesto que uno tiene que esperar hasta que los niños/as sean adultos para ver los efectos del barrio en que nacieron. Esto no parece ser un gran problema ya que, como muestran los autores, el poder de predicción del ejercicio cae solamente un 10% cada década, así que es bastante fiable usar datos históricos sobre barrios para predecir su efecto en niños/as que viven en ellos actualmente.

En resumen, el Opportunity Atlas es un impresionante proyecto que permite llegar a la conclusión de que las características de los barrios tienen grandes efectos en los prospectos económicos a largo plazo de los niños/as que crecieron en ellos. Raj comentó en su charla que hay mucho interés en replicar esta metodología en otros países, aunque, según entiendo, ninguno se ha llevado a cabo aún. Ya comenté en su día que sería estupendo poder realizar un estudio parecido para el caso español.

La verdad sobre las economías nórdicas

El reciente informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca sobre los males del socialismo ha generado un gran ridículo, y con razón. Se reduce a algo así como “¿Quieres Medicare -asistencia sanitaria universal- para todos; ancianos, jóvenes…? Vale, entonces ¿qué hay de las cosas terribles que sucedieron con Mao Zedong?” Vaya caricatura. Sea como sea, uno de los temas tratados en el informe ha suscitado el interés de -incluso- los liberales: las economías nórdicas, que son vistas como modelos a seguir por los estadounidenses progresistas. El informe señala que el PIB real per cápita de estos países de la economía europea es inferior al de los EE. UU., lo que prueba el enorme coste que representan los países con estados de bienestar expansivos. Pero, ¿es correcto realizar una valoración negativa de las economías nórdicas aludiendo a esta información? Eso no está del todo claro. El dato del PIB per cápita oculta dos puntos importantes. Primero, cualquier análisis de las personas de la parte inferior de la distribución de ingresos indica que en las sociedades nórdicas su situación es mucho mejor que en Estados Unidos. Es decir, hay mucha menos pobreza en Escandinavia, y como, además, su probabilidad de caer en el escalafón de menor renta es baja, el riesgo de padecer pobreza es menor para una proporción mucho mayor de la población. Segundo, gran parte de su brecha en el PIB real representa una elección, no un coste. Los trabajadores nórdicos tienen muchas más vacaciones, mucho más tiempo para la familia y el ocio que sus homólogos de la denominada “nación sin vacaciones”, es decir, Estados Unidos. Así que he pensado que podría ser útil reunir información acerca de la situación comparativa real entre las economías nórdicas y la de los EE. UU. En primer lugar, los nórdicos han […]

La entrada La verdad sobre las economías nórdicas aparece primero en El Captor.

Ahora o nunca

En mi entrada del mes pasado hablé de como el cambio climático es más que simple calentamiento global, ya que lo que está pasando es que estamos cambiando la propia dinámica del clima. Este mes vuelvo sobre el tema a raíz, en primer lugar, de la concesión del Premio Nobel de Economía (o como se diga correctamente) a William Nordhaus, de la cual ya se hizo eco NeG aquí, pero sobre todo a raíz de la aparición del informe del Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) sobre Calentamiento de 1,5ºC. Aunque este informe tuvo bastante repercusión en prensa y medios (ejemplos aquí, aquí y aquí), tengo la sensación de que ha pasado sin pena ni gloria. Y no debería, porque es un informe muy serio, muy grave y que básicamente se puede reducir en las tres palabras del título del post: ¡Ahora o nunca!

El informe es muy exhaustivo y detallado, si bien contiene un resumen para los policymakers (nunca sé cómo traducir bien esta palabra al español sin decir "políticos") y un resumen en titulares. Aún resumida así la información, es mucha y aborda aspectos diversos del cambio climático, desde sus posibles (bueno, más que probables en muchos casos) impactos hasta medidas para intentar atajarlo. Así que lo que pretendo con este post es resaltar tan sólo algunos de los puntos que a mi juicio son de los más importantes del report, con el propósito de causar la mayor alarma social posible. Me saltaré cosas que ya creo más que evidentes, como el insistir en que las actividades humanas ya han causado un aumento de temperatura de 1ºC respecto a niveles preindustrial, para ir a los datos del informe realmente alarmantes. Manos a la obra:

En primer lugar, algo que parece evidente pero que el informe cuantifica, el impacto del cambio climático será menor si llegamos a aumentos de 1,5ºC que si llegamos a 2ºC como pide el acuerdo de París. Menos evidente, pero más en la línea de mi post del año pasado, es que los modelos predicen diferencias muy importantes en las características regionales del clima entre la situación de hoy y un aumento de 1,5ºC, y entre este y el de 2ºC. Estas diferencias incluyen incrementos de temperatura en la mayoría de (pero no todas) las regiones, precipitaciones extremas en varias regiones, y sequías en otras. En definitiva, un panorama muy complicado que 0,5ºC complicarán aún más.

En segundo lugar, es ahora o nunca como ya dije. El informe contiene el siguiente y revelador gráfico, que a vez si soy capaz de explicar bien:

La gráfica de arriba representa la evolución predicha del aumento de temperatura promedio global a lo largo de los años. El punto rojo y la línea vertical marcan 2017, que es el año de referencia del informe. En esa evolución se contemplan tres escenarios: el primero, líneas grises y barra gris al final, supone que las emisiones decrecen a cero en 2055 desde el nivel actual (línea gris en la gráfica b de abajo), y además se reduce la contribución de otros gases (non-CO2 radiative forcing, debido por ejemplo a metano u óxido nitroso) a partir de 2030. En este supuesto, la gráfica muestra que en 2100 es muy probable que el aumento de temperatura esté por debajo de 1,5ºC. Si en vez de llegar a cero emisiones en 2055 llegamos en 2040, ya estamos casi seguros de quedarnos por debajo de esa cota, pero si no se implementan medidas sobre el resto de gases en 2030 (gráfica d) entonces hay una gran probabilidad de que superemos el aumento de 1,5ºC. Atención, alarmado lector, insisto: todo esto suponiendo que como muy tarde en 2055 vamos a cero emisiones (con una reducción del 45% sobre el nivel actual en 2030) y a no aumentar más el CO2 acumulado en la atmósfera (gráfica c). Y ahora voy a citar textualmente el informe (la traducción es mía):

Los escenarios en los que se limita el calentamiento global a 1'5ºC con poco o nada de exceso temporal (overshoot) requerirían transiciones rápidas y de gran alcance en infraestructuras de energía, tierra y urbanas (incluyendo transporte y edificios), así como en sistemas industriales. Estas transiciones no tienen precedentes en términos de escala, pero no necesariamente en términos de velocidad, e implican reducciones de emisiones profundas en todos los sectores, un amplio abanico de opciones de mitigación y un aumento significativo de las inversiones en dichas opciones. 

O sea: que tenemos que ponernos las pilas ahora mismo, mejor dicho, ayer mismo. Como detalle adicional diré que estos escenarios suponen, además, una capacidad de eliminación de CO2, es decir, de retirar CO2 de la atmósfera, del orden de al menos 100 y quizá 1000 gigatoneladas a lo largo de este siglo. Esto es necesario para tener en cuenta que la reducción a cero nunca será cero, que hay emisiones residuales, y que si no las hay miel sobre hojuelas y pasamos a emisiones negativas. Por otro lado, el informe insiste en que evitar el overshoot, es decir, el pasarnos de 1,5ºC de aumento aunque al final en 2100 nos quedemos ahí, que es una situación peor, pasa por reducir las emisiones sustancialmente mucho antes de 2030, y no queda mucho tiempo hasta 2030.

Finalmente, hay que actuar inmediatamente, pero actuar no sólo nos va a permitir permanecer en aumentos de temperatura aceptables sino que tendrá muchos beneficios (y algunos efectos negativos). La gráfica que viene a continuación resume estos beneficios y perjuicios en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU:

En las filas de la gráfica aparecen las distintas metas, y para cada una de ella se indican los efectos positivos (synergies) y negativos (trade-offs) con las actuaciones en el ámbito de la oferta de energía, la demanda de energía y el uso de la tierra. Los tonos más oscuros indican que el informe predice con más alto grado de confianza ese nivel de uno o de otro. Lo que vemos en general es que los efectos positivos superarán con mucha probabilidad a los negativos, destacando el impacto positivo sobre los objetivos 3 (salud), 7 (energía limpia), 11 (ciudades y comunidades), 12 (consumo y producción responsables) y 14 (océanos). En cuanto a los posibles problemas, se concentrarán en los objetivos 1 (pobreza), 2 (hambre), 6 (agua) y 7 (acceso a la energía), lo que requerirá un cuidado especial en estos aspectos tal y como indica el informe. En concreto, será necesario incrementar las inversiones en adaptación al y mitigación del cambio climático, diseñar nuevos instrumentos y políticas, acelerar la innovación tecnológica y promover cambios de comportamiento, entre otras medidas.

Para cerrar este necesariamente muy breve resumen del informe sobre Calentamiento Global de 1'5ºC, tan solo quiero volver sobre mi deseo de crear alarma social. Cada día está más claro que ni los gobiernos ni las grandes empresas, en particular las energéticas, van a hacer nada motu proprio para luchar contra el cambio climático, y cada día está más claro que sólo una presión monumental desde la sociedad les va a obligar a hacerlo. Tenemos ya un ejemplo en los Países Bajos, donde también este mes se ha confirmado la sentencia que obliga al gobierno neerlandés a tomar medidas contra el calentamiento global, impulsada por un grupo de ciudadanos. Y como hemos visto más arriba, el primer paso es haber reducido las emisiones un 45% en 2030, o sea, pasado mañana. Así que es ¡Ahora o nunca! para el planeta pero también es ¡Ahora o nunca! para la protesta y la presión. U obligamos a quienes tienen que actuar a hacerlo ya pero ya ya ya, o lo dejamos correr y nos vamos haciendo a la idea de que las vamos a pasar canutas, y sálvese quién pueda. No queda otra.

El crédito oficial durante las crisis

De Yolanda Blasco, Joaquim Cuevas y M. Carme Riera

Esta entrada, basada en un trabajo todavía en fase de elaboración (aquí), analiza el comportamiento del crédito público en las dos crisis económicas más importantes que ha padecido España: la de fines de la década de 1970 y principios de los 80’s, en plena transición política, y la reciente crisis financiera de 2008.

El papel que debe desempeñar la banca pública fue analizado y formalizado en la década de 1980 por Jack Revell, quien dedicó un estudio al caso español (aquí). Según este experto, además de incidir en la economía como banca de desarrollo al servicio del gobierno, la banca pública puede ser utilizada para incidir y modificar el comportamiento de la banca privada. Si la banca pública tiene un peso específico puede presionar los mercados subiendo o bajando los tipos de interés, y si su actuación tiene capacidad de ser disuasoria puede incluso disciplinar a la banca privada.

El papel del crédito público ha cobrado una relevancia especial en tiempo de crisis. La literatura ha analizado el comportamiento de la banca pública enfocándose en su grado de eficiencia y en su actuación más o menos cíclica (en relación con la banca privada) respecto de la coyuntura económica. Algunos trabajos señalan peores resultados para los bancos públicos, tanto en economías avanzadas como en economías de transición (aquí, aquí, aquí o aquí). Otros autores, sin embargo, son más cautos a la hora de comparar las ratios financieras de la banca pública y la privada e insisten en la función de promoción social de la primera (aquí).

La fragilidad del sistema bancario y el papel del crédito durante la reciente crisis financiera ha sido analizada en otras entradas de este blog (aquí y aquí). Cabe preguntarse si el papel de suavizar el ciclo económico que se supone debe cumplir el crédito oficial, realmente lo cumple. También vale la pena preguntarse sobre el impacto que su actuación puede tener en la recuperación de la economía. Nuestro trabajo analiza el crédito oficial en España, que está representado por el Instituto de Crédito Oficial, ICO (su evolución fue revisada en este blog aquí). En los inicios de la crisis de 2008, el comportamiento del ICO concitó el interés social y su capacidad para impulsar la economía ha sido puesta en cuestión y defendida en numerosas ocasiones (aquí o aquí). Ahora bien, ¿cuál era el papel que podría jugar la banca pública frente a la crisis?

Sin duda uno de los motivos que explican la existencia de la banca pública es que puede actuar moderando la tendencia del ciclo económico. Así, cuando la tendencia es alcista el crédito público debería actuar desincentivando las inversiones crediticias para así frenar el calentamiento de la economía. En caso contrario, ante una tendencia bajista, es de esperar que intervenga promoviendo las inversiones con objeto de ayudar a recuperar la normalidad más rápidamente. En general, el comportamiento de los bancos públicos con relación al crédito es menos cíclico que el de los bancos privados. La literatura que se ha ocupado de la cuestión muestra resultados robustos y bastante homogéneos en economías muy diversas (aquí, aquí o aquí). Además, en los países donde las instituciones oficiales cuentan con una mejor gobernanza, el comportamiento de la banca pública es contracíclico en períodos de crisis, y, por tanto, pueden desempeñar ese papel estabilizador que se le supone sobre el conjunto del crédito. Esta evidencia resulta aplicable a economías tan distintas como Estados Unidos, Europa, o América Latina, existiendo, además, una relación positiva entre mayor grado de desarrollo económico e institucional y capacidad de los bancos públicos para absorber shocks.

En el caso español, la evolución del crédito público desde la década de 1970 permite identificar dos periodos con el punto de ruptura situado en 1991, año en el cual las Entidades Oficiales de Crédito (los bancos sectoriales que agrupaba el ICO) fueron a parar a manos de Argentaria, que se privatizaría poco después. A partir de ese momento y de la desaparición de los bancos oficiales, la actividad del ICO como agencia financiera del Estado se realizó a través de la banca privada (son suficientemente conocidas las líneas de mediación ICO) buscando, además, fuentes financieras propias, sin depender de los Presupuestos Generales del Estado, como había sido habitual en el periodo anterior. En el Gráfico 1 puede observarse la evolución del crédito del ICO y el salto abrupto que significó, en su volumen de crédito, la pérdida de los bancos oficiales a manos de Argentaria. Si en los años del tardofranquismo el crédito oficial se situaba en torno al 10-15% del crédito total, en las primeras décadas del siglo XXI no ha superado el 4%, ni siquiera en el peor momento de la crisis. Esto significa, a priori, que la capacidad de actuación del crédito público ha sido necesariamente menor en la reciente crisis que en las décadas de 1970 y 1980.

Gráfico 1: Evolución del crédito y el PIB 1971-2015, millones de euros constantes

Para analizar sintéticamente el grado de sincronización entre el crédito público y el PIB empezamos identificando las fases (bajistas y alcistas) utilizando el algoritmo à la Bry and Boschan modificado por Harding y Pagan. Con ello se obtienen los puntos de inflexión a lo largo del ciclo y se calcula el índice de concordancia (CI_xy), que permite comprobar en qué medida dos variables están en la misma fase (alcista o recesiva) del ciclo, es decir, su grado de prociclicidad o contraciclicidad. En concreto, valores muy cercanos a la unidad implicarán que las series se mueven totalmente sincronizadas, mientras que valores cercanos a cero serán fruto de una alta contraciclicidad. Hemos tenido en cuenta también la posibilidad de que el crédito crezca o decrezca de forma distinta en función de si la economía se encuentra en un período de crecimiento o de recesión. Para ello dividimos el índice de concordancia en dos índices distintos, uno para la parte alcista (CI_{xy expansión}), y otro para la recesiva (CI_{xy recesión}). Posteriormente, para comprobar la estabilidad de los datos a lo largo de la totalidad del período analizado aplicamos el test de cambio estructural de Chow, el cual indica la presencia de un corte que coincide con la creación de Argentaria, lo que le da plena validez.

Lo que se observa a partir de los resultados de nuestro análisis es que, aunque durante los periodos bajistas del ciclo económico el crédito público sigue un comportamiento levemente contracíclico, durante los periodos de crecimiento de la economía el ICO no contribuyó a moderar el ciclo. Así, para todo el periodo 1971-2015 no puede afirmarse que el ICO tuviese un comportamiento que moderase la evolución económica. Esto puede deberse al propio papel del ICO, vinculado a la financiación del Estado, o a la propia organización del Instituto, cuya dirección depende del ministerio de Economía y responde a intereses políticos. Si observamos el comportamiento del crédito por periodos, se observa que, mientras el crédito privado, según avanza el tiempo, se comporta siguiendo las directrices del mercado y con cierta aversión al riesgo en épocas de crisis, el crédito público es más bien procíclico en el primer subperíodo (1971-1991) y ligeramente contracíclico en el segundo (1992-2015). La prociclicidad durante las décadas de 1970-80 puede explicarse por su participación en los procesos de reconversión industrial y modernización de la administración pública, derivados de una política fiscal claramente expansiva.

Gráfico 2: Crédito oficial y PIB (2008-2015) millones de euros constantes.

Esa contraciclicidad en la actuación del crédito público que hemos señalado en los periodos recesivos del ciclo se observa con cierta claridad a partir de 2008, en especial entre 2011 y 2012, los peores años de la crisis financiera (gráfico 2). Su papel contracíclico durante la última crisis ha respondido a la política implementada por el gobierno, así el ICO había comenzado a incrementar su balance antes del inicio de la crisis y en 2008 se hizo cargo del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo (Plan E) puesto en marcha por el gobierno socialista. Durante los años de la crisis, tanto con gobiernos conservadores como socialistas, el Instituto expandió significativamente su crédito, justo al contrario de lo que ocurrió con el crédito de los bancos privados. Contribuyó a paliar la falta de liquidez de las instituciones locales públicas, ayuntamientos y regiones (a través de mecanismos tales como el FLA). Entre 2007 y 2013 el balance de la entidad se multiplicó por tres. Fue en este período de crisis cuando el ICO ejerció su papel de banco público, con tendencia a compensar la falta de liquidez de la economía y el colapso del crédito privado. Ante la desaparición de las cajas de ahorros y la restricción crediticia del resto del sistema bancario, el ICO redobló sus líneas de mediación para pymes y empresarios y el crédito directo a clientes. El trabajo pone de manifiesto el papel que el crédito oficial ha jugado puntualmente como amortiguador durante cierta parte de las fases recesivas de la economía española, es decir, su capacidad de actuar adaptando su activo a las exigencias de la realidad económica, expandiéndose y contrayéndose con cierta facilidad.