Después de Draghi, ¿qué pasa si algo sale mal?

El mandato de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo finaliza en octubre. Ha sido un ejercicio tumultuoso; entre otras cosas, salvó claramente el colapso del euro en 2012-13, lo que lo convierte en el mayor banquero central de los tiempos modernos. Pero no vengo a ensalzar a Draghi, sino a preguntar sobre el estado del euro a medida que la era de Draghi llega a su fin. Esto no es una diatriba. Durante mucho tiempo he sido un euroescéptico, y ha habido un inmenso sufrimiento en Grecia, y en menor medida en España y Portugal. Pero el desarrollo general de Europa desde la crisis de 2008 ha sido mejor de lo que creo que la mayoría de los observadores de Estados Unidos se dan cuenta. El gran problema ahora, diría, es la extrema fragilidad de Europa con respecto a cualquier crisis futura. En los años transcurridos desde la llegada de Draghi, la zona del euro lo ha hecho sorprendentemente bien restaurando el crecimiento y recuperando las pérdidas de empleo. Pero este éxito se basa en tasas de interés extremadamente bajas y en un euro infravalorado. Lo que esto significa es que Europa esencialmente no tiene “espacio monetario”; no hay nada más que pueda hacer si algo sale mal. Si hay una recesión china, o Trump aplica tarifas a los automóviles alemanes, o lo que sea, ¿qué puede hacer Europa? El BCE no puede aliviar significativamente la política monetaria. La expansión fiscal podría ayudar, pero tendría que ser liderada por Alemania, lo que parece inverosímil. Sin embargo, parece que vale la pena hablar sobre cómo han ido las cosas hasta ahora, lo cual es mejor de lo que muchos imaginan. Comencemos con el crecimiento en la zona del euro. Aquí muestro el crecimiento del PIB real desde 2007, en comparación con el crecimiento en los Estados Unidos: Tres cosas […]

La entrada Después de Draghi, ¿qué pasa si algo sale mal? aparece primero en El Captor - Economía y Opinión.

Pensiones: Blindajes y promesas. Pan para hoy y hambre para mañana

de Ció Patxot, Meritxell Solé y Guadalupe Souto

Escuchar los debates entre los candidatos a las elecciones genera sentimientos encontrados.  Hay candidatos para todos los gustos (o disgustos), con un mayor o menor nivel de sensatez. Pero todos se apuntan con más o menos contundencia a “blindar” las pensiones sin atreverse a mencionar la cada vez más urgente necesidad de reformar el sistema. Ya lo comentaron aquí Samuel, Juan Francisco y Pedro unos días de las elecciones generales. Nos queda la opción de darles el beneficio de la duda; quizá, simplemente, no entienden lo que ocurre.

Es cierto que el papel del sistema de pensiones es complejo y su impacto sobre la redistribución de la renta a lo largo del ciclo vital, entre generaciones o dentro de una misma generación, no es en absoluto obvio. Sin embargo, nuestra experiencia divulgando el problema de la sostenibilidad del sistema de reparto nos dice que es algo muy sencillo de explicar y comprender. Si bien el lado de los ingresos es incierto, el gasto en pensiones es una de las magnitudes más fácil de predecir. A continuación, revisamos esta cuestión y aportamos un par de cifras interesantes de cara a la reflexión.

El sistema de reparto financia las pensiones actuales con cotizaciones actuales. Para poder pagar pensiones, necesitamos en primer lugar un nivel suficientemente alto de cotizantes (en relación a los perceptores de pensión). Ello depende, por una parte, de un factor meramente demográfico, como es la relación entre población en edad de trabajar y en edad de jubilarse, y, por otra parte, de la tasa de empleo. En segundo lugar, la posibilidad de pagar pensiones suficientes viene determinada por factores institucionales (de diseño del sistema). A mayor cobertura (mayor proporción de personas mayores con derecho a pensión), mayor cantidad de pensionistas y mayor necesidad de repartir. El otro factor institucional es la generosidad del sistema, es decir, el cociente entre la pensión media y el salario medio.

A estas alturas de la transición demográfica es conocido que la relación demográfica entre potenciales jubilados y potenciales cotizantes lleva años empeorando progresivamente, y que lo hará de forma más drástica durante la jubilación de los baby boomers (que se inicia en 2022 y durará más de 20 años). En cuanto al mercado de trabajo, es de esperar que la situación mejore con la salida de los baby boomers del mercado laboral, sobre todo teniendo en cuenta las malas cifras actuales. Pero ni siquiera una evolución muy optimista del desempleo será suficiente para resolver la situación. La voluntad política, al menos en periodo electoral, es mantener los factores institucionales, pero nadie explica cómo lo hará.

Una ojeada a la evolución histórica de la generosidad del sistema de pensiones en España (Figura 1.a) muestra que ésta no ha dejado de crecer más allá del proceso lógico de maduración (se puso en marcha en 1967). El aumento de las pensiones por encima de los salarios, prácticamente ininterrumpido en los últimos 30 años es, a todas luces, insostenible a largo plazo. La proyección de esta misma ratio al futuro (Figura 1.b) indica que, a legislación constante (escenario base), este proceso se interrumpiría después de la crisis, una vez recuperado el crecimiento normal de los salarios. La introducción en 2013 del factor de sostenibilidad (FS) y sobre todo del índice de revalorización de las pensiones (IRP), ajustaba la actualización anual de las pensiones en función de los desequilibrios del sistema, reduciendo el valor real de las pensiones y, por tanto, su generosidad (escenario reforma 2013). No obstante, esa reforma de 2013 establecía un límite mínimo al IRP (del 0,25% anual). Como muestra el último escenario de la Figura 1.b (IRP sin límite), el efecto del IRP sobre la generosidad de las pensiones sería considerable en el caso de eliminar su límite inferior para hacer el sistema totalmente sostenible. No obstante, la aplicación del IRP ha sido eliminada en 2018 a raíz de las crecientes protestas sociales. La buena noticia es que quizá ahora es posible diseñar una reforma que afronte mejor la compleja cuestión de la redistribución. La mala es que ninguno de los candidatos parece ser consciente de la magnitud de la tarea a que se enfrenta para afrontar este reto social que ya ha pasado de ser un problema a largo plazo a un problema inminente.

Como decíamos, queda el beneficio de la duda. Pensar que nuestros políticos son capaces de razonar en términos de demografía electoral elemental mientras tratan de contentar a la creciente población votante jubilada o en edades próximas a la jubilación. Una perspectiva bastante miope, por otra parte, ya que los ciudadanos seguramente ven un poco más allá; saben que es necesario proteger no sólo a los pensionistas, sino a los trabajadores (cotizantes actuales) y los niños (cotizantes futuros) e invertir seriamente en educación, que es además un factor importante en la sostenibilidad futura de las pensiones. Como indica la Figura 2, la crisis ha puesto de manifiesto la potencia protectora del sistema de pensiones (caída de la pobreza de los mayores), junto con una debilidad de políticas similares durante la primera parte del ciclo vital (aumento de la pobreza infantil y de sus padres, los trabajadores). Estos datos amplían el marco en que debería moverse el debate de las pensiones para que incluya el conjunto de las transferencias recibidas a lo largo de todo el ciclo vital.

Figura 1. Evolución de la generosidad del sistema (ratio pensión media salario medio)

a) Evolución pasada b) Proyección

Fuente: a) Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social i OCDE: b) Patxot, Solé y Souto (2019), Hacienda Pública Española 228 (1/2019).

Figura 2. Porcentaje de población en riesgo de pobreza en España por grupos de edad (antes y después de la crisis) 

Nota: Elaboración propia a partir de los datos de Eurostat, EU-SILC

El dilema entre pedir permiso o pedir perdón - Los patinetes eléctricos en Madrid (II)

Nota del Editor: Esta es la segunda de las  entradas sobre patinetes electricos. La primera, la publicamos esta mañana.

de Fernando Fernández-Monge (@FerMongeC)

Desde hace unos años, hay una palabra que está de moda entre los emprendedores: disrupción. Inventar, desarrollar o, mejor aún, introducir en el mercado una tecnología o un modelo de negocio disruptivos se ha convertido en el objetivo de casi toda startup. Los inversores intentan identificarlas para inyectarles recursos, y los reguladores quieren descubrirlas antes de que la disrupción les explote en las manos. Porque esa es la esencia de la disrupción, palabra que según la RAE significa: “una rotura o interrupción brusca”.

Esto genera un dilema para aquellas empresas que quieren probar una tecnología disruptiva en una ciudad: ¿deben pedir permiso antes de introducir la tecnología, o mejor pedir perdón por los eventuales “platos rotos” que resulten de la innovación?

El caso de los patinetes eléctricos en Madrid es un buen ejemplo de este dilema. Como explicaba en el artículo anterior, cuando empresas como Lime llegaron en el verano de 2018 a la ciudad, el borrador de Ordenanza de Movilidad Sostenible que el ayuntamiento tenía sobre la mesa no había previsto una regulación específica para el arrendamiento de patinetes eléctricos sin base fija. En otras ciudades como Paris se habían diseñado unas “cartas de buena conducta” que, en vez de regular en detalle un fenómeno tan nuevo, establecían determinados principios para las compañías de movilidad compartida. El objetivo, según la alcaldesa Anne Hidalgo, era ofrecer libertad en un período inicial de aprendizaje, y así adquirir la experiencia necesaria para el diseño de la regulación.

En Madrid no se diseñó tal mecanismo, y ante la indeterminación regulatoria, tampoco había un proceso claro para “pedir permiso” al ayuntamiento. Empresas como Lime tenían dos opciones: esperar a la aprobación de la ordenanza o lanzarse a operar.  Se decidieron por la segunda, y a juzgar por el incremento exponencial en el uso de patinetes eléctricos en sus primeros cuatro meses en Madrid, la estrategia pareció dar resultado.

Desde el punto de vista de su modelo de negocio, tiene sentido querer operar y crecer rápido, aún a costa de incomodar al regulador. El modelo de negocio de estas empresas está determinado por el efecto de red (network effects), en el que el valor del servicio incrementa exponencialmente cuantos más usuarios tenga. ¿Por qué? Porque esto implicará que existan más patinetes en movimiento, y más facilidad para un usuario a la hora de encontrar un patinete cerca cuando abre la App. Además, para la empresa, cuanto más tiempo estén en movimiento los patinetes, más facturarán, y por lo tanto más rentabilidad obtendrán de cada uno de estos vehículos. La lógica del efecto de red hace que estas empresas quieran crecer muy rápido, y que los inversores que las apoyan les inyecten grandes cantidades de capital para permitir estas carreras por adquirir cuotas de mercado.

Desde el punto de vista de la economía política, aumentar rápidamente el número de sus usuarios también es lógico. Si muchos ciudadanos están contentos con este servicio, lo defenderán ante posibles limitaciones regulatorias por parte de los poderes públicos. Es lo que Travis Kalanick, ex-CEO y fundador de Uber llamó la Ley de Travis “nuestro producto es tan superior al status quo que si damos a la gente la oportunidad de probarlo, lo defenderán y exigirán su derecho a existir”.

En Madrid, sin embargo, la Ley de Travis no funcionó. El 23 de octubre el ayuntamiento publicó la famosa Ordenanza de Movilidad Sostenible. En ella, entre otras normas aplicables a los patinetes eléctricos [insertar enlace al artículo previo], se establecía un proceso de autorización del uso del espacio público por parte de las compañías de arrendamiento de patinetes eléctricos sin base fija a través de plataformas. Además de establecer algunos requisitos para operar en la ciudad, el ayuntamiento fijó unas cuotas de patinetes por distrito y barrio. Las empresas presentaron sus solicitudes y las autorizaciones se repartieron, por cada distritio y barrio, entre 22 de las 25 empresas candidatas. Así, por ejemplo en el distrito Centro, se autorizaron 352 patinetes, de los cuales 5 empresas tienen autorizados 21 patinetes, una empresa tiene autorizados 16, otra 15 y una última 6.

Este modelo de autorización rompe el efecto de red, y por tanto, la esencia del modelo de negocio de estas compañías. De hecho, no está claro que las empresas puedan ser viables económicamente en el actual marco regulatorio, poniendo cortapisas a la innovación y reduciendo las posibilidades de un mecanismo de movilidad “limpio” desde el punto de vista de emisiones, aún más necesario dadas las restricciones al tráfico de coches en la ciudad con Madrid Central. El futuro de Madrid Central puede estar en debate, pero eso no va a hacer desaparecer la necesidad de buscar modelos de movilidad sostenible.

Otro modelo como el de Paris o un modelo concesional probablemente hubiera sido más lógico. De hecho, las 18 líneas maestras de la Ordenanza publicadas en febrero preveían una concesión municipal para el arrendamiento de bicicletas eléctricas sin base fija, aunque finalmente se estableció una autorización demanial similar a la de los patinetes.

¿Por qué se optó por abandonar el modelo concesional en favor de la autorización de uso del espacio público? Por un lado, en un escenario pre-electoral, el nuevo sistema limitaba el número de patinetes y eliminaba los riesgos de experimentos que enfurecieran a los ciudadanos. Por otro lado, el nuevo modelo permitía un proceso de despliegue gradual del servicio, gracias al cual el ayuntamiento podría evaluar los impactos de esta nueva modalidad de transporte.

Hay todavía aspectos que no están claros sobre los patinetes eléctricos: (i) si es realmente una alternativa de movilidad o si, por el contrario, se utilizan principalmente con fines recreativos por parte de turistas, (ii) su grado de cobertura geográfica y nivel de servicio en los barrios de la ciudad, (iii) la sostenibilidad financiera del modelo de negocio, (iv) su grado de complementariedad con el transporte público, o (v) su adecuada compenetración con el uso del espacio público por peatones y personas de movilidad reducida son algunos de estos aspectos. Con tantas dudas en el horizonte, es lógico que el ayuntamiento de Madrid quisiera asegurar una adopción progresiva de los patinetes de modo compatible con la infraestructura y usos de la ciudad. Que el modelo elegido sea el óptimo es más debatible.

Para las empresas de patinetes, queda la duda de si este nuevo modelo les permitirá operar de manera rentable, aunque todo apunta a que veremos consolidaciones en el sector. Tampoco sabemos si el ayuntamiento hubiera optado por otra forma de regulación, menos restrictiva, si no hubiera visto sus calles inundadas de patinetes. El tiempo – y el nuevo gobierno – dirá si la estrategia de empresas como Lime fue acertada. Mientras tanto, sospecho que veremos a más startups optando por pedir perdón en vez de permiso en otras ciudades de España y Europa. Veremos también ayuntamientos experimentar con distintos modelos regulatorios, porque una cosa está clara: la revolución en la movilidad urbana no ha hecho más que empezar.

¡No tan rápido! - Los patinetes eléctricos en Madrid (I)

Nota del Editor: Esta es la primera de dos entradas sobre regulación de patinetes eléctricos. La segunda saldrá publicada esta tarde.

de Fernando Fernández-Monge

El pasado 31 enero, mientras los taxistas se manifestaban en la Puerta del Sol, a unos 9.000 kilómetros de allí se debatía sobre una de las innovaciones con mayor impacto potencial en la movilidad de nuestras ciudades. Durante la conferencia de micro-movilidad celebrada en California, 600 personas se reunieron para discutir el futuro de estos nuevos modos de transporte en ciudades. Entre ellos, las bicicletas y los patinetes eléctricos sin base fija son los que han tenido un ascenso más rápido, y en algunos casos, una caída igual de meteórica.

Fue el caso de Madrid, que vio cómo los patinetes inundaban la ciudad en la segunda mitad del 2018, hasta que el ayuntamiento ordenó su retirada tras la publicación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible a finales de octubre. En febrero de 2019 el ayuntamiento hizo pública la autorización a varias compañías para operar en la ciudad.

Ahora que ha pasado el torbellino electoral, toca centrarse en las políticas que los ayuntamientos van a poner en marcha en los próximos cuatro años. Si bien ningún partido político publicó medidas concretas sobre la regulación de los patinetes eléctricos para Madrid, el nuevo gobierno municipal va a tener que lidiar con el tema, mientras otras ciudades harían bien en ir tomando nota. Ante este fenómeno, el de la micro-movilidad en las ciudades, que no ha hecho más que aterrizar, estos dos artículos analizan algunos de sus puntos básicos y el modelo que se estaba ensayando en Madrid para regularlo.

Desde que surgieron a principios de 2018, las empresas de patinetes eléctricos sin base fija han crecido exponencialmente. Bird y Lime son las dos compañías más importantes del sector en EEUU, ambas con una capitalización de más de 1.000 millones de dólares. Bird es también la startup que más rápido cruzó la mítica frontera de los 1.000 millones de dólares de valoración. Una de las razones principales del interés de los inversores por la micro-movilidad es que puede ser un mercado realmente grande.

De acuerdo con un análisis de McKinsey el patinete eléctrico podría convertirse en el modo preferido de transporte para trayectos de menos de 8 kilómetros. Estos son muchos trayectos. De acuerdo al diagnóstico del plan de movilidad sostenible del ayuntamiento de Madrid, el 40% de los desplazamientos internos motorizados del municipio tienen una longitud inferior a los 5 kilómetros. La carrera media de un taxi con licencia de un turno es de 6,35 kilómetros. Aunque sólo la mitad de esos ciudadanos decidieran cambiarse al patinete (dejando el taxi, VTC, transporte público, bici o el simple paseo a pie), el nivel de uso y kilómetros recorridos en patinete ya sería inmenso.

La aparición de cientos de patinetes por la ciudad en la segunda mitad del año pasado fue buena muestra de ello. Por ejemplo, en los cuatro meses en los que estuvo funcionando en Madrid, Lime realizó 500.000 viajes.

Todavía lejos de los 2,5 millones de desplazamientos diarios en coche, o de los aproximadamente 10.000 de media diarios de Bicimad, pero con un potencial de crecimiento exponencial. De acuerdo con un estudio de investigadores de la Universidad de UC Berkeley y el MIT, el ratio de adopción de los patinetes eléctricos en 6 meses era de un 3,6% entre la población mayor de 18 años. Asumiendo un crecimiento constante en el uso, en 7 años el coeficiente de adopción sería de 50,4%, mayor aún que el 39% de Uber y Lyft para ese mismo período.

Esto serían buenas noticias para los inversores en estas compañías, por supuesto, pero también para una ciudad como Madrid, que tiene entre sus objetivos principales mejorar la calidad del aire. Según algunos cálculos, los patinetes eléctricos emiten un 1% de las emisiones de los coches para la misma distancia recorrida. Por lo tanto, todos los trayectos de coche que se sustituyan por viajes en patinete reducirían el nivel de contaminación hasta casi eliminarlo. No sucede lo mismo, claro, si los patinetes sustituyen a aquellos que caminan o van en bici, y el efecto de sustitución con el transporte público implica un cálculo más complicado. En todo caso, el potencial de estas compañías para ofercer un transporte más limpio es evidente.

Pese a este potencial, la administración municipal vivió la inundación de estos patinetes por las calles de Madrid con preocupación. No lo habían visto venir, como pone de manifiesto que los patinetes no se incluyeran en las 18 líneas maestras de la ordenanza de movilidad que el ayuntamiento publicó en febrero de 2018. Ante el vacío legal, se generaron muchas dudas ¿podían los patinentes eléctricos circular por las aceras? ¿por la calzada? ¿por ambas? ¿a qué velocidades? ¿y qué ocurría en caso de accidentes? ¿cómo evitar esos patinetes aparcados en mitad de la acera? Todos estos aspectos que afectaban al uso del espacio público y la seguridad vial, los principales puntos débiles de estos medios de movilidad, no tenían respuesta.

Sin embargo y pese a su novedad, el ayuntamiento se puso a trabajar para incorporar la regulación del patinete eléctrico en la ordenanza que llevaban elaborando desde hace tiempo. En un breve espacio de tiempo, la Ordenanza de Movilidad Sostenible en vigor desde el 24 de octubre del año pasado dio respuesta a todas las cuestiones que habían generado polémica. En resumen:

- Los patinetes no pueden circular por la acera.

- Explica por qué calles pueden circular los patinetes (ver mapa de la red de viales patinables publicados por el ayuntamiento).

- Fija dónde pueden y no pueden aparcar los patinetes.

- Establece la obligación de las empresas de contratar un seguro.

Ilustración 1 Red de Viales Patinables con Patinentes Eléctricos en Madrid[1]

Gracias a la ordenanza, las principales dudas sobre la circulación con los patinetes eléctricos quedaron aclaradas, abriendo la puerta al potencial de las empresas de patinetes eléctricos para ofrecer una movilidad segura y limpia en la ciudad. La ordenanza también prevé que la ciudad cobre a estas empresas por el uso del espacio público, y establece su obligación de compartir información con el ayuntamiento. Esto permitirá obtener evidencia para la toma de decisiones de movilidad y controlar a través de la App que los usuarios cumplen con las normas de circulación y estacionamiento.

Hay, sin embargo, un aspecto controvertido en la regulación prevista en la ordenanza y su ejecución. El ayuntamiento estableció un proceso de autorización del uso del espacio público por parte de las compañías de arrendamiento de patinetes eléctricos a través de plataformas. Se estableció un límite máximo de autorizaciones por distrito y barrio. Veinticinco empresas que deseaban operar presentaron solicitudes de patinetes por barrio, y el ayuntamiento repartió las autorizaciones entre los 22 operadores que cumplieron los requisitos establecidos en la convocatoria. Así, por ejemplo en el distrito Centro, se autorizaron 352 patinetes. De éstos, 15 empresas tienen autorizados 21 patinetes, una empresa tiene autorizados 16, otra 15 y una última 6.

Esto, obviamente, supone un inconveniente importante para los usuarios. Si un ciudadano quiere utilizar un patinete, por ejemplo en Embajadores, y quiere ver qué patinetes hay disponibles cerca, tendrá que abrir las 16 Apps de las compañías que ofrecen patinetes en esa zona. Visto así, parece que lo único que conseguirá este modelo de autorización es matar al patinete eléctrico en Madrid. Sólo que, como suele pasar habitualmente, la cosa es algo más complicada. De ello hablaremos en el siguiente artículo.

[1] https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCMovilidadTransportes/Quizas/NuevaOrdenanza/especialvmu/ficheros/red_kms_patinables(con%20Distritos).pdf

Gobiernos de Coalición: encrucijada política en el sistema parlamentario español

Tras las elecciones al gobierno de la nación, las europeas, las municipales y a las comunidades autónomas celebradas en España recientemente, se presenta un panorama donde, debido a  la no existencia partidos mayoritarios, las coaliciones son inevitables. En primer lugar hay que señalar que las coaliciones no se dan en aquellos sistemas donde el ejecutivo se elige por elecciones presidenciales, donde el ejecutivo, separado como poder del legislativo, se elige en elecciones directas. En estos casos la mayoría presidencial se forma bajo el principio de la mitad más uno. Este sistema hace que los electores se sientan más representados por sus presidentes pues siempre gobierna el más votado. En Estados Unidos nunca hubo una coalición para elegir al presidente, esto sólo ocurre en los sistemas parlamentarios, donde el legislativo elige al ejecutivo. Siendo que en España tenemos un sistema parlamentario, las coaliciones de partidos que sumen más del 50% serán las que elijan al ejecutivo. En este sentido existen dos tendencias, la de la ambición de poder y la de la implementación de los programas o propuestas hechas a los ciudadanos en las elecciones. Los dos ejes principales de las elecciones generales en España han sido los impuestos y la actitud de los partidos nacionales hacia el movimiento independentista catalán. Los partidos de izquierda se han mostrado, como es habitual, partidarios de subir los impuestos para, de esta manera, fomentar la distribución de la riqueza haciendo que “los ricos paguen más”. Los de derecha, por el contrario, se muestran favorables a una bajada de impuestos, que haga que la riqueza aumente, al ser los recursos mejor gestionados por el sector privado, y que lleve a una mejora de la economía en general. En cuanto a la actitud con referencia al conflicto catalán, los partidos de izquierda se muestran más a […]

La entrada Gobiernos de Coalición: encrucijada política en el sistema parlamentario español aparece primero en El Captor - Economía y Opinión.

¿De qué hablamos cuando hablamos del PIB?

Cuando me preguntan acerca de mi profesión suelo decir que me dedico a estudiar el comportamiento humano más medible pero, tras leer el libro de la profesora Diane Coyle, “GDP: a Brief but Affectionate History”, me pregunto si, acaso, el adverbio “más” no es demasiado aventurado. Muchas veces se critica la osadía de los macroeconomistas a la hora de ofrecer predicciones y evaluar políticas (véase, como ejemplo, el reciente rifirrafe acerca del efecto del aumento en el Salario Mínimo Interprofesional sobre el empleo), a lo que suelo contestar que hacemos lo que podemos y que aprendemos sobre la marcha. Pero no debemos olvidar que muchos agregados macroeconómicos con los que trabajamos son convenciones a las que se llegó tras largas discusiones, que se mantienen mientras tienen sentido y que se cambian según la necesidad. Es decir, hasta cierto punto, la organización de las estadísticas macroeconómicas peca de arbitrariedad y pueden llevar a conclusiones que sesgan la visión de la realidad. Lo fundamental es saber qué objetivo tiene construir un estadístico llamado Producto Interior Bruto porque, como la profesora Coyle, postmodernos y feministas nos recuerdan, todo tiene implicaciones políticas: incluso la construcción de las estadísticas. Lo deseable, claro está, es que todos estemos de acuerdo en cómo construirlas.

En este post quiero repasar algunas de las principales controversias sobre los componentes del PIB, entre ellas las que se refieren a el gasto público y los intangibles, la economía informal e ilegal, y el valor de los servicios.

El PIB según los libros de texto

Escojamos un libro de texto. Yo voy a abrir el manual “Macroeconomía para casi todos” de Javier Díaz-Giménez (antiguo colaborador y quien dio nombre a este blog) y Gerardo Jacobs. En este libro se dice que el PIB es el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un determinado periodo, remunerados, legales y declarados en un territorio (de ahí lo de interno). Por tanto, las ganancias de capital que recibimos al vender una casa de segunda mano, el trabajo voluntario, la economía sumergida y el tráfico de armas no son parte del PIB. El valor de la producción de bienes intermedios no es parte de PIB puesto que su valor está incorporado en los bienes finales.

Gráfico 1

El gráfico 1 muestra la evolución del PIB real por persona en edad de trabajar en España desde 1995 hasta 2015 (en 1995 está normalizado a 1). Los datos los he sacado del INE. De un vistazo vemos el coste de la Gran Recesión en España y que durante el periodo expansivo 1995-2007 el crecimiento del PIB y del empleo iban de la mano: algo que puede sugerir que el PIB mide bien. Más aún, la medida sugiere que durante todo ese periodo la Productividad Total de los Factores (PTF, lo que producimos de más o de menos a factores productivos dados) estaba estancada (en este artículo sobre el que ya escribimos un post Luis Franjo y yo, analizamos las posibles causas de ese estancamiento de la PTF).

La práctica en la Contabilidad Nacional

La lectura del libro de D. Coyle es muy amena. Nos recuerda, por ejemplo, que los primeros esfuerzos por contabilizar algo que aproximara la riqueza nacional se debió a William Petty, para argumentar que Gran Bretaña estaba en disposición de sufragar los gastos de la Segunda Guerra Anglo-Holandesa allá por el siglo XVII. Es decir, la gestación de las Cuentas Nacionales surge de la necesidad de los gobiernos de saber con qué ingresos fiscales estables podían contar. Pero su construcción se inició durante la Gran Depresión, impelidos por la necesidad de saber exactamente cuál era el coste de la crisis económica. Colin Clark, en Gran Bretaña, sentó las bases de lo que ahora conocemos como Cuentas Nacionales, seguido muy de cerca por Simon Kuznets en Estados Unidos. En los tiempos anteriores a la Gran Depresión, Alfred Marshall ya había dictaminado que los servicios son parte de la renta nacional (Adam Smith no lo creía así) y nadie iba a contradecir a Marshall, a menos que se fuera comunista y se estuviera preocupado por el plan quinquenal: las economías del Pacto de Varsovia siguieron a Adam Smith y nunca incluyeron los servicios como parte del PIB. Más abajo volveré a hablar sobre los servicios.

¿Bienes intermedios o finales?

La primera discusión de calado sobre el Producto Interior Bruto se centró en el Gasto Público. Simon Kuznets pensaba que el Gasto Público es un bien intermedio, como el petróleo que genera energía o los tornillos de un coche. De la lectura del libro de Coyle se desprende que el argumento de Keynes (el que prevaleció) para incluir el Gasto Público en el PIB está resumido en el siguiente gráfico:

Gráfico 2

El gráfico es de elaboración propia con datos obtenidos del BEA y del trabajo de Leandro Prados de la Escosura. En él aparece el porcentaje del PIB que queda tras sustraer el Consumo Público (no la Inversión Pública en capital tangible). He dejado la Inversión Pública porque calculando el PIB desde el punto de vista de la renta se puede justificar que la Inversión Pública es bien final. El resto puede considerarse bienes intermedios (y, por tanto, afectan al cálculo de la PTF). El gráfico muestra claramente el esfuerzo de la guerra: El PIB, sin el Gasto Público, habría sido un 30 por ciento menor durante el periodo de guerra. Un mal dato para convencer a la población para que compre deuda pública. En España, en 1937, el PIB habría sido un 30 por ciento menor (una cifra ya misérrima). Por el contrario, el tamaño del Consumo Público en la España de los años 50 está al nivel del periodo de la Gran Depresión. A partir de los años 80 el Consumo Público es alrededor del 20 por ciento del PIB con oscilaciones cíclicas. Es decir, el Consumo Público es parte del PIB por una decisión política y ahí sigue.

Pero este es no es único cambio de criterio: Desde los años 80 estamos incluyendo el gasto en software como parte de la inversión agregada y, muy recientemente, el Sistema Europeo de Cuentas ha determinado que el gasto en I+D es inversión y no un bien intermedio, como se consideraba hasta ahora. Este cambio de criterio obedece a que el gasto en intangibles está cobrando una mayor importancia en las cuentas de explotación de las empresas y que la riqueza total es mucho mayor que el valor del capital tangible (estructuras y bienes de equipo: ver aquí). Obviamente, este cambio de criterio afecta a la base imponible de las empresas y, por tanto, a los impuestos que pagan. Y es que paradójicamente, la inversión en intangibles parece resultar en incrementos del valor añadido que, en lugar de hacer a las empresas soportar mayores impuestos, parecen servirles para recibir más subvenciones. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la inversión en I+D: De un plumazo, Estados Unidos ha aumentado su PIB de 2016 en más de un 2 por ciento y el PIB de España en 2015 aumentó en un 1.31. El valor capitalizado del acervo de I+D en España en 2015 se elevaba al 8 por ciento del PIB, mientras que en Estados Unidos alcanzaba el 14.60 por ciento. La implicación inmediata de este cambio de criterio es que la distribución factorial de la renta ya no es constante en el tiempo, como pensaba Kaldor.

Gráfico 3

El Gráfico 3 es de elaboración propia e ilustra dicha implicación. Pueden encontrarse gráficos parecidos en el trabajo de Kho, Santauelàlia-Llopis y Zheng o en el de Karabarbounis y Neiman. Muestra la evolución de la renta del trabajo como fracción del PIB en Estados Unidos. En España sucede algo similar. Kaldor, cuando lanzó la hipótesis de sus famosos “stylized facts” veía la línea clara del Gráfico 3 hasta 1957. No es de extrañar que llegara a la conclusión de que el proceso de crecimiento capitalista no engendra, por sí mismo, desigualdades. Eso resultaba tranquilizador. Pero ahora, al incluir en el PIB los gastos en I+D como inversión, las rentas del trabajo, como fracción del PIB, está cayendo desde los años 70. Es decir, las rentas del capital crecen a una tasa mayor que las rentas del trabajo.

Bienes no comercializados y bienes ilegales

Otro caso llamativo de la arbitrariedad en la definición del PIB es que se imputa el valor de los servicios de las viviendas en régimen de propiedad. Las Cuentas Nacionales suponen que los propietarios de una casa nos cobramos un alquiler a nosotros mismos (exento de impuestos) e imputan el precio de alquiler de mercado como el valor de esos servicios. ¿Por qué lo hacemos? Una razón puede ser para que la comparación del consumo entre España y Alemania (donde más del 50 por ciento de los hogares vive de alquiler) no esté afectada por las decisiones de tenencia de vivienda. María J. Luengo-Prado y yo analizamos aquí los costes y beneficios de usar ese método y no el alternativo del coste de uso de la vivienda. Para que nos hagamos una idea, los alquileres imputados suponen más de un 10 por ciento del consumo agregado y alrededor del 8 por ciento del PIB. El gráfico 4 muestra la evolución de los alquileres imputados y reales para España (elaboración propia con datos del INE).

Gráfico 4

Otra razón para imputar los servicios de las casas en propiedad puede ser evitar variaciones cíclicas del consumo derivadas de cambios en el régimen de propiedad. Pero en ese caso, nos preguntamos, ¿por qué no se imputa el valor de los servicios de los bienes duraderos y del trabajo doméstico? Al fin y al cabo, es difícil pensar que vivir en una casa vacía sin muebles y sin prepararnos el desayuno nos reporte una gran utilidad. Estoy hablando de “Home production”. Un viejo artículo de Benhabib, Rogerson and Wright estudia las implicaciones macroeconómicas de suponer que, en efecto, cuando hay recesión, los individuos deciden quedarse en casa a cenar en vez de ir a un restaurante. En mi opinión, al incluir una estimación de los servicios del trabajo doméstico las fluctuaciones cíclicas del nuevo PIB serían menos pronunciadas, así como las de las horas de trabajo, cosa que sería deseable en España donde las oscilaciones son enormes; solo hace falta mirar el Gráfico 1 de este post. En el INE hay un documento de trabajo de C. Ángulo y S. Hernández donde miden y valoran tales actividades para agregarlas a las cifras de la contabilidad nacional y obtener así una cuenta de producción de los hogares y el PIB extendido con las valoraciones del trabajo doméstico. Reproduzco un párrafo del documento:

El dato del Valor Añadido Bruto (VAB) de las actividades productivas no de mercado de los hogares es metodológicamente comparable con el Producto Interior Bruto (PIB). Así, sabiendo que el PIB de España para el año 2010 fue de 1.045.620 millones de euros, se tiene que el VAB de las actividades productivas no de mercado de los hogares, 446.715 millones de euros, equivale al 42,7% del PIB.

Las cifras son brutales. Conocer el valor de esas actividades sería bueno, además, para poder evaluar los costes y beneficios de políticas sociales como la Ley de Dependencia dado que, de no existir, esos cuidados se imparten fuera del mercado. ¿Por qué no se incluye el valor estimado del trabajo doméstico y otros trabajos no de mercado y sí se imputa el servicio de las casas en propiedad, si en ambos casos son actividades no gravables por no desarrollarse en el mercado? ¿Por qué se imputa el valor de los servicios de prostitución y el tráfico de drogas (actividades ilegales) que, según el INE, elevaron el PIB de 2010 en menos de un punto porcentual si, al estar sumergidas, no se pueden gravar? Misterios del Sistema de Cuentas Nacionales.

Medición del Valor Añadido del sector servicios

Coyle dedica una parte importante de su libro a hablar del sector servicios. La medición de la producción de este sector puede ser complicada. Se puede contar cortes de pelo, pero ¿cómo medimos las ventas de la plataforma de cine digital donde se paga una cuota anual? ¿O las ventas de un banco? ¿Produce valor añadido un intermediario financiero? Este último caso ha sido especialmente aberrante. El sistema de medición del valor añadido del sistema financiero (FISIM) ha hecho que un aumento en el riesgo de la cartera de activos de los bancos aparezca como un aumento en el crecimiento real de su negocio. Con esa metodología, el negocio de la banca comercial en Estados Unidos creció un 21 por ciento en el periodo 1997-2007 mientras que el crecimiento medio del PIB fue del 0.3. Es decir, nuestras Cuentas Nacionales no nos estaban avisando de lo que podía pasar. El caso de España es ilustrativo. En EU KLEMS hay estimaciones de la PTF por sectores. Pues bien, durante el periodo 1996-2007 la productividad del sector financiero en España se multiplicó por 2 (véase el gráfico 5) mientras que la PTF del sector privado declinaba. Y esto ocurría al tiempo que empleo crecía. Lo que sucedió es que se contabilizó el crecimiento de los activos con riesgo como un aumento del valor añadido y, de ahí, se derivó que la PTF creciera explosivamente.

Gráfico 5

Si resulta difícil medir el valor añadido, la medición de la calidad en servicios ya es una tarea complicadísima. Pensemos en cortes de pelo. La atención de nuestro banco. La comida en un restaurante. La estancia en un hotel. No hablemos ya de atención sanitaria o educación. La correcta medición de la calidad es importante para, al menos, dos cosas: la medición del índice de precios y la estimación de la Productividad Total de los Factores. Ambas están unidas. Supongamos una empresa que hace un esfuerzo en mejorar la calidad de su servicio sin aumentar el uso de factores. Su productividad aumenta y el precio ajustado por calidad está cayendo. Por el contrario, si la calidad cae, la PTF cae y los precios están subiendo. Por tanto, siempre que haya un aumento de calidad no contabilizado, ceteris paribus, parecerá que los precios están aumentando y viceversa: una caída de calidad puede hacer que parezca que haya deflación cuando se trata de lo contrario. Más aún, si la calidad no está bien estimada podría parecer que la PTF esté cayendo cuando el negocio esté creciendo. Esto es especialmente importante en sectores donde la competitividad depende especialmente de la calidad, lo que parece ser el caso en muchos servicios. Es decir, la pregunta es: ¿se puede medir la calidad de los servicios desde el punto de vista del output y no del uso de inputs? Y si es así, ¿tiene un componente cíclico?

Una de las dos características más sobresaliente del ciclo económico en España es que la PTF es contracíclica (la otra es que las fluctuaciones del empleo son enormes). En 2015, el sector servicios aportaba más del 66 por ciento del PIB, construcción un 5 y la producción de bienes alrededor de un 18 por ciento. EU KLEMS ofrece estimaciones de la PTF por sectores. Sin ser exhaustiva, he escogido varios sectores que creo que son paradigmáticos. En el gráfico 6 la PTF está normalizada a 100 en 1995 para todos los sectores. La PTF de Manufacturas e Información y Comunicaciones, además de tener una tendencia positiva, parece ser procíclica. La PTF del resto de los servicios (excepto el sector de actividades inmobiliarias) decrece desde 1995. En el sector donde más ha caído en todo el periodo es Turismo, con una reducción de casi el 50 por ciento. ¿Se trata de mala medición o de una decisión sobre el modelo de negocio? Seguramente, ambas cosas pero no podemos precisar cuánto de cada sin medir bien los cambios en calidad. En los años 80 ya se hizo un gran esfuerzo para medir los cambios en la calidad de los bienes de inversión, ahora el reto es en servicios. Esto es particularmente importante en nuestro país.

Gráfico 6

Solo un apunte más sobre la PTF del sector servicios: Todos tenemos la sensación de que se está produciendo una gran concentración empresarial en algunos sectores (véase el trabajo de De Loecker y Eeckhout). Sin tener una buena medida de productividad es muy difícil estimar el efecto que esa concentración y falta de competencia puede tener en markups y productividad agregada.

Desiderata

El PIB es una medida imperfecta, como todas, de nuestra riqueza. Pero es a la vez muy poderosa. El tamaño del PIB determina que se pertenezca a determinados clubs de países, el rating del país en las agencias internacionales, etc. Su valor influye en las agendas políticas. A mi entender, falta incluir una medida del efecto del cambio climático. Ahora mismo, al ignorar el daño medioambiental, nos creemos más ricos de lo que realmente somos. Por ejemplo, Burke, Hsiang y Miguel estiman que el PIB de España en 2100 será un 46 por ciento menor que en 2015 debido al cambio climático. Es urgente estimar estos efectos para hacer un buen diseño de políticas económicas.

Cambiar creencias falsas: ¿Misión Imposible?

Imagen extraída de http://bocabraincenter.com/conditions/learning-disabilities/

Entrada conjunta de Jordi Brandts,  Isabel Busom, Cristina López-Mayán y Judith Panadés.

¿Es cierto que sólo usamos un 10% de la capacidad de nuestro cerebro, o que un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar, o que las vacunas causan autismo? Las creencias falsas han estado siempre presentes en la sociedad. Sin ir más lejos, hoy en día aún hay personas que creen que la tierra es plana a pesar de que ya Copérnico y Galileo (s. XVI y XVII) demostraron, con el método científico, que esta creencia es absolutamente falsa. El principal problema de muchas de estas creencias es que tienen consecuencias claramente contraproducentes para toda la sociedad. Por ejemplo, la creencia de que las vacunas causan autismo ha llevado al repunte de enfermedades como el sarampión.

Los estudios sobre el funcionamiento del cerebro en psicología cognitiva y neurociencias muestran que necesitamos interpretar todo lo que nos rodea para tomar decisiones. Y tendemos a hacerlo de una forma intuitiva y rápida, en lugar de reflexiva, que es más costosa y lenta. Por decirlo de alguna manera, tomamos atajos que hacen que nuestros razonamientos y valoraciones no sean siempre racionales, sino que reflejan sesgos cognitivos . Estos sesgos nos predisponen a aceptar y aferrarnos a creencias e información falsas (“fake news”), sobre todo aquellas que son simples y se propagan a través de canales como familia y colegas, medios de comunicación o redes sociales .

Es natural preguntarse entonces si también existen creencias falsas en el ámbito económico. Pues bien, la respuesta es que sí. Sin duda, como en toda ciencia, hay muchos aspectos de la economía que no comprendemos bien y sobre los que no hay todavía un consenso científico. Pero naturalmente también existen numerosos ámbitos donde sí lo hay, porque disponemos de evidencia empírica muy sólida. Un ejemplo es el caso de la política de vivienda, y en concreto la regulación de los alquileres por medio de un tope máximo. Existe un claro consenso científico sobre las consecuencias negativas de esta política, tanto a corto como a largo plazo (ver por ejemplo aquí, aquí, aquí y aquí). Un precio regulado bajo no implica que los propietarios de las viviendas quieran alquilarlas al precio establecido, pudiéndose reducir la oferta, aparecer listas de espera y propiciar un mercado negro; en definitiva, agravarse el problema del acceso a la vivienda, como ha ocurrido históricamente en Estocolmo, Nueva York, Toronto, San Francisco, El Cairo y otras ciudades .

Sin embargo la creencia de que la regulación del alquiler propiciará que más familias tengan acceso a la vivienda es compartida por un porcentaje elevado de la población. Nos encontramos, por tanto, ante un claro caso de creencia falsa en el ámbito económico. Muchos de nosotros pensaríamos que si la gente tuviera acceso a información fundamentada en la evidencia, una gran mayoría cambiaría de opinión. Pero resulta que no es tan fácil como parece. En un trabajo previo (aquí), identificamos esta y otras creencias. Realizamos una encuesta al principio y al final del semestre a una muestra de estudiantes universitarios de primero que cursaban introducción a la economía en la Universitat Autònoma de Barcelona. Entre otras, les preguntamos su grado de acuerdo con esta afirmación: “Si se implantara un control de alquileres, de forma que el precio por metro cuadrado no superase una cierta cantidad de euros, más personas podrían acceder a la vivienda”. Al principio del curso, un 68% de los alumnos estaba de acuerdo. Al finalizar el semestre, tras haber estado expuestos a métodos docentes estándar y a razonamientos económicos que claramente contradecían esta creencia, pasamos la encuesta otra vez. Y nos encontramos con que un 75% de los alumnos mostraba su acuerdo con la afirmación!
En vez de desmoralizarnos, decidimos investigar. ¿Cómo deberíamos comunicar la información económica científica tanto a estudiantes como a la población en general, para conseguir deshacer las creencias falsas? Lo primero que descubrimos fue que esto también ocurre en los grados de psicología o física. Basándonos en investigaciones de psicología cognitiva y educativa, en un artículo reciente (aquí) diseñamos un texto de refutación sobre la creencia en la efectividad del control de alquileres y evaluamos su capacidad de disiparla. Resultado? Disculpad el spoiler: sí, un texto de refutación funciona.

La característica clave de este tipo de texto es cómo se presentan los argumentos y la evidencia que contradicen la idea falsa. El texto debe exponer de manera clara y transparente la creencia y afirmar que es falsa. Luego, debe destacar las consecuencias negativas de la creencia y refutarla, explicando tanto los argumentos como la evidencia obtenida a través de la investigación científica . De esta manera, el texto consigue una conexión entre la nueva información suministrada y la información preexistente en la mente de los estudiantes. En nuestro texto, además, reconocemos que la preocupación por la desigualdad y el bienestar social pueden motivar la creencia y su persistencia, por lo que explicamos que existen políticas alternativas que son más efectivas para aumentar el acceso a la vivienda especialmente de las familias con menos recursos.

Nuestro objetivo es contrastar la efectividad del texto de refutación dentro del aula, mediante un experimento de campo, y también fuera del aula, mediante un experimento en el laboratorio con participantes que no cursan economía. El texto es el mismo en ambos casos. El experimento de campo lo llevamos a cabo en la Universitat Autònoma de Barcelona, y el de laboratorio en el LINEEX de la Universitat de València. Los detalles de los experimentos los podéis encontrar en nuestro artículo.

En la tabla que sigue podéis ver una primera descripción resumida de la distribución de las respuestas en los dos tipos de experimentos. La columna “control” indica que el grupo de alumnos o participantes recibió una clase estándar sobre oferta, demanda y controles de precios (en el campo) o un texto de no refutación (en el laboratorio). La columna “tratados” indica que el grupo de alumnos o participantes recibió el texto de refutación con discusión en grupo. A su vez, la columna “inicial” muestra, en porcentaje, la distribución de las opiniones antes de recibir el texto, y “cambio” indica la variación de las opiniones, en puntos porcentuales.

Control de Alquileres: Creencia inicial y cambios al cabo de unas semanas

Grado de acuerdo con la afirmación: “Si se implantara un control de alquileres, de forma que el precio por metro cuadrado no superase una cierta cantidad de euros, más personas podrían acceder a la vivienda”

Niveles de significación del test de diferencia de medias: ***1% ; **5%; *10%

En el aula, al principio del semestre, un 77.8% de alumnos cree que un alquiler máximo favorecerá el acceso a la vivienda mientras que unas semanas después de leer y discutir el texto de refutación este porcentaje baja al 60.9%, es decir una reducción de 16.9 puntos porcentuales (pp). Ocurre lo contrario con el porcentaje de alumnos que están en desacuerdo, que aumenta en 17.3 pp. En el laboratorio sucede algo parecido, se reduce el porcentaje que está de acuerdo (22.4 pp), y aumenta el que está en desacuerdo (17.2 pp). Sin embargo, en el laboratorio, el cambio asociado al texto de refutación es parecido al del texto de control. Tras leer este último las creencias de los participantes cambian en la dirección correcta, a diferencia de lo que observamos en el campo donde aumenta en 6.2 pp la prevalencia de la creencia falsa.

En el artículo realizamos un análisis econométrico detallado para estimar el efecto causal de la intervención (la tabla que sigue muestra un resumen de las principales estimaciones). Ello nos permite concluir que, en el campo, el texto de refutación disminuye el grado de acuerdo con la creencia falsa en una magnitud equivalente al 30% de la respuesta inicial media. Esto es resultado de que parte de los que inicialmente están de acuerdo pasan a estar en desacuerdo, y además los que inicialmente estaban en desacuerdo no se contagian de la creencia falsa. En el laboratorio, el texto de refutación también induce un alejamiento de la creencia (15% de la respuesta inicial media), pero no mucho más que el texto de no refutación. Una posible explicación es que en el laboratorio los participantes del grupo de control prestan más atención a la tarea que la que prestan los estudiantes en una clase de economía. Otra explicación es que el texto de control usado en el laboratorio transmite más información que la que los estudiantes asimilan en el aula.

Resumen de los resultados de la estimación

Un coeficiente positivo indica un alejamiento de la creencia. Las regresiones incluyen características individuales como variables de control. Laboratorio: Error estándar robustos. Campo: p-valor obtenido con wild cluster bootstrap. Niveles de significación: ***1% ; **5%; *10%.

Para entender por qué el texto de refutación funciona, en el laboratorio medimos el sesgo de confirmación y la reflexión cognitiva de los participantes utilizando herramientas estándar en la literatura de psicología cognitiva. El sesgo de confirmación no está correlacionado con el cambio de creencia. En cambio, obtenemos que para los participantes más intuitivos el texto funciona mejor que para los más reflexivos. Quizás es porque estos últimos son capaces de encontrar argumentos para justificarse a sí mismos su creencia falsa…

Nuestros resultados nos sugieren varias ideas. Una, respecto a cómo enseñamos economía en las aulas: si no tenemos en cuenta las creencias de los estudiantes, y adoptamos métodos de enseñanza adecuados, la información que les damos “resbalará” a la mayoría cuando dicha información contradiga sus creencias. Suponemos que los estudiantes son racionales y que adoptarán las herramientas de análisis que les enseñamos, pero éstos tienen creencias muy arraigadas que limitan su capacidad de aprendizaje con los métodos docentes habituales.

Y la segunda: tenemos un problema de comunicación de la información científica en economía a un público más amplio, al igual que ocurre en otras disciplinas . Es necesario investigar más la influencia de sesgos cognitivos para poder comunicar mejor. Deberíamos afrontarlo para reducir la demanda de políticas para las que la evidencia empírica ha mostrado claros efectos negativos para la sociedad. El texto de refutación tiene cierto éxito, aunque otras formas de comunicación merecen ser investigadas.

Referencias:

Kahneman, D. (2011), Thinking, fast and slow. New York: Farrar, Straus and Giroux. ISBN 9780374275631.

Lewandowsky, S., U.K. Ecker, C.M. Seifert, N. Schwarz y J. Cook (2012), “Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing”, Psychological Science in the Public Interest, 13(3), 106-131.

Malpezzi, S. (1998), “Welfare analysis of rent control with side payments: a natural experiment in Cairo, Egypt”, Regional Science and Urban Economics 28, 773-795.

Gyourko, J., A. Saiz, y A. Summers (2008), “A new measure of the local regulatory environment for housing markets: The Wharton Residential Land Use Regulatory Index”. Urban Studies 45(3), 693-729.

Mora-Sanguinetti, J.S. (2011), “The Regulation of Residential Tenancy Markets in Post-War Western Europe: An Economic Analysis”, European Journal of Comparative Economics, 8(1), 47-75.

Andersson, R., y B. Söderberg (2012), “Elimination of rent control in the Swedish rental housing market: Why and how?”, Journal of Housing Research, 21(2), 159-181.

Diamond, R. y T. McQuade (2019), “Who wants affordable housing in their backyard? An equilibrium analysis of low-income property development”, Journal of Political Economy, 127(3).

Tippett, D. (2010), “Refutation text in science education: a review of two decades of research”, International Journal of Science and Mathematics Education, 8 (6), 951–970.

National Academies of Sciences (2017), “Communicating Science Effectively. A Research Agenda”.