No, no y no

Decía Simone de Beauvoir que los opresores no serían tan poderosos si no contaran con determinados cómplices entre los oprimidos, siendo esta la expresión de un aforismo tan cierto en su momento como desactualizado en la actualidad,  ya que entre los cómplices de los opresores ya no hay tan solo determinados sujetos, sino toda la pluralidad y la masa social que conforma la suma de individuos en su conjunto. Quizás hayamos acabado cualquiera de nosotros ofreciendo esta complicidad de manera inconsciente tan solo en algún momento puntual o, quién sabe, incluso una de manera permanente en nuestras vidas, que no quiero parecer el fustigador de nadie que no lo merezca, pero ello solo habrá sido fundamentalmente por error, tras haber creído que toda “colaboración” redundaría en beneficio propio, pero no. Esta observación la realizo y justifico en primer lugar porque toda complicidad es mucho más efectiva si proviene de múltiples sujetos, que en lugar de tan solo unos pocos, ¿no creéis? Y en segundo lugar, a un nivel más concreto ya, porque la sociedad capitalista de consumo ha conseguido ubicar en el mismísimo corazón del mecanismo que perpetúa la acumulación desigual de la riqueza la voluntad de todos y cada uno nosotros, y eso tras habernos hecho creer que reportando encuestas de satisfacción o cualquier tipo de información mediante técnicas similares, contribuiríamos a mejorar la sociedad en general, pero no. Si os fijáis u escarbáis un poco en esta idea encontraréis aquel otro famoso aforismo de Adam Smith, amplificado para beneficio de los opresores hasta la saciedad, que venía a decir algo así como: “la búsqueda del beneficio personal es la mejor vía para incrementar el beneficio social”. Y, otra vez, no. A continuación pongo un ejemplo que muchos encontraréis familiar, porque dudo mucho que nadie de los que ahora […]

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¿Educación profesional o académica? La LOGSE y las diferencias de género en el mercado del trabajo

Por Cristina Bellés y Emma Duchini

La participación laboral de las mujeres españolas ha aumentado extraordinariamente en las últimas décadas, hasta alcanzar el 80% actual. Sin embargo, el panorama es muy diferente si miramos la participación de las mujeres según su nivel educativo. Mientras que la tasa de participación en el mercado laboral es del 87% para las mujeres (entre 25 y 64 años) con educación universitaria, esta es solo de un 62% para las que tienen educación secundaria básica.  En cambio, la diferencia en la tasa de participación laboral de los hombres según su nivel educativo no supera los 10 puntos porcentuales (82 y 92%). Esta diferencia de género no es exclusiva de España, sino que, tal como muestra figura 1, se observa en muchos otros países desarrollados.

Figura 1. Este gráfico muestra la diferencia en la tasa de participación en el mercado del trabajo entre mujeres con una educación universitaria y las que tienen educación secundaria básica, en diferentes países de la Unión Europea y en los EEUU.

Los economistas han propuesto diferentes medidas para aumentar la participación laboral de las mujeres menos formadas, como por ejemplo subsidios laborales o servicios públicos de guardería.  En nuestro trabajo queremos contribuir a esta literatura examinando cómo la adquisición de educación exclusivamente general, en detrimento de una formación profesional, afecta a la participación laboral de este grupo de mujeres. Para ello, analizamos las consecuencias de uno de los cambios que introdujo la LOGSE durante los años noventa en España.

Como muchos de nuestros lectores recordarán, la primera consecuencia de la LOGSE fue el aumento de la edad de escolarización obligatoria de los 14 a los 16 años. El segundo cambio importante que esta ley introdujo fue retrasar desde los 14 a los 16 años la elección entre la educación académica general y la formación profesional. Mientras que el primer cambio se aplicó a partir del año académico 1991/92 en toda España, esta otra medida se implementó de forma gradual en las diferentes 52 provincias durante 9 años (del curso 1992/93 al 2000/01). En este trabajo analizamos los efectos de esta segunda medida.

La discusión sobre si se debería separar, y a qué edad, a los estudiantes en una vía educativa académica y otra vía de formación profesional se ha discutido arduamente por investigadores y políticos desde los años 50.  En contra de una separación temprana aparecen dos argumentos. En primer lugar, este tipo de separación acrecentaría las desigualdades entre estudiantes debido a que aquellos más desfavorecidos tienen más probabilidad de entrar en los programas de tipo profesional. Además, una educación más amplia y inclusiva podría ayudar a mitigar los efectos adversos de la globalización y la automatización del trabajo, reforzando la capacidad de los trabajadores para resolver tareas más complejas, y adquirir más habilidades.

Sin embargo, un sistema excesivamente inclusivo podría desanimar a los estudiantes más desmotivados, incrementando la posibilidad de que estos abandonen el sistema educativo prematuramente. Desde esta perspectiva, la formación profesional podría facilitar la transición entre la escuela y el mercado laboral y, por eso, ser especialmente útil para aquellos estudiantes que no quieren adquirir educación más allá de la obligatoria. Nuestra hipótesis es que, dentro de este grupo, la formación profesional es aún más importante para las mujeres que para los hombres. No solo las mujeres están menos vinculadas al mercado del trabajo que los hombres, sino que también suelen estar empleadas en profesiones semi-cualificadas (como peluquera, cocinera, o administrativa) donde una formación profesional podría ser una ventaja. A la luz de estas diferencias, una transición fluida entre la escuela y el mercado podría ser especialmente importante para ellas.

Con el objetivo de estudiar esta hipótesis, analizamos el impacto de retrasar la elección entre la educación académica general y la formación profesional. Para ello, explotamos la aplicación escalonada de la LOGSE entre las 52 provincias y las cohortes nacidas entre 1978 y 1986. En concreto, comparamos las decisiones educativas y laborales de personas que, dependiendo de su provincia y año de nacimiento, han tenido más o menos probabilidad de haber sido afectados por este cambio. Usamos datos de la Encuesta de Población Activa desde 2000 a 2016, y analizamos las cohortes afectadas cuando tienen entre 22 y 30 años.

Encontramos tres resultados. En primer lugar, el retraso en la elección entre la educación académica general y la formación profesional no parece tener un efecto sobre las decisiones educativas de las mujeres. Es decir, no observamos ni que la reforma las desanimara, ni que las incentivara a estudiar más. En cambio, como ya mostró este artículo (y post), nosotras también observamos que la reforma aumentó ligeramente la tasa de abandono escolar de los hombres, aunque el boom de la construcción parece jugar un papel importante para explicar este resultado.

En segundo lugar, centrándonos en el mercado laboral, mientras que no encontramos ningún efecto de la reforma sobre los hombres, sí que observamos un impacto negativo sobre las mujeres. En concreto, parece que, por efecto de la reforma, las mujeres afectadas tengan un 14% menos de probabilidad de estar empleadas, y un 7% menos de participar en el mercado laboral entre los 22 y 30 años.

Por último, como se observa en la figura 2, nuestros resultados sugieren que esta reforma sea más perjudicial para aquellas mujeres con menor nivel de estudios (aquellas que solo terminaron la ESO). Para este grupo, observamos una disminución de la probabilidad de trabajar del 35%.

Figura 2. Esta figura muestra el impacto heterogéneo de la reforma sobre la probabilidad de que las mujeres afectadas estén empleadas, según el nivel educativo.

Para entender este último efecto, analizamos en detalle las decisiones laborales de las mujeres que solo terminaron la ESO, desde que acabaron sus estudios hasta los 30 años. Como muestra la figura 3, la reforma no parece afectar la probabilidad de que estén empleadas al inicio de su carrera profesional (entre los 17 y 23 años). En cambio, sí que observamos un cambio ocupacional durante estos años. En particular, estas mujeres tienen más probabilidad de estar ocupadas en profesiones pocos cualificadas (como limpiadora o dependienta), y menos probabilidad de estar empleadas en profesiones semi-cualificadas (como peluquera, cocinera o administrativa). Este efecto no solo es importante a corto plazo, sino que puede tener consecuencias persistentes, ya que las profesiones menos cualificadas suelen ser más precarias. De hecho, este cambio ocupacional se traduce en una mayor probabilidad de que estas mujeres estén desempleadas o salgan del mercado laboral cuando son más mayores (entre los 24 y 30 años).

Figura 3. Esta figura muestra el efecto heterogéneo de la reforma sobre mujeres con titulo de eso, según su edad . Fuente: Encuesta de Población Activa.

En cambio, no es sorprendente que no encontremos ningún impacto sobre los hombres. Por un lado, el 90% de los hombres con un nivel educativo básico participan en el mercado laboral, es decir, salir del mercado no es una opción viable para ellos. Por otro lado, estos hombres suelen tener más trabajos manuales, para los que no necesitan formación profesional.

Resumiendo, encontramos que retrasar la elección entre la educación académica general y la formación profesional parece tener un efecto negativo y duradero sobre el empleo de las mujeres, en particular para aquellas que entran en el mercado laboral solo con la ESO. Estos resultados sugieren que asegurar una transición fluida entre la escuela y el trabajo podría ser importante para facilitar la participación en el mercado laboral a aquellas mujeres con menor formación.

¿Por qué le llaman convivencia si quieren decir aniquilación?

El pasado 28 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Decreto-ley 13/2018 con el objetivo, según palabras del Secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, de propiciar una “convivencia pacífica pero competitiva entre las VTC (Vehículos de Transporte con Conductor) y los taxis”. Esta nueva regulación surge como resultado del compromiso del gobierno con los colectivos de taxistas que ocuparon las calles de muchas ciudades y especialmente Barcelona durante el verano.

Esta nueva regulación implementa todas las solicitudes del sector del taxi y constituye en la práctica la aniquilación casi total de los VTCs. Los tres pilares principales de esta regulación son los siguientes: (1) transferencia de las competencias sobre licencias VTC a las Comunidades Autónomas, (2) restricción del ámbito de funcionamiento de laVTC fuera de dichas comunidades y (3) amortización de las licencias existentes en un periodo de 4 años.

La primera de las medidas, argumentada sobre la necesidad de una presunta racionalización de la regulación, pone al sector en manos de una administración que será más receptiva a la presión del colectivo taxista que lo tendrá siempre más fácil para presentar sus demandas, dado que solo necesitará organizarse a nivel local. La regulación local podrá afectar a “condiciones de precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorio y especificaciones técnicas del vehículo”.

La segunda medida ha sido poco discutida, aún siendo muy importante. Mientras que en el régimen actual los propietarios de licencias VTCs podían realizar hasta un 20% de su actividades fuera de su comunidad autónoma de origen (ver Real Decreto 1057/2015), en el nuevo régimen esto ya no será posible y deberán prestar sus servicios siempre con origen en esa comunidad. Sólo se establecen dos excepciones: recogida de pasajeros en puertos y aeropuertos siempre que el destino sea la comunidad correspondiente a la licencia o si es necesario “atender un aumento coyuntural de la demanda de esta clase de servicios”. En este último caso, será necesario que los municipios afectados proporcionen un informe motivando dicha necesidad.

Finalmente, el decreto-ley en su disposición transitoria única establece un régimen para la extinción de las licencias actuales de VTC en un periodo de 4 años. Dichas licencias permitirán la prestación de servicios bajo el régimen anterior durante este periodo, pero no en el nuevo régimen. El periodo se establece con el objetivo de que las empresas puedan recuperar los costes derivados de la emisión de la licencia (36 euros) y costes de inversión asociados al servicio. En caso de que este periodo no fuera suficiente las empresas solo podrán ser indemnizadas mediante la extensión del plazo hasta la extinción de la misma.

No es muy difícil anticipar el resultado de esta regulación. Las Comunidades Autónomas tendrán vía libre para imponer límites acorde con el máximo que establece el artículo 48.2 de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre de 1990 y que fija un mínimo de una licencia VTC por cada 30 taxis. La presión del sector del taxi y la aparición de nuevos medios de transporte urbanos hace muy difícil anticipar que alguna Comunidad se niegue a escoger este mínimo para fijar el número de licencias.

No hace falta reiterar que esta regulación constituye el escenario más favorable para el sector del taxi y, sin duda, el más desfavorable para el consumidor. El gobierno ha hecho lo que un taxista reclamaba en televisión durante el verano cuando decía que la administración “debe velar por la rentabilidad de la licencia”. Y ésta es una de las muchas contradicciones del nuevo régimen que se argumenta como una manera de poner a todos los agentes en igualdad de condiciones. La disposición transitoria dice explícitamente que excluye como coste de las licencias VTC la “adquisición de autorizaciones a título oneroso”, es decir, el precio de compra en el mercado secundario que en los último tiempos rondaba los 50 mil euros. Se trata, como comentaba en una entrada anterior, de proteger la inversión de los taxista pero no la de los propietarios de licencia VTC. No deja de ser irónico.

En la misma dirección, aunque el preámbulo del real decreto-ley hable de ambos modos de transporte no hay ninguna disposición que aplique al sector del taxi. No se incide, por ejemplo, en la fiscalidad extremadamente favorable que se les aplica, en comparación con las VTC, y que les permite, por ejemplo, tributar por módulos, reduciendo significativamente el IVA (en algunos casos hasta pagar €80 al mes sobre ingresos por encima de los €6000).

Tal y como discutía aquí, la competencia de los nuevos operadores que la nueva regulación elimina ha contribuido a ofrecer importantes mejoras en el servicio a la vez que se reducía el precio que los consumidores pagaban. Esta es otra de las grandes pérdidas que el nuevo régimen conllevará. Lejos de resolver “los problemas de movilidad, congestión de tráfico y medioambientales” que son supuestamente el objetivo del decreto ley la falta de competencia eliminará los incentivos a ofrecer servicios innovadores, como el transporte compartido.

El poder del sector del taxi se basa en su capacidad para paralizar las ciudades y es por ello que nunca ha tenido la necesidad de modernizar su oferta y adaptarse a las nuevas realidades del mercado. Como he contado muchas veces, los motivos por los que la regulación restrictiva del sector del taxi podría haber sido razonable en el pasado, ya no tienen razón de ser hoy en día. Por ello, si nos interesa el bienestar de los ciudadanos, no hay motivo para no aplicar a los taxistas el mismo régimen de extinción de licencias que el decreto-ley impone a los VTCs. El mismo atrincheramiento que hace que estemos seguros que eso no sucederá, también permite mantener al sector del taxi en un inmobilisimo absoluto. Como resultado son y serán especialmente vulnerables a las nuevas alternativas de transporte. La proliferación de vehículos de alquiler por minutos en ciudades como Madrid, donde ya hay más de 2000 motos y pronto habrá otros tantos coches se nutre en parte de viajeros que ven el taxi como una alternativa cara (ver aquí), más contaminante y de peor calidad. El coche autónomo que circulará por nuestras calles durante la próxima década será la siguiente amenaza para este sector.

En este sentido el decreto ley constituye un mal precedente. De la misma manera que su presión ha podido eliminar a las VTCs como competencia a su servicio (dejando en la calle a miles de familias, por cierto), ¿qué impide que el taxi intente en el futuro utilizar su fuerza para seguir paralizando la innovación en la movilidad urbana?

La desigualdad según Piketty

En su libro “El capital del siglo XXI”, Thomas Piketty hace un análisis, entre otras cosas, de la desigualdad económica en nuestra sociedad actual. En este artículo pretendo mostrar algunas de las magnitudes que él utiliza para su análisis. Para analizar la desigualdad Piketty divide las sociedades en tres capas: “la clase popular”, definida como el 50% más bajo, “la clase media”, el 40 % del medio, y la “clase alta”, el 10 % más alto. Además hace una distinción a la hora de medir la desigualdad, separando la desigualdad respecto al trabajo y la desigualdad respecto al capital. La primera se refiere a los ingresos por rendimientos de trabajo sin tener en cuenta los impuestos, y la segunda a la posesión de capital, que puede tomar la forma, aproximadamente, en un 50% de bienes inmobiliarios, y el resto en activos financieros, como carteras de acciones y obligaciones, depósitos bancarios y otros. La primera conclusión a la que llega Piketty es que es mayor la desigualdad en cuanto a la posesión de capital que en cuanto al trabajo. Aún así esta última no es nada despreciable. Según sus datos, en Estados Unidos, en 2010, donde existe una desigualdad elevada, el 10% de los más ricos, la clase alta, tiene un 35% de los ingresos,  el 40% del medio, la clase media, un 40 %, y el 50 % de los más pobres, la clase popular, un 25%. En números concretos esto significaría que para un salario promedio de 10.000 euros al mes, 7.000 euros sería para el 10% de arriba, 2.000 euros para el 40 % del medio y sólo 1.000 euros para el 50% de abajo. La desigualdad de capital es aún más marcada. Al principio de la década de 2010, la participación del 10% de los patrimonios más […]

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Salario mínimo: más datos para el debate

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Florentino Felgueroso y Marcel Jansen

El aumento del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros al mes ha sido uno de las medidas más comentadas del acuerdo entre el PSOE y Podemos para los presupuestos del 2019. Supone un incremento del 22.3% del SMI, la mayor subida desde el año 1977. De hecho, tal como se muestra en el Gráfico 1, tras este aumento el salario mínimo alcanzaría su máximo histórico en términos reales, alcanzado precisamente en ese año.

El anuncio de la subida viene tras varias subidas anteriores y altera la senda de subidas del SMI acordada hace menos de un año. En concreto, a finales del año 2016 el Congreso de los Diputados aprobó una PDL exigiendo que el SMI alcanzase los 950 euros en el año 2020. De esta forma, se inició el proceso de crecimiento en el 2017, con una subida del SMI del 8%. A finales del mismo año, el anterior gobierno llegó a un acuerdo con los interlocutores sociales que llevaba el SMI a 850 euros en 2020 con subidas previstas del 5% en 2019 y otros 10% en 2020. El acuerdo anunciado la semana pasada rebasa ambos acuerdos y, si se materializa, el SMI llegará a 1000 euros en 2020, coincidiendo con las mínimas de convenio previstas para este mismo año.

Antes de esta nueva subida, ya se han escrito varias entradas en NeG sobre la conveniencia de reformar el SMI y sobre los posibles efectos que puede entrañar la senda previa de subidas del SMI tan sustancial del SMI (aquí, aquí, aquí, aquí y aquí)

No vamos a volver sobre estas entradas, suficientemente comentadas y recordadas estos días en las redes y en los medios. Una conclusión clara en todas ellas es que los posibles efectos del salario mínimo dependerán de su incidencia para determinados colectivos de trabajadores y empresas, los más vulnerables. Sin embargo, el debate actual no se está fundamentando en datos sobre dicha incidencia, tanto la actual como la que tendría el SMI si se produzcan los aumentos acordados recientemente.

El objetivo de esta entrada es actualizar algunos indicadores de incidencia del SMI, y en concreto, analizar como quedaría la cobertura del salario mínimo con estas nuevas previsiones y su relación con el salario mediano en España, tanto al nivel agregado como para determinados colectivos de trabajadores y empresas. Para ello, usamos las distintas olas de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL, 2005-2017).

La cobertura del SMI y su relación con el salario mediano

En el Gráfico 2, mostramos la evolución de la cobertura del salario mínimo (o porcentaje de asalariados perceptores del SMI) y su relación con el salario mediano (similar al índice de Kaitz, pero sobre la mediana salarial en lugar de la media) (1).  Es importante señalar que la comparación se realiza sobre el salario medio equivalente a tiempo completo, es decir, el que correspondería al trabajador si trabajase todo el mes a tiempo completo. (2)

Estos primeros ejercicios suponen que no habrá efectos sobre el empleo, si no simplemente un elevación del salario hasta el mínimo, en caso de que fuese inicialmente inferior.

Como se puede observar, y tal como predecimos en una entrada anterior (aquí), el primer aumento notable de la actual senda de subidas del SMI en el año 2017 (8%) no tuvo efectos sustanciales sobre la cobertura del SMI. Al contrario, pasar a 900 euros en el 2019 más que doblaría las tasas de cobertura. En el año 2018, esta tasa variaría entre 3.2% y 3.8%, según el mes al que nos refiramos.  De la misma manera, en el año 2019, pasaría a estar entre 7.6 y 8.9%. Además, si el SMI aumentara hasta los 1000 euros en 2020, la tasa de cobertura podría más que triplicarse y llegar a situarse entre 11.9% y 13%, dependiendo también del mes, y siempre bajo el supuesto de un incremento salarial del 2% por año, y sobre todo que se mantenga la misma distribución de días y horas de trabajo que en 2017 (último año para el que se dispone de datos de la MCVL).

Por otra part, el mismo gráfico muestra que el índice de Kaitz, medido sobre la mediana, habría aumentado unos 5 pp entre 2016 y 2018, llegando a un nivel cercano al 50. Con el aumento a los 900 euros llegaría al 60% y con los 1000 euros alcanzaría el 65% de la mediana.

Estas subidas contrastan con el modesto impacto de las subidas del SMI durante los años 2004-2009 (35.5%). Durante estos años, tanto la tasa de cobertura como el índice Kaitz bajaron  ligeramente debido al fuerte crecimiento a lo largo de toda la distribución de salarios.

En cualquier caso, el valor de estas cifras agregadas es relativo porque el salario mínimo no tiene igual cobertura e incidencia en todos los territorios, y para todos los trabajadores y empresas. Como explicamos al principio, para entender el posible impacto de las subidas tenemos que estudiar la cobertura y incidencia para los colectivos más afectados.

Incidencia desagregada

En el Cuadro 1, se muestran estos indicadores para cada CCAA (con el índice de Kaitz en la mediana salarial de la CCAA) para los meses de octubre (uno de los meses con menor incidencia). Como se puede observar, el SMI a 900 o 1000 euros tendrá una incidencia especial en Canarias, en Extremadura y en Murcia, donde la cobertura se acercará al 20% en el 2020 (si se fijara los 1000 euros como salario mínimo), y ya por encima del 10% en el 2019. Para estas regiones el SMI también superaría el 70% de la mediana en el año 2020. Por el contrario, en el País Vasco, Navarra y Baleares, las coberturas no llegarían al 5% en el 2019 y estaría entre el 4 y el 7% en el 2020, y en la dos primeras, el índice de Kaitz estaría en el entorno del 50%.

Igualmente como se muestra en el Cuadro 2, la incidencia será especialmente alta entre los jóvenes de 18-24 doblándose la tasa de cobertura e índices de Kaitz superiores al 75%. Otros de los grupos destacados son  los parados de larga duración. Con los salarios actualizados la cobertura del SMI supondría para ellos un 17% en el 2019 y un 24% en el 2020. Por último, también tendrá más incidencia entre los empleos a tiempo parcial que triplicarían su cobertura en el 2019, y la quintuplicarían en 2020, además de llegar al 78 y al 85% de la mediana, respectivamente.

Como era de esperar, la subida del SMI también tendrá mayor incidencia entre las ocupaciones menos cualificadas (grupo de cotización 10, o personal no cualificado), entre las empresas de nueva creación, que son las que contratan más personas con salario mínimo, y en las pymes y micropymes. Finalmente, los sectores en los que tendrá una mayor incidencia son sobre todo las  actividades de servicios, en especial los servicios personales, las actividades de ocio y recreativas, y las actividas administrativas y de servicios auxiliares.

Tasas de destrucción y cobertura del salario mínimo

Lo que hacemos a continuación es analizar la relación entre las tasas de baja o destrucción de emparejamientos entre empresas y trabajadores y la cobertura del salario mínimo. En particular,  siguiendo un  procedimiento basado en Galán y Puente y también usado en simulaciones del Banco de España, dibujamos el porcentaje de trabajadores con contrato vigente en un mes M del año T que permanecen empleados en la misma empresa en el mismo mes M del año T+1, distinguiendo entre aquellos cuyo salario en T es menor que el salario mínimo en T+1, y los que no.

Como se puede ver para este segundo grupo, es decir, para los que tiene salarios superiores al SMI las tasas de salida habrían experimentado un estancamiento a lo largo de la última década. Por el contrario, durante el último lustro las tasas de destrucción han aumentado para aquellos con un salario inferior al salario mínimo del año siguiente. De hecho, entre 2013 y 2017, habrían crecido más de 10 pp.

Sin un mayor desarrollo formal no podemos identificar los efectos del aumento del salario mínimo sobre la tasa de destrucción. En términos agregados y meramente descriptivos, sólo podemos observar que este aumento no parece corresponder en el tiempo con el aumento del salario mínimo del 8% que se produce en el último año, sino que esta tendencia se inicia con la nueva fase de expansión. En este sentido, los valores se sitúan además por encima de fase expansiva previa.

Pero lo que si nos está indicando es que es precisamente entre los colectivos perceptores del SMI que parece haberse concentrado el empeoramiento de la precariedad laboral registrada en los últimos años y documentada en una serie previa de entrada (aquí, aquí y aquí).

Cabe recordar que es precisamente esta precariedad laboral la responsable del aumento de la pobreza laboral que hemos definido aquí como personas activas o que desean trabajar que residen en hogares de renta baja y que no consiguen una retribución laboral anual equivalente al SMI. Esto es, al margen de que puedan aumentar el salario mínimo por hora de esta personas, está aún por ver qué efectos pueden tener los aumentos del SMI sobre el tiempo trabajado a lo largo de un año.

Conclusiones:

Estamos ante la mayor subida anual del SMI en 40 años y para los grupos más vulnerables supondrá un aumento de su incidencia, tanto en tasas de cobertura como en su relación con el salario mediano,  como nunca se había registrado hasta el momento.

Por ello,  motivar aumentos tan elevados y tan bruscos en que no existe evidencia suficientemente consistente de impactos negativos  de las  subidas recientes del SMI, es, por lo menos, un tanto arriesgada, por no decir imprudente. Esos períodos se caracterizaban por ejemplo, por aumentos salariales generales y por perdidas previas, más o menos prolongadas, del poder adquisitivo del salario mínimo.

Y ni siquiera hemos hablado de la reducida capacidad del salario mínimo para reducir la desigualdad o la pobreza laboral, temas en los que nos hemos detenido ampliamente en entradas anteriores. En cualquier caso, repetimos aquí algunas de las conclusiones a la que llegamos en las entradas anteriores, y que ahora más que nunca, se asevera como necesarias:

• España necesita un debate global sobre la mejor manera de atajar sus problemas de paro, precariedad y pobreza laboral. Para encauzar el debate sería muy útil la instauración de una comisión independiente, como el Low Pay Commission en el Reino Unido, que analiza los datos y propone la senda adecuada del salario mínimo junto con otras medidas que permitirían alcanzar los objetivos políticos sin causar el menor daño posible a los grupos más vulnerables a los que se pretende beneficiar. Una opción a considerar sería la introducción de un SMI diferenciado por edades como argumentamos aquí.
• El hecho de que los investigadores en economía laboral no lleguemos a un consenso sobre los efectos del salario mínimo en el mercado de trabajo, y en particular, sobre el empleo, es una prueba evidente de que no es un tema dominado por una determinada ideología liberal, ni otra cualquiera. Los resultados dependen esencialmente, y no sólo, del tamaño relativo de la subida,   del momento del ciclo, lugar, y colectivos sobre los que se pretende medir el impacto.

Por último, con independencia de la creación de esta comisión, necesitamos de más y mejores datos, especialmente sobre salarios, que se pongan a disposición de los investigadores para que puedan contribuir al debate aportando evidencia rigurosa sobre los impactos de este tipo de políticas y su interacción con los diversos sistemas de determinación salarial existentes en nuestro países  (aquí y aquí). Por ejemplo la Seguridad Social dispone de microdatos muy ricos sobre salarios en su base de datos del sistema RED desde el año 2015. Los microdatos disponibles deberían incluir, además, el tipo de convenio en la afiliación a la Seguridad Social

Notas:

(1) El índice de Kaitz o ratio de salario respecto del salario mediana tiene la ventaja de que aumentos del salario mínimo no afecten al denominador, siempre que no exista efectos deslizamiento sobre el resto de la estructura salarial. Precisamente, una propuesta bastante extendida en el ámbito europeo para una Norma para un Salario Mínimo Europeo es que todos los salarios mínimos nacionales tengan que ser al menos equivalente al 60% del salario mediano nacional (aquí, aquí, aquí).

(2) Para las personas que no hayan trabajado todo el mes, y lo hayan hecho a tiempo parcial, se calcula este salario utilizando la proporción de días trabajados y el coeficiente de jornada.

 

 

 

 

 

TV3 y el comportamiento político de los catalanes

1. de Iván M. Durán

El independentismo ha ocupado casi la totalidad del debate político en Cataluña de los últimos años y, durante este proceso, el canal público TV3 ha sido acusado repetidamente de mantener un sesgo partidista. Esta crítica no es nueva, ya desde su fundación a principios de los años 80, y al igual que la gran mayoría de los canales públicos nacionales y autonómicos, TV3 ha sido acusada de estar sesgada a favor de los intereses del partido en el gobierno.

Analizar los sesgos partidistas de un medio de comunicación es una tarea complicada y en la que los propios sesgos subjetivos pueden influir en ella.  Tendemos a sobredimensionar la información que va en contra de nuestras opiniones y a no darnos cuenta de nuestros propios sesgos cuando la información que se da coincide con nuestras propias opiniones. Sin embargo, algo que sí podemos hacer de forma más objetiva, siempre y cuando los datos estén disponibles, es evaluar no ya el sesgo sino los efectos sobre una variable objetiva observada que tiene el acceso, o no, a ese medio de comunicación.  En un mundo en donde el acceso a los medios es casi universal, este ejercicio es difícil. No obstante, si adoptamos una perspectiva histórica, se pueden encontrar oportunidades de estudiar lo que pasó en momentos concretos, cuando el acceso a ciertos medios no estaba garantizado a toda la población. En un artículo publicado recientemente en la revista de la Asociación Española de Economía (SERIEs), analizo el papel que desempeñó TV3 en los resultados de las elecciones autonómicas catalanas en la década de los 80.

La forma más objetiva de identificar el efecto causal de cualquier medio de comunicación (televisión, radio, prensa, etc.) sobre el comportamiento político de las personas implicaría disponer de dos grupos de población: uno que tuviera acceso al medio de comunicación (grupo de tratamiento), y otro grupo de características similares que no tuviera acceso (grupo de control), por razones exógenas. Sin embargo, actualmente toda la población catalana tiene potencialmente acceso a TV3, por lo que para estudiar esta cuestión hoy en día, carecemos de un grupo de control. Ciertamente puede haber personas que vean más TV3 que otras, o personas que nunca vean TV3, pero es bien sabido que tendemos a consumir los medios de comunicación que confirman nuestros valores y prejuicios, por lo que observar que quien ve el canal vota más a partidos independentistas que el que no, nos dice poco, más bien nada, sobre el sentido de la causalidad. Es posible que las personas que ven más TV3 lo hagan porque adquirieron una actitud nacionalista por cualquier otra razón (socialización en el hogar, el colegio, o cualquier otro motivo). Esto se conoce en la literatura académica como el sesgo de autoselección.

Entonces, ¿cómo identificar el efecto causal de TV3 sobre el comportamiento político de los catalanes? Una forma de lograrlo es explotar la expansión geográfica de TV3 en sus orígenes. TV3 hizo su primera transmisión el 10 de septiembre de 1983, y la señal de esta primera emisión alcanzó únicamente a Barcelona y a algunas comarcas cercanas. El gobierno catalán intentó que TV3 cubriera todo el territorio catalán antes de las elecciones al parlamento de abril de 1984, pero sólo se logró cubrir una parte de la región catalana. Esta situación provocó que, antes de las elecciones de 1984, solamente algunas áreas de Cataluña tuvieran acceso a TV3, generándose un “experimento natural” en el cual el grupo de tratamiento incluye aquellos municipios que tenían señal de TV3 en abril de 1984 y el grupo de control el resto de municipios. Para poderlo interpretar como un experimento "limpio" es crucial que ninguna de las razones "técnicas" para que el canal llegara a unas zonas y otras no esté realmente correlacionada con razones que pudieran influir en el sentido del voto. Esta estrategia empírica es similar a la utilizada anteriormente por diversos autores para estudiar el impacto electoral de la  introducción de la televisión en EEUU (Gentzkow 2006), el acceso a FOX News (DellaVigna & Kaplan 2007) o el impacto de las televisiones independientes en Rusia (Enikolopov et al. 2011).

El siguiente mapa muestra la cobertura de TV3 a nivel de municipios en abril de 1984, fecha en que tuvieron lugar las segundas elecciones autonómicas catalanas.

Mapa: Disponibilidad de TV3 a nivel municipal en Cataluña en abril de 1984

Fuente: Elaborado por el autor con base en Montero, E. (1987). Televisió de Catalunya y notas de prensa de La Vanguardia entre 1980 y 1984.

En mi análisis, me fijo únicamente en la proporción de votos al por entonces predominante partido político nacionalista, Convergència i Uniò (CiU). Como se puede observar en las siguiente gráficas, ambos grupos de municipios eran inicialmente muy parecidos en términos electorales pero, durante la expansión de TV3, la participación electoral creció significativamente más en aquellos municipios con acceso a TV3 (gráfica 1). Lo que no cambia sin embargo es el sentido del voto. CiU recibe el mismo porcentaje de votos independientemente de que el municipio tenga o no acceso a TV3 (gráfica 2).

Gráfica 2: Participación de CiU en las elecciones al parlamento catalán

La información proporcionada por estas gráficas es confirmada por la estimación de un modelo econométrico de diferencias en diferencias donde se incluyen controles adicionales. La intuición de este modelo se explica en la siguiente tabla. Se calcula la diferencia en la variable de comportamiento político bajo análisis (ya sea participación electoral o porcentaje de votos obtenidos por CiU) en los municipios expuestos a TV3 (A) y en los municipios no expuestos a TV3 (B). Posteriormente, se calcula también la diferencia entre las dos diferencias mencionadas anteriormente (A-B). Como controles adicionales se incluye el número de habitantes del municipio, proporción de hombres, proporción de no catalanes, proporción de personas que hablan catalán, nivel de escolaridad, cantidad de bancos y la distancia del municipio a Barcelona, así como efectos fijos a nivel de comarca para capturar posibles shocks locales sobre el comportamiento electoral.

La estimación de este modelo muestra que la introducción de TV3 incrementó la participación electoral entre 6,8 y 8,4 puntos porcentuales. Por otra parte, no se observa un efecto estadísticamente significativo sobre los votos recibidos por CiU, aunque es importante destacar que la estimación no es suficientemente precisa para poder descartar efectos relativamente altos.

Este estudio contribuye a la literatura sobre los efectos electorales de los medios de comunicación, pero deja diversas preguntas abiertas. En primer lugar, la ausencia de un impacto sobre el voto nacionalista catalán no implica necesariamente que TV3 carezca de un sesgo ideológico. La ausencia de efecto podría reflejar que los televidentes son capaces de filtrar este sesgo. En segundo lugar, el estudio captura el efecto deTV3 a principios de los 80. En tiempos más recientes, el proceso independentista catalán se ha intensificado y tanto los contenidos como el efecto de la TV3 podrían haber cambiado. Son necesarios estudios adicionales que nos ayuden a comprender mejor el papel que están jugando actualmente los medios de comunicación en la agitada política catalana, pero quizá sea difícil encontrar instrumentos metodológicos tan limpios, como el de la introducción, relativamente aleatoria, de un nuevo canal de televisión.

“En España, un profesor está solo” y otras nueve observaciones del jefe de PISA

Destacamos diez de las frases más relevantes que la visita a España del director de educación de la OCDE nos ha permitido recopilar con motivo de sus diferentes entrevistas a medios de comunicación y la más que probable próxima modificación de la ley educativa en España. Algunas de ellas parecen, cuando menos, sorprendentes. 1- “En España no hay diferencia de calidad entre la enseñanza pública, concertada y privada”. 2- “En España, la enseñanza privada se ha convertido en una forma de segregar a los alumnos por su contexto social”. 3- “En España, los salarios están bien, pero los docentes no reciben suficiente apoyo”. 4- “En España, cuantos menos políticos se impliquen en temas educativos y más lo hagan alumnos, padres y profesores, mejor”. 5- “En España no se enseña lo suficiente a pensar de manera creativa o a desarrollar capacidades orientadas a la resolución de problemas”. 6- “En España los profesores no tienen tiempo de estar con sus compañeros”. 7- “En España los profesores no tienen tiempo de formarse, hablar con los padres o atender individualmente”. 8- “En España los profesores enseñan planes de estudio, pero no son dueños de su práctica”. 9- “En España los profesores parece que trabajan en una cadena de producción”. 10- “En España, un profesor está solo”.

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