Sobre huevos, leche materna y otras recomendaciones

Las conversaciones navideñas seguro que dieron pie a comentar los beneficios (o perjuicios) de los alimentos y bebidas que estuvimos disfrutando esos días, lo que llevaría también a discusiones bizantinas sobre esos mismos efectos y al típico comentario sobre la escasa fiabilidad de los estudios al respecto. El ejemplo de los huevos es quizás de los más conocidos. Vilipendiado durante mucho tiempo como el causante de todos los males habidos y por haber, parece que no es tan perjudicial como lo pintaban (aquí). Debates similares se dan con el vino, el café o la comida orgánica, entre muchos otros productos.

Aunque normalmente escribo sobre historia económica (aquí algunos ejemplos), la entrada de hoy la voy a dedicar a estos asuntos y, en concreto, a comentar el trabajo de Emily Oster. Esta economista, muy famosa y bastante controvertida, se ha especializado en contrastar con datos muchos de los mitos que guían nuestra conducta (aquí se pueden encontrar sus artículos en prensa). Sus últimos libros, en particular, estudian las recomendaciones que se hacen durante el embarazo y los primeros años de vida con el objetivo de dar a madres y padres mejor información sobre la que basar sus decisiones (aquí o aquí). Sus conclusiones pueden ser bastante polémicas como el poner en duda la utilidad de tomar suplementos vitamínicos (aquí) o el indicar que la leche materna apenas tiene beneficios significativos en los países desarrollados (aquí; este tema por cierto merece una entrada por sí misma dada la presión social que las madres suelen sentir respecto a este asunto), al menos acorde a la mejor evidencia disponible.

Este tipo de estudios sobre el efecto de determinados productos, dietas o comportamientos en la salud me interesan no sólo por sus propias enseñanzas (normalmente prefiero llevar una vida saludable pero mis intenciones y la realidad no siempre se ponen de acuerdo), sino porque son muy útiles a la hora de enseñar a mis estudiantes el problema de la “variable omitida” en las estimaciones econométricas. Hubo un tiempo, por ejemplo, en el que café, puro y copa (además de otros alimentos poco saludables o el evitar cualquier tipo de ejercicio) solían ir de la mano por lo que relacionar el consumo de café con indicadores de salud podía acabar con la demonización de ese producto a no ser que se pudieran tener en cuenta esos otros comportamientos. Del mismo modo, la adopción de conductas saludables suele estar relacionado con el nivel educativo y la renta, factores que a su vez pueden afectar de múltiples maneras a la salud.

Volviendo a Oster, uno de sus últimos trabajos subraya que estimar este tipo de efectos es problemático no sólo por la dificultad de controlar por esas “variables omitidas”, sino porque la publicación de estos estudios (u otro tipo de recomendaciones) lleva décadas influyendo en nuestro comportamiento de una manera difícil de precisar. Así, por ejemplo, cuando determinada conducta se convierte en la panacea, las personas que suelen seguir esa recomendación son también aquellas que muestran otros comportamientos saludables lo que complica aún más el identificar sus efectos concretos.

Para ilustrar su estudio, Oster utiliza un ejemplo hipotético. Imaginemos que un estudio encuentra que tomar piña por las mañanas tiene un pequeño efecto positivo en los niveles de colesterol. Como respuesta, muchas personas incrementarán su consumo de piña y es probable que estos individuos muestren también un mayor grado de preocupación por su salud y, por tanto, realicen otras actividades intentando mejorar sus niveles de colesterol. Esto implicará que estudios posteriores que no hayan sido capaces de tener en cuenta estos factores estarán sobreestimando el verdadero efecto de la piña (al estar capturando también esas otras conductas saludables). Aún peor, esto será así incluso en el caso de que el resultado inicial fuera un accidente estadístico y en realidad no hubiera tal efecto positivo (o fuera incluso negativo).

Malas noticias por tanto ya que este estudio implica que seguiremos expuestos a noticias contradictorias sobre los efectos de determinados productos o comportamientos a no ser que las diversas investigaciones tengan en cuenta todas las posibles “variables omitidas” o sean el resultado de asignar los tratamientos de manera totalmente aleatoria. Además, otros problemas como el escaso tamaño de algunas muestras o la “pesca de resultados”, entre otros, también pueden afectar a estos estudios (aquí o aquí). Más munición en todo caso para amenizar esas comidas familiares o de empresa que tanto nos gustan.

Políticas activas: la contra-reforma silenciosa o cómo retornar al Pleistoceno

Uno de los objetivos anunciados con insistencia por el actual gobierno es la contra-reforma laboral. A la espera de conocer en detalle en qué consistirá, los primeros pasos parecen indicar que se intentará revertir los aspectos normativos de la reforma del 2012 para volver a la situación de statu quo previa a dicha reforma.

Estos primeros pasos se han producido por un flanco silencioso,  es decir, con medidas que no han sido anunciadas a bombo y platillo, probablemente por que son difíciles de explicar o difíciles de entender. En cualquier caso, pueden ser de escaso rendimiento político, pero son de suma importancia para el desarrollo y aplicación de las políticas de empleo en nuestro país. En concreto, destacan dos medidas que afectan al desarrollo y gestión de las políticas activas del mercado de trabajo, es decir, a las de empleo y formación.

La primera se refiere a cómo se distribuirán los fondos de políticas activas entre las CCAA y la segunda al rol de los agentes sociales en la gestión del sistema de formación profesional para el empleo. Ambos aspectos fueron seriamente trastocados por lo largos brazos de la Reforma Laboral del 2012, cambiando la situación de statu quo mantenida hasta entonces.

Dándole a la máquina del tiempo y volviendo al período anterior a esta reforma, podríamos decir que el políticas activas en nuestro país se encontraban en el Pleistoceno o situación que se caracterizaban por:

1) Una opacidad extrema y casi nula evaluación del ajuste entre la oferta de servicios y las necesidades de parados y ocupados, y del impacto o eficacia de las PAMT  y de su eficiencia.  En definitiva, no se hacía uso de los datos, situación dramática en el inicio de la era del Big Data y Aprendizaje Automático...Pero claro, ¿qué datos?

2) Una oferta de servicios muy desequilibrada,  y sui generis  en el contexto europeo, donde, desde finales de los años 90, la subvenciones a la contratación se generalizaron y absorbieron la mayor parte del gasto, y muy alejada de la atención personalizada vía itinerarios individuales.

3) Un reparto de fondos entre CCAA sin elementos de corresponsabilidad, es decir, independiente de los resultados conseguidos, y, por lo tanto, sin incentivos a mejorar en términos de eficacia y eficiencia (claro que, dado 1), tenía poco sentido que fuera de otra manera).

4) Prácticamente el 100% de financiación se transfería directa a proveedores, sin posibilidades de elección de los servicios de empleo y formación por parte de los beneficiarios, en contraposición al modelo vigente en la mayoría de los países de la UE.

5) Dos monopolios: el de los servicios públicos de empleo, con una casi nula colaboración pública-privada,  y  de los agentes sociales, en la planificación, gestión y ejecución.

Es con este triste panorama con el que nos adentramos en la Gran Recesión, que trajo además recortes considerables en materia de PAMT. Se recortaron al máximo la bonificaciones, aunque pronto surgió la solución para seguir cansinamente con este tipo de políticas denostada por la evidencia empírica: exenciones, reducciones, tarifas planas en lugar de bonificaciones (es decir, reducción de ingresos, en lugar de gasto, triste maquillaje). También hubo recortes severos en el presupuesto destinado a la formación para el empleo, que se recuperó sólo parcialmente, aunque en la práctica, en términos de gasto efectivo, se mantuviera dicha reducción por razones que explicaremos más adelante. En cualquier caso, dada la ineficiencia del modelo que se ha descrito, resultaba sencillo justificar que no se inyectaran más ingresos, o al menos no se podría entender que se reclamarán más fondos, sin una reforma previa y en profundidad. Y esta reforma, al menos, se intentó.

Entre las medidas implementadas destacaría dos.  En primer lugar, se aprobó una nueva estrategia (la Estrategia Española de Activación  para el Empleo 2014-2016 y 2017-2020) con la que se establecieron importantes cambios en marco organizativo y conceptual en el que se tiene que desarrollar la planificación, programación, ejecución y evaluación de las políticas activas de empleo, otorgándoles una "orientación a resultados y evaluación".

En concreto, uno de los cambios más destacados fue la modificación de los criterios de distribución de los fondos destinados a la gestión de las políticas activas de empleo entre las diferentes comunidades autónomas. Hasta 2012, estos se repartieron en función de las condiciones sociolaborales de cada región, desde 2013 , los fondos pasaron primero parcialmente y luego, ya a partir de 2017, a estar totalmente distribuidos en función del cumplimiento de los objetivos establecidos en los Plan Anual de Política de Empleo (PAPE). Bueno, para ser preciso, en base a unos indicadores que pretendían medir la consecución de estos objetivos.

¿Funcionó este sistema? Vayan Vds. a saber...  Tanto la EEAE como los PAPE llegaron a fijar una larguísima lista de objetivos: claves, estructurales y estratégicos, cada uno de ellos con una serie de indicadores (más de sesenta en total), indicadores más orientados a la medición de inputs que de outputs, con ponderaciones bastante arbitrarias, aunque con suficiente variación como para satisfacer a la mayoría de las CCAA, es decir, probablemente poco efectivas en la práctica.

El hecho es que por mucho que haya preguntado acerca de estos indicadores, no conozco aún persona que les haya podido echar un vistazo y menos analizar. Es decir, el sistema ha sido igual de opaco que antes de la reforma, y en este sentido resulta difícil que pudiera funcionar correctamente. Esperemos que la AIREf haya tenido más suerte, y entre los resultados del Spending Review, que pronto conoceremos, esté una evaluación de este sistema de financiación, y si ha servido realmente para mejorar la gestión de las políticas activas, tanto desde una perspectiva de eficacia como de eficiencia.

En cualquier caso, y antes de tener conocimiento de dicha evaluación, el primer paso de la contra-reforma fue anunciar la defunción de este modelo  de financiación, y, aunque tengamos poca información sobre el modelo que lo sustituirá, todo parece indicar que se volverá a la situación previa en el que durante un tiempo se conservarán los derecho adquiridos y la distribución se centrará en una o dos variables "banales",  en cualquier caso, alejado de un modelo basado en resultados, esto es alejado de cualquier incentivo a mejorar, por lo tanto a  evaluarse, esto es el paraíso de la opacidad.

El segundo ingrediente de la contra-reforma en materia de PAMT es el retorno a los agentes sociales al control de la gestión de la formación para el empleo (aquí).  En los últimos años también se ha producido un reforma de este sistema de formación, en el que, entre otras cosas,  se ha pretendido que los recursos públicos destinados a los cursos de formación fueran más  abiertos y competitivo, acabando con las prebendas otorgadas a los agentes sociales en el control y gestión

¿Estaba funcionando la reforma? Parece que no demasiado. Lo cierto que se ha ido acumulando un importante fondo para la formación por no conseguir ejecutar lo presupuestado. Convendría de nuevo analizar las razones que han motivado esta disfunción, desde un diseño defectuoso, y por lo tanto mejorable, hasta una reacción reacia o boicoteo de los agentes implicados que perdieron de repente su poder de monopolio en materia de formación.

El hecho aquí también es que la contra-reforma en este sentido, devuelve, a los agentes sociales a su posición anterior , sin que se haya hecho, de nuevo, una evaluación previa de tal medida.

Podríamos mencionar aquí también los pasos atrás en la modernización del sistema con la paralización de proyectos tales como el perfilado estadístico del de demandantes de empleo para mejorar la eficacia y eficiencia de los servicios ofrecidos, utilizando la ingente cantidad de información disponible, o, el rechazo a los cheques de formación que rompería el modelo de transferencia directa de la totalidad de los fondos a proveedores, y tendría que servir de incentivo a la mejora de los servicios ofrecidos por éstos (aquí).

Conclusiones

Los últimos años han mostrado lo difícil que es intentar modernizar nuestras políticas activas aún más en un sistema público tan descentralizado territorialmente, reacio a la colaboración público-privada, y con unos agentes sociales tan alérgicos a la competencia, y, a la renovación. Tristemente, los primeros pasos de esta contra-reforma demuestran, en primer lugar, lo fácil que es recuperar las inercias del pasado y volver al Pleistoceno.  Para quedar estancado, basta con decir que el sistema no funciona, sin preguntarnos por qué y cómo mejorar su diseño.

En segundo lugar, adelantan como será probablemente el resto de la contra-reforma laboral. Si la reforma laboral del 2012 se hizo, también monopolísticamente, sin ningún tipo de concertación, la contra-reforma hará todo lo contrario: satisfacer ante todo los intereses de los agentes sociales. En mi opinión, dicha estrategia tendría mayor legitimidad, si los intereses de dichos agentes se alineasen al menos con los trabajadores y empresas más vulnerables. Pero para ello, en lugar de recuperar tan sencillamente las prebendas de las que se han beneficiado en los últimos 40 años, probablemente haya que adaptar las reglas de representatividad y transparencia (esta especialmente el caso de la patronal) a los nuevos tiempos. Aunque, claro, esto es "otro soñar".

(*) El término reforma silenciosa se lo debo a Nacho Conde, al quiero agradecer por ello.

 

 

 

El mercado de trabajo en Andalucía: una breve radiografía

Por J. Ignacio García Pérez y Libertad González

Andalucía ha estado en los medios nacionales más de lo normal estas semanas, debido a las recientes elecciones y la formación de nuevo gobierno. Quizá es buen momento para presentar y comentar los indicadores principales del mercado laboral andaluz y su evolución reciente, en comparación con la media nacional. Lo intentamos en esta entrada, con idea de resaltar las particularidades de la economía andaluza, pero también sus grandes similitudes con el mercado de trabajo a nivel nacional.

Para ello, usamos principalmente datos de la Encuesta de Población Activa, de 2007 a 2018. Empezamos por el indicador más popular: la tasa de paro, definida de manera estándar como el número de personas que buscan trabajo sobre el número de personas “activas” (trabajando o buscando trabajo). En el tercer trimestre de 2018, la tasa de paro en Andalucía era del 23%, comparada con el 15% nacional (Figura 1). La tasa de paro andaluza ha sido desde los años 90 en torno a 8-9 puntos más alta que la media nacional. Tras un breve periodo en el que pareció observarse cierta convergencia (entre los años 2003-2007), las diferencias volvieron a incrementarse durante la crisis. La evolución reciente es muy similar a la nacional, con una caída muy pronunciada desde 2013, aunque todavía lejos de los niveles pre-crisis.

Figura 1. Tasa de paro

La Figura 2 muestra la tasa de ocupación masculina y femenina (porcentaje de empleados sobre la población en edad de trabajar). De nuevo, la evolución es paralela en Andalucía y España, pero los niveles son siempre más bajos en el sur. Después de alcanzar un mínimo del 51% en 2013, la tasa de ocupación masculina era del 63% en Andalucía en 2018, bastante por debajo del 71% nacional. La femenina era del 47% (59% en España), habiendo alcanzado el 40% durante la crisis. Por tanto, niveles de ocupación en aumento pero aún bajos. La brecha de género es también mayor en Andalucía: la tasa de ocupación femenina es el 74% de la masculina, comparado con el 83% nacional.

Figura 2. Tasa de ocupación masculina y femenina

Las razones de esta brecha estructural en empleo y paro entre Andalucía y el resto de España resulta cuando menos esquiva. No obstante, no son pocos los sospechosos. En primer lugar, es evidente que Andalucía cuenta con un tejido productivo más débil que el resto de España. Como veremos más abajo, un menor peso de la industria y un mayor peso de actividades estacionales imprimen un carácter más estacional y de menos solidez a la demanda de empleo en la región. Sin embargo, otras razones pueden ser igualmente importantes. Por ejemplo, la regulación, tanto administrativa como laboral, puede incidir de un modo diferencial en regiones con sectores productivos sesgados a la baja productividad. Por último, la dotación de capital humano en Andalucía es también algo inferior a la media española. Las dificultades que encuentra el sistema educativo en Andalucía para acelerar la convergencia con la media española en ratios como el abandono escolar temprano o la tasa de repetición de curso hacen que todavía sean muchos los retos por superar en este ámbito.

Figura 3. Paro de larga duración (porcentaje de parados)

En contra de lo que pudiera esperarse, sin embargo, el paro de larga duración no es más intenso en Andalucía que en el conjunto de España. Tanto en Andalucía como en España afecta en torno a la mitad de los desempleados (Figura 3). De la misma forma, la evolución del paro juvenil sigue el mismo patrón que la del paro total, unos diez puntos por encima en Andalucía, alcanzando todavía un alarmante 36% en 2018 (Figura 4). (Existen datos interesantes sobre educación y transiciones al mercado laboral en Andalucía aquí que permitirían un análisis detallado).

Figura 4. Paro juvenil

Tampoco existen apenas diferencias en la proporción de los desempleados que perciben prestaciones, en torno al 28% tanto en Andalucía como en España (Figura 5).

Figura 5. Porcentaje de desempleados que percibe prestaciones

Más allá del nivel de empleo, nos interesa también la calidad del mismo. La Figura 6 muestra que en Andalucía más de un tercio de los contratos (el 36%) eran temporales en 2018, una cifra bastante más alta que el 27% nacional, y estable en los últimos años.

Figura 6. Tasa de temporalidad (porcentaje de contratos temporales sobre el total)

Datos del SEPE nos permiten distinguir la duración de los contratos que se firman año a año (Figura 7). Hay diferencias claras en los contratos sin duración determinada y en los contratos de entre una semana y un mes. El resultado es que en Andalucía se firman solo un 4% del total de contratos como indefinidos, mientras que en el conjunto de España es más del 9%. Tal y como se explicaba aquí, las nuevas formas de precariedad pueden estar haciendo mella en determinados colectivos de trabajadores, con consecuencias a medio y largo plazo difíciles de revertir. Andalucía, como veremos en seguida, tiene mayores riesgos en este sentido al contar con una estructura productiva y una fuerza de trabajo algo menos cualificada que la media del conjunto del Estado.

Figura 7. Porcentaje de contratos según duración, en España y Andalucía

Así, en la Figura 8 comparamos la estructura del empleo por sectores, que viene a reflejar un peso ligeramente más alto para el sector servicios en Andalucía (78 vs. 76%). Pero la diferencia más destacada es el menor peso de la industria (9 vs. 14%) y el mayor de la agricultura (7 vs. 4%).

Figura 8. Porcentaje de empleo por sectores, en España y Andalucía

Además, el peso del sector público en el empleo es algo mayor en Andalucía, abarcando al 19% de los trabajadores en años recientes, comparado con el 16% nacional (Figura 9).

Figura 9. Porcentaje de empleo público

También se observan diferencias en el nivel de cualificación de los trabajadores. La Figura 10 muestra cómo el nivel educativo es más bajo en Andalucía, aunque las diferencias son moderadas. A pesar de que la fracción de los trabajadores con formación universitaria ha aumentado del 29 al 38% desde 2007, se mantiene por debajo del 43% nacional (sobre diferencias regionales en desempeño educativo ya hemos hablado aquí y aquí, ver también aquí, capítulos 7 y 8).

Figura 10. Porcentaje de trabajadores por nivel educativo, en España y Andalucía

También por debajo de la media nacional está la proporción de trabajadores inmigrantes (Figura 11), del 8% (11% en España).

Figura 11. Porcentaje de inmigrantes sobre el total de trabajadores

En resumen, Andalucía sigue teniendo una tasa de paro muy alta, a pesar de la tendencia a la baja desde 2013, así como una tasa de temporalidad superior a la media nacional. La tasa de ocupación es relativamente baja, especialmente entre las mujeres, y el peso del sector industrial es menor que en la economía nacional. La fuerza de trabajo está menos formada, y el sector público tiene un peso mayor en el empleo. La presencia de inmigrantes no difiere apenas de la media nacional, como tampoco el porcentaje de parados que percibe prestaciones.

El nuevo gobierno se enfrentará por tanto a un mercado de trabajo con problemas que vienen de largo, algunos de los cuales son especialmente pronunciados en Andalucía. Medidas que afronten el alto desempleo y la formación de los trabajadores, así como la calidad del empleo, y el fomento de sectores y actividades de alta productividad, serán bienvenidas.

La deuda pública: ¿crisis, problema o solución? (I)

De Marcel Jansen y Juan F. Jimeno

En el mundo de la academia y la investigación económicas, el año natural comienza con el congreso anual de la Allied Social Sciences Association, del que ya hemos hablado en otras entradas (el año pasado, aquí y aquí). En esta ocasión, tuvo lugar en Atlanta entre el 4 y el 6 de enero y hubo dos temas que captaron especial atención, a tenor de lo transmitido por los medios de comunicación. Uno fue el objeto de la Presidential Address de Olivier J. Blanchard (OJB) que trató de la deuda pública. El segundo, al hilo del movimiento MeToo y de lamentables episodios recientes, fue la reflexión sobre las medidas necesarias para erradicar la discriminación y el acoso que han sufrido algunas mujeres en el mundo académico.

En esta entrada comentamos brevemente la Presidential Address de OJB titulada “Deuda pública y bajos tipos de interés” (habrá ocasión para volver a ocuparse de la situación de las mujeres en la Economía, como ya han hecho recientemente otros colaboradores de NeG aquí, aquí y aquí).

Simple, aunque profundo y relevante …

Con ecuaciones sencillas y observaciones aparentemente simples, el artículo de OJB sobre deuda pública con bajos tipos de interés trata de cuestiones positivas y normativas complejas derivando conclusiones interesantes de especial relevancia para la política económica (algo habitual en sus trabajos). Las preguntas fundamentales son cuánto nos debería preocupar que los niveles de deuda pública de los países avanzados sean tan elevados (en España alrededor del 98% del PIB) y cómo de importantes son los niveles de tipos de interés (y sus distintos componentes) a este respecto.

pero malinterpretado

En primer lugar, hay que destacar la oportunidad política del tema. En EE.UU. existe una gran ansiedad por los niveles de deuda pública (alrededor del 106% del PIB  y aumentando muy deprisa por los recortes impositivos de Trump). De hecho, hay quién piensa que EE.UU. está abocado a sufrir una aguda crisis de deuda. Por otra parte, la llamada regla Pay-as-you-Go, que exige que determinados gastos se financien con fondos disponibles (y que está en el origen del “cierre gubernamental”), está siendo contestada por una gran parte del partido demócrata que, amparada en “teorías monetarias modernas” (que tienen poco de teorías y menos de modernas) consideran que la acumulación de deuda pública no es un problema puesto que EE.UU. siempre puede emitir suficientes dólares para hacer frente a ella.

En este contexto, el artículo de OJB ha sido malinterpretado como una justificación de políticas fiscales expansivas, a pesar de los niveles de deuda elevados, e, incluso, como una proclamación a favor de la idea de que la capacidad de gasto de los Gobiernos es casi ilimitada. Bajo esta visión, su principal conclusión sería que no hay que preocuparse por la posibilidad de una crisis de deuda pública; ni siquiera sería esta un problema, sino más bien la solución a todas las necesidades sociales.

Lo que se dice y lo que no: el coste fiscal de la deuda

En realidad, las conclusiones de OJB son bastante más matizadas. Para empezar, distingue entre el coste fiscal y la pérdida de bienestar asociada a la deuda pública. Con respecto al coste fiscal y refiriéndose a la deuda pública ya emitida, su observación (basada en la archiconocida ecuación de la dinámica de la deuda) es que dicho coste desparece si el tipo de interés que paga la deuda pública (r) es (permanentemente y a lo largo de extensos periodos de tiempo) menor que la tasa de crecimiento de la economía (g). Si esto ocurriera (y, según sus estimaciones, ocurre ahora y ha ocurrido en el pasado con bastante frecuencia), entonces la deuda pública “se paga sola”, si bien el periodo de tiempo que ha de transcurrir para que se diluya por completo puede ser muy largo. Por ejemplo, siendo del 100% del PIB y la diferencia g-r=1%, para que la ratio entre la deuda pública y el PIB se redujera a la mitad tendrían que pasar 70 años; si g-r=0,5%, tendría que pasar casi un siglo y medio para que ocurriera lo mismo.  Y esto suponiendo que el déficit primario se mantiene en cero durante todo el periodo en cuestión.

Resulta evidente que es falaz inferir de esta observación que el coste fiscal de emitir nueva deuda pública para financiar déficit públicos primarios en el futuro es limitado. De hecho OJB dice: “La trayectoria de los déficits bajo los planes fiscales actuales es preocupante ... bajo el supuesto de que el tipo de interés ajustado por riesgo se mantiene por debajo de la tasa de crecimiento, es posible que veamos (en los EE. UU.) un aumento en la relación deuda / PIB cercano al 60% entre el presente y  2043” (pag. 32).  Esto ocurre, entre otras razones, porque el impacto de la emisión de nueva deuda sobre la ratio deuda/PIB no depende de g-r sino de cómo dicha diferencia varía cuando aumenta el déficit, lo cual nos lleva a las perennes discusiones sobre  la magnitud de los multiplicadores fiscales (cuanto varía el PIB cuando aumenta el déficit) y sobre los determinantes de la prima de riesgo asociada a la financiación de la deuda a medida que su volumen aumenta (discusiones a las que volveremos en otra ocasión).

¿Aumenta la deuda pública el bienestar?

La segunda cuestión es si reducir la deuda al ritmo que implica la dinámica anterior (con déficits primarios iguales a cero y g-r alrededor del 1%) es deseable. Conceptualmente, la respuesta es simple. La financiación de la deuda pública sustrae recursos de inversiones productivas que tienen un rendimiento igual a la productividad marginal del capital. Si los actuales bajos tipos de interés actuales son un reflejo de que la productividad marginal del capital es baja, entonces el coste en términos de bienestar de la deuda pública (ya emitida) es bajo.  Este razonamiento se complica por el hecho de que dicho coste depende tanto de la tasa de rendimiento del capital libre de riesgo, como de la prima de riesgo asociada a la financiación de la inversión. OJB argumenta, no obstante, que aunque en la actualidad los beneficios de las empresas sean elevados, hay problemas de medición de la prima de riesgo que llevan a pensar que la productividad marginal del capital es baja y por tanto que el coste de oportunidad de la deuda pública es baja también.

Pero de nuevo, esta observación no implica que emitir más deuda pública sea siempre la política apropiada, incluso si g>r. Habría una ganancia social de hacerlo si los recursos que obtiene el Gobierno se invirtieran en consumo e inversiones públicas con tasas de rendimiento superiores a las de las inversiones privadas, y si el ahorro privado no aumentara compensando el incremento del déficit público.  Que los Gobiernos, condicionados por dinámicas parlamentarias y electorales, saben escoger los proyectos con rendimientos sociales más elevados, y que los hogares, ante perspectivas de bajo crecimiento futuro y dudas sobre la sostenibilidad de la duda, reducen su ahorro ante aumentos del déficit en lugar de aumentarlo, parecen hipótesis bastante aventuradas.

Recapitulando (por ahora)

En definitiva, lo que ha venido a decir OJB con su Presidential Address es que los costes fiscales y en términos de bienestar de la deuda pública (ya emitida) “pueden ser menores que los que generalmente se toman como dados en las discusiones políticas actuales”. Y avisa explícitamente de que su propósito no es pedir que aumente la deuda pública, sino fomentar que las discusiones sobre las políticas y las reglas fiscales apropiadas sean más ricas y productivas que lo que son actualmente.

No lo conseguirá si se divulgan malinterpretaciones basadas en titulares manipulados por activistas políticos que no han leído el artículo, o si los que lo leen, lo hacen con anteojeras ideológicas. Para evitar que esto ocurra en breves días complementaremos esta entrada con otra en la que explicaremos por qué en el caso de la economía española la deuda pública debería preocupar incluso más que en EE.UU.

Vox y la Inmigración: una visión austriaca

De Daniel García.

Tras el éxito de Vox en las recientes elecciones andaluzas, numerosos analistas y políticos se han aventurado a lanzar hipótesis sobre las causas del avance de la derecha radical en nuestro país. Aunque hay diferencias entre ellos, la mayoría apunta a la crisis económica, la inmigración y la pérdida de confianza en los partidos tradicionales como detonantes de este éxito electoral. Entre ellas, la que más fuerza tiene en los datos parece ser la presencia de inmigrantes (aquí).

Esta asociación es más relevante si cabe pues el componente nacionalista (o nativista) es, sin duda, el nexo común de los partidos de derecha radical en Europa. Partidos como el FN francés, la Lega italiana, la AfD alemana o el FPÖ austriaco, mantienen muchas diferencias en temas como la intervención del Estado en la economía o los servicios sociales, pero forman un frente común de rechazo a la inmigración. Es, por tanto, relevante preguntarse qué sabemos sobre la relación entre inmigración y el apoyo a estos partidos en Europa.

Un artículo reciente de Martin Halla, Alexander F. Wagner y Josef Zweimuller estudia el caso austriaco en detalle. El FPÖ fue el primer partido de derecha radical en obtener un importante triunfo electoral en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Liderados por el carismático Jorg Haider, FPÖ obtuvo la segunda posición en las elecciones de 1999, entrando a formar parte del gobierno. Posteriormente el partido entró en cierta decadencia, acelerada por el fallecimiento de su líder, y sufrió una escisión que contribuiría a reducir su importancia política (aunque siempre mantuvo apoyo electoral). Desde 2008 el partido ha vuelto a resurgir, unificado de la mano de HC Strache. Actualmente, es parte integrante de la coalición de gobierno y estuvo a punto de lograr una victoria sin precedentes en las elecciones a Presidente de la República.

Halla y sus coautores analizan los datos de voto en cada municipio durante los últimos 30 años. La hipótesis básica es que un incremento en el número de inmigrantes durante la última década estará asociada con un incremento en el número de votos al FPÖ. Los resultados están resumidos en la primera columna de la Tabla 1. Un incremento de un punto porcentual en el número de inmigrantes está asociado con un incremento en el porcentaje de voto del FPÖ de 0.16 puntos porcentuales. La magnitud de este efecto es importante ya que puede explicar aproximadamente un 10% de la variación en apoyo electoral a este partido durante los últimos 30 años.

Tabla 1: La Columna 1 recoge los valores estimados con un modelo de efectos fijos. Inmigrantes de nivel educativo alto son los que han completado el Bachillerato. La Columna 2 recoge los valores estimados en un modelo en el que el flujo neto de inmigrantes se instrumenta por la presencia de Gasterbeitern en 1970.

Dado que encontramos una asociación similar en el caso andaluz, debemos tratar de elucidar si esta relación tiene un componente causal. El principal escollo que debemos superar es que la decisión de localización de los inmigrantes es endógena. No es casual, por ejemplo, que los inmigrantes subsaharianos se concentren desproporcionadamente en la costa mediterránea y, en particular, en Almería donde existe una elevada demanda de trabajo poco cualificado.

Para investigar esta cuestión, los autores utilizan una batería de medidas. Primero, no encuentran una correlación significativa entre los resultados electorales en el principio de cada década y la evolución de la inmigración durante los años posteriores. Tampoco existe una relación significativa entre el éxito del partido Nazi en las elecciones de 1930 (que tuvo su base en el noreste del país) y la llegada posterior de inmigrantes (oeste y Viena). También utilizan como variable instrumental la presencia de trabajadores invitados en los años 60 (Gastarbeiter). Los resultados son muy similares a los descritos anteriormente (ver Columna 2 en la Tabla 1) y refuerzan la impresión que existe alguna conexión causal entre la llegada de inmigrantes y el apoyo al FPÖ.

¿Cuál puede ser esa conexión? Aunque existe una cierta correlación entre el nivel de paro y la magnitud del efecto de la inmigración en el apoyo a FPÖ, la situación económica en Austria es muy favorable, la desigualdad es moderada y parece difícil explicar el auge de este partido por “el empobrecimiento de las clases medias”.

En su lugar, los autores encuentran una relación significativa entre la provisión de servicios públicos a nivel local y la presencia de inmigrantes. En concreto, encuentran que una mayor presencia de inmigrantes en el municipio incrementa la probabilidad de que los niños de los nativos asistan a clase en colegios de otros municipios, y reduce la provisión de servicios de guardería. A la luz de esta realidad, no parece casual que Vox haya triunfado especialmente en Almería, la provincia con una mayor tasa de abandono escolar de España.

Para concluir, me gustaría hacer una aclaración. He tratado de encontrar algunas de las causas que han llevado a 400000 personas a elegir Vox como su opción política preferida. Sin embargo, esto no quiere decir que les justifique ni tan siquiera que, como dicen algunos, crea que esto es una llamada de atención que nos obligue a cambiar nuestras políticas. Explicar no es justificar.

¿Huele la comida contaminada a libertad?

“El Gobierno“, declaró Ronald Reagan en su primer discurso inaugural, “no es la solución al problema, el gobierno es el problema”. Los republicanos se vienen haciendo eco de aquella retórica desde entonces. Sin embargo, de alguna manera, nunca han llevado a cabo la radical reducción del gobierno que su ideología proclama. Pero ahora Donald Trump está, en efecto, implementando al menos una parte de esa drástica reducción del papel gubernamental por la que su partido aboga desde hace tiempo. Si el cierre de la administración norteamericana se prolonga durante meses, lo que parece bastante posible, tendremos la oportunidad de ver qué aspecto tiene Estados Unidos sin una serie de programas públicos que la derecha siempre ha insistido en que no son necesarios. Más allá del muro, pensemos en lo que está pasando con este “gran y hermoso” experimento liberal. En serio, llama la atención cuántos de los pagos que el gobierno federal realiza, o piensa realizar, pronto estarán en peligro porque los liberales insisten en que no deberían ser asumidos con dinero de los contribuyentes. Por ejemplo, los cheques federales a los agricultores, aunque organizaciones como el Instituto Cato han denunciado que los subsidios agrícolas son una forma más de capitalismo. Los empresarios están furiosos porque la Administración de Pequeños Negocios no está haciendo préstamos, pero los liberales van más allá y pretenden eliminar esta Administración por completo. Si el cierre se prolonga hasta marzo, lo que, de nuevo, parece completamente posible, el dinero para los cupones de alimentos se agotará. Los republicanos han sido durante mucho tiempo hostiles al programa de cupones para alimentos. Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado, ha denunciado el programa por “hacer que sea excesivamente fácil no ser productivo”. El cierre también ha reducido drásticamente el trabajo en la Administración de Alimentos y Medicamentos, que, entre otras cosas, trata de prevenir la contaminación de los alimentos: las inspecciones rutinarias de mariscos, […]

La entrada ¿Huele la comida contaminada a libertad? aparece primero en El Captor - Economía y Opinión.

¿Tiene algún efecto la ablación genital en la escolarización femenina?

Nota de los editores: Continuamos con la segunda de las tres entradas que fueron seleccionadas en el I Premio Nada es Gratis de Job Market Papers en Economía. Los autores son recientes doctorandos que se encuentran en estos momentos en el mercado de trabajo. La entrada de hoy se basa en el artículo “Female Genital Cutting and Education: Causal
Evidence from Senegal”, conjunto con Edgar Salgado.

de Jorge García Hombrados

UNICEF estima que aproximadamente 200 millones de mujeres en el mundo han sufrido ablación genital. A pesar de los esfuerzos de muchos gobiernos e instituciones internacionales para erradicar esta práctica, tres millones de niñas la sufren cada año (WHO, 2018).

Pese a la relevancia del problema, son pocos los estudios que han explorado empíricamente las consecuencias de la mutilación genital (MG), centrándose casi por completo en examinar si esta práctica está asociada con niveles de salud más bajos. En este trabajo utilizamos la introducción de una ley en Senegal que prohibió la MG como caso de estudio para investigar, por primera vez en la literatura, los efectos causales que esta práctica tiene sobre la escolarización femenina.

Pero, ¿de qué manera la MG podría afectar la educación que recibe una mujer? Existen tres mecanismos. El primero de ellos tiene que ver con el papel que la MG y la educación desempeñan en el llamado “mercado de matrimonio”. En aquellos grupos étnicos donde la MG es común, las niñas mutiladas son más valoradas. En consecuencia, estas niñas tienen una probabilidad más grande de casarse (Wagner, 2015) y sus padres reciben un pago de boda más alto por parte de la familia del novio[1] (Avalos et al. 2017). En contextos en los que la proporción de mujeres que no se casan es relevante, las inversiones en educación pueden, a través de sus efectos positivos en el mercado de trabajo, ayudar a compensar las potenciales pérdidas de bienestar de las mujeres que, por el hecho de no estar mutiladas, tienen más dificultades para casarse. Además, en la medida en la que las mujeres educadas tienden a casarse con hombres más educados (Boulier and Rosenzweig, 1984), ir a la escuela puede mejorar el futuro bienestar de las mujeres no mutiladas que se casan y compensar la reducción en las transferencias matrimoniales que reciben los padres de estas mujeres (Ashraf et al. 2016). En este sentido, la educación y la MG podrían funcionar como inversiones sustitutivas en el mercado de matrimonio, y el bajo coste relativo de la MG podría desincentivar las inversiones en educación.

El segundo mecanismo a través del cual la MG puede afectar la educación es la edad de matrimonio. En sociedades en las que la mayoría de los padres prefieren casar a sus hijas al llegar a la pubertad (Wahhaj, 2015), las mujeres mutiladas están en una posición preferente para casarse a una edad más temprana. En la medida en la que el matrimonio temprano contribuye al abandono escolar (Field and Ambrus, 2008), las mujeres mutiladas podrían ver limitado su acceso a la educación secundaria por una mayor probabilidad de matrimonio durante la adolescencia.

Por último, los potenciales efectos negativos de la MG en la salud, que es uno de los determinantes de los retornos a las inversiones en educación (Grantham-McGregor et al. 2007), podrían también limitar la educación recibida por las mujeres mutiladas.

En el contexto de Senegal, donde la mayoría de las mutilaciones ocurren durante el primer año de vida (Yoder and Wang, 2013), estimamos el efecto causal de la MG utilizando una estrategia empírica de diferencias en diferencias basada en comparar la educación recibida por mujeres de grupos étnicos en los que históricamente no se practica la MG con la recibida por mujeres de grupos en los que esta práctica es tradicional; nacidas antes y después de la aprobación de la ley que prohibió la MG en Senegal.

La validez de la estrategia de identificación requiere que, si la MG no hubiese sido prohibida, la evolución de la tasa de incidencia de MG y de las inversiones en educación debería haber sido la misma en todas las etnias de Senegal. Podemos testar la existencia de tendencias paralelas empíricamente examinando si la evolución de estas variables es similar en todos los grupos étnicos para las cohortes de mujeres nacidas antes de la introducción de la ley. Las figuras 1 y 2 apoyan esta hipótesis. En ellas se puede apreciar cómo, para las cohortes de mujeres nacidas antes de la aprobación de la ley que prohíbe la MG, la evolución de la incidencia de MG y de la probabilidad de no haber ido nunca a la escuela es la misma para las mujeres de etnias en las que la MG es tradicional y para las mujeres de etnias en las que la práctica de la MG es muy minoritaria.

La Figura 1 sugiere que la ley, que es interpretada como un incremento en el coste de la MG, redujo significativamente la incidencia de MG. Además, los resultados del análisis muestran que las mujeres nacidas después de la introducción de la ley, y que pertenecen a grupos étnicos donde la prevalencia de MG antes de la introducción de la ley era mayor, experimentaron reducciones más grandes en la probabilidad de ser mutiladas en comparación con mujeres de grupos étnicos donde esta práctica era menos frecuente.

En la Figura 2, observamos además que la caída en la incidencia de la MG causó una reducción en la probabilidad de no haber asistido nunca a la escuela. Sin embargo, aunque las estimaciones de mínimos cuadrados en dos etapas documentan el efecto causal negativo que esta práctica tiene sobre la probabilidad de haber asistido a la escuela y de haber recibido uno o dos años de escolarización, los resultados muestran que la MG no parece tener ningún efecto sobre la probabilidad de tener tres o más años de escolarización.

En línea con la hipótesis que considera la educación y la MG como inversiones prematrimoniales sustitutivas, los resultados del estudio muestran que el impacto negativo de la MG sobre las inversiones en educación es mayor en áreas rurales, donde el valor de la MG en el mercado de matrimonio es mayor (McKay, 2000). Por el contrario, los resultados sugieren que el efecto de la MG en la escolarización no se explica por los efectos negativos de esta práctica sobre la salud o sobre la edad de matrimonio.

Además, los resultados del estudio descartan la existencia de impactos anticipatorios de la ley y la posibilidad de que los efectos estimados de esta sobre la incidencia de MG se expliquen por una mayor propensión de las mujeres más jóvenes a no informar de la MG. Por último, el hecho de que la ley no tenga ningún efecto sobre las inversiones en educación recibidas por niños sin hermanas nacidas después de la ley reafirma nuestra confianza en los resultados.

En conclusión, este estudio realiza tres contribuciones a la literatura. En primer lugar, los resultados evidencian que, incluso en contextos en los que la capacidad del estado para hacer cumplir las leyes es limitada, las reformas legales pueden ayudar a reducir prácticas fuertemente arraigadas en la cultura local. En segundo lugar, el estudio documenta por vez primera cómo la MG obstaculiza la acumulación de capital humano, dificultando también el cumplimiento de uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por último, los resultados muestran que muchos padres perciben la educación y la MG como inversiones sustitutivas en el mercado de matrimonio, planteando la posibilidad de que las decisiones sobre MG sean sensibles a variaciones en el precio relativo de otras inversiones prematrimoniales. Según esta hipótesis, intervenciones orientadas a reducir el valor de la MG en el mercado de matrimonio o el coste de la educación podrían ser políticas efectivas para combatir esta práctica.

 

[1] En muchos países, entre los que se incluye Senegal, es frecuente que la familia del novio realice una transferencia en dinero o en bienes a la familia de la novia en el momento del matrimonio. El valor de este pago representa en muchos casos el ingreso anual medio en el país y este es mayor cuanto más alto es el nivel de educación de la novia. Además, en aquellos lugares en los que es común, el pago también es mayor si la novia ha sufrido MG.