martes, 18 de febrero de 2020

¿Por qué el fútbol es una actividad económica de éxito?

Cada año los ingresos de los clubes de fútbol del mundo aumentan y los fichajes son más caros. El fútbol se ha convertido en una actividad económica, pero ¿cuál es el secreto del éxito? El pasado fin de semana acompañé a mi hijo a hacerse las pruebas del Madrid. La historia que voy a contar vale para cualquier equipo de primera división de cualquier país, y sirve para entender por qué esos niños de mayores dedican un porcentaje de su renta a disfrutar del fútbol.

El fútbol: una actividad económica de éxito

Da la causalidad que hace unos 30 años yo también hice las pruebas para jugar en las categorías inferiores del Madrid. El cambio ha sido brutal y para mejor. La actual Ciudad Deportiva tiene unas instalaciones envidiables y los campos son de césped. En mi época, éramos muchos más niños, los campos eran de tierra y los vestuarios muy viejos, pero la cara de ilusión cuando les llamaban sigue siendo la misma que la nuestra.

Otra cosa que ha cambiado en España es la llegada de inmigrantes y se notaba en las pruebas. Seguramente muchos de ellos ya son españoles y nacidos aquí pero imagina cuando sus padres envíen la foto de su niño con el traje del Real Madrid a la familia de su país natal. Se nota que el personal del club que atiende a los niños también percibe esa pasión.

Mi hijo vivió uno de sus días más felices

Era domingo, 9:30 de la mañana y hacía frío, pero su trato con los niños y con nosotros fue exquisito. Solo nos pidieron a los padres que no dijéramos nada a los niños desde la grada y que les dejáramos disfrutar del momento. 

Las pruebas siguen siendo meritocráticas ya que cualquier niño se puede apuntar en la página web del Real Madrid. Cuando salen al campo todos tienen dos piernas, dos botas y la misma equipación y da igual el nivel de renta o su origen. El portero del equipo de mi niño venía desde Almería sólo para jugar el partido. Y era un porterazo. García Navajas, jugador del primer equipo en los años ochenta, le pidió a sus padres si podía quedarse a jugar el siguiente partido. Te puedes imaginar la cara del niño.

 

Dinero que mueve el fútbol

Todos se dejaron la piel en el campo. El físico en esas edades es clave y era increíble ver a niños pequeñitos pelear cada balón como si fuera el último. Al acabar, los niños se acercaban a la grada para que los padres les tirásemos fotos con su equipo, colocados como sus ídolos. Era difícil saber si eran más felices los niños o los padres que estábamos babeando. 

Mi mujer -que no le gusta nada el fútbol- estaba nerviosísima todo el partido preguntándome si estaba jugando bien. El niño nada más salir me preguntó lo mismo. Aún no sabe si le volverán a llamar, pero cada día, cuando sale del cole, me pregunta si me han mandado algún correo del Madrid. Yo también sueño con que le volverán a llamar. Pero si eso no pasa, nadie le quitará haber jugado en la ciudad deportiva con la camiseta de su equipo. 

Dinero que mueve el fútbol

Pasión, emoción y dinero

Estos niños son los que piden la camiseta de su club para el cumpleaños o Reyes. Son los que ven los partidos e imitan las celebraciones de sus ídolos cuando meten un gol en el cole. Y cuando se hacen mayores, son los que compran las entradas para ir a ver los partidos al campo o quedan con los amigos en una casa o en un bar. Y cuando tengan hijos harán lo mismo seguramente que he hecho yo con el mío y lo mismo que hicieron mis padres conmigo.

El fútbol es pasión y pura emoción. Financiero viene del latín fin, es lo último. Sin entender lo que sentían esos niños el otro día en el campo no es posible comprender que se mueva tanto dinero en el fútbol. Yo pasé uno de los días más felices de mi vida, viendo a mi niño ser feliz y recordando cuando yo tenía su edad e hice la prueba. Y eso sí…no pude evitar mojar el ojo varias veces. 

blog josé carlos díez

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lunes, 17 de febrero de 2020

Monedas digitales públicas (II): Ventajas, inconvenientes e implicaciones

Por David Tercero Lucas

Es creencia popular que los primeros bancos públicos de la historia emitían solamente billetes y monedas como medio de pago, pero en la Baja Edad Media, autoridades monetarias tales como la Taula de Canvi de Barcelona o la Casa San Giorgio de Genova ya emitían depósitos. El público tenía acceso directo a un pasivo del banco público, pudiendo abrirse una cuenta en esa institución. Ulrich Bindseil agrega en su nuevo libro (aquí), que el acceso a depósitos en el banco central continuó durante más de cinco siglos, hasta hace solamente 70 años. Eran, sin embargo, las restricciones tecnológicas las que hacían que todos los agentes no pudieran tener una cuenta en el banco central. Empero la constante revolución digital ha propiciado que este hecho ya no sea una limitación.

El Banco de Pagos Internacionales de Basilea (BIS por sus siglas en inglés) lleva años advirtiendo a los bancos centrales que deben ponerse al frente de la revolución digital. Sin embargo, ha sido la Libra de Facebook (criptomoneda privada) la que ha desatado un debate sobre las monedas digitales estables (o stablecoins), a la vez que se ha profundizado en la discusión sobre si se debe emitir o no una moneda digital pública (central bank digital currency, CBDC). A finales de enero, el BIS publicó una nueva encuesta (aquí) en la que destaca que un 80% de los bancos centrales encuestados están trabajando en el tema. Los motivos alegados para emitirla, que dependen de si el banco central pertenece a una economía avanzada o en desarrollo, van desde incrementar la estabilidad financiera y usar la CBDC como instrumento de política monetaria hasta aumentar la eficiencia de los pagos domésticos e internacionales y mejorar su seguridad (véase la figura 1).

Figura 1. Motivos para emitir una moneda digital pública para todos los públicos.

Fuente: Boar et al. (2020).

En mi post anterior (aquí), analicé sucintamente las características y el diseño que podría presentar una moneda digital pública emitida por un banco central. En éste voy a examinar algunas de sus posibles ventajas e inconvenientes. Sin embargo, es importante insistir en que las implicaciones que una CBDC pueda tener, van a dependen también de su diseño.

Aunque existe una miríada de ámbitos que se van a ver afectados por la posible introducción de una moneda digital pública, diferenciaremos cuatro bloques fundamentales: i) sistemas de pagos, seguridad e inclusión financiera, ii) intermediación y estabilidad financiera, iii) otros aspectos y iv) consideraciones de política monetaria. En este artículo se abordarán los tres primeros y en otro post ulterior, el cuarto.

Sistemas de pagos, seguridad e inclusión financiera

La constante evolución de la tecnología ha permitido mejorar significativamente, en la última década, los medios de pagos digitales. De las tarjetas de débito o crédito al pago directamente con el teléfono móvil u otros dispositivos, los pagos digitales son cada vez mayores en todos los países del mundo. Con una moneda digital pública o sin ella, esta tendencia no muestra síntomas de reversión. No obstante, algunos autores (aquí) argumentan que la principal ventaja de una CBDC, al ser un medio de pago prácticamente sin coste, incrementará considerablemente la eficiencia de los sistemas de pagos electrónicos y reducirá la concentración del riesgo de liquidez y de crédito de los sistemas de pagos (aquí). Se entiende por un sistema de pagos eficiente aquel en el que las transacciones pueden realizarse de acuerdo con las necesidades de los usuarios de manera rápida, segura y a un coste relativamente bajo. Asimismo, podría mejorar el sistema de pagos minorista transfronterizo, que suele ser más lento y caro y menos transparente que el sistema de pagos minoristas nacional.

La seguridad es otro aspecto primordial a la hora de considerar si se debe emitir o no una moneda digital pública. La emisión de una CBDC llevaría consigo la necesidad de mejorar la estructura y la ciberseguridad de los bancos centrales con el fin evitar ciberataques y posibles fraudes. Además, el efectivo es inmune a cualquier posible problema derivado del uso de la electricidad, algo que no ocurre con las monedas digitales. A su vez, el concepto de seguridad está íntimamente ligado al de privacidad. Una propiedad esencial del efectivo, destacada por Kiyotaki y Wright aquí, es que ni el comprador ni el vendedor conoce su historia previa, otorgándole anonimato. Esto, por ende, plantea K. Rogoff en su último libro (aquí), facilita que las transacciones sean completamente anónimas, con el riesgo inherente a esta característica: la realización de actividades al margen -o fuera- de la ley y las regulaciones. La sustitución del efectivo o cash por una moneda digital pública, argumenta Rogoff, reduciría en gran medida la economía informal, la evasión fiscal, la corrupción y el terrorismo. Sin embargo, esto dependerá de si la CBDC está basada en tokens (alto grado de anonimato), en cuentas (menor grado de anonimato) o un híbrido entre ambas modalidades.

Los efectos de la emisión de una CBDC sobre la inclusión financiera son también relevantes para los bancos centrales, especialmente para aquellos de países emergentes. Con una moneda digital pública, individuos que no tenían acceso al sistema financiero podrían tenerlo de una manera mucho más sencilla y accesible (al tener una cuenta en el banco central). Sin embargo, como argumenta Fernández-Villaverde aquí, sería necesario valorar hasta qué punto tener un banco central abierto a todo el mundo es necesariamente bueno. Por otro lado, las personas de edad avanzada o bajas rentas son las más vulnerables a cambios tecnológicos disruptivos en los sistemas de pagos que podrían hacer que quedaran en exclusión.

Intermediación y estabilidad financiera

Quizás la intermediación y la estabilidad financiera, junto a la política monetaria, son los bloques que más controversias suscitan en el análisis de las monedas digitales públicas. Si la CBDC estuviera basada en cuentas en el banco central, los patrones actuales de intermediación financiera podrían verse alterados – Fernández Ordoñez, en su nuevo libro (aquí) aboga por la desaparición de los bancos cuando se alcance el nuevo estado estacionario–, al producirse una salida de depósitos de los bancos comerciales. Para prevenir esta posible salida de depósitos, la banca podría incrementar su rentabilidad (acrecentando, por ejemplo, las comisiones de transacción o las comisiones por la retirada de dinero) o buscar otro tipo de financiación. El BIS (aquí) alerta de que los bancos, para compensar el aumento del coste de su financiación, podrían llevar a cabo compras de activos más arriesgados, incrementando el riesgo de inestabilidad financiera.

Dyson y Hodgson (aquí) van más allá, al considerar que el sistema financiero sería más seguro, pues la importancia de los bancos de riesgo sistémico se vería reducida por la ya mencionada reducción de la concentración de liquidez y el riesgo de crédito en los sistemas de pagos, así como los problemas de riesgo moral inherentes al sector financiero. Sin embargo, Kumhol y Noone (aquí) agregan que aunque una moneda digital pública podría servir para resolver en mayor medida fugas de depósitos de instituciones individuales, las corridas bancarias sistémicas tendrían una magnitud y velocidad mucho mayor, independientemente de la proximidad geográfica. La autoridad monetaria competente podría actuar de manera más inmediata cuando se fuera a producir una salida masiva de depósitos de alguna institución particular, nutriéndose de las ventajas de información que supone una account-based CBDC. Asimismo, su papel en la prevención de liquidez y las subsiguientes crisis de solvencia se vería reforzado y las actuaciones como prestamista de última instancia podrían ser más veloces.

No obstante, este análisis tiene cabida siempre y cuando siga existiendo el sistema financiero que conocemos. La banca comercial tendrá que adaptarse a un cambio de paradigma si quiere sobrevivir, con la entrada de nuevos competidores que transformarán el sector financiero.

Otros aspectos

A corto plazo, la sustitución del cash por una moneda digital pública supondría la eliminación de las comisiones por sacar dinero en efectivo, la supresión de los costes de almacenamiento y transporte del efectivo, el cese de los costes de acuñación y unos mayores ingresos por señoreaje. No obstante, es necesario recalcar que la emisión de una CBDC puede tener limitaciones geográficas, es decir, al principio será aceptada solo por el país que la emita.

Como se ha podido comprobar, es muy difícil saber sí las ventajas de emitir una moneda digital pública superan a sus inconvenientes. El resultado dependerá de un gran número de factores, empezando por su diseño y abarcando las características del país en el que se ha emitido. Su relevancia, en cambio, es cada vez mayor. Desde Brookings (aquí) hasta el Foro Económico Mundial (aquí), han brotado las publicaciones sobre el tema. El debate no ha hecho más que empezar.

En el siguiente y último post, se analizarán las posibles implicaciones de política monetaria de una CBDC.



Parásitos, otro falso referente de la lucha de clases

Un problema conceptual recorre los tiempos presentes. Se ha perdido el significado original de “fascismo”, “comunismo”, “democracia”, “liberalismo”. Todo lo que hay en el momento actual y en el porvenir es una parodia.  Conceptos puros que han envilecido. Asistimos a una involución, a una degradación del pensamiento. La vanguardia y la novedad han muerto. Lo que nació en un tiempo anterior no conserva su significado primigenio. Existe una inversión de significados y esencias. Ya nada es lo que era, fuera lo que fuera. El último ejemplo de toda esta reflexión es Parásitos, avalada y premiada a partes en iguales tanto en los Óscars como en las redacciones sociales. Que si “descripción magnífica de la lucha de clases”, que si “reflejo extraordinario de las tensiones y las diferencias sociales”, etc… Cine, propaganda y confusión. La promiscuidad entre lo verdadero y falso prosigue su marcha. Todo está impregnado de parásitos, es cierto. Pero algunos son la reina madre y otros son, simplemente, crías.  Cientos de miles de crías que no se sienten a sí mismas como crías. En cualquier caso, maticemos: Parásito: organismo vivo que invade otro organismo para vivir de su vitalidad y energía. Y  he aquí una película que presenta e identifica a los parásitos con las clases bajas. ¿Dónde está aquí la lucha de clases de Marx? La lucha de clases bien entendida, y tal como se concibió en su origen, señalaba a las clases altas como parasitarias. Eran estas las que se nutrían de la vida, el esfuerzo y el sacrificio de los organismos huéspedes, esto es, las clases bajas. La película “Parásitos”, al contrario, presenta a las clases altas como clases celestiales, sin maldad moral, generosas a la hora de conceder trabajo, compartir su bienestar material y riqueza. Al mismo tiempo, circunscribe a la clase obrera a una clase […]

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domingo, 16 de febrero de 2020

El impuesto sobre el patrimonio (I): Realidades

Por José Mª Durán-Cabré, Alejandro Esteller-MoréMariona Mas-Montserrat

España es una rara avis. Es el único país de la UE, desde que Francia lo eliminara en 2018, que aplica el impuesto sobre el patrimonio (IP); dentro de la OCDE, Noruega y Suiza también lo hacen. A pesar de ello, su papel en el sistema fiscal español siempre ha estado en entredicho. De hecho, el ejecutivo de Zapatero lo eliminó de facto en 2008 por su supuesta incapacidad para generar redistribución y, sin cambiar más que los importes del mínimo exento y del máximo exento de la vivienda habitual, lo reestableció en 2011 en plena crisis económica. Esto se explica, por ejemplo, en este post de Antonia Díaz y de Luís Puch, cuya “trilogía” sobre el impuesto iremos citando en esta entrada. Esperamos poder servir de complemento a sus argumentos.

Las dudas sobre el impuesto tienen que ver principalmente con las dificultades de control, las facilidades de elusión y los problemas de valoración de los activos, dudas que en otros países han llevado a su eliminación (véase, por ejemplo, este informe de la OCDE). Tales dificultades generan distorsiones, costes administrativos e inequidades en la medida en que la valoración fiscal no se ajusta al precio de mercado del mismo modo para todos los activos ni para todos los contribuyentes. La equidad horizontal que se pretende conseguir derivada de gravar mediante el IP una capacidad económica que no genera rentas monetarias (véase este post) queda, cuanto menos, en entredicho debido a la no-uniforme valoración de los activos; esta circunstancia, por ejemplo, condujo a su abolición en Alemania en 1995. En todo caso, el resultado final es obvio: “el IP recauda muy poco y podría recaudar más”, como concluyen Díaz y Puch. Cabe preguntarse, no obstante, si la existencia e importancia de tales dificultades viene avalada cuantitativamente, así como si tal realidad es o no inmutable. Éste es el principal objetivo de este post, aunque el impacto último sobre la recaudación, que hemos tratado aquí mediante la construcción de un simulador impositivo (SIMPA), lo dejaremos para otro post.

Antes de ir a por el análisis cuantitativo, vale la pena considerar los principales argumentos a favor de su existencia (aquí, obviamos los ya referidos por Díaz y Puch). Conceptualmente, el argumento inmediato es que la propia posesión de riqueza genera utilidad y, por tanto, es una fuente de capacidad económica adicional a la que genera la renta. Siendo así, el mero gravamen de los rendimientos del capital no consigue gravar esta capacidad económica adicional. Además, el no gravamen de las ganancias del capital no realizadas permite diferir su tributación, si se quiere, indefinidamente, puesto que la conocida como “plusvalía del muerto” tampoco está gravada en el IRPF. Desde el punto de vista de la eficiencia, este documento de trabajo, también revisado por Díaz y Puch, ha desarrollado un modelo teórico para justificar su papel. En éste, se demuestra que el gravamen de la riqueza incentiva el uso productivo del capital; cabe notar que esta circunstancia ya se incluyó en la Exposición de Motivos de la Ley 19/1991 que regula el impuesto en España.

Junto con los argumentos anteriores, el impuesto puede llegar a jugar un importante papel de redistribución de la riqueza. Éste es el principal argumento detrás de las propuestas de Saez y de Zucman y que la candidata demócrata a la presidencia de EEUU Elisabeth Warren está defendiendo en las primarias. Su diseño básico consiste en un muy elevado mínimo exento (50 millones), una base imponible comprehensiva (no hay ningún tratamiento especial) y un tipo marginal del 2% (y del 6%, para bases superiores a los 1.000 millones). Sus resultados dependen del porcentaje de elusión, que ellos de entrada fijan en un 16%, mientras que el potencial problema derivado de la movilidad de las bases no es tal, pues el punto de conexión en ese país es la nacionalidad. No obstante, dada la poca experiencia previa en un IP de estas características, es difícil acabar sabiendo cuán fiables son estas estimaciones, circunstancia que facilita la polémica con otros académicos como Lawrence Summers. En este sentido, aunque no podemos asegurar la validez externa de la experiencia española, sí que permite conocer qué NO se debería hacer. Ahí, sí tenemos una ventaja comparativa. La alternativa al IP, en la línea de lo antes comentado, podría consistir, entre otros, en el gravamen de la “plusvalía del muerto” y en el intento de gravar las ganancias del capital independientemente de su realización; en esta línea, véanse las interesantes reflexiones de Kopczuk.

Antes, hablábamos de las dificultades de control. En este sentido, hemos estimado el tax gap, o brecha fiscal, para el caso de Cataluña en 2014, el cual se sitúa en el 44%. Esta cifra está muy por encima del fraude que puede haber en otros impuestos, tales como IVA o IRPF, pero en éstos la información fiscal se puede deducir de las transacciones entre empleados y empleadores, o entre las compraventas entre agentes antes de llegar al consumidor final. La ausencia de esta información en el IP es, sin duda, una debilidad del impuesto, y de ahí, probablemente, el elevado tax gap.

Para la estimación de la brecha en Cataluña, utilizamos como fuente principal de información el universo de las declaraciones presentadas por los contribuyentes catalanes correspondientes al año 2014, facilitadas por la Agència Tributària de Catalunya (ATC) debidamente anonimizadas. Su comparación con datos externos procedentes de diversas fuentes permite corregir las bases declaradas individualmente añadiendo a lo inicialmente declarado la parte adicional estimada y, posteriormente, calculando el impuesto para esta nueva base. Así, podemos estimar la recaudación potencial. Lo estimado para Cataluña no tiene por qué ser representativo del total nacional; dependiendo de la disponibilidad de micro-datos de IP, y de resultados de las inspecciones, se debería poder conocer la realidad del resto del Estado.

La principal fuente de brecha procede de la infradeclaración (representa algo más del 97%), siendo la alternativa la no-declaración o el impago en período voluntario. La infradeclaración se debe a los bienes no declarados situados en el extranjero (56% del total), la aplicación indebida de la exención de la empresa familiar (36%), y la no declaración de bienes improductivos como joyas u objetos de arte. Además de la importante pérdida recaudatoria, la brecha genera regresividad, tal y como se muestra en la Figura 1, al concentrarse principalmente entre los declarantes más ricos.

Como hemos dicho, igualmente importante es la existencia de elusión fiscal. En este trabajo, demostramos que los contribuyentes reaccionan a la presión fiscal del impuesto, no a través de cambios reales de comportamiento, sino potenciando los mecanismos de elusión fiscal. Lo hacemos a partir de analizar el comportamiento de los contribuyentes ante la reintroducción del IP en 2011, explorando los efectos no sólo en la acumulación de la riqueza, sino también en la adopción de estrategias elusivas centradas en el aprovechamiento del límite conjunto IP-IRPF, establecido para evitar la posible confiscatoriedad del impuesto, y en el de la exención de la “empresa familiar”.

Tales respuestas son estimadas explotando distintas particularidades de la reintroducción del IP. Primero, tal y como muestra la Figura 2, la reintroducción afectó de manera muy distinta a contribuyentes con mismos niveles de riqueza; algunos estuvieron gravados con un tipo medio cercano al máximo, mientras que otros tributaron por un tipo mucho menor. Esta variación en el tipo medio permite identificar el impacto del IP. Segundo, la inesperada reintroducción del impuesto a finales de 2011 en Cataluña permite tomar este año como referencia y controlar por las características de los contribuyentes en ese momento.

(**Nota: Los tipos medios están calculados como la cuota a ingresar respecto el total de riqueza declarada, expresados en puntos porcentuales. El tipo medio máximo refleja aquél por el que los contribuyentes tributarían si no se aplicasen exenciones, más que el mínimo exento, ni el límite de la cuota. Los porcentajes que acompañan las líneas verticales azules indican la distribución de los contribuyentes en distintos niveles de riqueza)

Los resultados reflejan que los contribuyentes reorganizaron la composición de su patrimonio y alteraron la realización de rentas de una forma notoria; lo hicieron aprovechándose del límite conjunto IRPF-IP y, en menor medida, de la exención de la “empresa familiar”. Evitar tales bonificaciones permitiría, por tanto, no sólo incrementar la recaudación real, sino también la recaudación potencial. Como dijimos anteriormente, esta cuantificación la dejamos para otro post.

En definitiva, la conclusión a la cual llegamos es sabida: el impuesto español actual no cumple con los objetivos para los cuales ya fue diseñado, más allá de generar una pequeña contribución financiera a las arcas públicas. Ahora bien, a partir de la detección de sus fallas, tenemos más información acerca de si, una vez reformado, incluyendo su armonización dentro del territorio nacional, este impuesto tiene o no razón de ser en nuestro sistema fiscal.

To be continued….



viernes, 14 de febrero de 2020

Revuelo tras el informe del FMI sobre la Reforma Laboral del PP

Tras el revuelo que ha generado el artículo que ha publicado el FMI, he decidido grabar este vídeo porque cuando leo información en foros y medios sobre el tema parece que han leído otra cosa…

El Fondo ni apoya, ni critica la reforma laboral del PP

Eso sí, refleja la triste realidad: el aumento de trabajadores pobres en España tras la aplicación de la reforma laboral.

Compártelo si crees que puede ser de interés para más personas porque hay demasiada desinformación con este tema.

 

blog josé carlos díez

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jueves, 13 de febrero de 2020

¿Es el póker un juego de azar?

Como padre de un preadolescente aficionado a los videojuegos, escuché con mucho interés un reciente episodio de Planet Money, el muy recomendable podcast sobre economía que Gerard ya nos recomendó hace un tiempo. En él se trataba un debate, que yo personalmente desconocía, sobre las cajas de recompensa en los videojuegos. Productos virtuales que los jugadores pueden comprar utilizando dinero real y que contienen mejoras, objetos o “skins” (cambios de apariencia) para sus avatares. Típicamente, estas cajas ofrecen recompensas aleatorias. Eso las incluye en la categoría de lo que en la industria se denominan “gachas”, en referencia a las máquinas de origen japones que escupen una bolita con un juguete dentro a cambio de una moneda. Además de ser la base del pay-for-win, el modelo de monetización de muchos videojuegos, el componente aleatorio de las cajas de recompensa también las acerca a los juegos de azar. La pregunta es cuánto. ¿Es ético (y legal) que estas cajas aparezcan en videojuegos a los que pueden acceder menores? (recuerden aquel muchacho inglés de 12 años que se gastó 800 euros de sus padres en el célebre Fortnite). En Bélgica, por ejemplo, las cajas de recompensas ya se han restringido a los videojuegos calificados para mayores de 18 años y se han cerrado juegos online que no cumplían con la normativa.

Pero además de consideraciones legales, discernir si un producto lúdico constituye o no un juego de azar tiene implicaciones impositivas. Existe todo un conjunto de criterios éticos que nos indican que el talento debe ser gravado a tasas diferentes que la pura suerte (para una introducción, véase este artículo de Marc Fleurbaey y François Maniquet en el Journal of Economic Literature). Por eso, las instituciones fiscales están interesadas en diferenciar entre las ganancias obtenidas por suerte, como las de la lotería, de las obtenidas en un juego en el que prime la habilidad, como por ejemplo en la boyante industria de los eSports. La línea entre unas y otras es difusa, como ilustra el debate sobre las cajas de recompensa.  Por tanto, sería muy útil manejar un criterio practico y objetivo para separar juegos de azar y de habilidad.

Eso es precisamente lo que intenta un reciente e interesante trabajo de Peter Duersch, Marco Lambrecht y Joerg Oechssler titulado ‘Measuring skill and chance in game’. El punto de partida del artículo es sencillo e ingenioso: Si un juego está basado fundamentalmente en la suerte, los “ratings” de los jugadores estarán mucho más comprimidos que si se tratara de un juego basado en la habilidad. En un juego tan tonto como lanzar una moneda al aire, todos tenemos la misma probabilidad de ganar y por tanto ningún jugador estará valorado por encima del resto durante mucho tiempo. Es cuestión de un puñado de partidas que su rating regrese a la media y sea como el de los demás. En cambio, en un juego de habilidad, los mejores jugadores no tardarán demasiado en escalar puestos en la clasificación y permanecerán allí. Por tanto, es posible medir el papel de la habilidad de un juego examinando la dispersión de los ratings de sus participantes (suponiendo que jueguen suficientemente a menudo entre ellos).

Utilizando datos de doce juegos diferentes, los autores calibran un modelo basado en la curva Elo que se utiliza en ajedrez, Scrabble, Go, ping pong y muchos otros juegos y deportes. Después estiman la desviación típica en la distribución de ratings. El gráfico unas líneas más arriba compara la distribución resultante para el ajedrez, el póker y una variante del ajedrez en la que la mitad de los resultados han sido determinados aleatoriamente y no por el rating relativo de los jugadores. Como era de esperar, el póker muestra una dispersión menor. Las estimaciones corroboran que un jugador de póker tiene un 53% de probabilidades de ganar a un adversario con un rating una desviación típica inferior. En el ajedrez, en cambio, la probabilidad es del 73%

El siguiente paso consiste en construir un umbral de dispersión a partir del cual un juego puede pasar a considerarse como basado en la habilidad. ¿Cómo? Los autores optan por una solución sensata. Toman al ajedrez como el patrón de referencia ya que se le considera como el caso paradigmático de un juego basado únicamente en la habilidad (como ya comentaba mi coautora Maria Cubel en su entrada sobre ajedrez y género). Por tanto, el ajedrez en el que un 50% de los resultados se basan en la suerte representaría el umbral que separa los juegos de azar de los de habilidad. Según ese criterio, el Backgammon, el Rummy y si, el póker, son juegos de azar. El tenis, el Tetris y el Go entrarían en la categoría de juegos de habilidad.

La elección de este criterio no está exenta de problemas. Por ejemplo, las estimaciones de los autores muestran que el Go está aun menos basado en la suerte que el ajedrez. Por tanto, parecería que el Go con 50% de azar y no el ajedrez debería ser el estándar (lo que dejaría al Tetris fuera de lo juegos basados en habilidad). Otra alternativa seria construir un juego artificial solo basado en la pericia de los participantes. Por último, otra limitación del estudio es que se centra únicamente en juegos (o variantes) de dos jugadores. Todas estas cuestiones constituyen interesantes puntos de partida para futuras investigaciones. Pero está claro que acercamientos creativos y novedosos como el de este trabajo son necesarios para responder a cuestiones tan concretas y relevantes como la de determinar si un juego es o no de azar.



miércoles, 12 de febrero de 2020

SMI y Reforma Laboral: ¿Cantidad o calidad?

El aumento del SMI y la preparación del terreno para una contrarreforma laboral están monopolizando nuestro panorama laboral local en este inicio de año. Ambos temas están generando toneladas de artículos de opinión que a su vez han suministrado un buena cantidad de combustible para las redes sociales.  Me quedo con dos textos, representativos de los dos lados del ring. El primero, tan corto como que es un simple comentario a un tuit, aunque con una buena carga de profundidad. El autor del tuit se quejaba amargamente que se hubiera tomado de nuevo la decisión de aumentar el salario mínimo sin una evaluación previa de los efectos que pudo tener el aumento del 2019. Copio el comentario para no privarles de una coma y sólo diré que su autor es académico y no es economista:Lo primero que pensé al leerlo es que se deberían generar dos series: una de empleo digno, y otra de empleo que no es mínimamente digno. Sería bastante útil, y facilitaría las cosas a la hora de fijar un salario mínimo óptimo. ¿Pero, qué incluiríamos en este indicador de trabajo digno?  El término "empleo o  trabajo digno" es quizás el que más ha utilizado este gobierno. De hecho, ya en los primeros Consejos de Ministros, se aprobó el Plan director por un trabajo digno. Este Plan consta de un conjunto de 75 medidas para combatir los fraudes en la contratación temporal, en la contratación a tiempo parcial, las horas de trabajo impagadas, la economía irregular y los falsos autónomos o los falsos becarios. Medidas destinadas principalmente a supervisar y penalizar, destinando más recursos y reorganizado la inspección de trabajo  y de la Seguridad Social.  Según el gobierno, el éxito de este plan es evidente: cientos de miles de contratos temporales regularizados, ampliación de jornadas a tiempo parcial, otros tantos miles de falsos autónomos reconvertidos. El éxito de estas medidas estaría a la base del buen comportamiento de la contratación indefinida, que, según la EPA, alcanzó su máximo histórico en el último trimestre de 2019 .

El segundo texto, más largo, es un artículo reciente de la Ministra de Empleo y Seguridad Social que encabezó la reforma laboral para celebrar el octavo aniversario de la reforma laboral. Nos explica primero cómo se originó y en qué consistió y, a continuación, se detiene largamente en alabar la reforma por sus éxitos "indiscutibles":

El artículo de Fátima Bañez, explica que ya se habían convocado a los agentes sociales incluso antes de la investidura del Presidente. De hecho, yo iría más lejos. Desde que el Presidente Zapatero anunció que convocaba elecciones anticipadas en julio de 2011, ya se sabía qué es lo iba a ocurrir, y los miembros del futuro gobierno iban dejando bien claro que lo primero que harían (parecía que  lo único) era una reforma laboral profunda. La reforma laboral se aprobó a la misma velocidad que el Plan Director. En nombre del credo de la flexiseguridad, se procedió a desregular. Se apostó así por incentivara la flexibilidad interna, que en el momento aún álgido de la crisis, frenaría la sangría de empleo. Y se apostó a su vez por un conjunto de medidas adicionales que deberían ayudar a crear más empleo en época expansiva. El éxito, les dejo que la Ministra se lo resuma directamente: "Ya no es necesario crecer por encima del 2,5%, como ocurría hasta entonces, para generar empleo nuevo... Esta profunda transformación es la que ha hecho posible que se hayan creado más de tres millones de empleos desde la recuperación y lograr acercarnos a los 20 millones de personas trabajando en España en 2020.

Además, según la ministra, "no  hay un crecimiento más social que ese. Y no hay crecimiento más inclusivo que el capaz de crear empleo en todas las provincias, sectores económicos y grupos de edad…." Además, tras ocho años de vigencia de la reforma laboral, podemos afirmar que, con 785.000 ocupados menos, hay más asalariados con contrato indefinido que nunca (12.448.000).

En definitiva, ya sea por el Plan Director de unos, o por la Reforma Laboral de otros, estamos batiendo el record de empleos indefinidos.  El problema, como ya explicamos en una entrada anterior, es que la contratación indefinida ya no es lo que era. Más de una terca parte de los empleos con contrato indefinido no llegan a superar el año, y entre los que superan el primero, cerca de otra tercera parte, no supera el segundo año.


Claro está estas separaciones o destrucciones de emparejamientos entre empresas y trabajadores no son todas motivadas por despidos, también se produce una abundante movilidad voluntaria de los trabajadores hacia otras empresas.  Los despidos, y en especial, los improcedentes son en cualquier caso, la causa principal de las rupturas.

No, la contratación indefinida no debería ser el indicador principal, y menos el único del trabajo digno, ni tampoco cpmo éxito de la reforma laboral. Son muchas las medidas incluidas en el Plan Director que merecerían sus propios indicadores para este tipo de trabajo. No sólo las conversiones  y otras regularizaciones logradas con amenaza de sanciones.  De hecho, tampoco es éste el primer plan de regularización, otro similar, aunque menos completo, se desarrolló durante el gobierno de Zapatero. En ese momento Nacho Conde y yo escribimos una entrada bastante crítica, subrayando el hecho de que la economía irregular, el abuso de los contratos temporales y el paro, son en realidad caras de unas mismas monedas. Resultarían más eficaces medidas que ataquen la raíz más profunda de unos problemas tan estructurales de nuestro mercado de trabajo que intentar resolverlo sólo con espadas de Damocles  y palos.  que quienes dirigen hoy el Ministerio de Trabajo, procedentes en su práctica totalidad, del mundo jurídico, que tengan más fé en la inspección, en la fiscalización y en la ideología en lugar de probar los beneficios de una buena evaluación. Espero, sin embargo, que no se encierren entre estos muros.

Como mostré en el Estudio sobre la Población Especialmente Vulnerable ante el Empleo, hace aún un par de años, había en España unas 4 millones atrapadas en la trampa del desempleo y de la pobreza laboral, 1,5 y 2,5 millones, respectivamente. El umbral usado en este estudio para fijar la trampa de la pobreza laboral era no ser capaz de conseguir una renta laboral equivalente al salario mínimo anual que permita a su hogar salir del riesgo de pobreza.  Este fue un umbral arbitrario que se eligió por ser más estable que la mediana. Con el aumento del SMI, si se mantiene este criterio este número de personas se ampliaría notablemente, hasta los 5-6 millones de personas, y podría ser un buen indicador que relacione dignidad en el empleo con riesgo de pobreza.

Por otra parte, y volviendo al Salario Mínimo y al empleo digno. A la hora de evaluar los efectos de la subida del 45% en 4 años, convendría recordar la teoría de las diferencias compensatorias, no sólo los posibles efectos monopsonistas (que no dudo que existan también) y sobre el efecto renta (qué también). Es de manual de los 90: el coste laboral incluye la remuneración del trabajo  y muchas más condiciones laborales que también son costosas para las empresas y sobre las que pueden compensar los aumentos salariales (formación, seguridad, higiene, promociones, estatus de asalariado con pago de cuotas a la seguridad social). No se queden sólo en los cuantitativo, lo cualitativo también importa. En resumen, al menos en teoría, aumentos del salario mínimo pueden atentar a la dignidad del empleo que se pretende promover.