de Juan Luis Jiménez y Carmen García.
Dos de los principales factores que explican por qué crecen económicamente los países son la calidad de las instituciones que los rigen y su capacidad para gobernar. Pero contra ambos conceptos la corrupción se erige como una amenaza creíble, que debilita el sistema y la credibilidad de las instituciones (véase Anderson y Tedrovoa, 2003; Bowler y Karp, 2004; o Solé-Ollé y Sorribas-Navarro, 2014, para el caso español). Por ello, minimizar los problemas derivados de esta conllevará la obtención de mejores resultados conjuntos (Olson et al, 2000).
Resaltar la “expansión” de la corrupción política local en España resulta casi redundante a estas alturas. En entradas anteriores, Elena Costas explicó la importancia de la información en el control de la corrupción política; Beatriz González, Jordi Perdiguero y Juan Luis Jiménez mostraron que la corrupción a nivel local puede contagiarse; y Francisco Alcalá analizó los costes económicos de la misma (entre otras muchas entradas en esta década de NeG).
Pero, ¿por qué se da y qué podemos hacer para evitar su desarrollo y, lo que es peor, su asentamiento en la sociedad?
Lo primero debería ser la prevención en la génesis de este mal, a través de la educación. Un ejemplo evidente es la relación positiva entre la calidad de los sistemas educativos y los bajos niveles de corrupción generalizados que muestran los países nórdicos (véase este documento), entre otros ejemplos destacables.
Otra medida, complementaria a la anterior, es la necesidad de rendir cuentas. Aportar transparencia a las actividades realizadas por los servidores públicos, así como a los resultados obtenidos, permite el fortalecimiento de las instituciones, la confianza que los ciudadanos tienen sobre ellas y reducir las asimetrías informativas entre administradores y administrados.
Y, por último, la existencia de un mecanismo sancionador ejemplarizante, que puede constar de dos sistemas complementarios: el derivado de un sistema judicial eficiente y el castigo en las urnas a los políticos corruptos.
Para lograr ambas penalizaciones, el funcionamiento de estos mecanismos requiere tanto de un sistema judicial que sea capaz de identificar y sancionar adecuadamente los comportamientos corruptos, como de una adecuada difusión pública de dichos comportamientos, para que en este último caso la sociedad pueda realizar la atribución de responsabilidades políticas que le corresponde en los sistemas democráticos. Sobre el único mecanismo en el que los ciudadanos pueden incidir directamente es donde quisiéramos ahondar.
¿Cuánto se castiga en votos la corrupción?
Sobre el castigo a los políticos corruptos en las urnas se ha evaluado que, a nivel nacional, la corrupción reduce débilmente el porcentaje de votos obtenidos por el político que está en el poder, y en la mayoría de los casos no impide que sea reelegido. Véanse resultados para Estados Unidos (Peters y Welch, 1978), Japón (Reed, 1999), Italia (Chang et al, 2010) o Méjico (Chong et al, 2015).
A nivel local, Ferraz y Finan (2008) sí encuentran un fuerte impacto negativo en Brasil, tanto en el voto como en las probabilidades de reelección. Los autores utilizan una estrategia cuasi-experimental sirviéndose de las auditorías contables que llevó a cabo el Gobierno central a las corporaciones de menor rango. De dichas auditorías, que eran aleatorias y por tanto no afectaban a todos los municipios, se obtenían datos o indicios objetivos acerca de comportamientos ineficientes o incluso corruptos por parte de sus gobernantes. El Gobierno decidió hacerlas públicas, permitiendo así el escrutinio de los votantes ante tales comportamientos en las elecciones del año 2004. Los autores encontraron que la cuota de votos de los alcaldes que presentaban signos de corrupción caía entre un 10 y un 30 por ciento, y sus probabilidades de reelección disminuían alrededor de un 17%. La justificación a esta variación dependía de un elemento que torna en fundamental, y es la difusión mediática local de cada caso.
En esta línea, Costas-Pérez et al (2012) utilizan datos sobre escándalos de corrupción local en España entre 1999 y 2007 para estimar el efecto sobre los resultados electorales. Las estimaciones mostraban que la pérdida de votos era aproximadamente del 4 por ciento, lo que podía no impedir que el político corrupto en cuestión siguiese en el poder; pero la difusión mediática mejoraría ese efecto sancionador hasta alcanzar el 14 por ciento de pérdida en la cuota, dependiendo de la cobertura informativa que prestasen los periódicos al caso. A mayor cobertura, mayor impacto negativo en el voto.
También para España (periodo 1999-2011), Jiménez y García (2018) estiman que la existencia de corrupción en un municipio aumenta la abstención, votos blancos y nulos en conjunto, en 1,8 puntos porcentuales. Y, lo que es más preocupante, la existencia de efectos partidistas en el voto. Mientras que los votantes del PSOE castigan a su partido por sus casos de corrupción reduciendo los votos alrededor de 2 puntos porcentuales, los votos del PP no solo no disminuyeron cuando existen casos de corrupción por parte de dicho partido, sino que aumentaron entre 2 y 4 puntos porcentuales.
¿Qué motiva tan reducido castigo en votos?
Anduiza et al (2013) lo explican. Una razón es que la falta de castigo está correlacionada con la falta de información del votante, lo que justifican los resultados de Ferraz y Finan (2008) y Costas-Pérez et al (2012). No obstante, el sesgo político del votante le puede llevar a juzgar de forma diferente casos de corrupción idénticos, como Anduiza et al (2013) muestran con ayuda de un experimento.
Una segunda explicación que también ha sido analizada empíricamente es que los votantes son proclives a perdonar la corrupción si consideran que es un mal menor en comparación con otros atributos del político corrupto, como puede ser su capacidad de gestión (intercambio implícito). Esta explicación sería consistente con el famoso aforismo latinoamericano de “roba pero hace” (rouba, mas faz). Para el caso español, Fernández-Vázquez et al. (2016) encuentran que las altas probabilidades de reelección de los alcaldes incumbentes envueltos en escándalos de corrupción se explican por la hipótesis del intercambio implícito. En concreto, evidencian que en los municipios españoles en los que la corrupción estaba asociada a la burbuja inmobiliaria, que produjo actividad económica y ganancias a corto plazo para los votantes, el castigo a la corrupción es mucho menor que en casos en los que el tipo de corrupción no genera ganancias para los votantes.
Finalmente una tercera explicación al escaso castigo electoral a los políticos corruptos es la del intercambio explícito, según la cual el político corrupto utilizaría parte de los fondos que maneja para construir una red clientelar a la que otorgaría beneficios que le garantizases la reelección.
En resumen: educación, transparencia, difusión mediática de la corrupción y sanción serían los ingredientes básicos para una mejora del sistema político. Por otra parte, las nuevas líneas de investigación deberían no solo aumentar el análisis de los casos de corrupción, sino mostrar si la competencia política ha mejorado los resultados generales en votos del sistema.
Teniendo en cuenta que el acto de votar implica corrupción desde que tomas el sobre de la papeleta (ver aquí), mucho trabajo queda por realizar…pero en nuestras manos está.
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