Tras varias semanas de especulaciones, el gobierno y los agentes sociales han llegado a un pacto que eleva el valor del SMI hasta los 950 euros. Con esta subida, el gobierno da el primer paso para cumplir con su compromiso de subir el SMI hasta un nivel de 60% del salario medio al final de la legislatura, situándolo por el momento a un nivel equivalente al 60% del salario mediano tras una subida acumulada de casi 40% en cuatro años. Llegados a este punto, conviene que el gobierno se tome un respiro y cumpla con su segundo compromiso: la creación de una comisión de expertos para asesorarle sobre la evolución adecuada del SMI. En mi opinión, el modelo a seguir sería el de la “Low Pay Commission” (LPC) del Reino Unido.
En concreto, para ser útil – muchos lectores me llamarán iluso por la pretensión que lo sea – la comisión de expertos debería empezar con una evaluación del impacto de las subidas recientes en el SMI en el empleo, los salarios y la pobreza laboral utilizando las técnicas más avanzadas y basándose en las mejores fuentes de datos. Esta evaluación debería servir para formular recomendaciones sobre el ritmo de las subidas futuras en el SMI acompañadas por estimaciones del coste – en términos de empleo – que conllevaría. Pero la comisión no debería quedarse ahí. Convendría dotarla de un mandato amplio que le permita analizar también cual sería el objetivo final más idóneo para el SMI y plantear posibles mejoras en el diseño del SMI. A continuación ofrezco algunas pautas, pero primero conviene explicar el funcionamiento de la LPC.
La trayectoria de la Low Pay Commission
La LPC fue creada en 1998 mediante la ley inglesa que introdujo el salario mínimo, diferenciado por edad y con una tarifa específica para aprendices. El objetivo de la LPC es “recomendar niveles para los salarios mínimos que ayuden al mayor número de trabajadores con salarios bajos sin que ello tenga un impacto negativo significativo en el empleo o la economía”. Y para ello “sus recomendaciones deben estar fundadas en la mejor evidencia posible”.
Los nueve miembros -expertos independientes y representantes de los interlocutores sociales- son nombrados por el Gobierno. En un encargo periódico (remit) el Gobierno especifica los temas que la LPC debería tratar en sus informes anuales. Por ejemplo, el último encargo, encomendado en 2015, tuvo como objetivo la formulación y el seguimiento de la estrategia que debería permitir que el salario mínimo para mayores de 24 años, introducido este mismo año, y conocido como National Living Wage, alcanzara el umbral de 60% del salario mediano en 2020. Algo que se cumplió. El siguiente objetivo es llevarlo a dos-tercios del salario mediano existente en 2014, extendiéndolo a los mayores de 22 años en línea con una de las recomendaciones de la LPC.
La trayectoria de la LPC es todo un éxito. Según sus últimas previsiones, al final del año el principal salario mínimo será un 27% más alto que si hubieran crecido al ritmo de la renta media desde su introducción en 1999. Además, las pérdidas de empleo han sido mínimas según las estimaciones de la LPC y sus informes ponen de manifiesto que las subidas de los salarios mínimos se han traducido en un crecimiento similar de las rentas semanales más bajas. Es decir, no hay evidencia de una disminución relevante en las horas de trabajo, aunque sí un ligero crecimiento en el uso de contratos de cero horas.
Estos buenos resultados demuestran que una política de salarios mínimos sensata y basada en la evidencia es capaz de mejorar considerablemente las condiciones de vida de las personas más pobres sin causar efectos negativos inasumibles. Sin embargo, la misma LPC avisa de que el nuevo objetivo es muy ambicioso y pide prudencia. El coste de imponer niveles demasiado altos (overshooting) podría ser muy elevados porque ningún gobierno se atrevería a reducir el valor nominal del SMI, dejando como única solución la opción de congelar el SMI hasta que su valor real haya bajado lo suficiente.
En este sentido resulta particularmente relevante el informe preparado por Arindrajit Dube, uno de los mayores expertos y firme defensor del salario mínimo. Tras una extensa revisión de la evidencia disponible, Dube formula varias recomendaciones que ayudarían a mejorar la calidad de las evaluaciones del LPC y minimizar el riesgo de overshooting. Una es el mayor uso de datos administrativos. Otra es un llamamiento al Gobierno de adelantar la puesta a disposición de los datos incluso antes de su publicación. Además, Dube aporta muchas recomendaciones metodológicas. En ausencia de variación geográfica en los valores del SMI – como es el caso en España- Dube aboga por la metodología utilizada por el Banco de España para estimar el impacto sobre la pérdida de empleo entre los afectados por una subida no anticipada. Por otra parte, para determinar el impacto en el empleo propone estimaciones que permiten cuantificar como la incidencia previa del salario mínimo condiciona el crecimiento del empleo al nivel de sector-región o sector-provincia. Por último, no faltan referencias a los avances más recientes para medir el impacto de subidas en el SMI en la distribución de la renta y otros aspectos relevantes como el impacto sobre el empleo en pequeñas y grandes empresas o la capacidad de las empresas de trasladar los aumentos en el SMI a los precios.
Los integrantes de la comisión de expertos deberían tomar buena nota de todas estas sugerencias. Lo más sensato sería que la comisión encargue varios estudios a distintos expertos de reconocido prestigio para estudiar el impacto de las últimas subidas en el SMI. Además, estos encargos no deberían impedir la puesta a disposición, en la mayor brevedad posible, de datos administrativos provenientes de la Seguridad Social para que cualquier investigador/a pueda efectuar su propio análisis. De esta manera contaremos por fin con la evidencia necesaria para decidir sobre la futura evolución del SMI, y de paso se daría un impulso enorme a la investigación académica en España.
La fijación de un objetivo razonable
Pero como he adelantado al principio, la comisión de expertos no debería limitarse al estudio del impacto de las subidas del SMI. También debería plantear mejoras en el diseño del SMI, empezando por la fijación de un objetivo razonable.
El umbral de 60% de la renta media (bruta) es una recomendación del Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa, pero no es vinculante y no deja de ser un criterio arbitrario. De hecho, los datos mostrados en el siguiente gráfico, extraído del documento que formaliza la primera fase en la consulta sobre un SMI a nivel europeo, muestra que la gran mayoría de países europeos estában muy lejos de este umbral en 2018. En el mismo documento, la Comisión Europea sugiere varias alternativas menos ambiciosas. La primera sería fijar el SMI al nivel del umbral que marca la UE para el riesgo de pobreza, fijado en 60% del salario mediano. España acaba de superar este umbral, como mostramos en esta entrada conjunta, tras saltar en dos años de la cola a la quinta posición en el ranking mostrado en el gráfico. La segunda opción es la estimación del salario o living wageque permite llevar una vida (mínimamente) digna en los distintos lugares de España. A priori es difícil decir cual de estas alternativas es la más apropiada, pero no parece razonable que España se marque un objetivo que nos situaría a la cabeza de Europa cuando todavía arrastramos una tasa de desempleo del 14%.
La diferenciación del SMI
Otro factor que limita las opciones futuras es el carácter universal del SMI. La diferenciación por edad, que llevo defendiendo desde hace años – por ejemplo, en esta entrada que también hace referencia al LPC – permitiría subir el SMI para adultos y jóvenes a distintos ritmos. De esta manera, España podría adoptar objetivos más ambiciosos para adultos sin distorsionar el mercado laboral de jóvenes. Los riesgos son claros. Tras la última actualización el SMI para menores de 18 años, en su gran mayoría no cualificados, es casi 400 euros más alto que en Holanda. Además, pronto superará también al salario de los aprendices en Alemania si el gobierno insiste en subir el SMI sin excluir a los más jóvenes. La comisión debería estudiar la estructura del SMI en otros países y analizar cual sería la estructura más adecuada en España prestando especial atención a la posición de aprendices y jóvenes no cualificados.
Por último, puestos a pensar en la diferenciación del SMI, conviene considerar también la opción de diferenciar el SMI por regiones. El argumento es similar que en el caso de los jóvenes. La diferenciación del SMI permitiría fijar el SMI a niveles superiores en las CC.AA. con los salarios y los precios más altos sin producir efectos indeseados en las CC.AA. con salarios bajos. Una opción sería que el gobierno fijara un SMI estatal y que las CC.AA. que lo desean pudieran imponer suplementos autonómicos, algo que seguramente será bien recibido por parte de las CC.AA. con las mayores pretensiones de autogobierno. Sin embargo, cambios de esta índole requieren tiempo, y para abarcarlos la comisión de expertos debería contar con un mandato similar al LPC, lo que puede exigir cambios legales.
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