Productividad y competitividad son conceptos que se utilizan recurrentemente en los debates sobre cuestiones económicas. Y por buenas razones: como dijo Paul Krugman, “la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo es casi todo”. Competitividad se asocia con productividad, si bien hay confusión acerca de si uno es competitivo por ser productivo o si, por el contrario, es productivo por ser competitivo. En cualquier caso, parece evidente que las soluciones a muchos de los retos y problemas económicos a los que nos enfrentamos (como, por ejemplo, la sostenibilidad de la deuda y del Estado del Bienestar o la lucha contra el cambio climático) son más fáciles con mayores aumentos de la productividad. En las recomendaciones de organismos internacionales y en los programas de política económica de muchos países, productividad y competitividad cada vez aparecen más como protagonistas principales que como estrellas invitadas. Nos sobran los motivos para llamar la atención sobre la importancia que deben tener como objetivos de las políticas económicas (y repetidamente lo hemos hecho en este blog).
De qué (no) hablamos cuando hablamos de productividad y competitividad
La productividad es una ratio entre lo que se obtiene y los recursos empleados. La competitividad se suele aproximar con índices de precios o de cantidades relativas (cuotas de mercado, saldo de balanzas comerciales o por cuenta corriente) entre las unidades económicas a comparar.
Existen numerosos indicadores de productividad y de competitividad en función de cómo se midan los componentes de dichas ratios. Cuando se trata de realizar comparaciones en el tiempo y en el espacio hay que poner especial cuidado en la homogeneidad de las mediciones. Por ejemplo, cuanto mayor sea la agregación con la que se calcula (conjunto de la economía frente a sectores, empresas o trabajadores concretos) mayores son los efectos composición que se originan porque la combinación de outputs e inputs que componen la ratio de productividad cambia en el tiempo y en el espacio. Y lo mismo ocurre con la cesta de bienes representada por los índices de precios o de cantidades a comparar cuando se trata de analizar la competitividad. Además, también en ambos casos, los ajustes por calidad (tanto de outputs como e inputs) se han de hacer con especial cuidado para garantizar la homogeneidad. En consecuencia, los indicadores habituales, tales como el crecimiento de la productividad aparente del trabajo o de la productividad total de los factores o las ratios de precios a niveles agregados deberían ser solo los puntos de partida (ni siquiera los primeros pasos) en cualquier análisis de la productividad y de la competitividad.
Desmontando la productividad y la competitividad
Un buen ejemplo de cómo debería abordarse este análisis para apoyar a la política económica es un reciente informe del Consejo Nacional de Productividad (CNP) francés (aquí un excelente resumen de sus propios autores). El informe comienza confirmando que, aunque Francia tiene una productividad elevada (similar a la de Alemania), su crecimiento se ha reducido considerablemente desde 1990, según cualquiera de los indicadores que se utilice. Atribuye dicha desaceleración a factores comunes que han afectado, en mayor o menor medida, a todos los países desarrollados: El desplazamiento de la producción hacia sectores con niveles de productividad más bajos (de la industria a los servicios), la disminución de la contribución al crecimiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), el aumento de la dispersión de la productividad entre las empresas, posiblemente causado por el debilitamiento de la difusión tecnológica, y con carácter más especulativo, la disminución estructural de las tasas de interés que hace que las empresas o inversiones menos productivas sean más rentables que antes, y el aumento de la concentración de poder de mercado que puede haber reducido los incentivos para innovar o invertir.
Adicionalmente, el informe señala que hay factores específicos que explican “el mal de la productividad” en el caso francés: La capacitación profesional de los trabajadores franceses, inferior a la del promedio de la OCDE y sin apenas signos de mejora, la mejorable calidad de la gestión y las prácticas organizativas dentro de las empresas, la pronunciada brecha entre las empresas en la frontera tecnológica y el resto, el rezago en la adopción y difusión de las TICs, una elevada rigidez en el mercado laboral y la mayor prevalencia de barreras regulatorias en el mercado de productos, y una reducida contribución de la I+D, lastrada por un menor inversión, especialmente en el sector privado, y una eficiencia de dicha inversión perjudicada por la falta de interacciones entre la investigación pública y privada. La elevada imposición sobre la producción, que podría haber influido en las decisiones de localización de las multinacionales francesas, también podría haber socavado los aumentos de productividad medidos en el territorio nacional.
La segunda parte del informe se refiere a la competitividad y, en particular, a su papel como mecanismo de ajuste en una unión monetaria (una vieja obsesión de uno de sus autores, Olivier Blanchard). Como indicador de competitividad se utiliza la variación del saldo de la balanza por cuenta corriente que, en Francia, ha empeorado desde principios de este siglo. Tras tres puntualizaciones pertinentes ( i) hay razones para que el signo de dicho saldo sea negativo, ii) no cabe atribuir su evolución a diferencias de costes de producción en la Euro-zona, y iii) en la UE hay una debilidad persistente de la demanda que explica el saldo positivo de su balanza por cuenta corriente), el informe concluye con algunas recomendaciones de política económica para resolver los desequilibrios externos entre sus países miembros.
Sobre consejos (quién los da y cómo pagarlos)
El CNP francés existe por recomendación del Consejo Europeo de septiembre de 2016. Se trata de una institución independiente que ayuda a analizar la productividad y los desarrollos y desafíos de competitividad con análisis económicos y estadísticos de alta calidad de dominio público. Hasta ahora, diez estados miembros de la zona del euro han creado su propio CNP (Bélgica, Chipre, Finlandia, Francia, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Eslovenia), mientras que los restantes han confirmado su intención de hacerlo y algunos de ellos ya se encuentran en una etapa avanzada del proceso (Grecia, Malta y Eslovaquia). Además, tres Estados miembros no pertenecientes a la zona del euro han identificado o creado instituciones similares (Dinamarca, Hungría y Rumanía).
Un proverbio dice que solo los sabios deberían dar consejos y solo los necios deberían aceptarlos. En estas cuestiones, los sabios escasean y los Gobiernos serían necios si tuvieran solo en cuenta la productividad y la competitividad en sus decisiones de política económica. ¿Cuál puede ser entonces el papel de un CNP y por qué crearlo? ¿No se corre el riesgo de acabar con una institución cuyo ratio de productividad-utilidad sea elevado por las mismas razones equivocadas que las del personaje de la viñeta que aparece al inicio de esta entrada (o como muchos otros ejemplos cuya enumeración dejaré para los lectores que estimen conveniente hacerla)?
La respuesta es simple. No se trata de que el CNP encuentre la panacea que resuelva el bajo crecimiento de la productividad. Se trata de que contribuya al debate político alentando reformas destinadas a lograr un crecimiento económico sostenible y la convergencia entre países de la UE (algo que, dada la fragmentación parlamentaria y la debilidad de los Gobiernos a lo largo y ancho de nuestro continente, es muy necesario). Por otra parte, la constitución de un CNP requiere de muy pocos recursos públicos. Por ejemplo, en el caso francés, se ha hecho juntando expertos que trabajan en Administraciones Públicas con académicos independientes de reconocido prestigio bajo el paraguas de un “think tank” público que existe desde 2013 (France Strategie). Y a poco éxito que tenga el CNP (un incremento permanente en el crecimiento de la productividad, por magro que sea), produce rendimientos económicos y sociales que muy pocas otras inversiones públicas pueden ni siquiera aspirar a alcanzar.
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